REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 23 de Julio de 2007
197° y 148°
Nº 114-07
JUEZ PONENTE: DR. JESÚS ORANGEL GARCÍA
CAUSA N° S5-06-2068

Corresponde a esta Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conocer de los Recursos de Apelación interpuestos separadamente por los ciudadanos ABG. PAÚL NEWBURY THOMAS VIELMA, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ; ABG. BELKIS COROMOTO VILLEGAS RODRÍGUEZ, Defensora Pública Penal de Presos Nº 6 (Suplente) del Área Metropolitana de Caracas, en su condición de Defensora del ciudadano FÉLIX MARTÍNEZ MOTA; ABGS. HÉCTOR J. SÁNCHEZ A. y JULIO CÉSAR BOLÍVAR MUÑOZ, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano OLIMPIO BARILE SÁNCHEZ; ABGS. HÉCTOR J. SÁNCHEZ A. y OLGA BIGOTTI TREJO, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano EDWIN MANUEL FLORES; ABG. ANTONIO J. BARRIOS ABAD, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano WILL RONALD MONTES CHIRINOS; ABG. RAÚL EDUARDO VELASCO ROJAS, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano FERNANDO JAVIER MORA ZAMORA; ABG. LUIS EDGARDO VILLANUEVA TORRES, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano JUAN CARLOS APOSTOL ROMERO; ABG. LUIS EDGARDO VILLANUEVA TORRES, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO; ABGS. JOSÉ ANTONIO VILLARROEL CORTEZ y MARITZA BETANCOURT MORALES, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA; ABG. RAÚL EMILIO SALOMÓN LAMUS, en su condición de Defensor Privado de los ciudadanos YOSNEL DE JESÚS JAIME SOSA y DANILO ALFONSO ÁNGULO; ABG. ANDRÉS A. PUGA ZABALETA, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano RICHARD VARELA TORO; ABGS. ANDRÉS A. PUGA ZABALETA y ROMMEL ALEXANDER PUGA GONZÁLEZ, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano FRANKLIN JOSÉ GARCÍA MALDONADO; ABGS. FRANCISCA SALVIO TANTINO y JAVIER BOSCÁN CAMACHO, en su carácter de Defensores Privados de los ciudadanos ALEXANDER GERARDO ARRIETA JIMÉNEZ, ALIRIO JOSÉ CAMEJO y GENDRYS ENRIQUE MOLINA; ABG. PABLO RAMOS, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano COISCOU PRADA CARLOS FELIPE; ABG. DONALDO BARROS C., en su carácter de Defensor Privado de los ciudadanos JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, JORGE ELPIDIO ESCALONA ESAA, ABREU OQUENDO JESÚS ALBERTO, MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, FRANK ALBERTO SERRADA, OLIMPIO BARILE SÁNCHEZ, GELSON ALEXANDER CARPIO HENRÍQUEZ, JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, JOSÉ ALIRIO CAMEJO, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, YOSNEL DE JESÚS JAIME SOSA, EDWIN MANUEL FLORES, ALEXANDER GERARDO ARRIETA JIMÉNEZ y JUAN CARLOS REYES RUIZ, en contra de la Sentencia dictada por el Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, de fecha 13 de Octubre de 2006.

Recibidas las actuaciones, previa Acta Nº 463, de fecha 20 de Marzo del año que discurre, suscrita por el Dr. Ángel Zerpa Aponte, quien fungía como Juez Presidente de este Tribunal Colegiado, se procedió al sorteo por insaculación, a los fines reasignar la ponencia de la presente causa, recayendo tal designación en quien con tal carácter suscribe el presente fallo, en virtud que en fecha 19 de Marzo del año en curso, el Magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte, en su condición de Vicepresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y Presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, envió comunicación a los Presidentes de las Salas de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual notificó acerca de la Resolución Nº 088, dictada por él en su carácter de Presidente de este Circuito el 16-03-2007, en la cual resolvió la Rotación de los Jueces Superiores que integran las Salas de la Corte de Apelaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 534 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 105 ejusdem, ordenando que los Presidentes de las diferentes Salas realizaran el correspondiente inventario de las causas existentes en dichos Despachos Judiciales, para proceder en consecuencia a la respectiva entrega formal mediante acta a cualquiera de los Jueces integrantes de las Salas.





I
DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Riela a los folios 02 al 509 de la trigésima quinta pieza del presente expediente, Texto Íntegro de la Sentencia Absolutoria dictada por el Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, del cual se desprende lo siguiente:

“…Luego de haberse desarrollado el Juicio Oral y Público en la presente causa, este Tribunal estima necesario exponer las siguientes consideraciones…
Siguiendo este orden de ideas este Tribunal, luego del desarrollo del debate del Juicio Oral y Público, según lo establecido en los artículos 344 al 360, ambos inclusive del Código Orgánico Procesal Penal vigente, aunado a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 22, en concordancia con los artículos 364, 365 y 367 ejusdem, emite su pronunciamiento sobre los siguientes argumentos:
De los hechos y circunstancias acreditadas en el debate expuestos en el capítulo anterior, quedo demostrado: “Que en fecha 27-06-05 en el sector de kennedy, Parroquia Macarao, donde los ciudadanos Leonardo Enrique González Larez, Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, Edgar Josué Quintero Torrealba, Irúa Coromoto Moreno García y Erick Miguel Montenegro, luego de culminar un examen en la universidad Santa María, decidieron llevar en el vehículo corsa, 4 puertas, color arena, a la ciudadana Elizabeth Rosales Bracamonte compañera de estudios hasta su residencia, ubicada en la dirección antes señalada, posteriormente buscaron en su domicilio a la ciudadana Danitza Coromoto Buitriago Gamboa, y quedaron distribuidos en el vehículo de la siguiente manera: Leonardo Enrique González Larez, como conductor del automóvil, como copiloto Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, en el asiento trasero del lado izquierdo se encontraba el ciudadano Edgar Josué Quintero Torrealba, al lado de éste la ciudadana Irúa Coromoto Moreno García y del lado derecho del asiento trasero el ciudadano Erick Miguel Montenegro Sánchez, quien llevaba en sus piernas a la ciudadana Danitza Buitriago González, siendo entre las 10 y 11 horas de la noche del día indicado, los mencionados estudiantes se desplazaban por el sector de Kennedy específicamente en una zona denominada la “Y”, cerca del bloque 11, fueron interceptados por varias personas quienes le propinan múltiples disparos al vehículo que tripulaba el ciudadano Leonardo Enrique González Larez, resultando heridas en ese momento las ciudadanas Elizabeth Rosales, Irúa Moreno y Danitza Buitriago, continúan su recorrido hacía sector las casitas del mismo barrio, en compañía de Erick Montenegro, Edgar Quintero y Leonardo González, quienes se encontraban con vida e ilesos de la acción realizada en contra de estos, detienen el vehículo antes mencionado, momento cuando la ciudadana Elizabeth Rosales, llama por teléfono a su mamá -Rosa Ángela Bracamonte, pidiéndole ayuda; de seguidas los ciudadanos Erick Montenegro, Edgar Quintero y Leonardo González, se bajan del vehículo con el fin de pedir auxilio, donde los dos primeros se bajan del vehículo y se dirigen hacia el callejón, es decir, vereda 12, gritando que los auxilien, inmediatamente entran al callejón varias personas vestidas de negro con capucha, quienes portando sendas armas de fuego, interceptan y someten a los dos estudiantes, golpeándolos y luego de propinaron varios disparos que le causan de (sic) heridas de gravedad y posteriormente le causan la muerte. Empero, al ciudadano Leonardo González, con las manos en alto se baja del vehículo, lo intercepta su victimario quien le propina un disparo certero a nivel del ojo y le produce la muerte de manera instantanea (sic), estos hechos quedaron demostrados con los siguientes elementos que fueron debatidos en el Juicio Oral y Público, tenemos:
En relación al Homicidio Calificado Frustrado en perjuicio de las ciudadanas Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, Irúa Coromoto Moreno García y Danitza Buitriago González.

Al examinar lo aportado por las víctimas Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, Irúa Coromoto Moreno García y Danitza Buitriago González, al momento de rendir su testimonio ante el debate oral y público, fueron contestes en afirmar: que luego de culminar un examen universitario de dirigieron hacia el sector de Kennedy en compañía Erick Miguel Montenegro Sánchez, Edgar Josué Quintero Torrealba y Leonardo Enrique González Larez, a bordo de un vehículo corsa, para llevar hasta su residencia a la ciudadana Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, momentos cuando subían por la referida urbanización, fueron sorprendidos por una persona que provenía de las escaleras del bloque 1, que vestía de negro, con capucha y portaba arma de fuego, apuntó a los estudiantes, lo que les infundió temor y creó gran confusión por tratarse de una zona de alta peligrosidad, creyeron que era un robo ya que no portaba ningún tipo de identificación, por esta razón no detienen la marcha, por el contrario aceleran el vehículo, de inmediato escucharon varias detonaciones, quedando demostrado con estas deposiciones que las mimas coinciden entre si, al indicar las características del lugar de los acontecimiento y de cómo narraron lo sucedido, lo que a criterio de este decisor, las mismas merecen fe, declaraciones estas que cobran fuerza cuando el ciudadano José Bolívar, funcionario adscrito ala (sic) Guardia Nacional, que estuvo a cargo de la Reconstrucción de los Hechos, determinó que los disparos escuchados por las testigos Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, Irúa Coromoto Moreno García y Danitza Buitriago González, no impactaron en el automóvil en cuestión, por lo que a este Juzgador no le cabe duda que, en ese momento ninguno de los tripulantes del referido vehículo resultaron heridos o fallecidos, tal y como lo expusieron las víctimas antes mencionadas.
Luego del suceso antes descrito y aún ilesos todos los tripulantes del vehículo continuaron su recorrido hasta llegar a un lugar del sector de Kennedy en forma de “Y”, lugar indicado por las ciudadanas Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte y Danitza Buitriago González, al momento de realizarse la reconstrucción de los hechos, fueron contestes en señalar (sic) el lugar cuando el vehículo fue rodeado por varias personas y escucharon múltiples detonaciones; agregó la ciudadana Elizabeth Rosales, durante su exposición, que el vehículo en ese momento se detuvo por la acción de las personas que disparaban.
Dichas declaraciones merecen total credibilidad a este tribunal, concatenándose estas, con los testimonios aportados por los ciudadanos Ramón Antonio Plaza Raga, quien reside en el callejón Ángel Silveira de la parte alta del sector de Kennedy (sic), y afirmó que aproximadamente entre las 10:30 y 11 horas de la noche, personas que se identificaron como la autoridad lo sacaron de su residencia, escuchó una voz de alto la cual provenía de la parada del carro de la calle principal del (sic), escuchando, un carro que aceleró y después oyó disparos, igualmente manifestó que a pesar de no haber visto el vehículo ni a las personas que disparaban, con el sentido auditivo pudo percatarse que tales disparos subían en dirección al destacamento, el cual se encuentra subiendo hacía la terraza seis de dicho sector, manifestó que los funcionarios le indicaron que ingresara a su vivienda, estos salieron en motos las cuales escuchó que pasaron frente a su casa, que dichos disparos continuaban luego que él mismo ingresara a su vivienda, en los mismos términos depuso la ciudadana Simona Yépez Raga, quien expuso: que se encontraba dentro de su vivienda, ubicada en la dirección antes señalada por ser madre de Ramón Raga Plaza y que aproximadamente a las 11 horas de la noche, escuchó un frenazo de un carro, seguido a eso, escuchó tres disparos y luego muchos más, agregó además haber visto varias motos que arrancaban, tales exposiciones le merecen fe a este tribunal por tratarse de testigos que han concurrido al llamado de este Órgano Judicial de manera voluntaria a exponer su declaración desde su propia perspectiva de todo cuanto saben y pudieron percibir esa noche, y en tal sentido son estimados para dar por probado los hechos antes narrados.
En otro orden de ideas, la víctima Irúa García, indico (sic) no recordar el lugar exacto, pero si recuerda haber escuchado el momento cuando el carro se detiene y muchos disparos, que confundió con juegos pirotécnicos; de lo que se desprende que los testimonios antes analizados concuerdan cada uno de ellos y son reforzados en el Acto de la reconstrucción de los Hechos, cuando el ciudadano LUIS PEÑA, asevero (sic) estar presente cerca de la curva, referida por todos en el contradictorio como la “Y”, cuando menciona que escuchó múltiples detonaciones en ese lugar donde de hallaba, consecuencia de esto resulto herido en la cabeza.
Adminiculándose a estas deposiciones lo expuesto por el ciudadano José Luis Cordero, experto adscrito a la División de Análisis y Reconstrucción de los hechos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien realizó levantamiento planimetrico (sic) en el sitio del suceso, describió que se trataba de una curva donde suben y bajan los vehículos de más o menos siete metros de ancho con viviendas de lado y lado, la cual tenía una inclinación de 40° aproximadamente y habían varios orificios y conchas; de la misma manera el experto José Buchanans Cedres, realizó trayectoria balística y al comparece al debate, expuso (sic) que, el sitio del suceso se dividió en tres y en la primera parte observó un impacto y un orificio; razón por la cual dichos testimonios, merecen fe del Tribunal, por provenir de expertos en la materia que tienen conocimientos periciales y profesionales necesarios para explicar fielmente y de forma veráz (sic), las mencionadas experticias, ya que las mismas concuerdan entre si.
Por otro lado, la ciudadana Danitza Buitriago Gamboa, manifestó que al momento cuando escuchó los disparos y específicamente en el sector el cual señala como la “Y”, sintió un impacto en la cabeza, agachándose inmediatamente y permaneció en esa posición, lo cual al ser adminiculada con lo manifestado por el Guardia Nacional Capitán, José Bolívar Celis, quien se encontraba a cargo de la reconstrucción de los hechos realizada en la presente causa y con ayuda de las testigos Elizabeth Rosales, indicó la posición de los tiradores con respecto al vehículo tripulado por el hoy interfecto Leonardo Enrique González Lara; donde concluyó que al realizar la trayectoria balística a través de un kit de láser balístico, la herida sufrida por Danitza Buitriago, se relaciona con las posiciones de los tiradores 3 y 4, ubicados en la parte posterior del vehículo, resultando de esa manera congruente y probable lo manifestado por la anterior ciudadana, en atención a la ubicación adoptada por la misma dentro del vehículo, además este sentenciador pudo verificar y determinar que al momento de efectuarse la trayectoria, ésta era coincidente con la cicatriz que tiene dicha ciudadana en el cuello; de la misma manera aseguró que la referida herida guarda relación con el impacto señalado bajo el N° 8, por el Guardia Nacional José Bolívar Celis durante la reconstrucción de los hechos, ubicado en el parabrisa trasero del vehículo en cuestión; impacto que es descrito de igual forma por el experto Nicolás Morales, quien realizó trayectoria Balística N° 9700-092 TB-0064, de fecha 29-06-05, al vehículo corsa placas ABR-68G, quien al rendir su testimonio ante este tribunal, expuso que los orificios ubicados en la parte delantera del referido vehículo, no guardan relación con los orificios que se encuentran ubicados en la parte trasera del mismo, indicando además que el parabrisa trasero tiene dos orificios de entrada, los cuales no presentan salida, (sic)
Tales testimonios merece credibilidad por parte de este decisor, toda vez que se trata de experto con amplia trayectoria dentro de la institución policial a la cual pertenece, y comparecieron a rendir sus declaraciones con el objeto de ilustrar en el debate, sobre la materia objeto de su trabajo, es en razón de ello, que de manera inequívoca se puede aseverar que en el lugar señalado como la “Y” fue donde resultó herida la ciudadana Danitza Buitriago Gamboa, lesión esta (sic) demostrada por lo antes expuesto, a pesar de no haber comparecido durante el desarrollo del juicio oral y público, el médico tratante; por esta razón este juzgador aplica la lógica, las máximas de experiencia, que al ser adminiculando con todo lo antes indicado, surge suficiente para quien decide, acreditar la herida en la humanidad de la ciudadana Danitza Buitriago Gamboa.
También se observa, que la declaración de la víctima Danitza Buitriago, aportada en la reconstrucción de los hechos, ésta percibió con todos sus sentidos el resultado de la trayectoria balística, lo cual es compatible con lo narrado, también le expresó a su compañero Leonardo González, al que apodaban “el negro” y manejaba el tantas veces mencionado vehículo, que le habían “dado”, asegurando a la par de esto, que la ciudadana Elizabeth Rosales resultó herida en ese momento, porque escuchó que esta le decía al negro que a ella también le habían dado, todo esto fue corroborado con la deposición de la ciudadana Elizabeth Rosales, quien al igual que Danitza Buitriago, afirma que es en el sector de la “Y”, escucharon muchas detonaciones, y ella observa a un sujeto que se acerca hacía el asiento delantero del lado derecho del mencionado automóvil y le propina un disparo a nivel del glúteo derecho. Dicha herida surgen acreditada, por lo aportado en el contradictorio por la médico forense Rodahin Nasser, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien suscribió experticia N° 136.8.668-05 de fecha 29-06-05, manifestó que se trasladó a la Clínica Popular de Caricuao, donde evaluó a la ciudadana Elizabeth Rosales en fecha 28-06-05, la misma presentó heridas suturadas en el glúteo, con diagnóstico de herida por arma de fuego en el glúteo derecho, el cual dividió en cuatro partes iguales, indicando que la paciente sufrió dos heridas en el cuadrante superior derecho, una debajo del cuadrante anterior y en el cuadrante inferior que se encuentra por debajo de los dos anteriores, presentó equimosis generalizada en todo el glúteo derecho, agregó que esta lesión no produjo ninguna lesión ósea, sin embrago observó fragmentos metálicos a nivel de la pelvis, así mismo, consideró veinte días como tiempo de curación salvo contradicciones, y señaló que el estado general de la paciente fue satisfactorio, recomendando nueva evaluación en 90 días, señalando que el carácter de las heridas de la paciente eran de mediana gravedad, (sic)
Por otro lado, el médico Luis Oscar Quintero Rojas, quien atendió en el Hospital Militar Carlos Arvelo, a la referida víctima, manifestó en la sala de audiencias que recibió a una paciente con presentando herida por arma de fuego en el glúteo derecho y provenía de un centro popular, argumento (sic) además que la referida ciudadana presentaba sangrado, sin embargo aseguró que no se detallo ningún proceso que tuviera la necesidad de intervención quirúrgica, esto fue corroborada con la declaración de la medico Shellyn Concepción Díaz, quien ratificó lo expuesto por el medico antes mencionado.
En otro orden de ideas, declaro (sic) la ciudadana Irúa Moreno, que argumentó que al escuchar las segundas detonaciones el carro se detiene, ella se recuesta y no recuerda más nada, y que fue herida en la parte del cerebro, lesión esta por la cual estuvo en estado de coma, durante tres meses, y como consecuencia de dicha herida no puede ver y ni caminar bien, todo ello producto del impacto recibido, lo cual le ha ocasionado un impedimento permanente, no puede desenvolverse en sus actividades normalmente, por lo que el tribunal en el debate logró hacer el interrogatorio a la víctima de forma muy pausada, ya que la misma habla lento, ello se encuentra reforzado con lo acreditado en el juicio oral y público, por la Medico Forense Rodainah Nasser, quien realizó reconocimiento medico legal N° 136.8.670-05 de fecha 29-06-05, correspondiente a la ciudadana Irúa Moreno, expresó claramente, que examino (sic) a la paciente en el Hospital Pérez Carreño, ya que la misma fue remitida a ese centro asistencial por presentar herida por arma de fuego y traumatismo encefálico leve, además presentó fractura temporal izquierda con contusión hemorrágica, explicando que el hueso temporal estaba en el oído y había derramamiento de sangre, que se aprecia una herida por proyectil único con orificio de entrada sin orificio de salida, evidenciando quemaduras y excoriaciones, lesión esta que a consideración del medico tratante era de carácter grave, por cuanto se trataba de una herida por arma de fuego, que compromete la vida, aunado al edema cerebral, por lo que solicito (sic) que posteriormente se realizara un nuevo reconocimiento.
En tal sentido, cabe señalar que los testimonios, al igual que las pruebas técnicas de orientación y certeza practicadas por los expertos científicos, en el debate oral y público ha tomado una relevante importancia siendo que la percepción de la realidad a pesar de que la transmisión no siempre es absolutamente verdad no basta para descalificar de forma genérica el testimonio, sino que por el contrario deben ser tomadas en cuenta al momento de valorar la eficacia probatoria de la declaración en cada caso en particular, ya que puede el Juez separarse, siempre razonadamente, de la versión del testigo, siendo esto la valoración; razón por la cual dichos testimonios, merecen fe del Tribunal, por provenir de Médicos Forenses y Médico Profesionales que tiene conocimientos científicos, periciales y profesionales necesarios para explicar detalladamente y de forma veráz (sic) las heridas que sufrieran las ciudadanas Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, Irúa Coromoto Moreno García y Danitza Buitriago González. Igualmente se destaca que las declaraciones aportadas por las hoy víctimas, concuerdan entre si (sic), al referir a la secuencia de cómo sucedieron los hechos objetos de investigación y la manera de como fueron lesionadas, sin que las mismas cayeran en contradicciones, sin embargo no fue traída a la audiencia del juicio ningún elemento de prueba que desvirtuara o contradijera lo afirmado por ellas.
Así mismo, la ciudadana Rosangela Bracamonte, afirmó que al momento de salir de la vereda 12, del sector las casitas de Kennedy, avistó un carro corsa cuatro puertas, color arena y que fue la primera que se acercó al vehículo, donde logró observar a su hija Elizabeth herida desmayada dentro del vehículo, argumento (sic) igualmente que la ciudadana Irúa Moreno se encontraba desmaya y herida dentro del vehículo, y para ese momento la ciudadana Danitza Buitriago no se encontraba dentro de automóvil, pero posteriormente la pudo ver, manifestando que ella se encontraba consiente (sic), pero estaba igual que Elizabeth e Irúa estaba herida, por lo que este decisor valora esta deposición como una testigo presencial de que ciertamente dichas ciudadanas se encontraban heridas dentro del tantas veces mencionado vehículo, heridas estas producidas en el sector de abajo específicamente en la curva que conforma la “Y”.
Quedo plenamente demostrado para este Juzgador, por todo lo antes expuesto, que los disparos con los cuales resultan heridas las ciudadanas Elizabeth, Irúa y Danitza, se produjeron en el Barrio Kennedy Parroquia Macarao, específicamente en el sector señalado como la “Y”, por la acción de varias personas, los cuales rodearon el tantas veces mencionado automóvil tripulado por los referidos estudiantes universitarios, ocasionando gran cantidad de disparos sobe el vehículo, lo cual surge del convencimiento de este Juzgador, con la declaración que hicieran en el juicio oral y público los ciudadanos Héctor Aparicio, Luis Prada y Odiver Carmona, funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes realizaron Inspección Ocultar N° 997, en la parte externa a un vehículo corsa, placa ABR-68G, ubicado en la vía principal del sector las casitas del barrio Kennedy, en el cual observaron en la parte externa del mismo múltiples impactos, del mismo modo refirió el fotógrafo Roger Moya, dejó constancia mediante fijación fotográfica de los impactos, orificios y abolladuras que presentaba el vehículo en cuestión, fijaciones estas que fueron mostradas y explicadas por el experto en sala de audiencia.
A raíz de estos hechos, dichos funcionarios realizaron otra inspección signada con la nomenclatura N° 1009; relacionada con la inspección 997, y los mismos son contestes y coincidentes en señalar que la inspección técnica 997 es una inspección macro, que se realizó al llegar al sitio donde ocurrieron los hechos y en virtud de que tuvieron conocimiento que en el hospital Pérez Carreño se encontraban tres cadáveres, se trasladaron al referido centro asistencial, y de regreso al sitio de los hechos con el objeto de continuar y culminar dicha inspección, recibieron órdenes de su superior jerárquico, que le tenía que asignarle otra nomenclatura distinta a la inicial, este quedo acreditado al comparecer el consultor jurídico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (sic), al debate y durante su declaración manifestó que estuvo presente en el lugar de los hechos el día que estos se cometieron, asegurando que a pesar de no haber girado ninguna orden para la realización de alguna experticia, sugirió que una vez que una inspección es realizada no se puede agregar más nada y si faltara recabar alguna información se debería hacer otra inspección, por este motivo se hizo otra inspección, dándole creencia a lo expresado por los expertos arriba mencionados en relación a la nomenclatura dada a sus experticias.
Cabe destacar, que las declaraciones dadas por los expertos Odiver Carmona, Luis Prada, Héctor Aparicio y Roger Moya, refieren que observaron el vehículo con varios impactos y orificios, dichas deposiciones fuerza con lo expuesto por la ciudadana Patricia Herrera, quien al comparecer a la sala de audiencias, expreso (sic) que realizó inspección técnica en el estacionamiento de la Sub Delegación de Simón Rodríguez del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a un vehículo automotor, modelo corsa, placas N° ABR-68G, manifestó que entre las evidencias de interés criminalístico que recolectó se encontraron fragmentos que al ser movidos de su posición original resultaron ser blindajes y plomo; agregó que al mencionado vehículo le observó múltiples impactos, siendo coincidente la manifestación de la experta con lo dicho por el ciudadano Nicolás Morales, también experto adscrito al cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien realizó experticia de trayectoria balística al vehículo corsa placas ABR-68G, en la Sub Delegación de Simón Rodríguez del cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien expuso que el vehículo en cuestión presentaban varias trayectorias de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro, igualmente manifestó que en relación al orificio del parabrisa, que el disparador se encontraba del lado de afuera, con relación a los orificios observados en la puerta delantera del lado derecho observo (sic) un orificio de entrada sin orificio de salida, con una orientación de derecha a izquierda, indicó también que el parabrisa trasero presento (sic) un bisel en proyección descendente, con relación a los orificios del parabrisa delantero el tirador se encontraba ubicado en la parte exterior del vehículo, indica el experto que los orificios de la parte de adelante no guardan relación con los orificios traseros, explicando que una vez que se efectúa un disparo este tiene un orifico de entrada si queda ahí mismo, y lógicamente un orificio de entrada y salida si el mismo entra y sale, describiendo detalladamente durante su exposición, los impactos que recibió el vehículo, igualmente dejo claro que los tiros que se efectuaron al vehículo son de afuera hacía adentro; así mismo se presentó a rendir declaración el ciudadano Wilmer Molina, quien realizó levantamiento planimetrico (sic) en el sitio del suceso, manifestando haber trabajado conjuntamente con Werney Omar Gil, experto en balística, ambos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, expone Wilmer Molina que, al momento de realizar su experticia observó plasmo como punto N° 1, un vehículo corsa que se encontraba en la vía principal del sector las casitas, placas ABR 68G, el cual tenía múltiples impactos, de la misma forma Werney Omar Gil, expuso ante la sala de juicio oral y público, que se encontraba encargado de hacer las fijaciones de los impactos y orificios presentes en el vehículo, a los fines de determinar la trayectoria de este, siendo las anteriores declaraciones congruentes entre si, al exponer que trabajaron un vehículo corsa, placas ABR-68G, y que el mismo presentaba múltiples impactos y orificios, por lo que tales dichos le merecen credibilidad a este juzgador, por cuanto, se trata de funcionarios adscritos al cuerpo policial, quienes al ser considerados como expertos, se entiende que tienen amplio conocimiento en el área en el cual se desempeñan, de la misma manera el ciudadano Luis Alberto Ollarves, aún cuando no realizó experticia alguna, estuvo el día en que ocurrieron los hechos en el lugar, asegurando que observó que el vehículo en cuestión tenía múltiples impactos en su parte externa, declaración que le merece credibilidad a este juzgador por cuanto se trata de un funcionario policial, quien si bien es cierto no detalló el vehículo corsa, pudo observar por estar presente en el sitio que el mismo tenía varios orificios, aunado a que tal declaración es compatible con el testimonio de los expertos antes señalados, siendo todas las declaraciones entre si contestes, con lo apreciado por este tribunal al momento de realizarse la reconstrucción de los hechos a cargo del Guardia Nacional Capitán José Bolívar Celis, específicamente al efectuar experticia balística en la mencionada reconstrucción de los hechos que se hiciere durante el debate oral y público y según lo recogido por la versión de los testigos de la misma, se analizó el recorrido de las balas en el cuerpo de las víctimas, así como los impactos y orificios, lo que hizo concluir que los tiradores se encontraban rodeando el vehículo en cuestión y que todos los disparos fueron efectuados desde el lado de afuera, lo cual además se recogió de manera directa cuando en compañía de expertos testigos, partes y miembros de este Tribunal, se trasladó al sitio donde ocurrieron los hechos con el fin de reconstruir los mismos y observar directamente el supra mencionado automóvil, por lo que aplicando la sana critica y las máximas de experiencia, hace concluir a este sentenciador que fueron varios los agentes que ocasionaron los múltiples impactos y orificios al vehículo, de la misma manera, surge acreditado que la intención de los agentes era causarle la muerte a los estudiantes que se encontraban en el tan mencionado automóvil, del cual además se logró comprobar su existencia y legalidad, según la exposición realizada por los ciudadanos Yean Richard Jesús Sánchez y José Epidemio Prieto Salazar, quienes realizaron experticia de legalidad al vehículo en cuestión, ratificando a viva voz que el mismo era legal.
Ahora bien, surge demostrado, que la intención de los agentes era causarles la muerte a los tripulantes del supra mencionado vehículo, todo ello, en atención a la ubicación de las heridas sufridas por las víctimas de la presente causa, heridas éstas que, se encuentran en zonas del cuerpo que comprometen la vida humana, aunado a que los sujetos activos sin mediar palabras, sin razón alguna, actuando sobre seguro en el resultado de su acción, sorprendiéndolos y con el uso de armas de fuego, las cuales son suficientes para cegar la existencia de una persona, accionaron las mismas en contra del tantas veces mencionado vehículo, a sabiendas que al hacerlo, las balas atravesarían la carrocería del automotor, y en consecuencia, obtendrían el resultado esperado, el cual era causarles la muerte; siendo absurdo para este sentenciador, si quiera considerar que la voluntad de estas personas no era otra sino extinguir la vida de los seres humanos que se encontraban dentro de el vehículo, por lo cual surge demostrado que los agentes tuvieron la intención de consumar su acción, de lo cual no cabe duda en atención a la cantidad de impactos y orificios que están presentes en el vehículo corsa, más sin embargo los agentes, a pesar de tal acción, no lograron consumar el hecho por causas independientes de su voluntad, toda vez que, el conductor del vehículo logró proseguir la marcha y sólo resultan heridas las ciudadanas Danitza Buitriago, Irúa Moreno y Elizabeth Rosales.
Respecto la calificación jurídica que hiciera el Ministerio Público, por los hechos que le causaran las heridas a las ciudadanas Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Moreno García, este Tribunal considera que la misma es acertada al atribuirle a los ciudadanos JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, WIL RONALD MONTES CHIRINOS, JOSNEL JAIME, JUAN REYES, FERNANDO MORA, JESÚS ABREU, FRANK SERRADA, AMALIO BRAVO, OLIMPO BARILES, GERSON CARPIO, DANILO ANGULO, ALIRIO CAMEJO, JUAN APOSTOL ROMERO, CARLOS COISCOU PRADA, JOSÉ PEÑA CARRILLO, JORGE ESCALONA, FÉLIX MOTA y FRANKLIN GARCÍA MALDONADO, en la comisión la Complicidad Correspectiva en el delito de Homicidio Calificado Frustrado, por motivos fútiles e innobles; ya que al participar tantos agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno; así tenemos, que las circunstancias que agravan el acto de los agentes en el presente caso, surge probado por las pruebas técnicas de balística y planimetría, realizadas por la prueba de la reconstrucción de los hechos, así como de los testimonios rendidos por los testigos anteriormente señalados, en donde se demostró que los agentes como se ha explicado, actuaron alevosamente con una condición de superioridad en relación a las víctimas, por las circunstancias de haberlos sorprendidos, y sin tener un motivo para tal acción, realizaron múltiples disparos, así como por la intención que tuvieron los agentes de cometer el hecho, empleando medios idóneos para perpetrar el mismo, y luego realizar todo lo que es necesario para consumar el hecho, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no lo lograron.
En cuanto a la culpabilidad de los acusados JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, WIL RONALD MONTES CHIRINOS, JOSNEL JAIME, JUAN REYES, FERNANDO MORA, JESÚS ABREU, FRANK SERRADA, AMALIO BRAVO, OLIMPO BARILES, GERSON CARPIO, DANILO ANGULO, ALIRIO CAMEJO, JUAN APOSTOL ROMERO, CARLOS COISCOU PRADA, JOSÉ PEÑA CARRILLO, JORGE ESCALONA, FÉLIX MOTA y FRANKLIN GARCÍA MALDONADO, no cabe ninguna duda de la participación de los mismos en los hechos acaecidos en fecha 27-06-05, en el sector Kennedy, toda vez que los mismos eran integrantes de una comisión que se había traslado a dicho sector lo cual se verifico a través de la copia certificada del libro de novedades de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Inteligencia Militar ya que se deja constancia que el día 27 de Junio siendo las 18:30 horas salen de comisión los funcionarios INSPECTOR (DIM) PEÑA PEÑA JOSÉ ANTONIO, INSPECTOR (DIM) MOLINA GENDRYS ENRIQUE, SUB-INSPECTOR (DIM) MONTE CHIRINOS WILL RONALD, SUB-INSPECTOR (DIM) MAURERA CENTENO JORGE LUIS, SUB- INSPECTOR (DIM) SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL, SUB-INSPECTOR (DIM) JAIME SOSA YOSNEL DE JESÚS, AGENTE (DIM) REYES RUIZ JUAN CARLOS, AGENTE I (DIM) AGUILERA YURELIS JOSÉFINA, AGENTE I (DIM) MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, AGENTE II (DIM) ABREU OQUENDO JESÚS ALBERTO, AGENTE II (DIM) SERRADA FRANK ALBERTO, AGENTE III (DIM) GONZÁLEZ BRIZUELA GREICY BADIANA, adscritos a la Dirección de Investigaciones, SUB-INSPECTOR (DIM) BRAVO GARCÍA AMELIO RAFAEL, SUB INSPECTOR (DIM) BARILE SÁNCHEZ OLIMPIO, SUB INSPECTOR (DIM) CARPIO HENRÍQUEZ NELSON ALEXANDER, SUB-INSPECTOR (DIM) ANGULO URBINA DANILO ALFONSO adscritos a la Región Capital, SUB INSPECTOR (DIM) FLORES EDWIN MANUEL, SUB- INSPECTOR (DIM) CAMEJO ALIRIO JOSÉ, SARGENTO PRIMERO (DIM), ARRIETA JIMÉNEZ ALEXANDER GERARDO adscritos a la Dirección General y los efectivos de la Guardia Nacional C/1ro APOSTOL ROMERO JUAN CARLOS, C/1ro COISCOU PRADA CARLOS FELIPE al mando de los oficiales MAYOR DEL EJERCITO JOSÉ PEÑA CARRILLO, TENIENTE DE NAVÍO (DIM) ESCALONA ESSA JORGE ELPIDIO, a los sectores Macarao, Caricuao y Kennedy, y que además se conformó una comisión mixta con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Lo cual merece credibilidad a este Juzgador, por haber sido las mismas expedidas por autoridad competente y además fue incorporada al juicio oral y público por su lectura, por lo que esta instancia judicial valora su lectura; aunado a las novedades de fecha 27 y 28 de Junio del 2005 de la Sub-delegación de Caricuao en la que se dejó constancia de en el asiento Nº 49 que aproximadamente las 9:00 horas de la noche 21:10, sale una comisión de la División Nacional de Investigaciones de Homicidio al mando del funcionario Inspector RICHARD VARELA, en vehículo particular, conjuntamente con los funcionarios de la Unidad de Respuesta Inmediata de este Despacho integradas por los funcionarios Agente FÉLIX MARTINES y Oficial II de la Policía de Caracas, FRANKLIN GARCÍA y comisión de veinte (20) funcionarios de la División de Inteligencia Militar al mando del mayor PEÑA CARRILLO hacia la Urbanización Kennedy, en diligencias relacionadas por la comisión de uno de los delitos contra las personas, Lo (sic) cual merece credibilidad a este Juzgador, por haber sido las mismas expedidas por autoridad competente y además fue incorporada al juicio oral y público por su lectura, es por lo que esta instancia judicial valora su lectura aunado que, en relación a la misma compareció el funcionario Ramón Ayala adscrito a la Sub delegación de Caricuao del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistica (sic) quien no a pesar de no haber estado presente al momento de que suscito la novedad, señalo (sic) que tuvo conocimiento de los hechos que se ventilaban en la sala de juicio oral y público por cuanto recibe la guardia del día 28-06-05 y reviso (sic) las novedades del día anterior y tal declaración merece total credibilidad a este juzgador toda vez que se trata de un funcionario quien estando bajo juramento de ley y en conocimiento de las consecuencias jurídicas de mentir expuso todo cuanto tuvo conocimiento sin tener ningún interés en la resulta de la presente causa; así mismo compareció el funcionario MARTINES ROJAS JURIM MIGUEL adscrito para la fecha en Distrito 35 de Kennedy quien al rendir su testimonio manifestó que observo en el punto conocido como la “Y” una alcabala de funcionarios armados vestidos con pantalón Jeans, camisas negras, pasamontañas y chaqueta negra, siendo enfático en que dichos funcionarios no se identificaron al momento que este se les acerco, teniendo conocimiento que se trataba de agentes del Dim por cuanto un subalterno de su zona le informo (sic) del particular, así mismo señalo (sic) haber observado cuando realizaban cacheo a los vehículos que por el lugar transitaban, indicando que dicha alcabala se encontraba en la Y que esta cerca de la cancha de Softboll, y tal declaración merece total credibilidad a este juzgador toda vez que se trata de un funcionario quien estando bajo juramento de ley y en conocimiento de las consecuencias jurídicas de mentir expuso todo cuanto tuvo conocimiento sin tener ningún interés en la resulta de la presente causa, por lo que queda suficientemente claro que los acusados arriba señalados estaban el sitio del suceso tal como lo manifestara el Teniente Coronel Sergio Rivero Marcano director de investigaciones de la división general de inteligencia militar quien estando bajo juramento de ley refirió haber autorizado de palabra al Mayor José Baldomero Peña Carrillo a trasladarse junto con los funcionarios de esa dirección a prestar apoyo y colaboración a la comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistica (sic) para trasladarse al sector de Kennedy toda vez que eran estos los que estaban a cargo de la investigación relacionada con la muerte del funcionario Edwin Toussant, agregó además haber enviado al Ministerio Público entre otras cosas relación del armamento asignadas a los funcionarios que se encontraban a la orden del mayor José Peña Carrillo y tal declaración le merece fe a este tribunal toda vez que como funcionario con amplia trayectoria y conocimiento con el cargo que ostenta fue suficientemente claro en su exposición no contradiciéndose en la misma. Relación de armamento esta que, fue incorporada por su lectura toda vez que fue admitida por el juez de control en su oportunidad legal, siendo que, las armas descritas en la relación del armamento arriba indicado, fueron debidamente sometidas a experticia, por los expertos en balística Jesús Suárez, Lizetta Marín, Olga Ginnette Mieres y Jennifer Sanoja, quienes en relación a la experticia N° 2199, fueron contestes al exponer que todas las armas inspeccionadas se encontraban en buen estado de uso y conservación, de igual forma fueron analizadas tres armas de fuego, dejando constancia que la identificada con el serial de orden EAF959, posee la inscripción “MIJ CICPC”, así mismo la identificada con el serial de orden CBK171 posee la inscripción “POLICARACAS”, siendo las misma dos armas de fuego tipo pistola “GLOCK” calibre 9 milímetros parabellum, modelo 17, en cuanto a la tercera identificada con el serial de orden 150363, la cual posee la inscripción PTJ en la ventana de eyección, tratándose de un arma de fuego tipo fúsil, maraca STEYER, calibre 9 milímetros parabellum, modelo AUG, las cuales también se encontraban en buen estado de uso y conservación, pudiendo las mismas realizar disparos, siendo estas tres armas antes descritas entregadas al funcionario Torres Daniel adscrito a la Sub Delegación Simón Rodríguez, al igual que los anteriores expertos en balística compareció al juicio oral y público la también experto en balística Sandy Pimentel, quien ratifico (sic) el contenido de todas la experticias suscritas por su persona entre las que se encuentra la N° 2199, y por la condición que como expertos tienen estos ciudadanos sobre determinada materia, dada la experiencia que en la misma poseen y es en relación a ello sobre lo que han depuesto en la sala de juicio, este tribunal le merece fe a sus dichos, ahora bien, de las anteriores circunstancias surge a criterio de este sentenciador que las armas antes descritas eran las utilizadas por los ciudadanos Franklin García y Félix Mota toda vez que aun cuando no exista prueba en concreto que determine que esas armas de fuego les fueron asignadas, fue incorporado para su lectura y así valorado en puntos anteriores la trascripción de novedades llevadas por la Sub delegación de Caricuao donde se refleja que el agente Félix Martínez Mota es funcionarios adscrito a la Unidad de Respuesta inmediata del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistica (sic) y el oficial II Franklin García pertenece a la policía de la Policía de Caracas, esto concatenado con la copia certificada del libro de novedades de la Brigada de respuesta inmediata de la Sub-Delegación de Caricuao de fecha 27-06-06 donde se deja constancia de la salida y regreso de la comisión mixta tantas veces mencionada en la cual incluyen al funcionario Franklin Gracia como integrante de la misma, lo cual merece credibilidad a este Juzgador, por haber sido estas expedidas por autoridad competente y además incorporada al juicio oral y público por su lectura, por lo que esta instancia judicial valora su lectura, de lo cual se obtienen suficientes indicios que analizados entre si y bajo una aplicación racional de la sana critica produce en este sentenciador la convicción que el arma donde lee la inscripción “Policaracas” era la utilizada por el ciudadano Franklin García y las armas que poseen las inscripciones “MIJ C.I.C.P.C.” y la STEYER con la inscripción PTJ serial de orden 150363 eran las que portaba el ciudadano Félix Martínez Mota.
Este Tribunal Unipersonal considera que las declaraciones aportadas por los testigos antes referidos, están revestidas de absoluta veracidad por cuanto la narración de los sucesos, y ante las diversas preguntas tanto la Representante del Ministerio Público, las Defensas y por el Juez, no se contradicen y mencionan de varias formas los mismos hechos como dicen sucedieron, así como la de los expertos. Además, estos testimonios, se convierten en la prueba fundamental en este tipo de hechos punibles, pues todas las evidencias entrelazadas entre si (sic), nos da la plena convicción de que no fue un caso fortuito, aunado a la certeza de sus declaraciones, no contradictorias y útiles para el acervo probatorio y coinciden al tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los acontecimientos.
En ese sentido, las valoraciones anteriores de los testimonios evacuados en el transcurso del debate de Juicio Oral y Público, son producto de ese principio fundamental de inmediación y concentración que se unen con las máximas de experiencias del Juez sentenciador profesional. De allí el veredicto de culpabilidad sobre la base de los argumentos anteriores, en contra de los ciudadanos JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, WIL RONALD MONTES CHIRINOS, JOSNEL JAIME, JUAN REYES, FERNANDO MORA, JESÚS ABREU, FRANK SERRADA, AMALIO BRAVO, OLIMPO BARILES, GERSON CARPIO, DANILO ANGULO, ALIRIO CAMEJO, JUAN APÓSTOL ROMERO, CARLOS COISCOU PRADA, JOSÉ PEÑA CARRILLO, JORGE ESCALONA, FÉLIX MOTA y FRANKLIN GARCÍA MALDONADO, por el delito de Homicidio Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° y 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal vigente, en perjuicio de las ciudadanas Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Coromoto Moreno García, por cuanto el Ministerio Público pudo comprobar la participación de los mismos en el mencionado delito, y por ende el presente fallo será CONDENATORIO, conforme al artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECLARA.-
Por otro lado, la ciudadana Elizabeth Rosales Bracamonte, durante su declaración en la sala de audiencia, así como en la reconstrucción de los hechos, fue clara en indicar que, en el sector de la “Y”, del barrio Kennedy, cuando escucha múltiples detonaciones por la acción de los agentes que disparaban en contra del vehículo en el cual se encontraba, momento este en el que observa a un sujeto que la apunta con un arma de fuego, es por lo que dicha ciudadana en resguardo de su vida reacciona ante tal acción volteándose, tratando de evitar que el daño del cual ya se sentía victima cegara su vida, manifestando en todo que sintió temor, miedo, resultando herida en el glúteo derecho; tal como lo aseveró la médico forense Rodainah Nasser, que practico (sic) reconocimiento médico legal afirmando haber visto restos metálicos en la humanidad de la supra-mencionada ciudadana, siendo clara al expresar médicamente cuando es alojado un proyectil en el cuerpo como en el presente caso, este no lesiona órgano ni impide ninguna función no es necesaria su extracción, esta deposición es adminiculada al testimonio del ciudadano José Gregorio Nerea, experto en Balística, promovido por los representes del Ministerio Público y debidamente admitido por el Juez de Control en su oportunidad legal, quien manifestó entre otras cosas que al evaluar a través de un informe médico, donde se reflejan las heridas en el glúteo derecho de una ciudadana que se encontraba en el asiento del copiloto para el momento en que se produjeron los hechos y conjuntamente con el estudio de la radiografía, logro determinar que la pieza que se encontraba dentro de la humanidad de la victima pertenece a la gamma del calibre 5.56, y a preguntas formuladas por las partes al experto, manifestó y aseguro (sic) que ese calibre es empleado en armas denominadas como de alta potencia, afirmando que es posible que el proyectil quede dentro de la piel, estas declaraciones merece credibilidad a este sentenciador, toda vez que provienen de expertos en la materia, que pueden explicar detalladamente el peritaje que han suscrito
En cuanto a la culpabilidad de los acusados Manuel Salazar, Edwin Flores, Alexander Arrieta y Jorge Maurera Centeno, no cabe ninguna duda de la participación de los mismos en los hechos acaecidos en fecha 27-06-05, en el sector Kennedy, donde resulta como victima la ciudadana Elizabeth Rosales, toda vez que los mismos eran integrantes de la comisión mixta que se traslado a dicho sector, lo cual fue considerado en párrafos anteriores por este decisor; portando entre otras las siguientes armas de fuego: Alexander Arrieta Jiménez, Armas: M-4 (5.56mm), Seriales de orden AO155767, Jorge Maurera, Arma: HK (5.56mm), Serial de orden 11061, José Salazar Arma: HK (5.56mm), Serial de orden y T17413SDW y Edwin Flores, Arma AUG 5.56, Serial de orden 905SA210, lo cual se desprende de la relación de armamento anteriormente valorada, dichas armas también fueron debidamente sometidas a peritaje el cual quedo signado con el N° 2199 suscrito por los expertos en balística Jesús Suárez, Lizetta Marín, Olga Ginnette Mieres, Jennifer Sanoja y Sandy Pimentel, lo que fue adminiculado con lo expuesto y ya valorado por el experto José Gregorio Nerea, quien afirmo (sic) que el proyectil que se encuentra alojado en la humanidad de Elizabeth Rosales pertenece a la Gamma del calibre 5.56mm.
Por lo que, la calificación jurídica dada por los Representantes del Ministerio Público, a criterio de quien decide es acertada, a señalar a los ciudadanos Manuel Salazar, Edwin Flores, Alexander Arrieta y Jorge Maurera Centeno, por ser cómplices correspectivos en la comisión del delito de Homicidio Calificado Frustrado, en perjuicio de la ciudadana Elizabeth Rosales; ya que al participar varios agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno; así tenemos, que las circunstancias que agravan el acto de los agentes en el presente caso, surge probado con las pruebas técnicas de balística y planimetría, realizadas por la prueba de la reconstrucción de los hechos, así como de los testimonios rendidos por los testigos anteriormente señalados, en donde se demostró que los agentes actuaron alevosamente con una condición de superioridad en relación a la víctima, por las circunstancias de haberla sorprendido, y sin tener un motivo para realizar tal acción, disparos en contra de la mencionada, así como por la intención que tuvieron los agentes de cometer el hecho, empleando medios idóneos para perpetrar el mismo, no pudiendo consumar el hecho, por circunstancias ajenas a su voluntad.
En consecuencia, surge a criterio de este sentenciador quedo plenamente demostrado la perpetración del delito de Homicidio Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° y 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código penal vigente, cometidos por los ciudadanos Manuel Salazar, Edwin Flores, Alexander Arrieta y Jorge Maurera Centeno, en perjuicio de la ciudadana Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, siendo lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso dictar un fallo CONDENATORIO. ASÍ SE DECIDE.-
En relación a la muerte del ciudadano Leonardo Enrique González Larez.
Luego de resultar heridas las ciudadanas Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Coromoto Moreno García, en el sector de la “Y”, del barrio Kennedy, continuaron su recorrido hacía sector las casitas del mismo barrio, en compañía de Erick Montenegro, Edgar Quintero y Leonardo González, quienes se encontraban con vida e ilesos de la acción realizada en contra de ellos, y que al llegar a la vía principal del sector las casitas, detienen el vehículo corsa el cual tripulaban, cerca de la vereda 12, momento en el cual la ciudadana Elizabeth Rosales, llama por teléfono a su mamá Rosa Ángela Bracamonte, pidiéndole ayuda; seguido a esto, los ciudadanos Erick Montenegro, Edgar Quintero y Leonardo González, se bajan del vehículo con el fin de pedir auxilio, pero el último de los mencionados se bajó con las manos en alto del vehículo, subsiguientemente es interceptado por su victimario, quien le propina un disparo certero a nivel del ojo, el cual le produce la muerte de manera inmediata, como se evidencia del protocolo de Autopsia realizado por la Dra. Evelyn Díaz Médico Anatomopatólogo Forense y del levantamiento de este cadáver, practicado por la médico forense Rodainah Nasser, que al rendir sus testimonios ante este el Contradictorio, explicaron de forma detallada las heridas que sufriera el hoy occiso LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ LAREZ, de 23 años de edad, exponiendo que la data de la muerte fue en fecha 28-06-05, y que la misma fue producida por el paso de un proyectil único, disparado por un arma de fuego, el proyectil perforó el ojo derecho, siendo este el orificio de entrada, pasa al cráneo, lo fractura, así como también fractura el hueso frontal y continua el trayecto que perfora toda la masa encefálica produciendo una fractura poli fragmentaria, es decir, que rompe el hueso en más de tres partes, indicó que por las características del caso, la muerte fue instantánea, ya que la masa encefálica fue perforada, concluyendo que la causa de la muerte de este ciudadano, fue por hemorragia subdural producida por un arma de fuego de proyectil único a la cabeza.
Estos testimonios promovidos por representante del Ministerio Público, merecen fe del tribunal, por provenir de médicos Forenses que tienen conocimientos científicos, periciales y profesionales necesarios para explicar detalladamente y de forma veraz las heridas que sufriera LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ LAREZ, que le causara su deceso.
Este hecho surge probado con lo declarado por las ciudadanas Elizabeth Rosales y Danitza Buitriago, quienes fueron contestes en afirmar que, Erick Miguel Montenegro Sánchez, Edgar Josué Quintero Torrealba y Leonardo Enrique González Larez, salieron con vida del vehículo corsa en el cual se encontraban, indicando la ciudadana Danitza Buitriago que Erick Montenegro le dijo que saliera del carro con él para pedir ayuda, sin embargo, la referida ciudadana agregó, que se encontraba muy nerviosa y decidió no salir del vehículo, incluso manifestó que no vio en que dirección salieron sus compañeros, pero sintió cuando corrieron detrás del vehículo; asimismo compareció la ciudadana Edelvis del Carmen Guerra Molina, quien reside en la vía principal del mencionado sector y manifestó haber observado al vehículo corsa detenido entre su casa y la de su cuñado, agregando además que visualizó a tres muchachos y una muchacha pidiendo auxilio, e igualmente pudo apreciar que los referidos muchachos corrían asustados frente de la acera, gritaban y pidiendo auxilio, afirmó que al verlos ninguno de ellos estaba herido, y tal declaración le merece fe a quien aquí decide, toda vez que la misma presencio (sic) de que los ciudadanos se encontraban aún con vida.
Luego de analizar detenidamente todos y cada uno de los medios de prueba que comparecieron a rendir testimonio en relación a esta muerte, aplicando el sistema de la sana crítica, que se apoya en las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos transmitidos por los expertos surge acreditado que cuando el ciudadano Leonardo González, salé del vehículo conducido por él mismo, con las manos en alto, fue sorprendido por un sujeto quien venía de parrillero (sic) en una moto y le propina un disparo a la altura del ojo, el cual le produce la muerte de forma instantánea,
También surge plenamente demostrada la muerte del ciudadano Leonardo González Lares, por el documento que recoge el acta de defunción N° 922, de fecha 28-07-05, a nombre del mismo, suscrita por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Paraíso, la cual merece credibilidad a este Juzgador, ya que es un documento auténtico expedido por autoridad competente.
Así mismo, comparecieron al desarrollo del debate los funcionarios Odiver Carmona, Héctor Aparicio, Luis Prada y Roger Moya, quienes practicaron Inspección Técnica N° 1000, y ratificaron su contenido y firma, indicando Odiver Carmona que, la descripción de las heridas que observó al momento de practicar su inspección quedaron plasmadas en las experticias correspondientes, por su parte Roger Moya, quien realizó las fijaciones fotográficas, las cuales fueron mostradas a las partes, donde se puedo observar en una de (sic) de ellas la imagen de una persona con una herida en el ojo derecho y un hematoma en el ojo izquierdo, aún cuando tal inspección se le realizó a una persona que para el momento no estaba plenamente identificada por ellos, no le cabe duda a este Juzgador que se trata del hoy interfecto Leonardo González, ello en atención a las declaraciones de las médicos antes analizadas.
Cabe destacar igualmente que compareció al contradictorio el experto Werney Omar Gil, quien apoya al protocolo de autopsia de quien en vida respondiera al nombre de Leonardo González Larez, donde explico (sic) la trayectoria balística de la herida sufrida la víctima, determinando que la misma tenía un trayecto de adelante hacía atrás, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, manifestando que para el momento de recibir el impacto el occiso se encontraba en un plano inferior en relación a su victimario, agregando que la única herida presente en el cuerpo se encontraba en el ojo, y describe además que el sitio del suceso es plano, lo cual coincide con lo expuesto por el experto José Luis Cordero, adscrito a la División de Análisis y Reconstrucción de los Hechos, quien durante su exposición manifestó haber estado presente en el lugar de los hechos fijó el mismo, manifestando que en el lugar se encontraban unas casitas el cual era totalmente plano, declaraciones estas que le merecen credibilidad a este sentenciador, por cuanto se tratan de funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (sic), con amplia conocimientos en el área en la cual se desempeñan.
Igualmente, el experto Rubén Villamizar, señaló en el debate haber realizado la experticia de análisis de traza de disparo (ATD), a los fines de determinar si existen o no partículas constituyentes del fulminante de una bala para armas de fuego, en ambas manos de tres cadáveres relacionadas con la investigación que se adelantaba, concluyendo que en ningún de los casos se determinó la presencia de los elementos constituyentes de la misma, por lo que este decisor aplicando la máximas de experiencia, la sana crítica, la lógica y la inmediación, concluye que en ningún momento hubo enfrentamiento entre las víctimas y su victimario, ya que la prueba de trazo de disparo resultó ser negativa.
Por otra parte, compareció el ciudadano Henry Cubides, quien expuso que en la mañana siguiente a lo después de haber ocurrido los hechos, salió de su vivienda y luego de revisar su vehículo de color negro, Renault fuego, del año 83, el cual se encontraba estacionado frente su residencia, ubicada en la terraza seis del barrio Kennedy, se percató que en la parte de atrás del mismo localizó un proyectil, lo retiró con un papel, lo introdujo en un bolsa y posteriormente lo entregío (sic) a un funcionario que estaba debidamente identificado como adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, declaración esta que le merece fe a este juzgador por cuanto se trata de un testigo quien debidamente juramentado e impuesto de la consecuencia jurídica de mentir ante la autoridad judicial, expuso en relación a los hechos sobre los cuales tuvo conocimiento, lo cual cobra fuerza al comparecer a la sala de audiencia el experto en trayectoria balística, José Buchanans, quien expuso haber avistado un vehículo Renault con un impacto, todo lo cual al ser adminiculado con la declaración de los expertos en balística Jesús Suárez, Lizetta Marín, Olga Ginnette Mieres y Jennifer Sanoja, quienes realizaron experticia N° 2239, de fecha 30-06-05, indicando que la evidencia suministrada correspondía a un blindaje, el cual había sido entregado por el ciudadano Henry Omar Cubides, y al realizar el peritaje de reconocimiento técnico y comparación balística a la evidencia en cuestión concluyeron que se trataba de un blindaje disparado por un arma de fuego tipo sub ametralladora, marca STEYER, calibre 9 milímetros, serial de orden 150363, esto es reforzado por el experto Sandy Pimentel, quien ratifica el contenido de todas la experticias suscritas por su persona entre las que se encuentra la N° 2239, hay que señalar que estas experticia se explico (sic) detalladamente en el capítulo anterior donde se analizaron y se determinó que dicha arma pertenecía al ciudadano FÉLIX MOTA
Quedo probado que la intención del agente que causó la herida en contra del ciudadano LEONARDO GONZÁLEZ, era la de causar su muerte, toda vez que, esta herida fue propinada con astucia por haber sido realizada en sitio específico y dada para perforar órganos vitales, tal y como resulto descrito en el Protocolo de autopsia y levantamiento de Cádaver (sic), usando con instrumento para consumar su acción un arma de fuego, lo cual trajo como consecuencia una hemorragia subdural que ocasionó la muerte inmediata del ciudadano en cuestión, sin otorgarle ningún tipo de oportunidad a la víctima a defenderse.
En cuanto a la calificación jurídica dada por el Ministerio Público, en relación a la muerte del ciudadano Leonardo González en fecha 27-06-05, a quedado plenamente comprobado para este juzgador, la perpetración del delito Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal vigente, así tenemos que las circunstancias que agravan el acto del sujeto activo, surge probado cuando este actuando sobre seguro al disparar contra la humanidad de su víctima, toda vez que Leonardo González, se encontraba desarmado y por el contrario muy asustado por lo sucedido minutos antes en el sector de la “Y”, en donde sus compañeras habían resultado lesionadas, tales circunstancias quedaron demostradas por las declaraciones de los testigos anteriormente señalados, donde se evidencia que su agresor no tenía motivo alguno para desplegar tal acción, la cual como antes se ha explicado consistió en propinarle un disparo certero, con el cual estaría seguro que le causaría su muerte, utilizando un medio suficiente para ello como lo fue un arma de fuego.
Ahora bien, en cuanto a la culpabilidad del acusado FÉLIX ALBERTO MOTA, surge del convencimiento de quien aquí decide, que el mismo fue la persona que acciona su arma de fuego, en contra de la humanidad de Leonardo González, efectuándole un solo disparo certero, toda vez, que este funcionario en compañía de Franklin García tripulaba un vehículo tipo moto, son los primeros en llegar a la terraza seis del sector las casitas del barrio Kennedy, ya que eran funcionarios adscritos a la Sub Delegación de Caricuao del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (sic), y en consecuencia conocedores de la zona en cuestión, sirviendo de guía a los demás funcionarios integrantes de la comisión mixta; y es en este mismo lugar donde fue colectado por el ciudadano Henry Cubides un blindaje, el cual al ser sometido a peritaje de reconocimiento técnico y comparación balística por expertos adscritos a tal división, determinaron que el mismo había sido disparado por un arma de fuego marca STEYER, serial de orden 150363, arma éstas que portaba el acusado Félix Martínez Mota, circunstancias estas que hermenéuticamente reunidas permiten a este sentenciador llegar a la convicción que el acusado no sólo estaba en el sitio del suceso, sino que además realizó la acción típica y antijurídica, que produjo la pérdida de una vida humana, que es un bien de interés eminentemente social y público que al ser infringido injustamente produce un daño público que debe ser reprimido y prevenido, toda vez que la tutela penal radica en la protección por interés social de la vida de los individuos que componen la sociedad.
Por todo lo antes expuesto, surge a criterio de este sentenciador que quedo plenamente demostrado la perpetración del delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal vigente, cometido por el ciudadano Félix Martínez Mota, en perjuicio del ciudadano Leonardo González Larez, por lo que el presente fallo debe ser CONDENATORIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.-
Demostrado como ha quedado la autoría del acusado Félix Mota, en la comisión del delito analizado, en perjuicio de Leonardo González, pasa este juez a razonar respecto a la responsabilidad y participación que tiene el acusado Franklin García en tales hechos; estableciendo que el referido ciudadano se encontraba en compañía de Félix Mota, ya que este último fungía como parrillero de la unidad tipo moto tripulada por él mismo, quien realizó las maniobras necesarias a los fines que a su compañero le fuese posible accionar su arma en contra de la víctima, realizando así la acción preparatoria necesaria para que el autor ejecute el acto consumativo del delito, participando de esta manera indirectamente en la consumación del mismo, circunstancia esta suficiente para acreditar la responsabilidad del acusado en cuestión; en la comisión del delito por el cual los Representantes del Ministerio Público lo acusan, vale decir, como Cómplice Necesario en la comisión del delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal vigente, en concordancia con el artículo 84 ordinales 2° y 3° Ejusdem, calificación ésta que comparte este juzgador, por lo que el fallo en el presente caso debe ser CONDENATORIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. Así Se Decide.-
En relación a la muerte de los ciudadanos Erick Miguel Montenegro Sánchez y Edgar Josué Quintero Torrealba
Resulta luego de ser heridas las ciudadanas Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Coromoto Moreno García en el sector de la “Y”, del barrio Kennedy, cuando continúan el recorrido hacía sector las casitas del mismo barrio, en compañía de Erick Montenegro, Edgar Quintero y Leonardo González, quienes se encontraban con vida y habían resultado ilesos de la acción realizada anteriormente, , siendo que al llegar a la vía principal del sector, el último de los mencionados detiene el vehículo, cerca de la vereda 12, momento en el cual la ciudadana Elizabeth Rosales, llama por teléfono a su mamá -Rosa Ángela Bracamonte-, pidiéndole ayuda; seguidamente, los ciudadanos Erick Montenegro, Edgar Quintero y Leonardo González, se bajan del vehículo con el fin de pedir auxilio, siendo que Erick Montenegro y Edgar Quintero, ingresan desesperadamente a la vereda 12 –callejón-, gritando que los auxilien, sin embrago, los vecinos del sector pensaron que se trataba de unos delincuentes y al no ser reconocidos por ninguno de ellos, estos no los socorrieron, inmediatamente entran al callejón varias personas vestidas de negro, con capucha, portaban sendas armas de fuego, los interceptan, los someten, golpeándolos y luego le propinan varios disparos con arma de fuego, que les causan la muerte, como evidenció, lo cual luego de analizar detenidamente todos y cada uno de los medios de prueba que comparecieron a rendir testimonio en relación a estas muertes, aplicando el sistema de la sana crítica, que se apoya en las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos transmitidos por los expertos surge acreditado de la siguiente manera que:
A la sala de audiencias compareció la ciudadana Edelvis del Carmen Guerra Molina, quien reside en la vía principal del sector de las casitas, y observó al vehículo corsa detenido entre su casa y la de su cuñado, agregando además que visualizó a tres muchachos y una muchacha pidiendo auxilio, y que corrían asustados frente a la acera, gritaban pidiendo auxilio, afirmó que al momento de verlos ninguno de ellos estaba herido, expuso que posterior a eso, dos de los muchachos ingresaron al callejón asegurando nuevamente que en ese momento ellos no se encontraban heridos, tal declaración es congruente con lo manifestado por la ciudadana Mayuris Javiela Márquez González, quien argumentó haberse percatado que dos personas, describiéndolas como uno blanquito y uno morenito ingresaron corriendo al callejón y a quienes no les observó ningún tipo de arma y detrás de ellos entran varias personas vestidas de negro y encapuchadas, así mismo, la ciudadana Tibisay Salas, compareció a rendir declaración sobre los hechos donde expresó que ese día en horas de la noche escuchó gritos de personas que decían “somos estudiantes, somos estudiantes”, también la ciudadana Nancy Damelia Lozada de Hernández, rindió su testimonio y mediante el cual refirió que en horas de la noche del día en cuestión, se encontraba en su vivienda ubicada al final del callejón de la terraza seis, cuando escuchó a una persona que le preguntaba a otra ¿cuantos eran?, respondiendo la persona que dos, escuchó además que la persona que preguntaba le indicó a quien respondió que se pusiera contra la pared y posteriormente se colocara contra el piso, agregó que escuchó las voces, las cuales eran cerca de una casilla que se encuentra en el callejón, de la misma manera que escuchó cuando un muchacho le refería a otra persona que lo disculpara, y aseveró haber oído en ese momentos quejidos, en señal de que personas dentro del callejón estaban siendo golpeadas, por ol (sic) que se determina que todas las testigos anteriores analizadas fueron coincidentes en afirmar y señalar que después de lo que percibieron, bien porque lo vieron o lo escucharon, oyeron muchas detonaciones dentro del callejón y todas estas declaraciones le merecen credibilidad a este juzgador por cuanto son testigos de los hechos que sucedieron dentro de la vereda 12, terraza seis del sector la casita del barrio Kennedy en fecha 27-06-05, las cuales comparecieron a la sala y desde su propia perspectiva narraron los hechos sobre los que tuvieron conocimiento, estando debidamente juramentadas y advertidas de la consecuencia jurídica de mentir ante la autoridad judicial.
Tales testimonios cobran fuerza con lo manifestado por la ciudadana Miriam Mercedes Rotjes, quien afirmo (sic) que aproximadamente a las 10:30 de la noche se encontraba en su vivienda en compañía de su hija Kenya Tovar Rotjes, cuando se asomó por la ventana y observó que ingresaron al callejón dos muchachos pidiendo auxilio, quienes tocaron la puerta de su vivienda, pero ella no les abrió porque pensaba que eran unos malandros, exponiendo que inmediatamente vio que llegaron unos funcionarios que salían y entraban al callejón, describiendo que estaban vestidas con ropa de color negra, con capuchas negras, asegura haber visto cuando a uno de los muchachos de los que ingresaron primero en el callejón, se encontraba escondido en una casilla donde guardan las bombas al final de la vereda, lo sacan y lo golpean, igualmente manifiesta que los dos muchachos les piden a sus agresores que no les hagan nada porque eran estudiantes de la Universidad Santa Maria, fue también clara al manifestar que escuchó muchos tiros dentro del callejón, aseveró que presenció cuando agarraron a Edgar, cuyo nombre sabía ya que, éste se encontraba lanzado boca abajo en el piso frente a su ventana, su compañero lo llamaba por su nombre, diciéndole: “Edgar, Edgar, estás ahí?, y este no respondía, de esa misma forma aseguró que a Edgar le dieron un tiro en la cabeza frente a la ventana de su casa, donde quedó el hueco del disparo que le propinaron, manifestó que vio cuando golpeaban a Edgar y él decía que le sacaron los documentos de su ropa que el era estudiante; así mismo expuso que se enteró que el otro muchacho que se encontraba dentro del callejón se llamaba Erick por las noticias que con posterioridad a los hechos se publicaron en el periódico, toda vez que, al momento de suceder tales hechos la misma lo refería como “el flaco”, declaración esta que es totalmente congruente con el testimonio la ciudadana kenya Tovar Rotjes, quien argumentó en el debate que siendo aproximadamente las 10:30 horas de la noche de el día 27-06-05, se encontraba en compañía de su mama Miriam Rotjes, cuando escuchó que dos muchachos entraron gritando a la vereda donde ella reside, siendo clara al agregar que estos dos muchachos tocaron la puerta de su casa, sin embrago (sic) ella no abrió la puerta, por temor que hubiesen sido unos malandros, igualmente observó que también ingresaron unas personas al callejón quienes estaban vestidos de blue jeans, franelas negras, capuchas, y observó cuando agarraron al “morenito” y le pusieron unas esposas y le daban patadas, posteriormente lo lanzaron frente a la ventana de su casa, y como se encontraba parada ahí pudo observar todo, tenía suficiente visibilidad, también vio cuando al callejón ingresó una persona morena que estaba vestida con una chemise blanca de cuello negro y pantalón quien le dijo a las otras personas: “mátenlo que el mató a uno de los nuestros”, así mismo aseguró haber presenciado el momento cuando una persona que se encontraba de espaldas a la ventana de su casa, vestida con pantalón de blue jean, pasamontañas y una camisa negra, le pone el arma larga en la cabeza y escucha cuando el arma es accionada, en cuanto “al blanquito” agregó que lo cuando sacaron de la casilla donde guardan las bombonas y le colocaron un tiraje, manifestó que los muchachos que estaban siendo sometidos les decían a sus agresores que habían ido a darle la cola a una compañera, aseguró además haber escuchado cuando le decían al “blanquito”, que corriera y este no quería por lo que le disparaban y él saltaba los tiros, seguidamente lo lanzaron en los pies del otro muchacho que era el “morenito” a quien el “blanquito” lo llamaba Edgar y al ver que Edgar no le contestaba decía: “Edgar nos mataron”, en ese momento se puso a llorar, y fue enfática al señalar que al muchacho a cada rato lo golpeaban, así mismo fue clara al exponer que observó cuando “el blanquito” se voltea, y ve que el pantalón de este tenía manchas de sangre, observándole una herida en el pecho que tenía “bombitas de agua” al momento que se voltea y le pregunta a su agresor el porqué lo estaban matando, luego de eso le dieron un disparo, manifestando que este había quedado medio arrodillado, que aún tenía el tirro y a pesar de haber quedado de espaldas se le veía la cara, agregó que, en la mañana del día siguiente se percató que en ese mismo sitio donde estaba el “morenito” había un charco de sangre y un hueco que había quedado en ese lugar, declaraciones que son de total credibilidad para quien decide, al no ser contradictorias dichos testimonios entre si (sic) y por el contrario se complementan entre si (sic), aunado al hecho que todas las testigos comparecieron de manera voluntaria; (sic)
En razón de todo lo sucedió se realizó la Reconstrucción de los Hechos, en donde este Tribunal pudo observar, describir y estar en los lugares indicados por las testigos presénciales, vale decir, Kenya Tovar y Miriam Rotjes, en donde se apreció que desde los lugares indicados por las mismas, estas tenían absoluta visibilidad hacía la vereda donde resultaron muertos los ciudadanos Erick Montengro y Edgar Quintana, por lo que es absolutamente cierto que haya podido ver todo lo sucedido en la vereda 12, declaraciones que al ser adminiculadas con lo expuesto por la ciudadana Rosa Ángela Bracamonte, quien manifstó (sic) que recibió una llamada telefónica de su hija quien le pedía auxilio, por lo que salió de su casa ubicada en la vereda 12 de la terraza seis del sector las casitas del Barrio Kennedy, y el llegar a la vía principal se dirigió inmediatamente al vehículo en el cual se encontraba su hija, observando que unas personas ingresaban al callejón y otras se quedaron en el vehículo, indicando además que posterior a eso escuchó múltiples impactos que provenían del callejón -vereda 12- y tal declaración le merece total credibilidad a este sentenciador en cuanto es una persona que compareció ante esta sala de juicio, y expuso en relación a lo que tuvo conocimiento el día en que acontecieron lo hechos.
En otro orden de ideas tenemos, que con todas esas deposiciones, son consideradas para dar por probado que entre las 10 y 11 de la noche del día 27-06-05, los ciudadanos Erick Montenegro y Edgar Quintana ingresan a la vereda 12 (callejón), seguidos por varias personas encapuchadas y vestidas de negro, quienes golpearon a estas personas, así como también les propinaron múltiples disparos, produciéndole la muerte tanto de Erick Montenegro y Edgar Quintana dentro del callejón, específicamente frente a la ventana de la vivienda de las ciudadanas Kenya Tovar Rotjes y Miriam Mercedes Rotjes.-
La declaración de los expertos Omar Gil y José Luis Cordero, adscrito a la División de Análisis y Reconstrucción de los hechos, en relación a la descripción del sitio del suceso, durante su exposición manifestaron haber estado presente en el lugar de los hechos, describieron el callejón en donde se encontraban unas casitas un metro con un metro de ancho y al final había un espacio más ancho con aproximadamente 4 metros de largo, estableciendo además que localizó un proyectil parcialmente deformado, así como impactos y orificios, asegurando por la experiencia que posee pudo observar que algunos de los orificios de la pared ya se encontraban modificados, declaraciones estas que le merecen credibilidad a este sentenciador, por cuanto se tratan de funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con amplia conocimientos en el área en la cual se desempeñan por la condición de expertos, lo cual se concatena al conseguir un impacto de manera descendente, es decir, que la boca del cañón estaba en un ángulo superior, tales deposiciones son reforzadas por la declaración el experto Wilmer Molina, quien realizó levantamiento planimétrico el día de los hechos, manifestando que describió un callejón el cual fijó en su plano con el número 8, y es en ese lugar donde encuentra un blindaje.
Por otra parte durante la celebración del juicio oral y público, compareció la ciudadana Nancy Damelia Hernández, afirmó haber entregado “algo machacadito” que encontró al día siguiente de que ocurrieron los hechos, el cual fue entregado a un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (sic), lo cual es adminiculado con la deposición que hiciera Yilbert Aquinos Oropeza, quien expuso que estuvo presente en el lugar de los hechos un día después de ocurridos los mismos, entrevistándose con una señora que estuvo presente, le informó lo que había escuchado ese día quien le hizo entrega de un proyectil y un blindaje los cuales se encontraban en una servilleta, tales declaraciones le merecen credibilidad a este sentenciador toda vez que, ambas declaraciones son contestes entre sí, y que no han sido desvirtuara por ninguna de las pruebas traída al juicio.
La muerte del ciudadano Erick Miguel Montenegro Torrealba, surge acreditada por el levantamiento signado bajo el N° 136117537, de fecha 29-06-05, realizado por la médico forense Rodainah Nasser, quien durante su exposición señaló que examinó externamente al cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Erick Miguel Montenegro, describiendo que presentaba múltiples heridas por arma de fuego, de proyectil único en: cabeza, tórax, abdomen miembros superiores e inferiores, concluyendo que la causa de la muerte fue por hemorragia interna producida por herida de arma de fuego específicamente proyectil único al tórax, lo que sirvió de guía al medico Anatomopatólogo Franklin Pérez, adscrito a la División de Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien dejó constancia de haber realizado autopsia al cadáver al mencionado cadáver, hizo una descripción externa del cadáver, señalando que, presentaba once (11) heridas por arma de fuego, once (11) orificios de entrada y nueve (09) orificios de salida, ya que se localizaron dos proyectiles en el cuerpo del occiso, uno a nivel de la oreja del lado derecho y el otro en el hemitórax, es decir, en el pecho, las cuales fueron extraídas, y estableció que todas las heridas presentes en el cadáver presentaban halo de contusión y una de ellas tenía tatuaje a nivel epigástrico, es decir, que había sido realizada a una distancia menor a 60 centímetros entre la boca del cañón y la víctima, en consecuencia, esta herida era a contacto, describiendo la trayectoria de estas heridas las cuales en su mayoría eran de adelante hacía atrás, de abajo hacía arriba y de derecha a izquierda, indicando que la causa de la muerte fue por hemorragia interna herida producida por arma de fuego de proyectil único al tórax. y tales declaraciones le merecen credibilidad a este sentenciador toda vez que, son expertas adscritas al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con amplia trayectoria por la cantidad de peritajes realizan diariamente.
También se encuentra demostrada la muerte del ciudadano Erick Miguel Montenegro Sánchez, por el documento que recoge el acta de defunción, suscrita por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Paraíso, de fecha 28-07-05, la cual merece credibilidad a este Juzgador, por haber sido expedida por autoridad competente.
Así mismo, comparecieron al desarrollo del debate los ciudadanos Odiver Carmona, Héctor Aparicio, Luis Prada y Roger Moya quienes practicaron inspección técnica N° 998, ratificó el contenido de la misma, indicando Odiver Carmona que la descripción de las heridas que observó al momento de practicar su inspección quedaron plasmadas en las experticias correspondientes; por otra parte Roger Moya, quien realizó las fijaciones fotográficas, se puede observar en una de de ellas la imagen de una persona de sexo masculino piel blanca, con múltiples heridas en su cuerpo y al momento de practicar tal inspección no estaba identificada persona alguna pero a raíz del contradictorio no cabe duda a este Juzgador que se trata del hoy occiso Erick Miguel Montenegro, ello en atención a las declaraciones de las médicos antes analizadas, adminiculado tanto con las declaraciones de las testigos antes señalada quienes describen que en al callejón ingresa un muchacho “blanquito”, a quien las ciudadanas Miriam Rotjes y Kenya Tovar, afirmaron haber observado cuando al muchacho “blanquito”, le propinan varios disparos, de la misma manera con el testimonio del experto Werney Omar Gil, expuso que en relación a la trayectoria balística, de las heridas sufridas determino que el cadáver presentaba once heridas, estableciendo que hay tres que describen un plano, por la cantidad de heridas presentes en el cuerpo de la víctima, manifestó que hay una herida en el epigástrico que se encuentra en un plano inferior y diagonal al tirador, dos heridas a nivel de la fosa iliaca derecha y otra en el epigastrio, exponiendo que, la victima con respecto al victimario se encontraba en alguna de las heridas en un plano superior y otras en el plano inferior.
Igualmente, el experto Rubén Villamizar, al exponer en sala de audiencia en relación a las experticias realizadas por él mismo, señaló haber realizado análisis de traza de disparo (ATD), a los fines de determinar si existen o no partículas constituyentes del fulminante de una bala para armas de fuego, en ambas manos de tres cadáveres relacionadas con la investigación que se adelantaba con objeto de la presente causa, concluyendo que en ningún de los casos se determinó la presencia de los elementos constituyentes de la misma, cuya declaración como anteriormente se ha dicho le merecer credibilidad a este sentenciador y lo que determina que en ningún momento las víctimas estaban armadas.
Quedo efectivamente probado con los elementos antes analizados, que la intención de los agentes eran de causarle la muerte al hoy interfecto ciudadano ERICK MONTENEGRO, como quedó demostrado en el protocolo de autopsia donde especifica las lesiones que sufriera el mismo, por lo que este Tribunal, asegura que hubo ensañamiento por cuanto se aumento deliberadamente e innecesariamente el dolor de la víctima.
Por lo que, la calificación jurídica dada por los Representantes del Ministerio Público, a criterio de quien decide es acertada, al atribuirle a los agentes del hecho la comisión del delito de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles en perjuicio de el ciudadano Erick Miguel Montenegro; comprobado para este juzgador plenamente, la perpetración del delito antes señalado, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal vigente, así tenemos que las circunstancias que agravan el acto del sujeto activo, surge probado cuando este actuando sobre seguro en su resultado y sin motivo dispara contra la humanidad de su víctima, demostrándose que la víctima se encontraba desarmada, tal como ha quedado demostrado, tratando de resguardar su vida escondiéndose en una casilla ubicada al final del callejón, siendo encontrado, acorralado y sometido por sus victimarios y a pesar que este les pedía que revisaran sus documentos para que de esa manera se percataran que era estudiante universitario, los agentes con crueldad activaron sus armas hasta que le produjeron su muerte y tales circunstancias quedaron plenamente demostradas en el desarrollo del debate.
Ahora bien, en cuanto a la culpabilidad de los acusados JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA y FÉLIX ALBERTO MOTA, surge del convencimiento de quien aquí decide, que estos son las personas que accionaron su arma de fuego en contra de Erick Montenegro Sánchez, toda vez que, luego de producirle la muerte de Leonardo González, el ciudadano Félix Mota ingresa al callejón en la búsqueda de los otros dos estudiantes, seguido por José Antonio Peña Peña entre otros, quienes entraron accionando sus armas de fuego, tal como lo expusieron los testigos antes analizados; (sic)
Quedando esto acreditado con el resultado de comparación balística N° 2910 de fecha 29-06-05, suscrito por los expertos Olga Mieres, Sandy Pimentel, Lizzetta Marín y Jesús Suárez, quienes al comparecer al contradictorio concluyeron que uno de los dos proyectiles calibre 9 milímetros parabellum, extraído al cadáver del ciudadano Montenegro Sánchez Erick Miguel, fue disparado por el arma de fuego tipo sub ametralladora marca IMI modelo MINI UZI, serial de orden M192920, que era el arma que portaba José Peña Peña, circunstancia esta que ya quedo (sic) plenamente demostrada para este sentenciador, de la misma manera los antes mencionados expertos expusieron en relación a la experticia N° Balística N° 2200 de fecha 29-06-05 de reconocimiento técnico y comparación balística a una concha, dos proyectiles y un blindaje, presentando uno de los proyectiles, el blindaje y la concha, características que les permitió su individualización y al ser la concha antes referida comparada mediante la experticia 2319, localizada en la terraza seis sector las casitas, vale decir, callejón, dio como resultado que la misma fue percutida por el arma de fuego tipo fúsil calibre 9 milímetros, parabellum, marca STEYER, serial de orden 15036, objeto de la experticia 2199 perteneciente al ciudadano Félix Mota, circunstancias estas que analizadas y entrelazadas entre si (sic), le permite a este sentenciador llegar a la conclusión que los acusados no sólo estaban en el sitio del suceso, sino que además realizaron la acción típica y antijurídica, mediante la cual le causaron la muerte al ciudadano Erick Miguel Montenegro, empleando las actividades necesarias para privar de una manera cruel y con ensañamiento la vida de estos jóvenes, encontrándose en un estado superioridad en relación a la víctima, toda vez que como ya en muchas oportunidades se ha explano (sic) estas no portaban ningún tipo de arma y por el contrario ha quedado demostrado que en todo momento estaban asustadas e ignorantes de la acción realizada por los agentes en su contra.
Vale la pena destacar, que de acuerdo al “Manual de Criminalística”, Sexta Edición del 2003, de Miguel Maza Márquez, profesor en la materia, en las páginas 39 y 40, refirió textualmente: “Las estrías de los proyectiles producidas por las irregularidades de sus homólogos en el ánima son únicas. Si un alto grado de correspondencia es hallado entre las estrías de dos proyectiles, se puede decir inequívocamente que fueron disparados las armas que portaban los acusados JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA y FÉLIX ALBERTO MOTA...”. Que de acuerdo a esas experticias se puede determina que efectivamente los proyectiles fueron extraídos del cuerpo del occiso Erick Miguel Montenegro.
Por todo lo antes expuesto, surge a criterio de este sentenciador que quedo plenamente demostrado la perpetración del delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal vigente, cometido por los ciudadanos Félix Martínez Mota y José Antonio Peña Peña, en perjuicio del ciudadano Erick Miguel Montenegro Sánchez, debiendo ser este fallo eminentemente CONDENATORIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.-
Por otro lado también surge acreditada la muerte del ciudadano Edgar Josué Quintero Torrealba, por el levantamiento signado bajo el N° 136-117536, de fecha 29-06-05, realizado por la médico forense Rodainah Nasser, quien durante su exposición señaló que examinó externamente al cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Edgar Josué Quintana, describiendo que presentaba múltiples heridas por arma de fuego, de proyectil único en: cabeza, tórax, abdomen miembros superiores e inferiores, concluyendo que la causa de la muerte fue por hemorragia interna producida por herida de arma de fuego específicamente proyectil único a la cabeza, lo cual sirvió de guía al medico Anatomopatólogo Franklin Pérez, adscrito a la División de Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien dejó constancia de haber realizado autopsia al cadáver de un ciudadano quien en vida respondiera al nombre de EDGAR JOSUÉ QUINTANA, hizo una descripción externa del cadáver, señalando que, presentaba seis (06) heridas por arma de fuego, con una trayectoria de atrás hacía delante de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, indicando que existían múltiples hemorragias, pero señaló que la causa de la muerte fue la hemorragia subdural por herida por arma de fuego único a la cabeza. Compareció igualmente el experto Werney Omar Gil, quien expuso que en relación a la trayectoria balística de las heridas sufridas por el mismo, determino (sic)que el cadáver presentaba seis heridas, estableciendo que la víctima se encontraba en un plano inferior en todas la heridas encontradas en su cuerpo, y tales declaraciones le merecen credibilidad a este sentenciador toda vez que, son expertas adscritas al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con amplia trayectoria y que explican detalladamente y de forma veraz las heridas que sufrió el occiso EDGAR JOSUÉ QUINTANA
También surge plenamente demostrada la muerte del ciudadano Edgar Josué Quintero Torrealba, por el el (sic) acta de defunción de dicha persona, suscrita por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Paraíso, de fecha 27-07-05, la cual merece credibilidad a este Juzgador, por haber sido expedida por autoridad competente.
Así mismo, comparecieron al desarrollo del debate los ciudadanos Odiver Carmona, Héctor Aparicio, Luis Prada y Roger Moya quienes practicaron inspección técnica N° 999, ratificaron tanto su firma como el contenido de la misma, indicando Odiver Carmona que, la descripción de las heridas que observó al momento de practicar su inspección quedaron plasmadas en las experticias correspondientes, por su parte Roger Moya, quien realizó las fijaciones fotográficas, mostró a las partes la imagen de una persona de sexo masculino piel morena, con múltiples heridas en su cuerpo y aún cuando tal inspección se le realizó a una persona que para el momento no estaba plenamente identificada por ellos, no le cabe duda a este Juzgador que se trata del hoy occiso Edgar Josué Quintero Torrealba, ello en atención a las declaraciones de las médicos antes analizadas, adminiculado con las declaraciones de las testigos Kenya Tovar y Miriam Mercedes Rojles, quienes argumentan que al callejón ingresó un muchacho “morenito”, afirmando las mismas que observaron cuando al muchacho “morenito” lo lanzaron frente a la ventana de su casa y le colocan un arma larga en la cabeza, escuchando la detonación que en contra de la humanidad de éste se efectuó.
Igualmente, el experto Rubén Villamizar, al exponer en sala de audiencia en relación a las experticias realizadas por él mismo, señaló haber realizado análisis de traza de disparo (ATD), a los fines de determinar si existen o no partículas constituyentes del fulminante de una bala para armas de fuego, en ambas manos de tres cadáveres relacionadas con la investigación que se adelantaba con objeto de la presente causa, concluyendo que en ningún de los casos se determinó la presencia de los elementos constituyentes de la misma, cuya declaración como anteriormente se ha dicho le merecer credibilidad a este sentenciador.
Con lo anteriormente analizado quedo probado que la intención de los agentes que causaron las heridas en contra del ciudadano EDGAR QUINTERO, era la de causar su muerte, toda vez que, las heridas que le causó la muerte fue propinada en un sitio específico y de manera suficiente para causarle la muerte, sin dar oportunidad a la víctima de reaccionar, enseñándose de una manera cruel y despiadada en contra del mismo, actuando además sobre seguro obteniendo el resultado deseado, lo que sin duda alguna es una conducta alevosa por parte de los agentes, quienes no tuvieron motivo para realizar tal agresión, siendo de esta manera consumada la acción de Complicidad Correspectiva en el delito de Homicidio Calificado.
Por lo que, la calificación jurídica dada por los Representantes del Ministerio Público, a criterio de quien decide es acertada, a señalar a los ciudadanos Olimpio Bariles, José Manuel Abreu Oquendo y Peña Peña José Antonio, como Cómplices Correspectivos en la comisión del delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 424, ambos del Código Penal vigente, en perjuicio del ciudadano Edgar Josué Quintero Torrealba; ya que al participar varios agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno, este Tribunal Unipersonal considera que las declaraciones aportadas por los testigos antes referidos, están revestidas de absoluta veracidad por cuanto la narración de los sucesos, no se contradicen y mencionan de varias formas los mismos hechos como dicen sucedieron, así como la de los expertos.
Por todo lo antes expuesto, surge a criterio de este sentenciador que quedo plenamente demostrado la perpetración del precitado delito, siendo lo procedente y ajustado a derecho dictar una sentencia CONDENATORIA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.-
En lo concerniente al delito de Uso Indebido De Arma De Fuego, atribuidos a los acusados PEÑA CARRILLO JOSÉ BALDOMERO, ESCALONA ESAA JORGE ELPIDIO, ABREU OQUENDO JESÚS ALBERTO, MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, SERRADA FRANK ALBERTO, BARILE SÁNCHEZ OLIMPIO, CARPIO HENRÍQUEZ GELSON ALEXANDER, PEÑA PEÑA JOSÉ ANTONIO, SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL, CAMEJO ALIRIO JOSÉ, MOLINA GENDRYS ENRIQUE, JAIME SOSA YOSNEL DE JESÚS, FLORES EDWIN MANUEL, ARRIETA JIMÉNEZ ALEXANDER GERARDO, REYES RUIZ JUAN CARLOS, MAURERA CENTENO JORGE LUIS, COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, MONTE CHIRINOS WILL RONALD, APÓSTOL ROMERO JUAN CARLOS, ANGULO URBINA DANILO ALFONSO, BRAVO GARCÍA AMALIO RAFAEL, MARTÍNEZ MOTA FÉLIX ALBERTO y GARCÍA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ, por los Representantes del Ministerio Público, considera este Tribunal Unipersonal, quedo (sic) plenamente demostrado en el debate que los antes mencionados acusados son funcionarios policiales y militares en servicio, con amplios conocimiento en el uso de las armas, que fueron instruidos y autorizados por el Estado Venezolano, a los fines de utilizar las mismas en defensa, resguardo, protección de los ciudadanos que habitan dentro del territorio y en legitima defensa, cuando corra riesgo su propia vida, sin embargo, durante el desarrollo del juicio oral y público, se evidenció que los prenombrados no hicieron uso de sus armas en ninguno de estos casos para los cuales estaban autorizados por el Estado, y tal circunstancia surge acreditada por lo expuesto en Sala de Audiencia por el experto Rubén Villamizar, quien asevero (sic) haber practicado en el dorso de ambas manos de los ciudadanos quien en vida respondieran a los nombres de Erick Montenegro, Leonardo González y Edgar Quintero, así como de las ciudadanas Danitza Buitriago, Elizabeth Rosales e Irúa Moreno, análisis de trazas de disparo, a los fines de detectar la presencia de bario, antimonio y plomo, elementos que sólo pueden detectarse cuando se ha accionado un arma de fuego, y en el caso específico de las seis víctimas anteriormente señaladas, dichos análisis resultaron negativo, con lo que se demuestra que dichas personas no accionaron armas de fuego; por esta razón este juzgador aplica el principio fundamental de inmediación y concentración que se unen con las máximas de experiencias, de allí el veredicto de culpabilidad sobre la base de los argumentos anteriores, en contra de los precitados ciudadanos, en la comisión del delito de Uso Indebido De Arma De Fuego, previsto y sancionado en el artículo 281, conforme al artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECLARA.-
En relación al delito de simulación de hecho punible
Durante el desarrollo del juicio oral y público, quedo (sic) plenamente demostrado la comisión del delito de de simulación de hecho punible, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, ya que las circunstancias que rodearon el hecho se evidencio (sic) que efectivamente los ciudadanos PEÑA CARRILLO JOSÉ BALDOMERO, ABREU OQUENDO JESÚS ALBERTO, BARILE SÁNCHEZ OLIMPIO, PEÑA PEÑA JOSÉ ANTONIO, MARTÍNEZ MOTA FÉLIX ALBERTO y GARCÍA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ, realizaron actividades con las cuales modificaron el sitio donde acontecieron los sucesos, teniendo conocimientos dichos funcionarios que con esta acción cometían un delito al modificar la escena del crimen, lo cual queda reforzado con la deposición del experto José Luis Cordero García, quien practicó la Reconstrucción de los Hechos, quien durante su declaración refirió que al momento de inspeccionar el sitio del suceso específicamente el callejón donde fallecieron los ciudadanos Erick Miguel Montenegro Sánchez y Edgar Josué Quintero Torrealba, pudo observar en la parte más ancha unos impactos y algunos orificios que presentaban las paredes y según su propio dicho, habían sido modificados, es decir, no era algo liso, explicó que no era un solo golpe, por el contrario, tenía signos de búsqueda, e indica que el lugar fue modificado, y tal aseveración resulta del conocimiento que sobre el área tiene como experto, lo cual es suficiente para crear en la convicción de este sentenciador, que los agentes cometieron el delito de simulación de hecho punible, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, toda vez, que ya quedo (sic) demostrado que los mismos estuvieron en los sitios del suceso antes descrito, a los fines de salvaguardar su responsabilidad en la comisión de los delitos antes señalados, los cuales fueron cometidos por sus personas, debiendo en consecuencia, ser este fallo CONDENATORIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.-
En cuanto al delito de encubrimiento
Ahora bien, en lo que respecta al delito de encubrimiento, surge igualmente del convencimiento de este sentenciador en atención de los medios de prueba que comparecieron a rendir su testimonio a este juicio oral y público, y dicho delito quedo consumado por los ciudadanos RICHARD VARELA y BALDOMERO PEÑA CARRILLO, quienes fueron contestes en afirmar que los mismos, eran los jefes superiores tanto de la comisión de la Dirección de Inteligencia Militar (D.I.M) y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes integraban la comisión mixta que se trasladaron al sector de Kennedy el día en que sucedieron los hechos y giraban instrucciones a sus subalternos, para impedir el descubrimiento de los verdaderos hechos y en consecuencia el castigo de los culpables, por lo que este sentenciador comparte la calificación jurídica dada por la vindicta pública, vale decir, el delito de encubrimiento, previsto y sancionado en e l (sic) artículo 254 del Código Penal vigente, debiendo en consecuencia, dictar fallo CONDENATORIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.-
En cuanto al delito de Hurto Calificado
En relación a este hecho, se demostró que efectivamente en el locker asignado al funcionario Gendrys Enrique Molina, fue localizada una pulsera con la inscripción de “ERICK”, la cual pertenecía al hoy occiso Erick Miguel Montenegro Sánchez, hecho este corroborado con lo manifestado por los funcionarios Abelardo José Brito Escalona, Juan Bautista García y Marco Rosales Salas, quienes realizaron inventario a los lockers de los funcionarios adscritos de la Dirección de Inteligencia Militar (D.I.M), refiriendo que específicamente lockers del acusadose (sic) localizaron varias pertenencias, entre ella una pulsera con la inscripción de “ERICK”.
Aunado a ello, se encuentra la declaración aportada por la experto Yésika Yesenia Pérez Velasco, quien expuso en relación a la experticia que realizó a un reloj y una pulsera, donde describe que la misma tenía una inscripción de tipo amarillo que se leía “ERICK”; por lo que este Tribunal da credibilidad a dichos testimonios.
Por otra parte durante la exposición de la ciudadana Danitza Buitriago, la misma aseguró que tenía dos años conociendo a Erick y que este siempre llevaba una pulsera plateada que tenía la inscripción de su nombre y al adminicular todas y cada una de las pruebas entre si (sic), surge la plena convicción a este juzgador que el acusado Gendry Molina, es el autor del delito de Hurto Calificado, previsto y sancionado en el artículo 453 numeral 2° del Código Penal vigente, delito éste que se consuma con el solo apoderamiento o sustracción del objeto, agravándose en este caso, al momento que el agente se aprovecha de la desgracia particular del hurtado, como lo fue el hecho que el mismo, resultó muerto, en consecuencia, debe ser este fallo CONDENATORIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.-
En cuanto al delito de violación de domicilio
En el transcurso del juicio oral y público, quedo plenamente demostrado la comisión del delito de de violación de domicilio, previsto y sancionado en el artículo 184 del Código Penal, ya que las circunstancias que rodearon el hecho se evidenció que efectivamente los ciudadanos MARTÍNEZ MOTA FÉLIX ALBERTO y GARCÍA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ, son los autores del delito antes referido, toda vez que momentos antes de que ocurrieran los hechos objeto de este debate, los funcionarios integrantes de la comisión mixta desplegaron una actividad de investigación que se llevó a cabo en el sector, por la muerte de un funcionario adscrito a la Dirección de Inteligencia Militar, y éstos procedieron a ingresaban (sic) de manera arbitraria e ilegal y sin la respectiva orden judicial a la vivienda correspondiente a la ciudadana Simona Raga Yépez y su familia, procedieron a intimidarlos con su presencia; esto esta demostrado con la declaración de la referida ciudadana quien al comparecer ante este tribunal afirmó que personas que se identificaron como autoridad ingresaron a su vivienda vestidos de negro con capucha y portando armas largas, interrogándola acerca de los hombres que habitaban en dicho lugar, respondiéndole que se encontraba en ese momento su yerno y su hijo de nombre Ramón Antonio Plaza Raga, donde uno funcionarios proceden a sacar a dichos sujetos de su residencia; mientras tanto el otro funcionario registro algunas habitaciones; simultáneamente a este hecho escuchó muchas detonaciones; siendo corroborado el dicho de esta ciudadana con lo manifestado por su hijo Ramón Plaza Raga quien ante la sala de juicio además agregó (sic) que el funcionario le requiso (sic) e interrogó (sic) en relación a un ciudadano al cual se refería como “El Edicito” y él le manifestó que tenia tiempo que no lo veía, es cuando se avista un vehículo corsa y el funcionario policial le manifestó textualmente lo siguiente: “Si, y quien es ese que va allí” refiriéndose al vehículo corsa en el cual se trasladaban los estudiantes de la universitarios, indicándole que no sabia quien era, es en ese momento es cuando escucha muchísimas detonaciones retirándose los funcionarios a buscar los vehículos tipo moto que portaban y se encontraban apartados de la vivienda, para emprender la persecución del referido vehículo, por lo que los acusados MARTÍNEZ MOTA FÉLIX ALBERTO y GARCÍA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ actuaron abusando de las funciones que tienen, violentando el derecho constitucional que viene reconocido por las principales declaraciones internacionales del derecho humanos; tal como lo es la inviolabilidad del domicilio, que es uno de los derechos que tiene mayor trascendencia jurídica, en cual tiene como única excepción el allanamiento de morada instrumento corrientemente utilizado para la realización de este tipo procedimiento, el cual en el presente caso no fue cumplido ni solicitado, siendo que estos funcionarios irrumpieron en la residencia de la ciudadana Simona Raga Yépez, por estas consideraciones el presente fallo en consecuencia, debe ser CONDENATORIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.-
En cuanto al delito Alteración de Documento Público
Por otra parte, el Ministerio Público acusó al ciudadano Peña Peña José Antonio, por la comisión del delito de Alteración de Documento Público, previsto y sancionado en el artículo 78 de la Ley Contra la Corrupción, delito esté plenamente comprobado, toda vez el acusado en su rango de Mayor teniendo plena competencia para la utilización y disposición de los libros y otros registros que lleva la Dirección de Inteligencia Militar, ejecutó maniobra sobre el libro destinado para el asiento de entrada y salida de armamento perteneciente a esa dirección, alterando y modificando el sentido y alcance de lo escrito en el folio 26 en las pautas 23 y 28, donde se reflejaba el arma que portaba, consumando su delito al colocar liquido corrector denominado comúnmente como tipex sobre lo ya escrito; a esta conclusión llego este sentenciador con la declaración de los expertos Alejandro Rodelo y Mayra Torrealba, quienes al comparecen a la sala de juicio ratificaron el informe por ellos presentados, señalando que peritaron un libro perteneciente a la Dirección de Inteligencia Militar, el cual se encontraba en buen estado de uso y conservación, indicando que todo documento tiene un sentido original cuando no ha sido enmendado y al ser enmascarado pierde el sentido original, agregando que en esta materia el término fraudulento es el hecho de manipular para cambiar la escritura lo cual le cambia el sentido original, y como resulto probado tal alteración solo le favorece al acusado, por ello considera este Juzgador, en atención a las reglas de la lógica y las máximas de experiencias que el ciudadano JOSÉ ANTONIO PEÑA PENA es el autor del precitado delito, y por ello lo ajustado a derecho es dictar un fallo CONDENATORIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.-
En relación al delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego
Finalmente el Ministerio Público acusó al acusado PEÑA CARRILLO JOSÉ BALDOMERO por la comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 deL (sic) Código Penal, delito esté que quedo (sic) plenamente comprobado con la declaración de la ciudadana LILIANA URIBE quien al comparecer a la sala de audiencia señalo haber recibido de manos del Mayor Pena Carrillo un armamento el cual solo indico que era personal, sin haber presentado documentos que lo acreditara para portar el mismo, circunstancia esta suficiente para dar por acreditado el delito in comento, siendo lo mas ajustado a derecho es que este fallo sea CONDENATORIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.-
En relación a los hechos sucedidos en fecha 06-12-02, en la plaza Francia de Altamira, mediante cual fueron acusados los ciudadanos Radames Olivares y Olimpio Barile Sánchez
Finalizado el debate oral y público, quedo demostrado que fecha 06-12-02, siendo aproximadamente las 11:00 horas de la noche, unos sujetos a bordo de un vehículo Toyota Machito transitaban por la avenida Francisco de Miranda, de repente accionaron sus armas en dirección a la Plaza Francia de Altamira, en donde se encontraban varias personas realizando una actividad, no resultando ninguna persona lesionada.
Por otro lado tenemos, que a la audiencia comparecieron los ciudadanos LUIS JOSÉ GREGORIO DELGADO MICHELENA, JAIME ANDRÉS RIVERO LEÓN y EDITH JOSÉ ROJAS PEÑA, quienes fueron contestes en afirmar que en fecha 06-12-02, se realizaba una actividad en la plaza Francia de Altamira, encontrándose varias personas en dicho lugar y es cuando avistaron a un vehículo que se desplazaba por la avenida Francisco de Miranda, de donde efectuaron varios disparos, de lo que se colige que si bien es cierto que observaron a unos ciudadanos disparan de dicho vehículo, no es menos cierto que no aportaron ninguna característica que los señalaran a los acusados como los autores o participes en lo acaecido. Manifestando igualmente el ultimo de los nombrados haber emprendido una persecución en contra del Vehículo Toyota machito, pero sin embargo expreso que hubo un momento que lo perdió de vista y no pudo ni siquiera anotar la placa, lo que a criterio de este Juzgador el testigo no tiene la cereza que efectivamente ese vehículo haya sido de donde disparan hacia la Plaza Altamira.
Por otra parte, también compareció al debate el ciudadano JOSÉ MARTÍN VELÁSQUEZ RIVAS, quien indico que había tenido conocimiento que en fecha 06-12-03, desde un vehículo Toyota machito se efectuaron varios disparos, de igual manera se evidencia que la misma no aporta elementos de prueba que comprometan a los acusados, ya que dicha declaración es metamente (sic) referencial.
Cabe señalar, que los funcionarios policiales Jaime Andrés Rivero León y José Martín Velásquez, quienes para ese momento se desempeñan como funcionarios policiales adscritos al Instituto Autónomo de Policía de Chacao, fueron contestes en afirmar que detuvieron a dos personas que se encontraban a bordo de un vehículo Toyota Machito el cual se encontraba en la calle Juan Bosco, exactamente donde se encontraba yesterday, quedando identificados los detenidos Olimpio Bariles y Radames Olivares, y les decomisaron varios armas de fuego, amén de que los mismos eran funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía del Municipio Chacao. por la declaración que en sala de audiencias hicieran por lo cual a este sentenciador, surge acreditada la aprehensión de los acusados antes mencionados por todo lo antes expuesto. A raíz del decomiso de las mencionadas armas el ciudadano José Luis Gregorio Michelena, testigo promovido por la vindicta pública, informó a esta sala que estuvo presente en el momento en que ocurrieron los hechos objetos del presente debate, y luego de tal acción, pudo recolectar unas conchas que se encontraban en las adyacencias del lugar, las cuales con posterioridad fueron entregadas a los efectivos policiales, a los fines de realizar la experticia balística correspondiente.
No obstante, determina este Sentenciador que no existen elementos suficientes para dar demostrado la responsabilidad penal de los ciudadanos Olimpio Barile Sánchez, como Cómplice Del Delito De Intimidación Publica, previsto y sancionado en el artículo 297 y 298, en concordancia con el artículo 84 ordinal 3º todos del Código Penal Vigente, y Radames Olivares, como Cómplice Del Delito De Intimidación Publica, previsto y sancionado en el artículo 297 y 298, en concordancia con el artículo 84 ordinal 3º todos del Código Penal Vigente y Uso Indebido De Arma De Fuego, previsto y sancionado en el artículo 281 Ejusdem, ya que no existen testigos presenciales que determinen a ciencia cierta que los hoy acusados hayan cometido el delito in comento, no pudiendo el Representante del Ministerio Público traer al debate las pruebas suficientes, para demostrar la responsabilidad de los acusados.
Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Unipersonal al apreciar las pruebas ofrecidas por el Representante de Ministerio Público y evacuadas durante el desarrollo del debate, atendiendo la sana critica, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máximas de experiencia, considera que en el caso que nos ocupa no existe la certeza de que efectivamente sean los acusados RADAMES OLIVARES como cómplice del delito de intimidación publica, previsto y sancionado en el artículo 297 y 298, en concordancia con el artículo 84 ordinal 3º todos del Código Penal Vigente y OLIMPIO BARILE, como cómplice del delito de intimidación publica, previsto y sancionado en el artículo 297 y 298, en concordancia con el artículo 84 ordinal 3º todos del Código Penal Vigente y uso indebido de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 281 Ejusdem, por lo que ante la duda razonable e insuficiencia de elementos probatorios, el presente fallo imperativamente deberá ser ABSOLUTORIO,. Y ASÍ SE DECLARA.
PENALIDAD
1.- Del ciudadano PEÑA CARRILLO JOSÉ BALDOMERO, por los delitos de: HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y ENCUBRIMIENTO, previstos y sancionados en los artículo 281, 239, 277 y 254 ejusdem.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu (sic) cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Por el delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, el cual prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio conforme al artículo 37 ejusdem, de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, pena esta que se le aplicará por este hecho.-
En lo concerniente al delito de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en los artículo 239 del Código Penal, establece una pena de UNO (1) A QUINCE (15) MESES DE PRISIÓN, siendo su término medio OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem, pena que se le aplicará por esta acción.-
Por el delito de ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal, estipula una pena de de UNO (1) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, como lo establece el artículo 37 ejusdem, pena esta que se le asignará por este delito.
En el presente caso existe concurrencia real de delitos, debiendo aplicar el artículo 88 del Código Penal… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el acusado PEÑA CARRILLO JOSÉ BALDOMERO en DIECIOCHO (18) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN . ASÍ SE DECLARA.
2.- Del ciudadano ESCALONA ISAA JORGE ELPIDIO, se le siguió juicio por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.-
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal…es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano ESCALONA ISAA JORGE ELPIDIO, en CATORCE (14) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
3.- Del ciudadano JESÚS ABREU OQUENDO por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de EDGAR JOSUÉ QUINTERO, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, ejusdem, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previstos y sancionados en el artículo 281 y 239 ibidem.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano EDGAR JOSUÉ QUINTERO, establece una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme el artículo 37 ejusdem. Asimismo se observa que el mismo fue cometido en COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se aplicara el artículo 424 ibidem, quedando la pena por este delito en ONCE (11) AÑOS y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN.
Con respecto al HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
En lo concerniente al delito de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en los artículo 239 del Código Penal, establece una pena de UNO (1) A QUINCE (15) MESES DE PRISIÓN, siendo su término medio OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem, pena que se le aplicará por esta acción.-
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal…es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 424, ambos del Código Penal, en perjuicio del ciudadano EDGAR JOSUÉ QUINTERO, que se le estableció una pena de ONCE (11) AÑOS, OCHO (8) MESES DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano JESÚS ABREU OQUENDO, en VEINTIDÓS (22) AÑOS y CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
4.- Del ciudadano MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.-
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, en CATORCE (14) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
5.- Del ciudadano CARPIO ENRIQUE JESÚS ALEXANDER, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.-
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano CARPIO ENRIQUE JESÚS ALEXANDER, en CATORCE (14) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
6.- Del ciudadano PEÑA PEÑA JOSÉ ANTONIO, por los delitos de COAUTOR EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal, en perjuicio de ERICK MONTENEGRO, HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en concordancia con el artículo 424 ejusdem, en perjuicio de EDGAR JOSUÉ QUINTERO, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, Ibidem, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previstos y sancionados en los artículos 281, 239 del Código Penal y ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO previsto y sancionado en el artículo 78 de la Ley Contra la Corrupción.
Ahora bien, el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COAUTOR, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal, en perjuicio de ERICK MONTENEGRO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, como lo establece el artículo 37 ejusdem, pena que se le aplicará al mencionado ciudadano por ese delito.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en concordancia con el artículo 424 ejusdem, en perjuicio de EDGAR JOSUÉ QUINTERO, el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, establece una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, como lo establece el artículo 37 ejusdem, y como el mencionado delito fue cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, se le rebajará un tercio, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, pena que se le aplicará por ese delito.
En lo concerniente al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena por este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
En lo concerniente al delito de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en los artículo 239 del Código Penal, establece una pena de UNO (1) A QUINCE (15) MESES DE PRISIÓN, siendo su término medio OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem, pena que se le aplicará por esta acción.-
Por el delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 78 de la Ley Contra la Corrupción, estipula una pena de TRES (3) A SIETE (7) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, como lo establece el artículo 37 ejusdem, pena esta que se le asignará por este delito.
En el presente caso existe concurrencia real de delitos, debiendo aplicar el artículo 88 del Código Penal… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COACTAR, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, que sumados da un total de TREINTA Y SEIS (36) AÑOS, SIETE (7) MESES y DIEZ (10) DÍAS, de lo que se desprende que en el caso que nos ocupa la pena sobrepasa el limite establecido en nuestra legislación, tal y como lo señala el artículo 94 del Código Penal, el cual reza… quedando en definitiva la pena a cumplir por el acusado PEÑA JOSÉ ANTONIO, en TREINTA (30) AÑOS DE PRISIÓN . ASÍ SE DECLARA.
7.- Del ciudadano BARILE SÁNCHEZ OLIMPIO, por los de delitos HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de EDGAR JOSUÉ QUINTERO, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, ejusdem, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previstos y sancionados en los artículos 281 y 239 ibidem.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en concordancia con el artículo 424 del Código Penal, en perjuicio de EDGAR JOSUÉ QUINTERO, el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, establece una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, como lo establece el artículo 37 ejusdem, y como el mencionado delito fue cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, se le rebajará un tercio, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, pena que se le aplicará por ese delito.
En lo concerniente al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena por este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN. En lo concerniente al delito de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en los artículo 239 del Código Penal, establece una pena de UNO (1) A QUINCE (15) MESES DE PRISIÓN, siendo su término medio OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem, pena que se le aplicará por esta acción.-
En el presente caso existe concurrencia real de delitos, debiendo aplicar el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en concordancia con el artículo 424 ejusdem, en perjuicio de EDGAR JOSUÉ QUINTERO,, que se le estableció una pena de ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, que sumados da un total de VEINTIDÓS (22) AÑOS, CINCO (5) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN, pena esta que en definitiva cumplirá el ciudadano BARILE SÁNCHEZ OLIMPIO . ASÍ SE DECLARA.
8.- Del ciudadano SERRADA FRANK ALBERTO, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano SERRADA FRANK ALBERTO, en CATORCE (14) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
9.- Del ciudadano SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, DANITZA COROMOTO BUITRAGO e ELIZABETH ROSALES, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ELIZABETH ROSALES, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL, en DIECIOCHO (18) AÑOS Y DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
10.- Del ciudadano CAMEJO ALIRIO JOSÉ, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano CAMEJO ALIRIO JOSÉ, en CATORCE (14) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
11.- Del ciudadano MOLINA GENDRYS ENRIQUE, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem y HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 parte in fine del ordinal 2° ibidem, en perjuicio de ERICK MONTENEGRO.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
En lo concerniente al delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el 453 del Código Penal, en perjuicio de ERICK MONTENEGRO, prevé una pena de CUATRO (4) A SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem, pena esta que se le impone al acusado por este delito.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano CAMEJO ALIRIO JOSÉ, en DIECISIETE (17) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
12.- Del ciudadano JAIME SOSA YOSNEL DE JESÚS, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.-
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano JAIME SOSA YOSNEL DE JESÚS, en CATORCE (14) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
13.- Del ciudadano FLORES EDWIN MANUEL, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, DANITZA COROMOTO BUITRAGO e ELIZABETH ROSALES y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ELIZABETH ROSALES, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano FLORES EDWIN MANUEL, en DIECIOCHO (18) AÑOS Y DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
14.- Del ciudadano ARRIETA JIMÉNEZ ALEXANDER GERARDO, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, DANITZA COROMOTO BUITRAGO e ELIZABETH ROSALES y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ELIZABETH ROSALES, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano ARRIETA JIMÉNEZ ALEXANDER GERARDO, en DIECIOCHO (18) AÑOS Y DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
15.- Del ciudadano REYES JESÚS JUAN CARLOS, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.-
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano REYES JESÚS JUAN CARLOS, en CATORCE (14) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
16.- Del ciudadano MAURERA CENTENO JORGE LUIS, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, DANITZA COROMOTO BUITRAGO e ELIZABETH ROSALES y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ELIZABETH ROSALES, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano MAURERA CENTENO JORGE LUIS, en DIECIOCHO (18) AÑOS Y DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
17.- Del ciudadano COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.-
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, en CATORCE (14) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
18.- Del ciudadano MONTE CHIRINOS WIL RONALD, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.-
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano MONTE CHIRINOS WIL RONALD, en CATORCE (14) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
19.- Del ciudadano APÓSTOL ROMERO JUAN CARLOS, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.-
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.

Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano APÓSTOL ROMERO JUAN CARLOS, en CATORCE (14) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
20.- Del ciudadano ANGULO URBINA DANILO ALFONSO, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.-
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.

Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano ANGULO URBINA DANILO ALFONSO,, en CATORCE (14) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
21.- Del ciudadano BRAVO GARCÍA AMALIO RAFAEL, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem.-
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
En relación al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
Ahora bien, en el presente caso existe concurrencia real de delitos, por lo que se aplicará el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA, que se le estableció una pena de SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, quedando en definitiva la pena a cumplir por el ciudadano BRAVO GARCÍA AMALIO RAFAEL, en CATORCE (14) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN. ASÍ SE DECLARA.-
22.- Del ciudadano MARTINES MOTA FÉLIX ALBERTO, por los delitos de AUTOR EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ., COAUTOR EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 83 ambos ejusdem, en perjuicio de ERICK MONTENEGRO, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, ibidem, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE y VIOLACIÓN DE DOMICILIO, previstos y sancionados en los artículos 281, 239 y 185 del Código Penal.
El delito de AUTOR EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406, ordinal 1° del Código Penal, en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, como lo establece el artículo 37 ejusdem, pena que se le aplicará al mencionado ciudadano por ese delito.
Ahora bien, el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COAUTOR, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en concordancia con el artículo 83 ambos del Código Penal, en perjuicio de ERICK MONTENEGRO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, como lo establece el artículo 37 ejusdem, pena que se le aplicará al mencionado ciudadano por ese delito.
En lo concerniente al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena por este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
En lo concerniente al delito de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en los artículo 239 del Código Penal, establece una pena de UNO (1) A QUINCE (15) MESES DE PRISIÓN, siendo su término medio OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem, pena que se le aplicará por esta acción.-
Por el delito de VIOLACIÓN DE DOMICILIO, previsto y sancionado en el artículo 184 del Código Penal Vigente, estipula una pena de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS A DIECIOCHO (18) MESES DE PRISIÓN, siendo su término medio NUEVE (9) MESES, VEINTIDÓS (22) DÍAS Y DOCE (12) HORAS DE PRISIÓN, como lo establece el artículo 37 ejusdem, pena esta que se le asignará por este delito.
En el presente caso existe concurrencia real de delitos, debiendo aplicar el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE AUTOR, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal, en perjuicio del ciudadano LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ, que se le estableció una pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, que sumados da un total de TREINTA Y SIETE (37) AÑOS, CINCO (5) MESES, SEIS (6) DÍAS y SEIS (6) HORAS, de lo que se desprende que en el caso que nos ocupa, la pena pasa el limite establecido en nuestra legislación, tal y como lo señala el artículo 94 del Código Penal, el cual reza… quedando en definitiva la pena a cumplir por el acusado MARTINES MOTA FÉLIX ALBERTO, en TREINTA (30) AÑOS DE PRISIÓN . ASÍ SE DECLARA.
23. Del ciudadano GARCÍA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ, por los delitos de CÓMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 84 ordinales 2 y 3 ambos del Código Penal, en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ., HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424 ejusdem, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE y VIOLACIÓN DE DOMICILIO previstos y sancionados en los artículos 281, 239 y 184 del Código actual.-
Ahora bien, el delito de CÓMPLICE NECESARIO EN EL DELITO HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en concordancia con el artículo 84 ordinales 2° Y 3° ambos del Código Penal, en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, como lo establece el artículo 37 ejusdem, pena que se le aplicará al mencionado ciudadano por ese delito.
En lo concerniente al delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana IRÚA COROMOTO GRACIA, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem. Ahora se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo se evidencia que el mismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena a cumplir en relación a este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
El delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 37 ejusdem. Igualmente se observa que el mismo fu cometido en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, por lo que se le rebajara una tercera parte (1/3) de la pena, según lo estipulado en el artículo 424 ibidem, quedando la pena en ONCE (11) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Asimismo fue realizado en GRADO DE FRUSTRACIÓN, se procederá a rebajarle una tercera parte (1/3), conforme a lo a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedando la pena por este hecho en SIETE (7) AÑOS, NUEVE (9) MESES y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN.
Con respecto al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, al mencionado delito se le aplicará la pena establecida en el artículo 277 ejusdem, que prevé una pena de TRES (3) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, y conforme al artículo 37 ejusdem, su término medio es de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y se le aumentará un tercio conforme al artículo 281 ibidem, quedando la pena por este delito en CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.
En lo concerniente al delito de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en los artículo 239 del Código Penal, establece una pena de UNO (1) A QUINCE (15) MESES DE PRISIÓN, siendo su término medio OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem, pena que se le aplicará por esta acción.-
Por el delito de VIOLACIÓN DE DOMICILIO, previsto y sancionado en el artículo 184 del Código Penal, estipula una pena de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS A DIECIOCHO (18) MESES DE PRISIÓN, siendo su término medio NUEVE (9) MESES, VEINTIDÓS (22) DÍAS Y DOCE (12) HORAS DE PRISIÓN, como lo establece el artículo 37 ejusdem, pena esta que se le asignará por este delito.
En el presente caso existe concurrencia real de delitos, debiendo aplicar el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de CÓMPLICE NECESARIO EN EL DELITO HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en concordancia con el artículo 84 ordinales 2° Y 3° ambos del Código Penal, en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ, que se le estableció una pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad de los otros delitos, que sumados da un total de VEINTIOCHO (28) AÑOS, OCHO (8) MESES, SEIS (6) DÍAS y SEIS (6) HORAS, pena esta que deberá cumplir el acusado GARCÍA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ. ASÍ SE DECLARA.
24.- Del ciudadano VARELA TORO RICHARD, por los delitos de ENCUBRIMIENTO y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previstos y sancionados en los artículos 254 y 239 ambos del Código Penal.
El delito de ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal, estipula una pena de UNO (1) A CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, como lo establece el artículo 37 ejusdem, pena esta que se le asignará por este delito.
Con respecto al delito de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en los artículo 239 del Código Penal, establece una pena de UNO (1) A QUINCE (15) MESES DE PRISIÓN, siendo su término medio OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, conforme al artículo 37 ejusdem, pena que se le aplicará por esta acción.
En el presente caso existe concurrencia real de delitos, debiendo aplicar el artículo 88 del Código Penal, que refiere… es decir que el delito de mayor entidad en el presente caso es el delito de ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal, que se le estableció una pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN; por lo que se le aumentará la mitad del otro delito, que sumados da un total de TRES (3) AÑOS, CUATRO (4) MESES, pena esta que deberá cumplir el acusado VARELA TORO RICHARD. ASÍ SE DECLARA.
DISPOSITIVA
Este Juzgado Unipersonal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, según lo dispuesto en los artículos 2, 26 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 22, 332, 364, 365, 367 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 2 del Código Penal, PRIMERO: ABSUELVE al ciudadano OLIMPIO BARILE SÁNCHEZ titular de la cedula de identidad N° 11.054.999, de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, INTIMIDACIÓN PUBLICA EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 297 y 298 en concordancia con el artículo 84 ordinal 3 todos del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: ABSUELVE al ciudadano RADAMES OLIVARES titular de la cedula de identidad N° 11.054.999, de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, INTIMIDACIÓN PUBLICA EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 297 y 298 en concordancia con el artículo 84 ordinal 3 todos del Código Penal y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, en consecuencia, se decreta el cese de todas las medidas de coerción personal que pesa en contra del referido ciudadano, a tenor de lo previsto en el último aparte del artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: CONDENA al ciudadano PEÑA CARRILLO JOSÉ BALDOMERO titular de la cedula de identidad N° 7.561.108 a cumplir la pena de 18 AÑOS Y 4 MESES DE PRISIÓN, por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal. PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo en el artículo 277 del Código Penal. ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: CONDENA al ciudadano ESCALONA ESAA JORGE ELPIDIO, titular de la cédula de identidad No. 11.683.163, a cumplir la pena de 14 AÑOS Y 6 MESES DE PRISIÓN por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. QUINTO: CONDENA al ciudadano JOSÉ ABREU OQUENDO titular de la cédula de identidad No. 10.419.814 a cumplir la pena de 22 AÑOS 5 MESES Y 10 DÍAS DE PRISIÓN por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de EDGAR JOSUÉ QUINTERO, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. SEXTO: CONDENA al ciudadano MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.159.927. a cumplir la pena de 14 AÑOS Y 6 MESES DE PRISIÓN por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. SÉPTIMO: CONDENA al ciudadano CARPIO ENRÍQUEZ GERSON ALEXANDER, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.295.422, a cumplir la pena de 14 AÑOS Y 6 MESES DE PRISIÓN, por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. OCTAVO: CONDENA al ciudadano PEÑA JOSÉ ANTONIO, titular de la cédula de identidad No. 10.710.645, a cumplir la pena de 30 AÑOS DE PRISIÓN por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, COAUTOR EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de ERICK MONTENEGRO. HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de EDGAR JOSUE QUINTERO. HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal. ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 78 de la Ley Contra la Corrupción. de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. NOVENO: CONDENA al ciudadano BARILE SÁNCHEZ OLIMPIO titular de la cédula de identidad No. 11.054.999 A cumplir la pena de 22 AÑOS 5 MESES Y 10 DIAS de prisión, por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de EDGAR JOSUE QUINTERO. HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. DECIMO: CONDENA al ciudadano SERRADA FRANK ALBERTO, titular de la cédula de identidad No. 11.544.431 A cumplir la pena de 14 AÑOS Y 6 MESES DE PRISION por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. UNDÉCIMO: CONDENA al ciudadano SALAZAR RODRGUEZ JOSÉ MANUEL titular de la cédula de identidad No. 11.504.966 a cumplir la pena de 18 AÑOS 2 MESES Y 20 DIAS DE PRISION por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA, DANITZA COROMOTO BUITRAGO e ELIZABETH ROSALES. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. DUODECIMO: CONDENA al ciudadano CALEJO ALIRIO JOSÉ titular de la cédula de identidad No. 11.843.885 a cumplir la pena de 14 AÑOS Y 6 MESES DE PRISION por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. DECIMOTERCERO: CONDENA al ciudadano MOLINA GENDRYS ENRIQUE titular de la cédula de identidad No. 11.219.192 a cumplir la pena de 17 AÑOS Y 4 MESES DE PRISION, por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 parte in fine del ordinal 2 del Código Penal, en perjuicio de ERICK MONTENEGRO. de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. DECIMOCUARTO: CONDENA al ciudadano JAIME SOSA JOSNEL DE JESÚS titular de la cédula de identidad No. 12.203.066 a cumplir la pena de 14 AÑOS Y 6 MESES DE PRISION por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. DECIMO QUINTO: CONDENA al ciudadano FLORES EDWIN MANUEL titular de la cédula de identidad No. 12.072.175 a cumplir la pena de 18 AÑOS 2 MESES Y 20 DIAS DE PRISION por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA, DANITZA COROMOTO BUITRAGO y ELIZABETH ROSALES. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. DECIMOSEXTO: CONDENA al ciudadano ARRIETA JIMÉNEZ ALEXANDER GERARDO titular de la cédula de identidad No. 10.889.389 A cumplir la pena de 18 AÑOS 2 MESES Y 20 DIAS DE PRISION por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA, DANITZA COROMOTO BUITRAGO e ELIZABETH ROSALES. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. DECIMOSÉPTIMO: CONDENA al ciudadano REYES JESÚS JUAN CARLOS titular de la cédula de identidad No. 11.152.301 A cumplir la pena de 14 AÑOS Y 6 MESES DE PRISION por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. DECIMOCTAVO: CONDENA al ciudadano MAURERA CENTENO JORGE LUIS titular de la cédula de identidad No. 10.995.071 a cumplir la pena de 18 AÑOS 2 MESES Y 20 DIAS DE PRISION por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA, DANITZA COROMOTO BUITRAGO y ELIZABETH ROSALES. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. DECIMONOVENO: CONDENA al ciudadano COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, titular de la cédula de identidad No. 6.344.287, A cumplir la pena de 14 AÑOS Y 6 MESES DE PRISION, por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. VIGÉSIMO: CONDENA al ciudadano MONTE CHIRINOS WILL RONAL, titular de la cédula de identidad No. 11.137.908, A cumplir la pena de 14 AÑOS Y 6 MESES DE PRISION por la por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. VIGÉSIMO PRIMERO: CONDENA al ciudadano APOSTOL ROMERO JUAN CARLOS, titular de la cédula de identidad No. 9.558.913 A cumplir la pena de 14 AÑOS Y 6 MESES DE PRISION por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. VIGÉSIMO SEGUNDO: CONDENA al ciudadano ANGULO URBINA DANILO ALFONSO titular de la cédula de identidad No. 10.106.876 A cumplir la pena de 14 AÑOS Y 6 MESES DE PRISION por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. VIGÉSIMO TERCERO: CONDENA al ciudadano AMALIO RAFAEL BRAVO GARCÍA, titular de la cédula de identidad No. 10.117.177, a cumplir la pena de 14 AÑOS Y 6 MESES DE PRISION por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. VIGÉSIMO CUARTO: CONDENA al ciudadano MARTÍNEZ MOTA FÉLIX ALBERTO, titular de la cédula de identidad No. 16.284.166 A cumplir la pena de 30 AÑOS DE PRISION por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, AUTOR DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZALEZ, COAUTOR EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal, en perjuicio de ERICK MONTENEGRO. HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal. VIOLACIÓN DE DOMICILIO previsto y sancionado en el artículo 185 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. VIGÉSIMO QUINTO: CONDENA al ciudadano GARCÍA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ, titular de la cédula de identidad No. 6.281.168, A cumplir la pena de 28 AÑOS 8 MESES 6 DIAS Y 6 HORAS DE PRISION por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, COMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 84 ordinales 2 y 3 ambos del Código Penal, en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZALEZ. HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal. VIOLACIÓN DE DOMICILIO previsto y sancionado en el artículo 185 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. VIGÉSIMO SEXTO: CONDENA al ciudadano RICHARD TORO VARELA, titular de la cédula de identidad No. 10.889.479 A cumplir la pena de 3 AÑOS Y 4 MESES DE PRISION, por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Los referidos ciudadanos permanecerán en la situación en que se encuentran actualmente, vale decir, en estado de privación judicial preventiva de libertad, dada la naturaleza de la presente Sentencia, en tal sentido quedarán recluidos en los centros en los cuales permanecen actualmente, hasta tanto el Juez de Primera Instancia en Funciones de Ejecución, realice el cómputo correspondiente y decida de acuerdo a las formulas del cumplimiento de la pena. VIGÉSIMO OCTAVO: SE CONDENA a las penas accesorias establecidas en los artículos 16 y 34 ambos del Código Penal…”.

II
DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

Corre inserto a los folios 33 al 52 de la trigésima sexta pieza del presente expediente, recurso de apelación interpuesto por el ciudadano ABG. PAÚL NEWBURY THOMAS VIELMA, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, en contra de la Sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, de fecha 13-10-2006, del cual se puede leer literalmente lo siguiente:

“…PRIMERA CONTRADICCIÓN
La decisión presenta contradicción manifiesta en su texto a tenor de lo dispuesto en el Ord. 2º del Art. 452 del Código Orgánico Procesal Penal. En la Motiva del fallo apelado, el Sentenciador establece al folio 406…
Se aprecia claramente que, de acuerdo a lo admitido por el tribunal, la acusación fiscal no incluye al ciudadano José Manuel Salazar Rodríguez en la acusación por Homicidio Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva en contra de las ciudadanas Danitza Buitrago Gamboa e Irúa Moreno García. De igual manera, al folio 407, el Juzgado se pronuncia en torno a la culpabilidad de los ciudadanos anteriormente mencionados, igualmente excluyendo al ciudadano José Manuel Salazar Rodríguez. Se aprecia de la lectura de la sentencia que efectivamente el Tribunal Séptimo de Juicio consideró no probada la participación de mí patrocinado en los hechos acaecidos. Creo necesario transcribir lo expresado por el a quo al folio 411…
Tal y como se observa, el veredicto de culpabilidad recae sobre los acusados supra mencionados, sin que se mencione a mi defendido. Cabe destacar el hecho de que tal situación se hace presente a lo largo de todo el texto. Ello, es signo inequívoco de que la convicción obtenida por el Juez de Juicio a lo largo del debate oral, apunta hacia el hecho de que José Manuel Salazar Rodríguez no tuvo participación alguna en los hechos.
Debo resaltar el hecho de que no se trata de un error material en la sentencia, corregible a tenor de lo dispuesto en el Art. 176 del Código Orgánico Procesal Penal en su primer aparte, toda vez que a lo largo de la Motiva no señaló elemento probatorio alguno en contra de Manuel Salazar como responsable correspectivamente con los ciudadanos que menciona en el delito de Homicidio Calificado Frustrado en contra de las ciudadanas Danitza Gamboa e Irúa Moreno García.
A todo evento, es necesario resaltar lo dispuesto por el Art. 364 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal… Tal y como ya se ha expresado, el tribunal a lo largo de la Motiva de la sentencia deja muy en claro que la misma deberá ser condenatoria en contra de los acusados allí nombrados sin incluir al ciudadano Manuel Salazar. Igualmente el Ord. 5º del mismo artículo establece… Este particular no se cumplió con mi defendido…
Se aprecia que la técnica jurídica que debió ser desplegada en el presente fallo no se cumplió. El mismo carece de la mención de los hechos que el Tribunal estimó probados en contra de mi defendido. Sobre este particular, cabe resaltar lo expresado por el Juzgador en torno a la participación de mi representado Manuel Salazar como responsable correspectivamente con los acusados Edwin Flores, Alexander Arrieta y Jorge Maurera Centeno en la comisión del delito de Homicidio Calificado Frustrado en contra de la ciudadana Elizabeth Rosales. Estima el Tribunal probada por Ministerio Público la participación de mi defendido en tal delito, hecho este que trataré en un punto aparte de la presente apelación. Sin embargo, debo hacer mención al hecho de que es solo (sic) al folio 413 cuando el Juzgador menciona a Manuel Salazar, y lo hace única y exclusivamente para involucrarlo en el hecho respeto del cual fuera víctima la ciudadana Elizabeth Rosales. Resulta entonces incongruente lo pautado por el a quo en su Motiva y lo expresado en tono a que mi defendido no aparece mencionado a lo largo de la Motiva en lo relacionado al Homicidio Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva cometido en contra de las víctimas Danitza Buitrago Gamboa e Irúa Moreno. En efecto, en la dispositiva del fallo, el Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal de Caracas actuando como Juez Unipersonal, al folio 502, específicamente en el numeral onceavo de la Dispositiva, condena a Manuel Salazar como Cómplice Correspectivo en el Homicidio Calificado Frustrado de las ciudadanas Danitza Buitrago Gamboa, Irúa Moreno García y Elizabeth Rosales. Resulta incompresible de donde emerge tal pena si Manuel Salazar no formó parte de la Motiva de la recurrida al tratar el caso de las ciudadanas Danitza Buitrago e Irúa Moreno. Surge como interrogante el hecho de cómo hizo el Juez de Juicio para condenar a Manuel Salazar por un hecho que no trató el Tribunal en absolutamente ninguno de los puntos de la sentencia.
SEGUNDA CONTRADICCIÓN
Con fundamento en lo pautado en el Ord. 2º del Artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio la Evidente Contradicción en la Motivación de la Sentencia. En tal sentido, debo resaltar el hecho de que en el Capítulo II de la Sentencia, bajo el Título LOS HECHOS ACREDITADOS EN LA AUDIENCIA, el sentenciador cita la declaración del experto Jesús Suárez, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien efectuó Experticia de Reconocimiento Técnico a 33 Armas. Específicamente al folio 50… Se parecía de lo expresado por el experto, que las dos (02) armas “HK” modelos 5.56 sometidas a experticia, presentaban los seriales números 11060 y 11061 respectivamente. A pesar de ello, al establecer la culpabilidad del ciudadano José Manuel Salazar Rodríguez en el Homicidio Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva en el que se menciona como víctima a la ciudadana Elizabeth Rosales, el Tribunal a quo, al folio 413 de la Motiva de la Sentencia…
De la trascripción anterior se aprecia que el Serial del arma “HK” que se le atribuye a mi defendido, presenta el serial “T17413SDW”. Este último, no se corresponde con el Serial de las armas descritas por el experto Jesús Suárez. No se explica la defensa de donde surge para el Juez la convicción de que el serial del arma que portaba José M. Salazar R. era el mencionado en la Dispositiva del Fallo. El mismo, no se corresponde con el señalado por el experto promovido por el Ministerio Público y evacuado en el debate oral. Se evidencia una abierta contradicción entre lo que el Tribunal estima acreditado y lo expresado en la Motiva de la Sentencia…
CAPITULO II
FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA
Con sustentación en lo pautado en el Art. 452 Ord. 2º del Código Orgánico Procesal Penal. En efecto, observa esta Defensa que el Sentenciador en Capitulo II, relativo a “Los Hechos Acreditados en La Audiencia”, se limita a transcribir lo expresado por los testigos en el debate de Juicio, sin que exista una interrelación lógica que permita determinar como se adminiculan entre sí para otorgar convicción al Tribunal.
PRIMERO:
El Código Orgánico Procesal Penal en su Artículo 22…
En el caso de marras, el Sentenciador transcribe un total de noventa y cuatro (94) declaraciones sin establecer la relación existente entre ellas para condenar a mi defendido. Sobre este último punto, creo necesario mencionar que las declaraciones aportadas por los testigos y expertos, lejos de vincular a mi defendido, lo exculpan.
SEGUNDO:
Como punto previo, es importante señalar, tal y como se dijo en el Capítulo I del presente escrito, que el Juzgador ad initio sostuvo que la culpabilidad de los acusados en torno al Homicidiuo (sic) Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva en contra de las ciudadanas Danitza Buitrago e Irúa Moreno debía recaer sobre los ciudadanos allí mencionados. Me permito transcribir ad pedem litterae lo expresado por el Tribunal a quo al folio 412 de la Sentencia…
No puedo dejar de llamar la atención sobre el hecho de que el sentenciador NO MENCIONA a JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ como Cómplice Correspectivo en el Homicidio de las ciudadanas Danitza Buitriago e Irúa Moreno García.
Ahora bien, en torno a la participación de mi Defendido en el Homicidio Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva de la ciudadana Elizabeth Rosales, estimo preciso hacer las siguientes consideraciones:
1.- El Tribunal sostiene al folio 413 de la Sentencia…. El Juzgador equipara la presencia de las personas en el sitio del suceso con la participación de las mismas en los hechos. Tal afirmación resulta inadmisible. No constituye elemento de prueba de culpabilidad alguno el hecho de que José Manuel Salazar Rodríguez formara parte de la comisión que esa noche se hizo presente en el Sector Kennedy. A ello, debe adminiculársele pluralidad de elementos indicativos de que la acción desplegada por mi defendido diera como resultado la lesión que esa noche sufriera la ciudadana Elizabeth Rosales.
2.- El Tribunal sostienen que mi defendido portaba un Arma calibre 5.56, tal y como se desprende de la Relación de Armamento aportada, lo que fue concatenado con lo expuesto por el experto José Gregorio Nerea…
con una posición diametralmente opuesta a la expresada por el ciudadano Gregorio Nerea, se presentó al debate oral el funcionario NICOLÁS ENRIQUE MORALES DÍAZ, experto adscrito a la División de Balística del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas…
En la presente causa el Juez de Instancia no dio cumplimiento a lo pautado por la referida sentencia. Omitió pronunciarse en torno a la validez del testimonio otorgado por el experto Nicolas Morales, pero si da total valor probatorio al testimonio rendido por el también experto Gregorio Nerea. Preciso es destacar que ambos son contradictorios al tratar el punto relativo a la posibilidad de identificar el calibre del proyectil. Estaba el Juez obligado a pronunciarse sobre ambas declaraciones, pero no lo hizo, significando ello que incurrió en evidente inmotivación.
3.- Dentro de la etapa de investigación se practicó la prueba de Análisis de Trazas de Disparo (A.T.D.) por parte del experto adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Rubén Darío Villamizar Piñango, cuya declaración es señalada por el Juez al folio 203 de la sentencia… Surge en consecuencia la interrogante acerca de cuales fueron los hechos que el Tribunal estimó probados. Si el análisis de Trazas de Disparo dio negativo a José Manuel Salazar Rodríguez, significa que no disparó su rama, y si ello es así, no incurrió en ninguno de los tipos penales, incluido el Uso Indebido de Arma de Fuego, por los que fuera procesado y condenado. Es decir, ello desvirtúa la posibilidad de participación en los hechos. El Juzgador, sin embargo, tampoco emitió pronunciamiento acerca de la valoración de la declaración del funcionario Rubén Villamizar acerca del resultado negativo del A.T.D. en mi defendido, incurriendo nuevamente en inmotivación de la sentencia…
TERCERO:
Cree esta defensa haber establecido suficientemente el hecho que mi defendido, José Manuel Salazar Rodríguez, solo (sic) era Juzgado por el Homicidio Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva en perjuicio de la ciudadana Elizabeth Rosales, tal y como se desprende tanto de la Narrativa como de la Motiva del fallo apelado. Sin embargo, debo a todo evento tratar lo relacionado con la penalidad Impuesta a mi patrocinado… Pero de manera sorpresiva aparece condenado, no solo (sic) por el delito del que fuera víctima la ciudadana Elizabeth Rosales –por el que fue tratado en la motiva-, sino que además es condenado por los delitos en los que aparecen como víctimas las ciudadanas Irúa Moreno Y Danitza Buitrago. En este orden de ideas, en lo relativo a la penalidad, resulta necesario destacar el hecho de que el tribunal a quo no establece la existencia de circunstancias atenuantes o agravantes. Solo (sic) hace uso del Art. 37 del Código Penal sin establecer las razones por las cuales toma el término medio sin considerar lo pautado en el artículo in commento en lo tocante a la variación de la pena… Tal disposición no fue tomada por el Juzgador en la presente causa… Dejó de evaluarse, por ejemplo de que mi defendido no presenta antecedentes penales… En este caso, al igual que en el anterior, el Juez inmotivadamente toma el término máximo de la pena, sin explicar razonadamente las razones por las que el Tribunal lo condenó tomando en cuenta el maximun de la pena.
CUARTO:
Al folio 405 de la Sentencia, aparece según el Juez acreditada la intención homicida de los acusados. Observa esta Defensa que el Juez no adminicula ni tan siquiera un elemento de prueba que sustente lo por él expresado… Debemos recordar que la ciudadana Elizabeth Rosales, recibió la herida en el glúteo, por lo que el Juzgador debió establecer por medio del acervo probatorio, como se presenta en este caso el animus necandi. No habiendo resuelto tal punto, tal afirmación carece de motivación, lo que la hace recurrible ante la Corte de Apelaciones.
QUINTO:
En lo relativo al Uso Indebido de Arma de Fuego…
De nuevo, el Juzgador de manera arbitraria, sin establecer elemento probatorio alguno que sustente lo por él dicho en la sentencia da por probado, a través de la inmediación (¿?), la concentración (¿?)Y las máximas de experiencias (¿?) que mi defendido, conjuntamente con el resto de los co procesados, son culpables del delito de Uso Indebido de Arma de Fuego. Las máximas citadas a lo largo de la motivación que se ha presentado en este caso. Basta con observar que la condenatoria se produce sin que se adminicule un solo medio de prueba. Ello violenta cualquier posibilidad de defensa, toda vez que se desconocen las razones que llevaron al Tribunal a tomar tal decisión.
SEXTO:
El juzgado Séptimo de Juicio condena al ciudadano José Manuel Salazar Rodríguez por la comisión del delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el Art 406 Ord. 1º del Código Penal… Nuevamente, el a quo omitió no solo (sic) indicar en cual de los supuestos del Art. 406 consideraba subsumida la conducta de mi defendido, sino que además, omitió adminicular medio de prueba alguno que sustentara tal circunstancia…
Tal y como se aprecia de lo expresado en el fallo apelado, el Juez Séptimo de Juicio del Circuito Judicial de Caracas, no dio cumplimiento a la elemental tarea de indicar cuales fueron los elementos probatorios en los cuales sustentó su decisión. No indica de donde surge la calificante del tipo.
CAPITULO III
MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA FUNDADA EN PRUEBA INCORPORADA CON VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL JUICIO ORAL
Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 453 Ord. 2º, considera la defensa del acusado José Manuel Salazar Rodríguez, que el Juez incurrió en violación al Debido Proceso al incorporar de manera indebida la declaración de la ciudadana Irúa Coromoto Romero García, víctima en la presente causa, pero que no había sido promovida por el Ministerio Público dentro de su escrito de acusación y consecuencialmente no fue admitida por el Juez de Control en la Audiencia Preliminar… En el presente caso no encontramos frente a los mismos hechos que fueron debatidos desde el principio del proceso, por lo cual mal puede el Juzgador escudarse en el artículo 359 para de esta manera violentar el debido proceso, admitiendo la declaración de la ciudadana Irúa Romero. Siendo ella víctima, debió ser declarada por el Ministerio Público en la etapa investigativa, pero si las circunstancias no lo permitían en razón de su estado de salud, debió al menos servir de elemento de convicción para fundar la acusación, y en consecuencia debió ser promovida como medio de prueba, para que de esta manera pudiera la defensa tener el control de la misma. Esto no ocurrió y el Juez, en evidente violación al debido proceso, decidió traer al debate oral a la ciudadana Irúa Romero. Preciso es resaltar el hecho de que la declaración de la citada víctima, giraron en torno a los mismos hechos de los que el Tribunal ya tenía conocimiento.
CAPITULO IV
QUEBRANTAMIENTO DE FORMAS SUSTANCIALES QUE CAUSA INDEFENCIÓN (SIC)
Fundamentado en lo dispuesto en el Ord. 3º del Art. 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio el quebrantamiento de formas sustanciales que causó indefensión. En efecto, al folio 45 del Acta de Debate de fecha 09 de Junio de 2006, se aprecia que la defensa solicitó al Juez, que permitiera a su defendido declarar, a lo que el Juez se negó…
Sobre este punto, estima este Defensor preciso señalar el contenido del Art. 130 del Código Orgánico Procesal Penal, contentivo de las oportunidades en las cuales puede el imputado declarar… En este mismo sentido, el Artículo 349… Vistas así las cosas, se observa que el Juzgador violentó los dispositivos antes descritos, lo que impidió que los defensores pudieran ejercer el derecho a preguntar a los co-acusados y consecuencialmente aclarar algunos puntos. Ello definitivamente limitó el derecho a la defensa.
CAPITULO V
PETITUM
Por los razonamientos expuestos, actuando de conformidad con lo pautado en el Art. 452 Ords. 2º y 3º en concordancia con el Art. 453 del Código Orgánico Procesal Penal, interpongo el presente RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA en contra de la decisión dictada por el Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal de Caracas en la causa signada 0358-06, y solicito de la CORTE DE APELACIONES DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL que, actuando como Tribunal de alzada, REVOQUE LA DECISIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL A QUO en la cual condena al ciudadano José Manuel Salazar Rodríguez a cumplir la pena de 18 años, 02 meses y 20 días por la comisión del delito de Homicidio Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva y Uso Indebido de Arma de Fuego, previsto y sancionado en los Arts. 406 ordinal 1º en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424 y 281 todos del Código Penal. Como consecuencia de lo solicitado, pido se proceda de acuerdo con lo pautado en el encabezamiento del Art. 457 del Código Orgánico Procesal Penal, anulando la sentencia impugnada y ordenando la celebración de un nuevo juicio…”.

Igualmente, en fecha 06 de Noviembre de 2006 la ciudadana ABG. BELKIS COROMOTO VILLEGAS RODRÍGUEZ, Defensora Pública Penal de Presos Nº 6 (Suplente) del Área Metropolitana de Caracas, en su condición de Defensora del ciudadano FÉLIX MARTÍNEZ MOTA, consignó ante el Tribunal de Primera Instancia escrito recursivo, en los siguientes términos:

“…PRIMERO
De acuerdo a lo contemplado en el artículo 452 numeral 2º, Por ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, por cuanto se viola de una manera grosera y flagrante el Derecho a la defensa, a una tutela judicial y efectiva y al principio de la legalidad contemplados en los artículos 26, 49 y 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conjuntamente con los Tratados Internacionales… el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 364 numeral 3º y 4º, por cuanto existe una vulneración constitucional directa e inmediata del Derecho a la Defensa y a la Igualdad en razón de que la decisión no expresa cuales son los fundamentos de hecho y de derecho que se encuentran acreditados en autos que demuestran la culpabilidad de nuestro defendido en los hechos que se le imputan, la sentencia adolece de vicios graves de falta de motivación, por cuanto se limita única y exclusivamente a señalar los hechos acreditados en juicio, pero no señala cuales elementos de Convicción Procesal son tomados en consideración para condena al ciudadano FÉLIX MARTÍNEZ MOTA… como se desprende incurre en el vicio de inmotivación de la sentencia, por cuando no señala cuales de los elementos de convicción ofrecidos por la Fiscalía y la relación de causalidad de los mismos son los que relacionan a nuestro defendido con los delitos por lo cual es sentenciado…
Se puede apreciar que el Tribunal de Juicio, sentencia a mi defendido a cumplir la pena 30 AÑOS DE PRISIÓN por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, expresando que su culpabilidad quedo demostrada en el desarrollo del debate oral, pero no señala cuales pruebas obra contra nuestro defendido, por encontrarlo incurso en el delito el cual se sentencia, no menciona los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal y sin realizar un análisis razonado de los hechos y del derecho de los elementos de convicción lo sentencia a cumplir la pena señalada…
Ahora bien considera la defensa, que el Juez actuó violentando el debido proceso en razón de que al no desarrollar los motivos que dieron base a su decisión no cumplió con lo preceptuado en los artículos 26 de nuestra Carta Magna fundamental; siendo así que el Juez de la recurrida incurrió en violación al Derecho del debido proceso lo que hace que la decisión recurrida sea declarada nula…
Lo anterior, lleva al firme convencimiento de esta defensa, de que la señalada sentencia carece de motivación, lo cual acarrearía la nulidad de la misma, en virtud de haberse violentado el debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 364.4º del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual lo procedente y ajustado a derecho es declarar, conforme a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la NULIDAD de la sentencia del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictada el día trece (13) de octubre Dos Mil Seis (2006), y publicada el día 20 de Octubre del 2006, a los fines de que sea efectuado nuevo juicio oral y público en el que se dicte nueva sentencia que analice y compare las pruebas que se presentarán en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que sustenten y delimiten la libre convicción razonada del juez en el cuerpo de la sentencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal…
Por lo que solicitamos que le presente recurso sea declarado con lugar y anule la sentencia impugnada, dictada por el tribunal Séptimo de Juicio y sea ordenando (sic) la celebración de un Nuevo Juicio Oral, ante un Juez distinto en el mismo Circuito Judicial Penal, distinto del que se pronunció en la recurrida, solicitud que hacemos de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO
De acuerdo a lo establecido en el artículo 452 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto al revisar el desarrollo del debate oral, se puede observar un quebrantamiento de las formas sustanciales de los actos que causan indefensión, toda vez que el Juez de Juicio, no evacuó las pruebas ofrecidas por esta defensa y en ningún momento fueron citados por el Tribunal; por lo que la defensa ejerció en el cierre del debate oral, el Recurso de Revocación, referente a la desestimación de las pruebas que faltaban por evacuarse ya que el Juez de Juicio realizó erróneamente la aplicación de la norma contenida en la ultima parte del primer aparte del artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, Recurso que fue negado por el Juez, sentenciando a nuestro defendido, sin darle el derecho a la defensa y un debido proceso, contemplado en el artículo 498 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A los fines de demostrar lo aquí expuesto, promovemos para ser el medio de reproducción la grabación realizada por el tribunal A-quo en el cierre del debate, tal como lo contempla el artículo 334, del Código Orgánico Procesal Penal, así esta defensa considera procedente y ajustada a derecho declarar, conforme a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la NULIDAD de la sentencia del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictada el día treinta (30) de agosto de Dos Mil Seis (2006), y publicada el día 20 de Octubre del 2006, a los fines de que sea efectuado nuevo juicio oral y público en el que se presentarán en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que sustenten y delimiten la libre convicción razonada del juez en el cuerpo de la sentencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal. Así debe quedar sentado.
Por lo que solicitamos que el presente Recurso sea declarado con lugar y anule la sentencia impugnada, dictada por el tribunal Séptimo de Juicio y sea ordenando (sic) la celebración de un Nuevo Juicio oral, ante un Juez de Juicio en el mismo Circuito Judicial Penal, distinto del que se pronunció en la recurrida, solicitud que hacemos de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.
TERCERO
De acuerdo con el contenido del artículo 452 numeral 4º de la norma adjetiva penal; se observa como el Tribunal incurrió en una Violación de la ley por el VICIO DE ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA; a tenor de lo establecido en el artículo 313, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía en el presente…
En el caso de marras, hay ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA por parte de la Juez de Juicio, ya que la revisar el desarrollo del debate oral y las actas que integran el presente proceso, se evidencian la vulneración de los derechos de nuestro defendidos por cuanto la sentencia dictada por la Juez Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no está ajustada a derecho, ya que en el caso de nuestro defendido no quedó probado su culpabilidad, con ninguna de los elementos de convicción evacuados en el Juicio por la Vindicta Publica…
En el caso de marras se evidencia del Medio de Reproducción al que se contrae el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, que promovemos para demostrar todo lo expuesto, que en los casos de los delitos por los cuales se acusó a nuestro defendido; no quedó demostrada la responsabilidad del mismo en la comisión de ninguno de ellos; ya que para que se configuren los mismos es necesario que se den las siguientes conductas antijurídicas…
Por otro lado; hay que determinar si se llenan los elementos adicionales en el caso del delito de CÓMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO Y HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA; que en el primero de los delitos viene dado por la COMPLICIDAD NECESARIA; al hablar de complicidad necesaria, nos referimos a los actos que son efectuados por el partícipe directamente y si los cuales no puede consumarse el delito…
En el caso que nos atañe, es evidente que la responsabilidad de nuestro defendido, no quedo acreditada con ninguno de los elementos de convicción evacuados por la Representación de la Vindicta Pública durante el desarrollo del Juicio seguido en contra del mismo. El juez de la recurrida en ningún momento determino (sic) de forma precisa y circunstancial los hechos que el Tribunal dio por acreditados…
Así las cosas, esta defensa considera procedente y ajustado a derecho declarar, conforme a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la NULIDAD de la sentencia del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictada el día treinta (30) de agosto de Dos Mil Seis (2006), y publicada el día 20 de Octubre de 2006, a los fines de que sea efectuado un nuevo juicio oral y público en el que se dicté nueva sentencia que analice y comparen las pruebas que se presentarán en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica que sustenten y delimiten la libre convicción razonado del juez en el cuerpo de la sentencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal.
PETITORIO
Por todos los argumentos anteriormente expuesto tanto de hecho como Derecho es por lo que esta defensa solicita respetuosamente a los ciudadanos Magistrados que han de conocer el presente recurso, que el mismo se admitida y una vez analizadas las denuncias aquí señaladas, sea declarado con lugar, y en consecuencia se acuerde la realización de un nuevo Juicio Oral y Público con prescindencia de los vicios en que a criterio de la defensa incurrió la sentencia recurrida dictada por la Juez a-quo…”.

Seguidamente, los ciudadanos ABGS. HÉCTOR J. SÁNCHEZ A. y JULIO CÉSAR BOLÍVAR MUÑOZ, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano OLIMPIO BARILE SÁNCHEZ, consignaron ante el Tribunal de la Recurrida escrito recursivo, en los siguientes términos:

“…Como se puede apreciar ciudadano juez ponente de la Corte de Apelaciones, en cuanto a la participación de nuestro patrocinado en este lamentable hecho no se pudo apreciar y nunca se probó a lo largo del juicio ni coautoría ni complicidad correspectiva, por cuanto no se estableció en la sentencia el allí y el ahora de su actuación, ya que nunca se verificó su dominio funcional…
Ciudadano juez ponente, apreciándose las declaraciones de las ciudadanas MIRIAM MERCEDES ROTJES y KENYA TOVAR ROTJES, la muerte de EDGAR JOSUÉ QUINTERO, fue producido por proyectil único, disparado por arma larga, lo que adminiculado a la relación de armamento que describe e individualiza las armas que portaban los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (Incorporadas a su lectura en el juicio oral y público), se evidencia que el arma de reglamento de nuestro patrocinado OLIMPIO BARILE, era una arma corta, tipo pistola, marca BROWNING, 9 milímetros, serial T-17704 y que fue la misma arma que le entregó la Dirección General de Inteligencia Militar, adscrito al Ministerio de la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, No. de archivo DGIM-50-09-01, suscrita por si (sic) Director General de Brigada del ejercito HUGO ARMANDO CARVAJAL BARRIOS; reflejada en el movimiento de material No. 0795; probanza esta consignada en la pieza No. 21, folios ciento treinta y nueve (139 y ciento cuarenta (140) del expediente o causa; siendo el mismo armamento que entregó en la División contra Homicidio adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para que le practicaran la experticia de ley, la cual resultó negativa, es decir nunca fue disparada y es por ello que los representantes de la Vindicta Pública manifestaron en su escrito acusatorio, que nuestro defendido había cambiado el cañón del arma, a los fines de desvirtuar su participación en los lamentables hechos; acotando estos togados que en el folio 434 de la pieza 35, referido a la sentencia, el juzgador condenó por la muerte de Edgar Josué Quintero Torrealba a los ciudadanos: JOSÉ PEÑA PEÑA, JESÚS ABREU y a nuestro representado OLIMPIO BARILE; pero se aprecia en la pieza uno folios ochenta y cuatro (84) y ochenta y cinco (85), referido a la relación de armamento bajo el No. 06.- Que el Inspector del DIM, JOSÉ PEÑA PEÑA…portaba una UZI serial 01839 y una pistola BROWNING, 9 MM. Serial T17693, en el No. 15.- Nuestro defendido Sub. Inspector OLIMPIO BARILE…. Portaba una BROWNING, 9 MM., serial T-17704 y el No. 22, agente II JESÚS ABREU… portaba una MINI UZI, serial No. 192919 y una pistola BROWNING, 9 MM., serial 2.019, es decir el único que no portaba arma larga era nuestro defendido.
Ahora bien, concatenado los testimonios de las ciudadanas MIRIAM MERCEDES ROTJES y KENYA TOVAR ROTJES, lo referido al arma de reglamento que portaba nuestro defendido; a la prueba 153, apreciada en la pieza 16, donde la Medico Forense RODAINAH NASSER, en su condición de experto profesional I, en el levantamiento del cadáver de EDGAR JOSUÉ QUINTERO TORREALBA, signado con el No. 136-177536, de fecha 29 de junio de 2005…
Y al ñprotocolo reautopsia de fecha 28 de junio de 2005, No. de cadáver 05-06-2115, incorporado en la pieza 16, suscrito por el Médico Anatomopatólogo Forense Dr. Franklin Pérez, en su condición de Experto Profesional IV, donde establece en lo relacionado a la causa de la muerte…
Debido a ello, podemos concluir, que el juez de la causa, al sentenciar quebrantó el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre las reglas de la lógica en la valoración de la prueba; esta aseveración se evidencia en la precitada motiva, acreditándole a nuestro defendido el DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA sin haber establecido en la sentencia el allí, el ahora de su actuación, así como el dominio funcional sobre la participación de nuestro representado en el hecho o en los hechos, por cuanto también le acreditó el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA en perjuicio de IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO, quedando suficientemente demostrado el día 02 de agosto de 2006, fecha esta cuando se practicó la reconstrucción de los hechos, y como primer y único testificante, el ciudadano AMALIO RAFAEL BRAVO GARCÍA… manifestó que el se encontraba al momento de quedar lesionadas las precitadas ciudadanas en el sector denominado la cancha o estadium de béisbol, y clarificó de manera clara e inteligible voz, a pregunta del juzgador, que con el (sic) estaban entre otros nombrados OLIMPIO; acotando la defensa, que este es un lugar muy distante al punto donde ocurrió el segundo evento (donde quedaron heridas las muchachas), por cuando el trayecto no era pavimentado, no había luz de la cancha a la calle con aproximadamente 500 Mts., de recorrido y de allí al sitio del segundo evento unos 1000 Metros mas.
Asimismo, de acuerdo a la versión tantas veces reiterada en el juicio oral y público del funcionario JORGE LUIS COISCOU PRADA, que de manera reiterativa manifestó que el se encontraba cerca del segundo punto o evento y que no le dio oportunidad de impedir la tragedia por lo violento que se desarrollaron los sucesos; siendo prácticamente imposible que nuestro defendido se encontrara presente en ese momento, en ese allí y ese ahora, por cuanto tenía que recorre 1.500 Metros aproximadamente, en las condiciones antes descritas.
Ahora bien ciudadano juez ponente, nuestro patrocinado era componente de la comisión, pero de acuerdo a lo establecido UT SUPRA, es imposible habérsele atribuido la comisión de los precitados delitos y en consecuencia al no haber accionado el arma, no puede estar incurso en el delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, que estaba en la comisión, nunca lo ha negado; siendo reiterativo en que el hecho de haber cumplido una orden de asistir con la fatídica comisión al sector donde se suscitaron los hechos, se le tenga que acreditar el delito de uso indebido de arma de fuego.
Probado está en autos que EDGAR JOSUÉ QUINTERO TORREALBA, fue vilmente asesinado con proyectil único proveniente de arma larga y teniéndose identificado a todos los funcionarios que portaban ese tipo de armamento, la defensa se pregunta: ¿Donde (sic) o en cual (sic) momento el juzgador de juicio precisó el dominio funcional de nuestro patrocinado OLIMPIO BARILE SÁNCHEZ en los hechos?.
No entendemos, en cual principio se fundamentó el juez de juicio para acreditar responsabilidad a nuestro representado, si fue en el de la identidades en el de la no contradicción, en el del tercero excluido o en el de la razón suficiente; ya que de los precitados elementos de convicción que tomó el juez para acreditar tal culpabilidad, bien lo exoneran y así se desprende de las lecturas de las actas procésales y sentencia de juicio.
En lo que respecta al delito de simulación de hecho punible, quedó demostrado en el recorrido del juicio oral y público, QUE LA PLANIMETRÍA, es decir inspección ocular, Fijación fotográfica y dibujos que fijan con la flecha testigo, se evidenciaron los elementos físicos químicos y humanos ubicados por los funcionarios adscritos a la División de Análisis y Reconstrucción de los hechos del Cuerpo de Investigaciones científicas, penales y Criminalísticas OMAR GIL WERNEY, WILMER JOSÉ MOLINA BRAVO, ODIVIER GREGORIO CARMONA BASTARDO, ROGER JOSÉ MOYA BENITEZ, HÉCTOR LUIS APARICIO ROJO, LUIS RAMÓN PARADA MOTA y NELSON ANÍBAL SANTANA RAMÍREZ; y en ninguna acta o recorrido del debate de juicio consta que nuestro patrocinado haya manifestado, declarado o testificado que los hechos ocurrieron por enfrentamiento entre funcionarios y victimas. Prueba de ello, fue que el Ministerio Público le atribuyó a los siete (7) funcionarios antes citados el delito de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, apreciándose las actas imputación en la pieza 21, folios sesenta y uno (61) al ochenta y nueve (89); por presunta alteración del lugar del suceso y haber realizado varias fijaciones unas con armas de fuego y otra sin armas; a los que posteriormente se les DECRETÓ ARCHIVO FISCAL.
Ciudadano juez ponente, de aceptarse esta condena se correría el riesgo de que los funcionarios policiales evitarían integrar comisiones policiales, lo que conllevaría al recrudecimiento de la delincuencia. En el caso que nos ocupa, donde de manera fueron asesinados los estudiantes en el sector Kennedy ubicado en las Adjuntas, Distrito Capital; estamos plenamente convencidos estos togados, que el juzgador de juicio pudo haber individualizado a los culpables y haber acreditado responsabilidades. El único delito de los funcionarios en este hecho, fue el de haber participado en la comisión y entre ellos se encuentra nuestro defendido Olimpio Barile que como investigador de inteligencia, contra el terrorismo e insurgencia pública de la Dirección de Inteligencia Militar, organismo policial adscrito al Ministerio de la Defensa y por tanto sujeto a los principios de la disciplina, subordinación y respeto a los derechos humanos…
CAPITULO II
PETITORIO
PRIMERO: Solicitamos muy respetuosamente a la Corte de Apelaciones que le corresponda conocer, que conforme a lo establecido en el encabezamiento del artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal, ADMITA el presente recurso.
SEGUNDO: Solicitamos se declare con lugar el recurso interpuesto y en consecuencia, de conformidad a lo establecido en el primer aparte del artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal DICTE UNA DECISIÓN PROPIA con base a las comprobaciones de hecho planteadas en este recurso, a favor de nuestro defendido OLIMPIO BARILE SÁNCHEZ…”.

Los ciudadanos ABGS. HÉCTOR J. SÁNCHEZ A. y OLGA BIGOTTI TREJO, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano EDWIN MANUEL FLORES, consignaron ante el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control escrito de apelación, en los siguientes términos:

“…Como se puede apreciar ciudadano Juez ponente de la Corte de Apelaciones, en cuanto a la participación de nuestro patrocinado en este lamentable hecho no se pudo determinar y nunca se probó a lo largo del juicio participación, coautoría, ni complicidad correspectiva; por cuanto no se estableció en la sentencia que EDWIN MANUEL FLORES estuviese allí y ahora, en el lugar y momento preciso, en que resultan lesionadas las víctimas IRÚA COROMOTO GARCÍA, DANITZA COROMOTO BUITRAGO y ELIZABETH ROSALES y tampoco se demostró su actuación en los referidos hechos, pues nunca se verificó su participación mediante accionar (sic) de armas de fuego, ni a través de ninguna otra acción en tan lamentables sucesos…
…donde si bien es cierto se individualizó la participación de algunos funcionarios del CICPC en los hechos y solo (sic) un funcionario (sic) la Dirección General de Inteligencia Militar, esta necesaria individualización no se verificó con los restantes funcionarios a quienes se les condena por los delitos antes mencionados por el simple hecho de ir en las (sic) comisión que se encontraba en el sector de Kennedy ese fatídico día y dentro de ellos nuestro defendido.
Por lo antes expuesto encontramos en la sentencia motivos suficientes para apelar con base a lo previsto en el ordinal 4º del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal…
Y en la parte motiva de esta misma sentencia, a nuestro representado no se le relaciona con ese delito ni se le acredita responsabilidad con respecto a las víctimas IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA y DANITZA BUITRIAGO González, así como tampoco existe ningún razonamiento por el que se le vincule con las lesiones experimentadas por las nombradas víctimas…
De las anteriores transcripciones fieles y exactas de la sentencia, se demuestra se contradice (sic) en si (sic) misma, debido a que inobservó lo previsto en el artículo 364 numeral 3ro. Del Código Orgánico Procesal Penal, ya que no determina, ni precisa circunstanciadamente los hechos que el Tribunal estima acreditados para condenar a nuestro defendido, y aún así lo sanciona en la dispositiva por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA, DANITZA COROMOTO BUITRAGO; cuando en su parte motiva nunca lo señalo (sic) como involucrado en estos hechos y a la luz del razonamiento del sentenciador sobre los mismos no resulta culpable. Mal puede pretenderse condenarlo por tal delito.
SEGUNDO: La sentencia dictada por el Tribunal a quo inobservó los principios previstos en los artículos 1, 10 y 12 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que al ordenar la practica de la Reconstrucción de los Hechos se cerceno el derecho a la defensa de nuestro representado, y aún así tal prueba fue apreciada y valorada por el Sentenciador quien aduce en la sentencia estar convencido de determinados hechos que se fija, por efecto de esa prueba…
TERCERO: El Juez de Juicio inobservó los principios contenidos en los artículos 1, 10 y 12 del Código Orgánico Procesal Penal, quebrantando el debido proceso, por cuanto antes de que culminara la evacuación de los testigos y expertos promovidos por el Ministerio Público, el juez a quo por considerar suficientemente aclarados los hechos en juicio de conformidad con el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal; limitó los medios de prueba ofrecidos por que según su criterio había quedado suficientemente comprobados los hechos con las pruebas ya practicadas. Causando indefensión a nuestro representado.
Tal decisión tomada por el Tribunal acarreo (sic) que mas de treinta (30) testimoniales de expertos y testigos no se evacuaran, entre ellas la declaración de los expertos CHARLES ARIAS Y MÁGORA ANDRADE que son quienes suscriben la experticia 9700 018B 2762 cursante a los folios 192 y 193 de la Pieza 16 de este expediente…
Ofrecida esa prueba en la acusación Fiscal con el número 182 (ver folio 192 de la Pieza 7 de este expediente), también debidamente admitida por el Tribunal 50 de Primera Instancia de Control en la Audiencia Preliminar como testimonial experto número 182 (ver folios 240 y 260 de la pieza 7 de este expediente); la misma no se evacuo (sic) por decisión del Tribunal de Juicio.
Las referidas testimoniales ofrecidas no solo (sic) por el Ministerio Público, sino también por esta defensa por cuanto nos acogimos al principio de Comunidad de la Prueba en el escrito a que se refiere el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal tal como se evidencia de este expediente, cuya evacuación es del interés y ejercicio del derecho de defensa del acusado EDWIN MANUEL FLORES, por cuanto lo exculpa de haber causado la herida sufrida por la víctima ELIZABETH ROSALES BRACAMONTE con el arma que portaba la noche de los sucesos. Arma que debemos señalar jamás se demostró señalar jamás se demostró que hubiese sido accionada.
La falta de evacuación de esta prueba exculpatoria y por ende defensa de nuestro representado, a causa de la decisión tomada por el Juzgado a quo durante el juicio ocasionó que la identificada experticia no pueda ser apreciada dentro de las pruebas que esclarecen hechos relevantes para sentenciar…
La sentencia no hubiese resultado condenatoria para EDWIN MANUEL FLORES con respecto a la herida de la víctima Elizabeth Yuleidi Rosales Bracamonte de habérsele permitido a nuestro defendido el legitimo ejercicio de su derecho a la defensa con la señalada prueba exculpatoria. Pues las experticias transcritas realizan peritaje sobre el mismo objeto y sus resultados son opuestos y contradictorios, ya que una señala que el fragmento alojado en la humanidad de la citada victima pertenece a la gama de proyectiles 5.56 y la experticia no evacuada señala que el fragmento si bien es cierto formó parte de un proyectil blindado o semi blindado, debido a su estado no se puede precisar a que calibre pertenece y mucho menos individualizar que arma lo percutó (sic)…
..no se puede determinar cual de los dos peritajes de balísticas sobre el mismo objeto es el verdadero (Principio de la razón suficiente).
CUARTO: Lo que si aseveró nuestro defendido en su deposición en la que se excepciona, es las condiciones de modo tiempo y lugar donde se encontraba en compañía de otros funcionarios de su (sic) de la institución a la que pertenece, al momento de suceder los lamentables hechos donde resultan lesionadas las víctimas sobrevivientes, a mas de ochocientos metros (800 mts) del lugar donde estas resultan heridas, ya que nuestro defendido se encontraba encerrado en una zona cerca de un ambaulamiento (sic), donde buscaban evidencias físicas de interés criminalístico, unas conchas y proyectiles percutados por quienes asesinaron vilmente y despojaron del arma de reglamento al agente Touissant de la Dirección General de Inteligencia Militar…
Ahora bien honorable Juez ponente, resulta prácticamente imposible que nuestro defendido se encontrara presente en ese momento, en ese allí y ese ahora, por cuanto la distancia que tenía que recorrer para llegar a ese lugar era de aproximadamente ochocientos metros (800 mts) y las condiciones antes descritas…
CAPITULO II
PETITORIO
PRIMERO: Solicitamos muy respetuosamente a la Corte de Apelaciones que le corresponda conocer, que conforme a lo establecido en el encabezamiento del artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal, ADMITA el presente recurso.
SEGUNDO: Solicitamos se declare con lugar el recurso interpuesto y en consecuencia, de conformidad a lo establecido en el primer aparte del artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal DICTE UNA DECISIÓN PROPIA con base en las comprobaciones de hecho planteadas en este recurso, a favor de nuestro defendido EDWIN MANUEL FLORES…”.

El ciudadano ABG. ANTONIO J. BARRIOS ABAD, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano WILL RONALD MONTES CHIRINOS, consignó ante el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control escrito de apelación, en los siguientes términos:

“…1.- Primera Denuncia. Inmotivación del fallo.
Calificación Jurídica.
Homicidio Frustrado…
...El Juez A-quo tan sólo (sic) se limita a establecer un complejo tipo como el de Homicidio Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva.
Así entonces El Estado Venezolano a través del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, no da explicaciones, ni fundamenta constituyendo una falta de motivación en perjuicio del por qué es un HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO…
Al evidenciarse el supuesto de esta denuncia, la consecuencia procesal se encuentra establecida en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal y deberá anularse el fallo recurrido y convocara a la celebración de una nueva audiencia oral y pública de juicio.
2.- Primera Denuncia. Inmotivación del fallo.
Calificación Jurídica.
Homicidio Frustrado…
El juez en la parte motiva de la sentencia afirma de manera categórica que hay Homicidio Calificado por motivos fútiles e innobles atribuyéndole a mi defendido la comisión de tal delito; sin embargo nos corresponde en el ejercicio de la defensa técnica hacer haremos (sic) una revisión para comprobar tal afirmación…
Lo que evidencia un exiguo análisis de uan de las circunstancias calificantes como lo es la alevosía; pero en modo alguno expresa, desarrolla o le explica a mi defendido el porqué lo condena por motivos fútiles e innobles…
Es decir hace el análisis de una circunstancia y lo condena por otra, lo que pone en evidencia una ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia…
Vale decir es menester dejar establecidas las circunstancias calificantes del delito; pues de modo contrario existe un vacío que atenta en contra de las garantías procesales del imputado al ser condenado bajo argumentos de ilogicidad y contradicción, al desarrollar una idea y condenar por otra.
Al materializarse el supuesto contenido en esta denuncia, la consecuencia procesal se encuentra establecida en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal y deberá anularse el fallo recurrido y convocar a la celebración de una nueva audiencia oral y pública de juicio.
3.- Primera Denuncia. Inmotivación del fallo.
Calificación Jurídica.
Homicidio Calificado en Grado de Complicidad Correspectiva y elementos de culpabilidad de Hill Ronald Montes Chirinos.
Resulta un tanto incomprensible para esta Defensa la poca argumentación jurídica esgrimida por el Estado Venezolano a través de el (sic) Juez Séptimo de Juicio con respecto a la Complicidad Correspectiva; pues en modo alguno hace análisis de dicha circunstancia, evidenciándose una falta total de motivación que esconde tras una voluminosa sentencia que en el fondo se encuentra vacía de materia jurídica; pues confunde la calificación jurídica con la explicación de la culpabilidad…
Sin lugar a dudas que existe una manifiesta ilogicidad en la motivación por las circunstancias que a continuación se detallarán y explicarán…
La recurrida en forma alguna motiva de que manera la multiplicidad de autores se encontraban en un sitio específico para producir el hecho (hecho que desarrollaremos más adelante), mucho menos describe el concierto de voluntades (forma, quienes de qué manera), lo único a lo cual hace referencia y no desarrolla bien es el desconocimiento del autor del daño; sin embargo; por más mountruoso (sic) que pueda parecer el daño, el Juez como profesional del Derecho debe razonar, detallar y explicar, el porqué se configura tal tipo delictivo; pues no basta tan sólo el dar por cumplido uno de los requisitos...
¿Para acreditar o atribuir dicha calificación jurídica basta que todos estén señalados en el libro de novedades de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Inteligencia Militar? ó (sic) ¿en las novedades de fecha 27 y 28 de Junio del 2005 de la Sub-delegación de Caricuao? Porque nadie durante el desarrollo del juicio negó que salieron todos juntos de la Dirección de Inteligencia Militar; lo que sí quedó evidenciado en juicio es que una vez en el sector Kennedy no todos estaban juntos, pues se distribuyeron por varios sectores y así quedó demostrado con las declaraciones de:
1.- Carlos Felipe Cascoi Prada…
2.- Simona Raga Yépez…
3.-Ramón Antonio Plaza Raga…
4.-Amalio Bravo…
5.-Luis Antonio Peña…
Dichos testimonios avalan sin lugar a dudas la circunstancia innegable que todo el grupo no se encontraba en la calle, específicamente en la intersección y como consecuencia lógica de esto WILL MONTES CHIRINOS, quien se encontraba en la parte trasera del stadium de baseball como ha quedado demostrado desde el momento en que hubo la presentación detenido, NO PUDO EN FORMA ALGUNA TENER ACCIÓN concreta en las resultas del hecho dañoso…
Tal como se aprecia del mismo dicho refiere que en la Alcabala de una de las tanta (sic) Y se encontraban como 6 o (sic) 7 funcionarios NO 22 FUNCIONARIOS.
Las otras pruebas documentales en la que se basa el Estado Venezolano a través del su (sic) Juez Séptimo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas para atribuir la complicidad correspectiva son:
1.-la Relación de armas…
2.-Las experticias balísticas practicadas por JESÚS SUÁREZ, LIZZETA MARÍN OLGA MIERES, JENNIFER SANOJA y SANDY PIMENTE…
Del resto de una manera bastante desordenada no aporta ninguna otra prueba salvo el dicho de las víctimas IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE y DANIZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA, de las acules nos referiremos de seguidas a los fines de ver si el Juez Séptimo de Juicio es cónsono con lo expresado por la Sala de Casación Penal…
Para ello vamos a transcribir lo que a través de la sana critica (sic) nuestro Juez Dr. Elías Álvarez, Juez Séptimo de Juicio apreció del testimonio de tres de las víctimas para inculpar a WILL RONALD MONTES CHIRINOS como autor del HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA…
Ahora veamos al detalle la declaración de las víctimas para verificar esa sana crítica utilizada por el Juez para concluir inmotivadamente de que estamos en presencia de un a (sic) complicidad correspectiva con respecto a WILL RONALD MONTES CHIRINOS…
Tal como se puede apreciar existen contradicciones en las declaraciones de las victimas (sic), en una de ellas (danitza) asegura que el vehículo nunca se detuvo, mientras que otra de ellas (Irúa) afirma que el vehículo se detuvo dos veces, mientras que la última de ellas (elizabeth) afirma que el vehículo se detuvo tres veces; sien embargo utilizando como dice el administrador de justicia las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias cabe la siguiente pregunta:
Si la idea era montar una emboscada de 24 funcionarios para vilmente acribillar a los estudiantes y efectivamente en un lugar denominado “Y” se consigue el vehículo con seis (06) tripulantes y se comienza a disparar a mansalva sin piedad para matar a sus ocupantes ¿Cómo es que súbitamente todos desaparecen y permiten que el vehículo siga?...
Como puede observarse del párrafo ut-supra transcrito sólo lo que se encuentra subrayado es a lo que se refiere acerca del desconocimiento del autor productor del daño pues lo que le sigue son circunstancias que según la buena óptica del Juez agravan el acto; pero no da explicaciones serias, jurídicas de los elementos constitutivos del delito de complicidad correspectiva y el único elemento que utiliza es el cuantitativo; vale decir; ya que al participar tantos agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno.
Sin lugar a dudas que aquí se pone de manifiesto una problemática que la Defensa desde el principio ha tratado de develar y es que el Ministerio Público NO INVESTIGO el caso, así que lo que hizo fue lanzar una papa caliente al poder (sic) judicial (sic) para resolver el caso; pero éste ni siquiera pudo argumentar jurídicamente el porqué no se pudo determinar el verdadero autor…
En tal sentido y en base a las argumentaciones ut-supra, es que esta Defensa de Hill Ronald Montes Chirinos considera una evidente falta de motivación basado en la contradicción de las pruebas al arribar a las conclusiones que el Estado Venezolano hace a través del Juez Séptimo de Juicio; en tal sentido al materializarse el supuesto contenido en el artículo 452 numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal, debe traer colmo consecuencia la anulación de la sentencia conforme lo dispone el artículo 457 ejusdem y así expresamente lo solicito.
Capítulo II
Quebrantamiento u omisión de formas sustancias de los actos que causen indefensión
Cuarta Denuncia
La no evacuación de pruebas promovidas por la defensa pese haber sido solicitadas en audiencia.
Conforme se aprecia del Auto de Apertura a Juicio dictado por la Juez Quincuagésima de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial, esta Defensa promovió la declaración de la Inspector Jefe Cristina Colina adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; al ser útil, pertinente y necesario por cuanto fue le (sic) funcionario que le practicó la prueba de Análisis de Trazas de Disparos (ATD) a WILL RONALD MONTES CHIRINOS.
Así pues encontramos en nuestra ley penal adjetiva penal (sic) el contenido del artículo 357…
La referida experta nunca se presentó en juicio y pese haber insistido de manera oral en la audiencia de juicio a los fines de que el Juzgado librara boleta de comparecencia y se hiciese cumplir el contenido del artículo ut-supra transcrito; de manera flagrante y descarada el Juez de la recurrida omitió esa forma sustancial del proceso causando un gravamen irreparable de indefensión que atenta en contra del Derecho a la Defensa de mi defendido Hill Ronald Montes Chirinos, garantía constitucional señalada en el artículo 49 constitucional, posteriormente desarrollado por nuestro Código Orgánico Procesal Penal…
Así pues dada la circunstancia de que una de las pruebas fundamentales como es la practica del Análisis de Trazas de disparos practicada a mi defendido no fue evacuado como consecuencia del quebrantamiento del artículo transcrito en el encabezamiento de este capítulo, no se pudo desvirtuar la afirmación categórica del Tribunal…
Así pues como materialización de esta infracción, se solicita la consecuencia contenida en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal y se anule la sentencia para la celebración de un nuevo juicio ante otro Juez distinto del mismo Circuito Judicial.
Quinta Denuncia.
La no determinación precisa y circunstanciada de los hechos…
Vale decir que conforme al dicho del Estado Venezolano a través del Juez Séptimo de juicio, no compareció el médico tratante de las heridas de DANITZA BUITRIAGO a los fines de controvertir la prueba conforme a las reglas de la prueba; pero el Juez asume la postura de médico y da por probado con ocasión a la reconstrucción de los hechos las heridas a las cuales hace regencia la recurrida en la sentencia…
Por último y en base a lo ut-supra transcrito debemos concluir que la recurrida en la parte motiva quebranta una forma sustancia (sic) que causa indefensión a mi patrocinado WILL RONALD MONTES CHIRINOS; al no cumplir con el mandato expreso contenido en el numeral 4º del artículo 364 y no determinar en forma precisa y circunstanciada las lesiones a las cuales hace referencia el Juez sufridas por la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRIAGO; pues tal como lo afirma y en palabras del propio juez a pesar de no haber comparecido durante el desarrollo del juicio oral y público, el médico tratante; en consecuencia esta Defensa de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, solicita la nulidad de la sentencia y se ordene la celebración de un nuevo juicio oral y público que deba ser llevado por otro Juzgado distinto al que se pronuncio (sic) la recurrida pero del mismo Circuito Judicial.
Capítulo IV
Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica
Sexta Denuncia.
La no evacuación de pruebas que pertenecen a la comunidad de la (sic) pruebas…
Ahora bien, con la brusca e imprevista decisión del Juez Séptimo de Juicio se dejaron sin evacuar las siguientes pruebas admitidas por la Juez de Control y que formaban parte de la comunidad de la prueba…
Con la materialización de esta infracción, se solicita la aplicación de la consecuencia jurídica contenida en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal y se anule la sentencia para la celebración de un nuevo juicio ante otro Juez de Juicio del mismo Circuito Judicial en virtud de las exigencias propias de inmediación y contradicción de las pruebas prescindidas indebidamente por el juez.
Séptima Denuncia.
Incorporación al debate de la declaración de Irúa Coromoto Moreno García como nueva prueba.
En fecha 25 de junio del 2006 se presenta a estrado como víctima-testigo la ciudadana Irúa coromoto (sic) Moreno García conducida por los abogados del Ministerio Público, razón por la cual se objetó por parte de la Defensa la realización de dicha prueba en virtud que el Ministerio Público en oportunidad de presentar sus pruebas por ante la Juez de Control, no la ofreció, sin embargo, el Estado Venezolano a través del Juez Séptimo de Juicio la incorporó al debate bajo el argumento que desarrollo como punto previo en la recurrida que reza de la siguiente manera:
En cuanto a la declaración de Irúa Moreno García
Al ser llevada llamada al estrado a la ciudadana víctima Irúa Moreno García, siendo que la defensa se opuso a que la misa rindiera su declaración en razón que, la misma no había sido admitida por el Juez de la fase preparatoria, manifestando los abogados del Ministerio Público que tal declaración no había sido promovida toda vez, la referida víctima se encontraba en estado grave de salud y ni siquiera se tenía conocimiento si la misma sobreviviría, y es por lo que, este Tribunal considera que al existir una causa suficiente que justifique la no promoción de un testigo en su debida oportunidad legal, tal y como fue en el presente caso, toda vez que resulta evidente, el estado de salud de la víctima en cuestión, lo que puede hacer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 359 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así decide.- (negrillas y subrayado nuestro).
Por su parte el artículo 359 del Código Orgánico Procesal Pena…
El espíritu del Legislador al incluir ésta norma fue precisamente la de poder examinar algún órgano de prueba que en el curso de la audiencia surja como un hecho o circunstancia nueva; sin embargo estamos habando en este caso de una de las víctimas que tiene esa cualidad desde el primer día y que el Ministerio Público en su rol de regentar la investigación TENÍA CONOCIMIENTO; sin embargo al momento de producir su acto conclusivo como lo fue la acusación en modo alguno contó con dicha declaración como órgano de prueba; ni tan siguiera en la oportunidad de la celebración de la Audiencia Preliminar hizo mención alguna a alguna reserva que haya quedado plasmada al momento de admitirse las pruebas; entonces ¿Cómo el Juez de Juicio a sabiendas que Irúa es una de las víctimas desde el principio, que no constituye bajo ninguna argumentación una circunstancia o hecho nuevo en el desarrollo del debate, puede atreverse a admitir como prueba nueva dicho testimonio?
Por otra parte ¿De donde sacó el Estado Venezolano a través del Juez Séptimo de Juicio en ese momento que tal declaración no había sido promovida toda vez que, la referida víctima se encontraba en estado grave salud y ni siquiera se tenía conocimiento si la misma sobreviviría? ¿O es que a caso el Juzgado había formado parte de trama judicial en la etapa de control y tuvo un conocimiento que ninguno de la Defensa tenía?
¿De donde saca tal afirmación si la misma no se encuentra soportada con nada?
Una de las reglas de oro del Estado de Derecho que ha recogido nuestra Constitución es la del Debido Proceso contenida en el artículo 49
…Vale decir, las reglas claras al momento de comenzar el proceso y no que a mitad del mismo las reglas sean cambiadas o modificadas; la declaración de Irúa Coromoto Moreno García fue incorporada al desarrollo de este debate en flagrante errónea aplicación del contenido del artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal, pues ni surgió en el curso de la audiencia, ni surgió como un hecho o circunstancia nueva; muy por el contrario, parte de esta trama procesal es precisamente por las lesiones que ella sufrió.
Con la materialización de esta infracción, se solicita la aplicación de la consecuencia jurídica contenida en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, y se anule la sentencia para la celebración de un nuevo juicio ante otro Juez de Juicio del mismo Circuito Judicial con la expresa mención de prohibirle el testimonio a Irúa Coromoto Moreno García en calidad de testigo-víctima como ocurrió con la permisibilidad por errónea interpretación del Juez Séptimo de Juicio; respetándole como es obvio, los derechos de víctima que se encuentran consagrados tanto en la Constitución como en el Código Orgánico Procesal Penal que señala las ocasiones en que cómo víctima puede intervenir.
Octava Denuncia.
Apreciación de una prueba ilícitamente obtenida.
…Así pues podemos afirmar sin lugar a dudas, que en el desarrollo del juicio se evidencia como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con la anuencia de los abogados del Ministerio Público obtuvieron ilícitamente la toma de la muestra del Análisis de Trazas de Disparos (ATD), al:
1-. No informar a WILL RONALD MONTES CHRINOS, que se encontraba detenido en la sede del CICPC.
2-. No permitirles el libre ejercicio de la Defensa al tener acceso a un abogado.
3-. Practicarles experticias y peritajes sobre ellos mismos vulnerando bajo una forma coactiva su voluntad.
Tales afirmaciones se desprenden de:
a-. Declaración del Teniente Coronel Sergio Rivero Marcano señalado en el item 38 de la sentencia quien en Juicio informó …En esta causa una vez que sucedió los hechos se hizo una rueda de trabajo con el Fiscal 125º y se generaron unas solicitudes le dije que me asegurara las novedades y las novedades de la división de inteligencia militar del parque de armas, y que se presentaran en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en compañía de los funcionarios que participaron en la comisión con los vehículos y las arma (sic), eso para evitar la manipulación de los medios que entorpecían las labores … Yo llegue al (sic) División de Inteligencia Militar aproximadamente a las 6:20 horas de la mañana… Al llegar al (sic) División de Inteligencia Militar no recuerdo si hable con el mayor Peña solo Miguel Ibarreto entro y tenia contracto (sic) con el Ministerio Público y es el comisito (sic) quien me invita para establecer la rueda de trabajo… Me traslade solo a esa rueda… En esa rueda se ordenó la prueba de Atd posterior a esa reunión se les hizo la prueba…No estuve presente en la toma de la muestra…A mi no se informo cuando quedaron detenidos… No fue con la intención de dejarlo detenidos… No tengo conocimiento que hayan sido detenido pro flagrancia…No tengo conocimiento porque quedaron detenidos el 28-06-05, solo que iban a quedar bajo custodia mientras se adelantaban las investigaciones… No tengo conocimiento quien le indico porque habían quedado detenidos (subrayado y negrillas nuestras).
b-. La declaración del Comisario Miguel Ibarreto, quien en el ítem 2 de la sentencia expresó… Se le notifica a las fiscalías a la dos de la mañana… Tenía el cargo de comisario y jefe de la división de homicidio…No recuerdo donde fueron tomadas las muestras… No se donde se tomaron…Por orden de la fiscalía quedaron detenidos…(subrayado y negrillas nuestras).
c-. La declaración del funcionario LUIS ALBERTO OLLARVES CORTÉZ, inserta en el ítem 33 de la sentencia quien entre otras cosas manifiesta… Si estaba en el Despacho cuando se ordenó la prueba de trazas de disparos… Cuando el fiscal del derechos fundamentales 125 se presenta en la investigación, se da la apertura, el estaba presente en el momento …Los jefes del despacho fueron quienes dieron la orden de aprehensión Ibarreto, el Asesor Jurídico, Edmundo Mayor, eran los que estaban allí… Se tomó la decisión de ponerlos a la orden del Ministerio Público… Esos funcionarios fueron puestos a la orden del Ministerio Público que tenía conocimiento de lo que había pasado… Miguel Ibarreto y mi persona estábamos en el lugar… Ellos fueron llamados a los fines que fueran al día siguiente a la oficina de Homicidio como testigos, toda vez que en ese momento cargaban armas orgánicas…El Ministerio Público es quien da la orden de los ATD, El Ministerio Público participo en la investigación… Primero fueron detenidos y después el ATD, se hace el ATD de los detenidos y luego de las heridas… La detención, se hace por el ATD, y por las armas… Estuve en presencia de todas… No se a que hora fue la detención, ni a que hora se les impusieron de sus derechos… Siempre hay fiscal de guardia pero no recuerdo quien estaba de guardia ese día… (subrayado y negrillas nuestras).
d-. La declaración del funcionario RANCEL VILLARROEL VICENTE, inserta en el ítem 7 de la sentencia quien entre otras cosas manifiesta, Se realiza el acta posterior a la entrevista de ellos… Posterior a la entrevista es la detención… Yo no determine es una orden del Ministerio Público… Es mi firma la del acta y esas fueron las razones de la aprehensión… para ese momento ya parece que se había mandado hacer el Atd de las personas… Ordeno la práctica el Comisario del despacho Miguel Ibarreto… Yo suscribí el acta no se si lo impusieron de ese derecho establecido en el artículo 209 del Código Orgánico Procesal Penal…Si yo solo suscribí el acta…Si, yo avalo el contenido del acta…Duda en el sentido de que se le dieron las actas para que la firmaran se hicieron en el mismo momento…El acto no lo recuerdo ellos sostuvieron entrevista con el fiscal presente y el comisario Miguel Ibarreto y lo impusieron y posteriormente me ordenan elaborar el acta… (subrayado y negrillas nuestras).
A esta última declaración hay que aunarle el acta policial de fecha 28 de junio del 2005 suscrita por el funcionario ut-supra mencionado, prueba documental admitida en la que deja constancia que el jefe de esta división previa consulta con la Directiva de este cuerpo y previo conocimiento del Fiscal 125 del Ministerio FRANKLIN EDUARDO CAPACE NIEVES procede a ordenar la Detención preventiva de los funcionarios antes mencionados por lo que les fue leídos sus derechos constitucionales.
Quedando evidenciado entonces que la obtención de la toma de muestra en las manos a WILL MONTES CHIRINOS, fue obtenida violentado (sic) las reglas del debido proceso; por lo que apreció y valoró una prueba obtenida ilícitamente conforme a nuestro ordenamiento jurídico; pero ello no queda tan sólo ahí; la sentencia deja sentado que surge probado por las pruebas técnicas de balística y planimetría, realizados por la prueba de la reconstrucción de los hechos, así como de los testimonios rendidos por los testigos anteriormente señalados, en donde se demostró que los agentes como se ha explicado, actuaron alevosamente con una condición de superioridad en relación a las víctimas, por las circunstancias de haberlos sorprendidos, y sin tener un motivo para tal acción, realizaron múltiples disparos, lo que incluye efectivamente a mi defendido HILL MONTES CHIRINOS como persona que accionó su arma; más sin embargo esa irrita e ilegal prueba de Análisis de Trazas de disparo practicada a él sin su consentimiento y estado en estado de detención sin saberlo, fue procesada por la experta CRISTINA COLINA, quien nunca acudió a la Sala de Juicio a ratificar la experticia por ellas realizada.
Así pues es necesario nuevamente mencionar jurisprudencia pronunciada por la Sala de Casación Penal de nuestro Tribunal Supremo de Justicia de fecha 23 de noviembre de 2004, en sentencia número 457 que con motivo de análisis de la prueba técnica in comento…
…De la misma manera encontramos criterio sostenido por la Sala de Casación Penal en sentencia número 404 del 02 de noviembre del 2004,…
Así pues las cosas se evidencia una flagrante violación por parte del Estado Venezolano a través del Juez Séptimo de Juicio quien inobservó la norma jurídica contenida en los artículos 197 sobre la licitud de la prueba en contravención de los establecido en nuestra Constitución artículos 46 y 49 ut-supra mencionados; con la materialización de esta infracción, se solicita la aplicación de la consecuencia jurídica contenida en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, y se anule la sentencia para la celebración de un nuevo juicio ante otro Juez de Juicio del mismo Circuito Judicial.
Titulo V.
Petitorio
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, solicitamos a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas se sirva DECLARAR CON LUGAR el presente Recurso de Apelación y anule la sentencia pronunciada por el Juez Séptimo de Juicio, por razones esgrimidas en el presente escrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución de 1999, y los artículos 452, numerales 2,3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el 457 ejusdem.

Seguidamente, el ciudadano ABG. RAÚL EDUARDO VELASCO ROJAS, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano FERNANDO JAVIER MORA ZAMORA, consignó ante el Tribunal de la Recurrida escrito recursivo, en los siguientes términos:

“…Capitulo Primero:
Debido Proceso Penal Constitucional.
…debemos acotar que la citada garantía tiene rango constitucional, no sólo porque los instrumentos internacionales antes citados lo consagran, sino porque también el Constituyente expresamente así lo señala en el encabezamiento del artículo 49 de nuestra Carta Magna, … solo entonces, se impone una sanción penal, cuando previamente se somete a procedimiento o debido proceso legal penal al presunto culpable.
Este debido proceso legal penal es una exigencia constitucional que además constituye garantía justicia, por eso vemos que los artículos 1º, 7º,8º,10º,12º,13º y 19º del COP (sic) nos reafirman que la Ley Adjetiva Penal Venezolana respeta las garantías y derechos constitucionales y los tratados sobre derechos humanos de los imputados, dentro del procedimiento penal, afirmaciones que obviamente se vulneraron en el procedimiento penal y posterior condena de mi representado, en la causa por la cual fue enjuiciado, que incluso demuestra un ejercicio desviado de los poderes de la Fiscalía, quien no fue en forma alguna objetiva, pues abandono su rol de titular de la acción penal en nombre del Estado, para convertirse en un simple “acusador” sin resguardo de su obligación de alegar lo favorable para el encausado, verbigracia no invocó la existencia de atenuantes como la ausencia de antecedentes penales en los encausados, ni solicitó pruebas para demostrar la inocencia de estos, ni pidió que se desestimara las pruebas de experticias realizadas, donde evidentemente las muestras tomadas se encontraban contaminadas, además de no haberse preservado las evidencias mediante una cadena de custodia efectiva y peor aún violó la dogmática procesal penal que impone la individualización de los autores o presuntos autores de los delitos que se les imputaron a los acusados.
Hechas las consideraciones que anteceden pasamos a fundamentar la apelación, no sin antes expresar que la sentencia será tratada para su impugnación por partes, a los fines de evidenciar que la resolución judicial de fondo fue obtenida en contravención a principios fundamentales del derecho procesal penal venezolano que constituyen a s u vez violaciones a derechos humanos.
CAPITULO SEGUNDO:
VIOLACIÓN DE NORMAS RELATIVAS A LA ORALIDAD.
…el artículo 338 del COPP establece el Principio de la Oralidad, en virtud del cual el sistema penal acusatorio tiene su basamento en la oralidad pues el contradictorio y la defensa en ausencia de este requisito sería nulo, por lo tanto, el artículo 14 ejusdem nos dice que el juicio será oral, y Juez de mérito al fallar solo tomará en cuenta los actos procesales que él presencie, por consiguiente éste, esta cerca de las partes y sus defensores técnicos para oír sus argumentaciones.
…en la sentencia de mérito el Juzgador AQUO NO SOLO, NO INCORPORÓ EN SU FALLO (PARTE NARRATIVA) LOS ALEGATOS QUE LA DEFENSA TÉCNICA DE NUESTRO REPRESENTADO REALIZO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, SINO QUE ADEMÁS NADA DIJO EN LA PARTE MOTIVA SOBRE LOS MISMOS, y cabe señalar además, que estos defensores técnicos no abandonaron la sede de la audiencia, pues esta circunstancia de haber ocurrido, obligaría a su reemplazo (artículo 332 del COPP). En efecto, el AQUO deja constancia de la presencia de los defensores técnicos (Abogs. Raúl Velazco y Flavio Veliz) y del imputado (Fernando Javier Mora Zamora), pero no da cuenta de los alegatos de los mismos, o argumentaciones de estas personas involucradas en el procesamiento penal, no obstante que las presencia, lo cual si hace en relación con los otros defensores de los encausados, violentando la oralidad que es el mecanismo vital del debate probatorio que determina la verdad jurídica del asunto en conflicto.
En los registros (art. 334 del COPP) realizados durante la audiencia oral consta que se hizo uso del derecho de argumentación oral en beneficio de nuestro representado, acto de parte, que la ser ignorado en el fallo definitivo constituye una violación al principio señalado que acarrea la nulidad del fallo por contradicción a los artículos 26 constitucional y 338 del COPP por disposición de los artículos 26 constitucional y 173 del COPP.
CAPITULO TERCERO
INMOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA CON RESPECTO
AL CIUDADANO FERNANDO JAVIER MORA ZAMORA.
…de conformidad con el ordinal 2º del artículo 452 del COPP, en concordancia con el artículo 173 ejusdem y 26 constitucional invocamos como fundamentos del recurso de apelación que la sentencia esta inmotivada como de seguidas demostraremos, porque el A-quo incumple los requisitos formales establecidos para la regularidad de los fallos previstos en el artículo 364 del COPP, para lo cual señalamos que:
1-.VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD PROCESAL PENAL. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA BAJO LA MODALIDAD DE OMISIÓN DE VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE ALEGATOS (FALTA DE MOTIVACIÓN). INCONGRUENCIA NEGATIVA.
1.1- Principio de la legalidad procesal y “alegaciones”
…el proceso penal venezolano tiene su fundamento constitucional y legal en el denominado “Principio de la Legalidad Penal”, en virtud del cual se estatuye la garantía que involucra que sean establecidas previamente por Ley, no solo las conductas definidas como “delictivas”, sino la delimitación de los procedimientos y competencias a que ha de ser sometido aquel a quien se impute la realización de un hecho punible (ordinal 6º artículo 49 Constitucional)
…Finalmente, cuando los ordinales 3 y 4 del artículo 364 del COPP imponen al Juez el deber de motivar de hecho y derecho sus fallos, le obligan a incluir la valoración de las alegaciones, es el debido proceso que el legislador estableció en garantía de los imputados, al momento de que se emitan fallos en materia penal, por lo que decimos que si éste (entiéndase el Juzgador) omite toda valoración sobre lo alegado, incurre en incongruencia negativa que además causa indefensión.
1.2- Violación al Derecho a la Defensa Bajo la Modalidad de Omisión de Valoración y Estimación de Alegatos.
…consideramos que se ha violado el derecho a la defensa en la presente causa, por cuanto el Juzgador AQUO NO SOLO, NO INCORPORÓ EN SU FALLO (PARTE NARRATIVA) LOS ALEGATOS QUE LA DEFENSA TÉCNICA DE NUESTRO REPRESENTADO REALIZÓ EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, SINO QUE ADEMÁS NADA DIJO EN LA PARTE MOTIVA SOBRE LOS MISMOS.
En efecto, el AQUO deja constancia de la presencia de los defensores técnicos (Abogs. Raúl Velazco y Flavio Veliz) y del imputado (Fernando Javier Mora Zamora), pero no da cuenta de los alegatos de los mismos, lo cual si hace en relación con los otros defensores de los encausados, conducta que incumple con el precepto del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente en nuestro país, que enuncia los requisitos que debe contener toda sentencia penal, precepto éste que deben acatar todos los Jueces al momento de dictar su fallo, en fin el A-quo negó la existencia de los alegatos esenciales de defensa de nuestro representado y obviamente que no resolvió con base a lo alegado y planteado en el procesamiento penal (vale la pena señalar que además de silenciar el alegato de defensa de nuestro representado, tampoco se pronunció sobre los alegatos de la defensa de los otros acusados).
En el acta del debate oral “que es un medio material que posibilita el control del juicio oral y público” encontramos que la defensa técnica de nuestro representado hizo uso del derecho a hacer alegatos circunstancia que se corrobora con la grabación del acto.
El Tribunal A–quo al momento de juzgar, incurre en el vicio de inmotivación de la sentencia, ya que en la misma no se señala la existencia de alegaciones en beneficio de nuestro representado, lo que constituye en violación al derecho a la defensa, incongruencia positiva y violación al debido proceso (artículo 49.1 constitucional, ordinales 3 y 4 del 364 del COPP y 49.3 constitucional) lo que acarrea la nulidad del fallo por disposición de los artículos 25 constitucional, 173, 190 y 191 del COPP).
2-.VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD PROCESAL PENAL. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA BAJO LA MODALIDAD DE INMOTIVACIÓN POR NO ESTABLECIMIENTO DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA CULPABILIDAD DE CADA UNO DE LOS IMPUTADO.
2.1 Violación al Principio de la legalidad procesal penal y establecimiento de los hechos constitutivos de culpabilidad:
…tal como se desprende del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, numerales 3º y 4º el Juez esta obligado a motivar su fallo, y ello incluye la determinación de los hechos constitutivos de la culpabilidad de cada uno de los imputados y no en forma global, como ocurrió en el caso de autos cuando el AQUO señala en su fallo lo siguiente:
“Respecto la calificación jurídica que hiciera el Ministerio Público, por lo hechos que le causaran las heridas a las ciudadanas Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Moreno García, este Tribunal considera que la misma es acertada al atribuirle a los ciudadanos JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, WIL RONALD MONTES CHIRINOS, JOSNEL JAIME, JUAN REYES, FERNANDO MORA, JESÚS ABREU, FRANK SERRADA, AMALIO BRAVO, OLIMPO BARILES, GERSON CARPIO, DANILO ANGULO, ALIRIO CAMEJO, JUAN APOSTOL ROMERO, CARLOS COISCOU PRADA, JOSÉ PEÑA CARRILLO, JORGE ESCALONA, FÉLIX MOTA y FRANKLIN GARCÍA MALDONADO, en la comisión la Complicidad Correspectiva en el delito de Homicidio Calificado Frustrado, por motivos fútiles e innobles; ya que al participar tantos agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno; así tenemos, que las circunstancias que agravan el acto de los agentes en el presente caso surge probado por las pruebas técnicas de la balística y planimetría,(…)
En cuanto a la culpabilidad de los acusados JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, WIL RONALD MONTES CHIRINOS, JOSNEL JAIME, JUAN REYES, FERNANDO MORA, JESÚS ABREU, FRANK SERRADA, AMALIO BRAVO, OLIMPO BARILES, GERSON CARPIO, DANILO ANGULO, ALIRIO CAMEJO, JUAN APOSTOL ROMERO, CARLOS COISCOU PRADA, JOSÉ PEÑA CARRILLO, JORGE ESCALONA, FÉLIX MOTA y FRANKLIN GARCÍA MALDONADO, no cabe ninguna duda de la participación de los mismos en los hechos acaecidos en fecha 27-06-05, en el sector Kennedy, toda vez que los mismos eran integrantes de una comisión que se había traslado (sic) a dicho sector (…) lo cual se verificó a través de la copia certificada del libro de novedades de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Inteligencia Militar ya que se deja constancia que el día 27 de junio siendo las 18:30 horas salen de comisión los funcionarios INSPECTOR (DIM) PEÑA PEÑA JOSÉ ANTONIO, INSPECTOR (DIM) MOLINA GENDRYS ENRIQUE, SUB-INSPECTOR (DIM) MONTE CHIRINOS WILL RONALD, SUB INSPECTOR (DIM) MAURERA CENTENO JORGE LUIS, SUB – INSPECTOR (DIM) SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL, SUB – INSPECTOR (DIM) JAIME SOSA YOSNEL DE JESÚS, AGENTE (DIM) REYES RUIZ JUAN CARLOS, AGENTE I (DIM) AGUILERA YURELIS JOSÉFINA, AGENTE I (DIM) MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, AGENTE II (DIM) ABREU OQUENDO JESÚS ALBERTO, AGENTE II (DIM) SERRADA FRANK ALBERTO, AGENTE III (DIM) GONZÁLEZ BRUZUELA GREICY BADIANA, adscritos a la Dirección de Investigaciones, SUB- INSPECTOR (DIM) BRAVO GARCÍA AMELIO RAFAEL, SUB–INSPECTOR (DIM) BARILE SÁNCHEZ OLIMPIO, SUB–INSPECTOR (DIM) CARPIO HENRIQUEZ GELSON ALEXANDER, SUB– INSPECTOR (DIM) ANGULO URBINA DANILO ALFONSO adscritos a la Región Capital, SUB- INSPECTOR (DIM) FLORES EDWIN MANUEL, SUB–INSPECTOR (DIM) CAMEJO ALIRIO JOSÉ, SARGENTO PRIMERO (DIM), ARRIETA JIMENEZ ALEXANDER GERARDO adscritos a la Dirección General y los efectivos de la Guardia Nacional C/1ro APOSTOL ROMERO JUAN CARLOS, C/1ro COISCOU PRADA CARLOS FELIPE al mando de los oficiales MAYOR DEL EJERCITO JOSÉ PEÑA CARRILLO, TENIENTE DE NAVIO (DIM) ESCALONA ESSA JORGE ELPIDIO, a los sectores Macario, Caricuao y Kennedy, (…)” …
En lo concerniente al delito de Uso Indebido de Arma De Fuego, atribuidos a los acusados PEÑA CARRILLO JOSÉ BALDOMERO, ESCALONA ESAA JORGE ELPIDIO, ABREU OQUENDO JESÚS ALBERTO, MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, SERRADA FRANK ALBERTO, BARILE SÁNCHEZ OLIMPIO, CARPIO HENRÍQUEZ GELSON ALEXANDER, PEÑA PEÑA JOSÉ ANTONIO, SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL, CAMEJO ALIRIO JOSÉ, MOLINA GENDRYS ENRIQUE, JAIME SOSA YOSNEL DE JESÚS, FLORES EDWIN MANUEL, ARRIETA JIMÉNEZ ALEXANDER GERARDO, REYES RUIZ JUAN CARLOS, MAURERA CENTENO JORGE LUIS, COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, MONTE CHIRINOS WILL RONALD, APOSTOL ROMERO JUAN CARLOS, ANGULO URBINA DANILO ALFONSO, BRAVO GARCÍA AMALIO RAFAEL, MARTÍNEZ MOTA FÉLIX ALBERTO y GARCÍA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ, por los Representantes del Ministerio Público, considera este Tribunal Unipersonal, quedo plenamente demostrado en el debate que los antes mencionados acusados son funcionarios policiales y militares en servicio, con amplio conocimiento en el uso de las armas, que fueron instruidos y autorizados por el Estado Venezolano, a los fines de utilizar las mismas en defensa, resguardo, protección de los ciudadanos que habitan dentro del territorio y en legitima, cuando corra riesgo su propia vida, sin embargo, durante el desarrollo del juicio oral y público, se evidenció que los prenombrados no hicieron uso de sus armas en ninguno de estos casos para los cuales estaban autorizados por el Estado…”
Sobre estas conductas de los juzgadores de Instancia, se ha dicho que ello constituye “inmotivación”, debiendo el sentenciador expresar su libre convicción aplicando el método de la sana crítica que implica observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias en la que el Juez tiene la libertad de apreciar las pruebas, pero explicando las razones que lo llevan a tal convencimiento para tomar su decisión, para lo cual traemos criterio reiterado de la Sala Penal que señala que “ es cierto que el sistema de la libre convicción o sana critica adoptado por nuestro proceso penal significa que el Juez tiene el deber y la libertad de apreciar y asignarle el valor a los elementos de prueba reproducidos en el juicio, el establecimiento de los hechos debe partir del razonamiento empleado a los medios de pruebas practicados para lo cual se cuenta con una serie de normas señaladas en el Código Orgánico Procesal Penal que permiten al juez valerse de cualquier medio idóneo ilícito para fundar suficientemente su decisión…”
…Nulidad de la sentencia por Violación al Derecho a la Defensa Bajo la Modalidad de Inmotivación en la determinación de los hechos constitutivos de culpabilidad de nuestro representado y de cada uno de los co – imputados, por Violación al debido proceso y a normas de orden público procesal penal que establecen los requisitos de la sentencia.
...consideramos que se ha violado el derecho a la defensa que en la presente causa, por cuanto el Juzgador AQUO NO INDIVIDUALIZO LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA CULPABILIDAD DE NUESTRO REPRESENTADO SINO QUE LO HIZO IN GENERE. Consideramos que se viola el derecho a la defensa contemplado en el artículo 49 numeral 1º, constitucional porque no se le señala al condenado las razones por las cuales se le juzgo, lo que no le permite determinar en que se baso la sentencia expedita por el Juzgador para declararlo culpable de los delitos imputados lo que a su vez viola el debido proceso contemplado en el artículo 49 constitucional numeral 3º, porque por mandato del artículo 364 numerales 3º y 4º el Juez en el acto de sentenciar debe motivar su decisión, y en el caso en cuestión no lo hace, silenciando los motivos determinantes de la condena para con nuestro representado.
…es nula sentencia del A-quo en virtud de la norma 25 constitucional y 173, 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, por violar el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso por inmotivación en la determinación de los hechos constitutivos de culpabilidad y alegaciones en beneficio de nuestro representado.
3-. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD PROCESAL PENAL. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA BAJO LA MODALIDAD DE OMISIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO (INMOTIVACIÓN QUE IMPIDE CONTROLAR LA CONGRUENCIA ENTRE SENTENCIA Y ACUSACIÓN).
…el artículo 363 del COPP ordena que la sentencia de condena debe ser congruente entre “sentencia y acusación”, porque esta no puede sobrepasar los hechos y circunstancias descritos en la acusación y el auto de apertura a juicio, no obstante en el texto de la sentencia, que por mandato constitucional debe bastarse a sí misma…
…para hacer un absoluto control de la legalidad de l sentencia, y específicamente de la congruencia de la misma el Juez debe necesariamente transcribir los hechos que le fueron imputados al acusado por el Ministerio Público, porque estos no se pueden variar en perjuicio del encausado bien por el sujeto activo de la acusación, bien por el Tribunal durante el proceso, de allí que decimos que durante el proceso acusatorio debe observarse una estricta correspondencia entre hecho imputado, hecho juzgado y hecho sentenciado.
…la congruencia de la sentencia exige que ésta sea exhaustiva, porque debe resolver todas las cuestiones del juicio, así condenará lo peticionado por la Fiscalía o absolverá en su lugar, pero al no poderse saber que fue lo imputado y como lo fue, tampoco podemos determinar el juicio lógico de valoración que hace el A-quo para arribar a las conclusiones a las que llego contra nuestro representado.
Si la acusación es presupuesto fundamental del proceso acusatorio, la congruencia de lo sentenciado con ésta, es presupuesto fundamental de regularidad de la sentencia, de tal manera que es imposible en la forma en que se redacto el fallo cuestionado ejercer un control sobre la globalidad de la decisión, porque el Principio de Congruencia responde al sistema de garantías del proceso, pues esta orientado a proteger los derechos de los litigantes, lo que involucra una violación a la seguridad jurídica y al derecho a la defensa, que acarrea la nulidad del fallo por disposición de los artículo 25 constitucional y 173, 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal.
4-. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD PROCESAL PENAL. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA BAJO LA MODALIDAD DE OMISIÓN DE VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE PRUEBAS (FALTA DE MOTIVACIÓN). CONGRUENCIA NEGATIVA.
…la actividad mental a la que están obligados los jueces para determinar el grado de certeza que emerge de un medio probatorio, con miras a tomarse una decisión con respecto al objeto del proceso, no existe en la sentencia dictada por el Juez de Juicio de Cabimas.
De modo que, al evidenciarse una decisión carente de una debida fundamentación, y en aras del principio de tutela judicial efectiva, según el cual no sólo se garantiza el derecho a obtener de los tribunales una sentencia o resolución, y el acceso al procedimiento, a la utilización de recursos y la posibilidad de remediar irregularidades procesales determinantes de indefensión, éste, también debe garantizar una motivación suficiente, una decisión judicial razonada sobre todas las pretensiones deducidas que exterioricen el proceso mental conducente a su parte dispositiva…
Hacemos tal afirmación, porque el A-quo en su fallo en forma alguna relaciona y concatena todos los elementos probatorios que cursan en autos, ni tampoco establece cuales no serán objeto de ponderación, así por ejemplo silencia que valor le esta dando a la prueba de ATD, la cual por cierto fue atacada por irregular o incoducente en los actos conclusivos por los apoderados de los imputados (verbigracia Abogado ANTONIO BARRIOS ABAT), o a la recolección de los objetos personales de los imputados (locker – casilleros), que además fueron recolectados violando los procedimientos de la cadena de custodia de las pruebas, a la ausencia de reconocimiento de nuestro representado en las testimoniales, en fin, el A-quo no apreció algunos de los elementos probatorios promovidos y evacuados, e incumple entonces con su obligación de hacer un resumen de las pruebas relevantes del proceso lo que “supone la inserción del fallo del contenido esencial y análisis de cada uno de los elementos de convicción procesal, relacionados y comparados entre sí; en caso contrario las partes se verían impedidas de conocer si el juzgador escogió sólo parte de ellas, prescindiendo de las que contradigan a éstas, para sí lograr el propósito requerido, y finalmente no saber si ha impartido justicia con estricta sujeción a la ley lo que da lugar a la nulidad del fallo por violación de los artículos 26, 49 numerales 1º y 3º y 257 constitucional, que acarrea a su vez violación de los artículos 197, 198 y 199 del COPP, y por ende la nulidad de l fallo de conformidad con los artículos 25 constitucional y 173, 190 y 191 del COPP.
5-. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD PROCESAL PENAL. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA BAJO LA MODALIDAD DE OMISIÓN DE VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN LEGAL DE PRUEBAS (FALTA DE MOTIVACIÓN).
…por mandato de los ordinales 3 y 4 del artículo 346 del COPP, la sentencia debe tener una motivación o fundamentación jurídica como presupuesto indispensable para considerar que el Juez a resuelto según las leyes (secundum legem) y atendiendo al sistema de fuentes doctrinales y jurisprudenciales preexistentes. Por eso se dice que la prueba debe ser elevada al proceso en conformidad por los preceptos legales que las regulan.
…A lo largo del fallo de todo el fallo, el cual es totalmente incomprensible, el Juez va dando por demostrado y valorando elementos probatorios sin explicar las razón jurídica en virtud de la cual adopta su resolución y mucho menos sin hacer la cita de la disposición legal pertinente que le permite fundamentar su fallo, vicio que acarrea la nulidad del fallo porque viola la tutela judicial efectiva al contrariar los artículos 137, ordinales 1º y 3º, del artículo 49 constitucionales y ordinales 3º y 4º del artículo 364 del COPP, por disposición de los artículos 25 constitucional y 173, 190 y 191 del COPP.
CAPITULO CUARTO
INMOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIA. VICIO DE PETICIÓN DE PRINCIPIOS.
…de conformidad con el ordinal 2º del artículo 452 del COPP, invocamos como fundamento del recurso de apelación que la sentencia esta inficionada del vicio conocido en doctrina como petición de principios. Se incurre en inmotivación cuando al a analizar las pruebas los sentenciadores afirman la existencia de ciertos hechos sin señalar las rozones que le permitieron llegar a su conclusión.
…este vicio de petición de principios como inmotivación en la valoración de las pruebas, adquiere mayor relevancia en la motivación de la prueba testimonial cuando no señala la sentencia el contenido de la “declaración” especifica de cada testigo que le permitió al sentenciador dar por probado los hechos, lo que obliga en todo caso a leer las actas procesales y que la sentencia no se baste así misma (“…En tal sentido, cabe señalar que los testimonios…” pág 47), en consecuencia decimos que la sentencia es nula por no cumplir con los ordinales 3º y 4º del artículo 364 del COPP.
CAPITULO QUINTO
LA MOTIVACIÓN DEL FALLO SE FUNDA EN PRUEBA OBTENIDA ILEGALMENTE.
…de conformidad con el ordinal 2º del artículo 452 del COPP, invocamos como fundamento del recurso de apelación que la sentencia se sustenta como de seguidas demostraremos, sobre prueba obtenida inconstitucional e ilegalmente.
En efecto para determinar la culpabilidad de nuestro representado FERNANDO JAVIER MORA ZAMORA en el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA…
…De la anterior motivación se desprende que las pruebas utilizadas en contra de nuestro representado son: a) copia certificada del libro de novedades de la Dirección General de Inteligencia Militar; y , b) novedades de fecha 27 y 28 de Junio del 2005 de la Sub-delegación de Caricuao, “probanzas” que obviamente no tienen el carácter de tales a la luz del derecho probatorio constitucional.
…existe una regulación legal del procedimiento probatorio, el cual se base en una ordenación de los requisitos para la validez de las pruebas en cuanto a tiempo, lugar, modo de aportación y producción de las mismas, condicionada por los artículos 26, 49 y 257 constitucional, que impide la arbitrariedad en esta materia.
Si bien el COPP nos habla de los requisitos de la actividad probatoria, éste no dedica capítulo especial a los documentos públicos o privados, lo que obliga a que esta materia regule por los distintos textos legales que puedan suplir las deficiencias de esta materia en la ley adjetiva penal. Debemos iniciar por señalar que la Dirección General de Inteligencia Militar esta adscrita al Ministerio de la Defensa, y por tanto este Ministerio forma parte de la Administración Pública Nacional, por lo que la organización y funcionamiento del mismo, se encuentra regulada en la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP), por lo que toda actuación de cualquier dependencia de este Ministerio, debe sujetarse a lo establecido en esta Ley.
En este orden de ideas un “libro de novedades o las novedades”, no gozan del carácter ni de documento público ni de documento privado, en el sentido que les otorga el Código Civil o el Código de Procedimiento Civil, porque éstas (las novedades) contienen testimonios de funcionarios públicos que declaran sobre algunos hechos ocurridos o datos de los cuales tienen conocimientos por haberlos presenciado por motivo de sus funciones, y los mismo reciben el nombre de certificaciones de mera relación, y están prohibidas expresamente por el artículo 170 de la LOAP (artículo 198 del COPP).
Aunado a que estos libros de novedades, no son archivos públicos, son libros comunes que constituyen simples documentos privados, cuya copia jamás podrá ser certificada por así prohibirlo el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil venezolano, de tal manera que se reitera que estas copias no tenían ningún valor probatorio.
…es “…cierto que el sistema de la libre convicción o sana critica, adoptado por nuestro proceso penal, significa que el juez tiene el deber y la libertad de apreciar y asignarle el valor a los elementos de prueba reproducidos en el juicio, pero no de manera arbitraria, como sucede en el presente caso, sino que debe hacerlo de forma razonada. El establecimiento de los hechos debe partir del razonamiento empleado a los medios de pruebas practicados, para lo cual se cuenta con una serie de normas señaladas en el Código Orgánico Procesal Penal, que permiten al juez valerse de cualquier medio idóneo lícito para fundamentar suficientemente su decisión…”
De lo dicho anteriormente, concluimos que fundamentándose en una prueba prohibida el A-quo condena a nuestro representado por el delito señalado, ello constituye violación de los artículos 26, 49 numerales 1º y 3º, y 257 constitucional, que acarrea a su vez violación de los artículos 197, 198 y 199 del COPP, y por ende nulidad del fallo de conformidad con los artículos 25 constitucional y 173, 190 y 191 del COPP.
CAPITULO SEXTO.
VIOLACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE LA INOCENCIA, AUSENCIA DE PRUEBAS.
…la presunción de inocencia nos dice que todo ciudadano debe ser tratado como inocente y la destrucción de esta “presunción constitucional” de inocencia se logra a través de la obtención licita de pruebas que no den lugar a duda razonable sobre la culpabilidad de los encausados. En el caso de autos el sentenciador de juicio se limita a expresar, que conforme a la sana crítica, reglas de la lógica, conocimientos científicos y las máximas de experiencia da por demostrado los elementos que componen el delito, así como también la calificación del hecho demostrado, pero no alcanza a manifestar en su fallo, en qué consiste la valoración de la prueba, ni como influyen los medios de prueba sobre la decisión tomada.
En efecto en el caso de nuestro representado el uso indebido de arma de fuego lo sustenta el A-quo en lo “…expuesto en Sala de Audiencia por el experto Rubén Villamizar, quien asevero haber practicado en el dorso de ambas manos de los ciudadanos quien en vida respondieran a los nombres de Erick Montenegro, Leonardo González y Edgar Quintero, así como de las ciudadanas Danitza Buitriago, Elizabeth Rosales e Irúa Moreno, análisis de trazas de disparo, a los fines de detectar la presencia de bario, antimonio y plomo, elementos de sólo caso específico de las seis víctimas anteriormente señaladas, dichos análisis resultaron negativo, con lo que se demuestra que dichas personas no accionaron armas de fuego; por esta razón este juzgador aplica el principio fundamental de inmediación y concentración que se unen con las máximas de experiencias, de allí el veredicto de culpabilidad sobre la base de los argumentos anteriores, en contra de los precitados ciudadano, en la comisión del delito de Uso Indebido De Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 281, conforme al artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal …” razonamiento inadmisible a todas luces para demostrar este tipo de delito pues el hecho de que las victimas no hubieren disparado, no significa que nuestro representado lo haya hecho, o que hubiera estado en el lugar de los hechos (nadie lo ubica en el lugar de los hechos) o que de alguna manera hubiere incubierto a sus compañeros.
…para destruir la presunción de inocencia el Juez debió adminicular las pruebas, valorarlas y determinarlas, pero al no existir material probatorio incriminatorio, y las pocas probanzas obtenidas constituyen apenas meros indicios, el Juez debió absolver a nuestro representado, por lo cual la sentencia es violatoria del ordinal 2º del artículo 49 constitucional al no haberse destruido la presunción de inocencia de nuestro representado más allá de la duda razonable, nulidad ordenada por el artículo 25 constitucional…”.

El ciudadano ABG. LUIS EDGARDO VILLANUEVA TORRES, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano JORGE LUIS MAURERA CENTENO, apeló de la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, indicando literalmente como puntos de impugnación los siguientes:

“…PRIMERA DENUNCIA
LA DEL ART. 452 ORDINAL 1º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Violación de normas relativas a la Oralidad, Inmediación, Concentración y Publicidad del Juicio”; desacuerdo a los hechos que se narran a continuación:
En fecha Veintinueve (29) de Agosto del presente año 2.006; el Ciudadano Juez Séptimo (7º) de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al cierre de la Continuación de la Audiencia de la Audiencia del Juicio de la presente Causa decretó que PRESCINDÍA DEL RESTO DE LAS PRUEBAS QUE FALTABAN POR EVACUARCE (SIC), basando su derecho en atención a lo dispuesto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal ; cerró con un golpe de mallete en el escritorio y se retiró del recinto sin dar oportunidad a la defensa o al Ministerio Público de ejercer los recursos pertinentes, Violando el principio fundamental del derecho a la defensa, el principio de Oralidad que viene dado por la subsecuente violación de lo establecido en el Artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuando dentro de las pruebas que faltaban por evacuarse se encontraban testimonios de Testigos y de EXPERTOS, en especial el testimonio del experto Cristina Colina, quien fue promovida por la representación Fiscal y fue ésta uno de los expertos quien practico y suscribió los informes de los análisis de Trazas de Disparo de mi defendido y quien a su vez es la máxima autoridad en la materia por ser la Jefe del Laboratorio Microbiológico Policial del CICPC y que su testimonio era necesario a fin de que ratificara sus experticias; testimonio que no se llevó a cabo, por la actitud temeraria del Ciudadano Juez de Prescindir de las Pruebas.
Es así como denunciamos que el Juez 7º de Junio (sic), violó el Principio de Oralidad dispuesto en el Artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual consta en el acta de debate, que en efecto, ante la incomparecencia de los testigos expertos propuestos en la acusación, el Juez de Juicio NO aplicó el referido Artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, que le ordena al Juez Presidente la conducción por la fuerza pública de los testigos y expertos oportunamente citados, y la solicitud a quien lo propuso de que le colabore con tal diligencia, NUNCA LIBRÓ LAS BOLETAS DE CITACIÓN, sólo se limitó a constatar con la secretaria si había algún experto o testigo presente u en anteriores oportunidades sólo se limitaba a instar al Ministerio Público a que hiciera comparecer a los testigos, pero que oportunamente, a fin de procurar su comparecencia obligatoria debió emitir la orden expresa a los organismos policiales (fuerza pública), de lo cual se colige, que es deber del Juez Presidente, como Director del proceso, procurar la comparecencia de los testigos promovidos por cualquiera de las partes, con su colaboración, y más aún con la Fuerza Pública…
Es así como la obligatoriedad de la comparecencia de los Expertos a la audiencia del debate oral y público se encuentra en el Artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal…
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que solicitamos que mi defendido sea absuelto en la presente causa y a todo evento sea ANULADA la sentencia recurrida y se ORDENE la celebración de un nuevo juicio oral y público.
SEGUNDA DENUNCIA:
LA DEL ARTÍCULO 452 ORDINAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida y legalmente (sic) o incorporada con violación a los principios del juicio oral”; deacuerdo (sic) a los hechos que se narra a continuación:
Por la falta de motivación ya que el tribunal que dicta la sentencia NO MOTIVÓ, en el caso de mi defendido en que consistieron los motivos fútiles e innobles, porque (sic) no determina ni precisa en circunstancias de tiempo modo y lugar la participación de mi defendido o perpetración del hecho que se le atribuye y por el cual se le acusa, por cuanto no detalla los hechos con claridad ni hace referencia de la situación especial de mi defendido quien desde que comenzó la persecución hasta que finalizaron los hecho con tan terrible resultado, el ciudadano JORGE LUIS MAURERA CENTENO, plenamente identificado en los autos, no se encontraba en le lugar donde ocurrieron tales hechos ya que se encontraba junto con otros funcionarios, en un sitio o sector denominado Santa Cruz, lo cual fue demostrado en la reconstrucción de los hechos y fue obviado en la sentencia por el Juez de Juicio, no describiendo las cuales (sic) son esos hechos por motivos fútiles o (sic) innobles sin expresar, con la debida claridad, los hechos que a su juicio, estimó acreditados. De la sentencia in comento, puede observarse que el juzgador comienza con varios puntos previos de situaciones presentadas en la audiencia de Juicio; posteriormente continua transcribiendo el CAPITULO I como HECHOS y CIRCUNSTANCIAS OBJETOS DEL JUICIO, donde recoge los hechos objeto de la acusación Fiscal y los medios de prueba que la sustentan, para luego señalar el CAPÍTULO II de LOS HECHOS ACREDITADOS EN LA AUDIENCIA y las pruebas que fueron evacuadas durante el debate, transcribiendo, parcialmente su contenido. Asimismo, se expresan las conclusiones tanto del Ministerio Público como de la defensa y, finalmente, en lo que respecta a los FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO (MOTIVA); de la decisión, el sentenciador al momento de determinar los hechos que estimó acreditados, se limita, en principio a hacer una serie de reflexiones acerca del “Estado de Justicia” y el papel del Juez dentro de ese Estado, para luego efectuar un análisis acerca de la comprobación del delito y de la falta de pruebas que demuestren la culpabilidad de los acusados. Tal análisis a juicio de ésta representación de la defensa, resulta a todas luces impreciso e inconsistente…
Por lo que, tal decisión, carece de las formalidades exigidas en el Código Orgánico Procesal Penal en su Artículo 364 Numeral 3; puesto que como lo señala en los dos párrafos anteriores surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno de ellos y por ende igualmente No se determinan las circunstancias de tiempo modo y lugar de manera precisa y circunstanciada de la participación de mi defendido JORGE LUIS MAURERA CENTENO en tales hechos, aunado que en los párrafos anteriores, que son extracto de la sentencia, NO SE HACE MENCIÓN DE MI DEFENDIDO; por lo que mal pudiera posteriormente en la sentencia el Juzgador y sentenciador atribuirles esos delitos por los cuales se le pretende acusar y sentenciar.
Así mismo se recurre en esta denuncia a lo que refiere a las pruebas obtenidas ilegalmente ya que en fecha 11 de Julio del 2006, en la continuación de la audiencia de Juicio de la presente causa se presento (sic) ante la sala de audiencia el Experto: RUBÉN DARÍO VILLAMIZAR PIÑANGO…experto promovido por los representantes del Ministerio Público…
Todas las respuestas constan en la sentencia y en el acta de Juicio Oral de la cual se desprende claramente que existen serios indicios que la prueba del ATD fue obtenida de manera ilegal ya que quedo (sic) manifestado por el funcionario RUBÉN DARÍO VILLAMIZAR PIÑANGO, que al momento de hacer la colecta de las pruebas NO se encontraban presente ningún abogado que representara a los imputados violándose flagrantemente lo establecido ene l Artículo 125 Numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal y en concordancia con el artículo (sic) 197 ejusdem, pues mi representad no contaba con la asistencia de un abogado de su confianza o de un defensor público que presenciare la toma de la muestra del ATD, por lo que la prueba fue obtenida ilícitamente menoscabando uno de sus derechos fundamentales, como lo es el estar asistidos por abogados desde el inicio del procedimiento.
Igualmente la ilicitud de la prueba trasciendo en lo que se refiere a la persona que la realiza debido a que el funcionario RUBÉN VILLAMIZAR, antes identificado, NO es experto puesto a que no se encuentra acreditado como tal debido a que de los conocimientos que dice tener fueron adquiridos porque HIZO un curso en la UCV a nivel de post grado y fue más que todo como oyente, es decir NO fue un estudio formal ni obtuvo acreditación alguna por lo que contraviene lo dispuestos en el Artículo (sic) 238 del COPP, en lo que refiere a los peritos y Expertos.
Así mismo, es de hacer notar que la prueba de Experticia de ATD, no cumple con lo establecido en el Artículo (sic) 237 del Código Orgánico Procesal Penal puesto que para realizar una experticia se requiere conocimiento y habilidades en alguna ciencia, arte u oficio; aunado a que la ilicitud de la prueba queda más afirmada cuando la misma le fue violada la cadena de custodia ya que fue practicada fuera de las instalaciones del laboratorio de Microbiología del CICPC, por cuanto el funcionario antes mencionado manifestó que la misma se había realizado los análisis en la fundación Vía los Teques, en la sede del IUTEC, debido a que Actualmente en el despacho no estaba funcionado el Microscopio para realizar la prueba en cuestión, contraviniendo los principios de la cadena de custodia y hecho este que le fue ocultada a la defensa y que el Ministerio Público desconocía, ya que de manera igual Nos enteramos ese día de dicha situación por los dichos del Funcionario declarante.
Así mismo queda demostrada la ilicitud de la prueba cuando el prenombrado funcionario, expresa a la pregunta relativa a la obtención de las muestras de ATD de cuantas pulsaciones deben realizarse y del procedimiento…
TERCERA DENUNCIA:
LA DEL ARTÍCULO 452 ORDINAL 3º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que causen indefensión”; de acuerdo a los hechos que se narran a continuación:
Que en fecha Veintinueve (29) de Agosto del presente año 2.006; el Ciudadano Juez Séptimo (7º) de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al cierre de la Continuación de la Audiencia de la Audiencia del Juicio de la presente Causa decretó que PRESCINDÍA DEL RESTO DE LAS PRUEBAS QUE FALTABAN POR EVACUARCE (SIC), basando su derecho en atención a lo dispuesto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal; cerró con un golpe de mallete en el escritorio y se retiró del recinto sin dar oportunidad a la defensa o al Ministerio Público de ejercer el recurso de REVOCACIÓN, sobre tal decisión, de conformidad a lo establecido en el Artículo (sic) 444 del titulo (sic) II del Código Orgánico Procesal Penal y en atención a las formalidades contenidas en el Artículo (sic)445 del citado Código, por lo que esta defensa considera que se violo (sic) el debido proceso a que se contrae el artículo (sic) 49 de la Constitución Nacional y el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal y por ende creo (sic) el estado de indefensión a los (sic) acusados por cuanto la actitud esgrimida por el Juez fue apresurada y no dio la oportunidad a (sic) al defensa y ala (sic) ministerio (sic) público(sic) de ejercer los recursos correspondientes y consta tal situación en las actas del debata (sic) de la audiencia oral y publica u en las reproducciones Videográficas de la presente causa signada con el Nº. 358-06 y que fue obviado por el ciudadano Juez hacer mención de tal situación en la Sentencia; de lo cual puede dar fe las partes intervinientes en la referida audiencia como lo es los abogados de la defensa y los representantes del ministerio (sic) público (sic) a quienes promuevo como testigos y solicito se les tome las declaratorias debidas a este hecho en la oportunidad legal correspondiente.
Así mismo denunciamos en este acto la Violación del derecho a la defensa y al debido proceso desde el Inicio del procedimiento ya que en la Segunda Denuncia se hizo mención de las respuestas dadas, en la audiencia de juicio, por el Funcionario RUBÉN DARÍO VILLAMIZAR PIÑANGO, que al momento de hacer la colecta de las pruebas NO se encontraban presente ningún abogado que representara a los imputados… lo que para ese momento estaba violándose flagrantemente lo establecido en el Artículo 125 Numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal y en concordancia con el artículo (sic) 197 ejusdem, pues mi representado no contaba con la asistencia de un abogado de su confianza o de un defensor público que presenciare la toma de la muestra del ATD, por lo que la prueba fue obtenida ilícitamente menoscabando uno de sus derechos fundamentales a su defensa, como lo es el estar asistidos por abogados desde el inicio del procedimiento.
Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos a este Juzgado decrete la ABSOLUTORIA de mi defendido y a todo evento se deje SIN EFECTO y que sea ANULADA la sentencia recurrida por (sic) y se ordene la celebración de nuevo Juicio Oral y Público.
CAPÍTULO III
Por todas las denuncias anteriormente expuestas, con su respectiva fundamentación de hecho y de derecho, la cual aquí ratificamos, es por lo que solicitamos a este Juzgado decrete la ABSOLUTORIA de mi defendido y a todo evento se deje SIN EFECTO y que sea ANULADA la sentencia recurrida y se ordene la celebración de un nuevo Juicio Oral y Público; así mismo pido que el presente escrito de apelación de la Sentencia sea admitido, sustanciado conforme a derecho y apreciado en su totalidad en la definitiva con todos los pronunciamientos de Ley…”.

El ciudadano ABG. LUIS EDGARDO VILLANUEVA TORRES, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano JUAN CARLOS APOSTOL ROMERO, apeló de la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, indicando literalmente como puntos de impugnación los siguientes:

“…PRIMERA DENUNCIA
LA DEL ART. 452 ORDINAL 1º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Violación de normas relativas a la Oralidad, Inmediación, Concentración y Publicidad del Juicio”; desacuerdo a los hechos que se narran a continuación:
En fecha Veintinueve (29) de Agosto del presente año 2.006; el Ciudadano Juez Séptimo (7º) de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al cierre de la Continuación de la Audiencia de la Audiencia del Juicio de la presente Causa decretó que PRESCINDÍA DEL RESTO DE LAS PRUEBAS QUE FALTABAN POR EVACUARCE (SIC), basando su derecho en atención a lo dispuesto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal ; cerró con un golpe de mallete en el escritorio y se retiró del recinto sin dar oportunidad a la defensa o al Ministerio Público de ejercer los recursos pertinentes, Violando el principio fundamental del derecho a la defensa, el principio de Oralidad que viene dado por la subsecuente violación de lo establecido en el Artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuando dentro de las pruebas que faltaban por evacuarse se encontraban testimonios de Testigos y de EXPERTOS, en especial el testimonio del experto Cristina Colina, quien fue promovida por la representación Fiscal y fue ésta uno de los expertos quien practico y suscribió los informes de los análisis de Trazas de Disparo de mi defendido y quien a su vez es la máxima autoridad en la materia por ser la Jefe del Laboratorio Microbiológico Policial del CICPC y que su testimonio era necesario a fin de que ratificara sus experticias; testimonio que no se llevó a cabo, por la actitud temeraria del Ciudadano Juez de Prescindir de las Pruebas.
Es así como denunciamos que el Juez 7º de Junio (sic), violó el Principio de Oralidad dispuesto en el Artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual consta en el acta de debate, que en efecto, ante la incomparecencia de los testigos expertos propuestos en la acusación, el Juez de Juicio NO aplicó el referido Artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, que le ordena al Juez Presidente la conducción por la fuerza pública de los testigos y expertos oportunamente citados, y la solicitud a quien lo propuso de que le colabore con tal diligencia, NUNCA LIBRÓ LAS BOLETAS DE CITACIÓN, sólo se limitó a constatar con la secretaria si había algún experto o testigo presente u en anteriores oportunidades sólo se limitaba a instar al Ministerio Público a que hiciera comparecer a los testigos, pero que oportunamente, a fin de procurar su comparecencia obligatoria debió emitir la orden expresa a los organismos policiales (fuerza pública), de lo cual se colige, que es deber del Juez Presidente, como Director del proceso, procurar la comparecencia de los testigos promovidos por cualquiera de las partes, con su colaboración, y más aún con la Fuerza Pública…
Es así como la obligatoriedad de la comparecencia de los Expertos a la audiencia del debate oral y público se encuentra en el Artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal…
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que solicitamos que mi defendido sea absuelto en la presente causa y a todo evento sea ANULADA la sentencia recurrida y se ORDENE la celebración de un nuevo juicio oral y público.
SEGUNDA DENUNCIA:
LA DEL ARTÍCULO 452 ORDINAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida y legalmente (sic) o incorporada con violación a los principios del juicio oral”; de acuerdo a los hechos que se narra a continuación:
Por la falta de motivación ya que el tribunal que dicta la sentencia NO MOTIVÓ, en el caso de mi defendido en que consistieron los motivos fútiles e innobles, porque (sic) no determina ni precisa en circunstancias de tiempo modo y lugar la participación de mi defendido o perpetración del hecho que se le atribuye y por el cual se le acusa, por cuanto no detalla los hechos con claridad ni hace referencia de la situación especial de mi defendido quien desde que comenzó la persecución hasta que finalizaron los hecho con tan terrible resultado, el ciudadano JUAN CARLOS APOSTOL ROMERO, plenamente identificado en los autos, no se encontraba en le lugar donde ocurrieron tales hechos ya que se encontraba junto con otros funcionarios, en un sitio o sector denominado Santa Cruz, lo cual fue demostrado en la reconstrucción de los hechos y fue obviado en la sentencia por el Juez de Juicio, no describiendo las cuales (sic) son esos hechos por motivos fútiles o (sic) innobles sin expresar, con la debida claridad, los hechos que a su juicio, estimó acreditados. De la sentencia in comento, puede observarse que el juzgador comienza con varios puntos previos de situaciones presentadas en la audiencia de Juicio; posteriormente continua transcribiendo el CAPITULO I como HECHOS y CIRCUNSTANCIAS OBJETOS DEL JUICIO, donde recoge los hechos objeto de la acusación Fiscal y los medios de prueba que la sustentan, para luego señalar el CAPÍTULO II de LOS HECHOS ACREDITADOS EN LA AUDIENCIA y las pruebas que fueron evacuadas durante el debate, transcribiendo, parcialmente su contenido. Asimismo, se expresan las conclusiones tanto del Ministerio Público como de la defensa y, finalmente, en lo que respecta a los FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO (MOTIVA); de la decisión, el sentenciador al momento de determinar los hechos que estimó acreditados, se limita, en principio a hacer una serie de reflexiones acerca del “Estado de Justicia” y el papel del Juez dentro de ese Estado, para luego efectuar un análisis acerca de la comprobación del delito y de la falta de pruebas que demuestren la culpabilidad de los acusados. Tal análisis a juicio de ésta representación de la defensa, resulta a todas luces impreciso e inconsistente…
Por lo que, tal decisión, carece de las formalidades exigidas en el Código Orgánico Procesal Penal en su Artículo 364 Numeral 3; puesto que como lo señala en los dos párrafos anteriores surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno de ellos y por ende igualmente No se determinan las circunstancias de tiempo modo y lugar de manera precisa y circunstanciada de la participación de mi defendido JUAN CARLOS APOSTOL ROMERO en tales hechos.
Así mismo se recurre en esta denuncia a lo que refiere a las pruebas obtenidas ilegalmente ya que en fecha 11 de Julio del 2006, en la continuación de la audiencia de Juicio de la presente causa se presento (sic) ante la sala de audiencia el Experto: RUBÉN DARÍO VILLAMIZAR PIÑANGO…experto promovido por los representantes del Ministerio Público…
Todas las respuestas constan en la sentencia y en el acta de Juicio Oral de la cual se desprende claramente que existen serios indicios que la prueba del ATD fue obtenida de manera ilegal ya que quedo (sic) manifestado por el funcionario RUBÉN DARÍO VILLAMIZAR PIÑANGO, que al momento de hacer la colecta de las pruebas NO se encontraban presente ningún abogado que representara a los imputados violándose flagrantemente lo establecido en el Artículo 125 Numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal y en concordancia con el artículo (sic) 197 ejusdem, pues mi representad no contaba con la asistencia de un abogado de su confianza o de un defensor público que presenciare la toma de la muestra del ATD, por lo que la prueba fue obtenida ilícitamente menoscabando uno de sus derechos fundamentales, como lo es el estar asistidos por abogados desde el inicio del procedimiento.
Igualmente la ilicitud de la prueba trasciendo en lo que se refiere a la persona que la realiza debido a que el funcionario RUBÉN VILLAMIZAR, antes identificado, NO es experto puesto a que no se encuentra acreditado como tal debido a que de los conocimientos que dice tener fueron adquiridos porque HIZO un curso en la UCV a nivel de post grado y fue más que todo como oyente, es decir NO fue un estudio formal ni obtuvo acreditación alguna por lo que contraviene lo dispuestos en el Artículo (sic) 238 del COPP, en lo que refiere a los peritos y Expertos.
Así mismo, es de hacer notar que la prueba de Experticia de ATD, no cumple con lo establecido en el Artículo (sic) 237 del Código Orgánico Procesal Penal puesto que para realizar una experticia se requiere conocimiento y habilidades en alguna ciencia, arte u oficio; aunado a que la ilicitud de la prueba queda más afirmada cuando la misma le fue violada la cadena de custodia ya que fue practicada fuera de las instalaciones del laboratorio de Microbiología del CICPC, por cuanto el funcionario antes mencionado manifestó que la misma se había realizado los análisis en la fundación Vía los Teques, en la sede del IUTEC, debido a que Actualmente en el despacho no estaba funcionado el Microscopio para realizar la prueba en cuestión, contraviniendo los principios de la cadena de custodia y hecho este que le fue ocultada a la defensa y que el Ministerio Público desconocía, ya que de manera igual Nos enteramos ese día de dicha situación por los dichos del Funcionario declarante.
Así mismo queda demostrada la ilicitud de la prueba cuando el prenombrado funcionario, expresa a la pregunta relativa a la obtención de las muestras de ATD de cuantas pulsaciones deben realizarse y del procedimiento…
TERCERA DENUNCIA:
LA DEL ARTÍCULO 452 ORDINAL 3º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que causen indefensión”; de acuerdo a los hechos que se narran a continuación:
Que en fecha Veintinueve (29) de Agosto del presente año 2.006; el Ciudadano Juez Séptimo (7º) de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al cierre de la Continuación de la Audiencia de la Audiencia del Juicio de la presente Causa decretó que PRESCINDÍA DEL RESTO DE LAS PRUEBAS QUE FALTABAN POR EVACUARCE (SIC), basando su derecho en atención a lo dispuesto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal; cerró con un golpe de mallete en el escritorio y se retiró del recinto sin dar oportunidad a la defensa o al Ministerio Público de ejercer el recurso de REVOCACIÓN, sobre tal decisión, de conformidad a lo establecido en el Artículo (sic) 444 del titulo (sic) II del Código Orgánico Procesal Penal y en atención a las formalidades contenidas en el Artículo (sic)445 del citado Código, por lo que esta defensa considera que se violo (sic) el debido proceso a que se contrae el artículo (sic) 49 de la Constitución Nacional y el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal y por ende creo (sic) el estado de indefensión a los (sic) acusados por cuanto la actitud esgrimida por el Juez fue apresurada y no dio la oportunidad a (sic) al defensa y ala (sic) ministerio (sic) público(sic) de ejercer los recursos correspondientes y consta tal situación en las actas del debata (sic) de la audiencia oral y publica u en las reproducciones Videográficas de la presente causa signada con el Nº. 358-06 y que fue obviado por el ciudadano Juez hacer mención de tal situación en la Sentencia; de lo cual puede dar fe las partes intervinientes en la referida audiencia como lo es los abogados de la defensa y los representantes del ministerio (sic) público (sic) a quienes promuevo como testigos y solicito se les tome las declaratorias debidas a este hecho en la oportunidad legal correspondiente.
Así mismo denunciamos en este acto la Violación del derecho a la defensa y al debido proceso desde el Inicio del procedimiento ya que en la Segunda Denuncia se hizo mención de las respuestas dadas, en la audiencia de juicio, por el Funcionario RUBÉN DARÍO VILLAMIZAR PIÑANGO, que al momento de hacer la colecta de las pruebas NO se encontraban presente ningún abogado que representara a los imputados… lo que para ese momento estaba violándose flagrantemente lo establecido en el Artículo 125 Numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal y en concordancia con el artículo (sic) 197 ejusdem, pues mi representado no contaba con la asistencia de un abogado de su confianza o de un defensor público que presenciare la toma de la muestra del ATD, por lo que la prueba fue obtenida ilícitamente menoscabando uno de sus derechos fundamentales a su defensa, como lo es el estar asistidos por abogados desde el inicio del procedimiento.
Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos a este Juzgado decrete la ABSOLUTORIA de mi defendido y a todo evento se deje SIN EFECTO y que sea ANULADA la sentencia recurrida por (sic) y se ordene la celebración de nuevo Juicio Oral y Público.
CAPÍTULO III
Por todas las denuncias anteriormente expuestas, con su respectiva fundamentación de hecho y de derecho, la cual aquí ratificamos, es por lo que solicitamos a este Juzgado decrete la ABSOLUTORIA de mi defendido y a todo evento se deje SIN EFECTO y que sea ANULADA la sentencia recurrida y se ordene la celebración de un nuevo Juicio Oral y Público; así mismo pido que el presente escrito de apelación de la Sentencia sea admitido, sustanciado conforme a derecho y apreciado en su totalidad en la definitiva con todos los pronunciamientos de Ley…”.

El ciudadano ABG. LUIS EDGARDO VILLANUEVA TORRES, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, apeló de la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, indicando literalmente como puntos de impugnación los siguientes:

“…PRIMERA DENUNCIA
LA DEL ART. 452 ORDINAL 1º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Violación de normas relativas a la Oralidad, Inmediación, Concentración y Publicidad del Juicio”; desacuerdo a los hechos que se narran a continuación:
En fecha Veintinueve (29) de Agosto del presente año 2.006; el Ciudadano Juez Séptimo (7º) de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al cierre de la Continuación de la Audiencia de la Audiencia del Juicio de la presente Causa decretó que PRESCINDÍA DEL RESTO DE LAS PRUEBAS QUE FALTABAN POR EVACUARCE (SIC), basando su derecho en atención a lo dispuesto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal ; cerró con un golpe de mallete en el escritorio y se retiró del recinto sin dar oportunidad a la defensa o al Ministerio Público de ejercer los recursos pertinentes, Violando el principio fundamental del derecho a la defensa, el principio de Oralidad que viene dado por la subsecuente violación de lo establecido en el Artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuando dentro de las pruebas que faltaban por evacuarse se encontraban testimonios de Testigos y de EXPERTOS, en especial el testimonio del experto Cristina Colina, quien fue promovida por la representación Fiscal y fue ésta uno de los expertos quien practico y suscribió los informes de los análisis de Trazas de Disparo de mi defendido y quien a su vez es la máxima autoridad en la materia por ser la Jefe del Laboratorio Microbiológico Policial del CICPC y que su testimonio era necesario a fin de que ratificara sus experticias; testimonio que no se llevó a cabo, por la actitud temeraria del Ciudadano Juez de Prescindir de las Pruebas.
Es así como denunciamos que el Juez 7º de Junio (sic), violó el Principio de Oralidad dispuesto en el Artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual consta en el acta de debate, que en efecto, ante la incomparecencia de los testigos expertos propuestos en la acusación, el Juez de Juicio NO aplicó el referido Artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, que le ordena al Juez Presidente la conducción por la fuerza pública de los testigos y expertos oportunamente citados, y la solicitud a quien lo propuso de que le colabore con tal diligencia, NUNCA LIBRÓ LAS BOLETAS DE CITACIÓN, sólo se limitó a constatar con la secretaria si había algún experto o testigo presente u en anteriores oportunidades sólo se limitaba a instar al Ministerio Público a que hiciera comparecer a los testigos, pero que oportunamente, a fin de procurar su comparecencia obligatoria debió emitir la orden expresa a los organismos policiales (fuerza pública), de lo cual se colige, que es deber del Juez Presidente, como Director del proceso, procurar la comparecencia de los testigos promovidos por cualquiera de las partes, con su colaboración, y más aún con la Fuerza Pública…
Es así como la obligatoriedad de la comparecencia de los Expertos a la audiencia del debate oral y público se encuentra en el Artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal…
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que solicitamos que mi defendido sea absuelto en la presente causa y a todo evento sea ANULADA la sentencia recurrida y se ORDENE la celebración de un nuevo juicio oral y público.
SEGUNDA DENUNCIA:
LA DEL ARTÍCULO 452 ORDINAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida y legalmente (sic) o incorporada con violación a los principios del juicio oral”; de acuerdo a los hechos que se narra a continuación:
Por la falta de motivación ya que el tribunal que dicta la sentencia NO MOTIVÓ, en el caso de mi defendido en que consistieron los motivos fútiles e innobles, porque (sic) no determina ni precisa en circunstancias de tiempo modo y lugar la participación de mi defendido o perpetración del hecho que se le atribuye y por el cual se le acusa, por cuanto no detalla los hechos con claridad ni hace referencia de la situación especial de mi defendido quien desde que comenzó la persecución hasta que finalizaron los hecho con tan terrible resultado, el ciudadano JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, plenamente identificado en los autos, no se encontraba en le lugar donde ocurrieron tales hechos ya que se encontraba junto con otros funcionarios, en un sitio o sector denominado Santa Cruz, lo cual fue demostrado en la reconstrucción de los hechos y fue obviado en la sentencia por el Juez de Juicio, no describiendo las cuales (sic) son esos hechos por motivos fútiles o (sic) innobles sin expresar, con la debida claridad, los hechos que a su juicio, estimó acreditados. De la sentencia in comento, puede observarse que el juzgador comienza con varios puntos previos de situaciones presentadas en la audiencia de Juicio; posteriormente continua transcribiendo el CAPITULO I como HECHOS y CIRCUNSTANCIAS OBJETOS DEL JUICIO, donde recoge los hechos objeto de la acusación Fiscal y los medios de prueba que la sustentan, para luego señalar el CAPÍTULO II de LOS HECHOS ACREDITADOS EN LA AUDIENCIA y las pruebas que fueron evacuadas durante el debate, transcribiendo, parcialmente su contenido. Asimismo, se expresan las conclusiones tanto del Ministerio Público como de la defensa y, finalmente, en lo que respecta a los FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO (MOTIVA); de la decisión, el sentenciador al momento de determinar los hechos que estimó acreditados, se limita, en principio a hacer una serie de reflexiones acerca del “Estado de Justicia” y el papel del Juez dentro de ese Estado, para luego efectuar un análisis acerca de la comprobación del delito y de la falta de pruebas que demuestren la culpabilidad de los acusados. Tal análisis a juicio de ésta representación de la defensa, resulta a todas luces impreciso e inconsistente…
Por lo que, tal decisión, carece de las formalidades exigidas en el Código Orgánico Procesal Penal en su Artículo 364 Numeral 3; puesto que como lo señala en los dos párrafos anteriores surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno de ellos y por ende igualmente No se determinan las circunstancias de tiempo modo y lugar de manera precisa y circunstanciada de la participación de mi defendido JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO en tales hechos.
Así mismo se recurre en esta denuncia a lo que refiere a las pruebas obtenidas ilegalmente ya que en fecha 11 de Julio del 2006, en la continuación de la audiencia de Juicio de la presente causa se presento (sic) ante la sala de audiencia el Experto: RUBÉN DARÍO VILLAMIZAR PIÑANGO…experto promovido por los representantes del Ministerio Público…
Todas las respuestas constan en la sentencia y en el acta de Juicio Oral de la cual se desprende claramente que existen serios indicios que la prueba del ATD fue obtenida de manera ilegal ya que quedo (sic) manifestado por el funcionario RUBÉN DARÍO VILLAMIZAR PIÑANGO, que al momento de hacer la colecta de las pruebas NO se encontraban presente ningún abogado que representara a los imputados violándose flagrantemente lo establecido en el Artículo 125 Numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal y en concordancia con el artículo (sic) 197 ejusdem, pues mi representad no contaba con la asistencia de un abogado de su confianza o de un defensor público que presenciare la toma de la muestra del ATD, por lo que la prueba fue obtenida ilícitamente menoscabando uno de sus derechos fundamentales, como lo es el estar asistidos por abogados desde el inicio del procedimiento.
Igualmente la ilicitud de la prueba trasciendo en lo que se refiere a la persona que la realiza debido a que el funcionario RUBÉN VILLAMIZAR, antes identificado, NO es experto puesto a que no se encuentra acreditado como tal debido a que de los conocimientos que dice tener fueron adquiridos porque HIZO un curso en la UCV a nivel de post grado y fue más que todo como oyente, es decir NO fue un estudio formal ni obtuvo acreditación alguna por lo que contraviene lo dispuestos en el Artículo (sic) 238 del COPP, en lo que refiere a los peritos y Expertos.
Así mismo, es de hacer notar que la prueba de Experticia de ATD, no cumple con lo establecido en el Artículo (sic) 237 del Código Orgánico Procesal Penal puesto que para realizar una experticia se requiere conocimiento y habilidades en alguna ciencia, arte u oficio; aunado a que la ilicitud de la prueba queda más afirmada cuando la misma le fue violada la cadena de custodia ya que fue practicada fuera de las instalaciones del laboratorio de Microbiología del CICPC, por cuanto el funcionario antes mencionado manifestó que la misma se había realizado los análisis en la fundación Vía los Teques, en la sede del IUTEC, debido a que Actualmente en el despacho no estaba funcionado el Microscopio para realizar la prueba en cuestión, contraviniendo los principios de la cadena de custodia y hecho este que le fue ocultada a la defensa y que el Ministerio Público desconocía, ya que de manera igual Nos enteramos ese día de dicha situación por los dichos del Funcionario declarante.
Así mismo queda demostrada la ilicitud de la prueba cuando el prenombrado funcionario, expresa a la pregunta relativa a la obtención de las muestras de ATD de cuantas pulsaciones deben realizarse y del procedimiento…
TERCERA DENUNCIA:
LA DEL ARTÍCULO 452 ORDINAL 3º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que causen indefensión”; de acuerdo a los hechos que se narran a continuación:
Que en fecha Veintinueve (29) de Agosto del presente año 2.006; el Ciudadano Juez Séptimo (7º) de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al cierre de la Continuación de la Audiencia de la Audiencia del Juicio de la presente Causa decretó que PRESCINDÍA DEL RESTO DE LAS PRUEBAS QUE FALTABAN POR EVACUARCE (SIC), basando su derecho en atención a lo dispuesto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal; cerró con un golpe de mallete en el escritorio y se retiró del recinto sin dar oportunidad a la defensa o al Ministerio Público de ejercer el recurso de REVOCACIÓN, sobre tal decisión, de conformidad a lo establecido en el Artículo (sic) 444 del titulo (sic) II del Código Orgánico Procesal Penal y en atención a las formalidades contenidas en el Artículo (sic)445 del citado Código, por lo que esta defensa considera que se violo (sic) el debido proceso a que se contrae el artículo (sic) 49 de la Constitución Nacional y el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal y por ende creo (sic) el estado de indefensión a los (sic) acusados por cuanto la actitud esgrimida por el Juez fue apresurada y no dio la oportunidad a (sic) al defensa y ala (sic) ministerio (sic) público(sic) de ejercer los recursos correspondientes y consta tal situación en las actas del debata (sic) de la audiencia oral y publica u en las reproducciones Videográficas de la presente causa signada con el Nº. 358-06 y que fue obviado por el ciudadano Juez hacer mención de tal situación en la Sentencia; de lo cual puede dar fe las partes intervinientes en la referida audiencia como lo es los abogados de la defensa y los representantes del ministerio (sic) público (sic) a quienes promuevo como testigos y solicito se les tome las declaratorias debidas a este hecho en la oportunidad legal correspondiente.
Así mismo denunciamos en este acto la Violación del derecho a la defensa y al debido proceso desde el Inicio del procedimiento ya que en la Segunda Denuncia se hizo mención de las respuestas dadas, en la audiencia de juicio, por el Funcionario RUBÉN DARÍO VILLAMIZAR PIÑANGO, que al momento de hacer la colecta de las pruebas NO se encontraban presente ningún abogado que representara a los imputados… lo que para ese momento estaba violándose flagrantemente lo establecido en el Artículo 125 Numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal y en concordancia con el artículo (sic) 197 ejusdem, pues mi representado no contaba con la asistencia de un abogado de su confianza o de un defensor público que presenciare la toma de la muestra del ATD, por lo que la prueba fue obtenida ilícitamente menoscabando uno de sus derechos fundamentales a su defensa, como lo es el estar asistidos por abogados desde el inicio del procedimiento.
Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos a este Juzgado decrete la ABSOLUTORIA de mi defendido y a todo evento se deje SIN EFECTO y que sea ANULADA la sentencia recurrida por (sic) y se ordene la celebración de nuevo Juicio Oral y Público.
CAPÍTULO III
Por todas las denuncias anteriormente expuestas, con su respectiva fundamentación de hecho y de derecho, la cual aquí ratificamos, es por lo que solicitamos a este Juzgado decrete la ABSOLUTORIA de mi defendido y a todo evento se deje SIN EFECTO y que sea ANULADA la sentencia recurrida y se ordene la celebración de un nuevo Juicio Oral y Público; así mismo pido que el presente escrito de apelación de la Sentencia sea admitido, sustanciado conforme a derecho y apreciado en su totalidad en la definitiva con todos los pronunciamientos de Ley…”.

Los ciudadanos ABGS. JOSÉ ANTONIO VILLARROEL CORTEZ y MARITZA BETANCOURT MORALES, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA, apelaron de la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, indicando literalmente como puntos de impugnación los siguientes:

“…PRIMER MOTIVO: Fundamento concreto del numeral segundo del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal:
Falta manifiesta en la motivación de la Sentencia.
En la motivación de la Sentencia el Tribunal Sentenciador, no señaló de manera clara, precisa y circunstanciada, en modo, tiempo y el lugar, en que FRANK ALBERTO SERRADA, participó en la comisión del hecho punible por el cual ha sido condenado.
El Tribunal empieza, motivando en a (sic) que en una zona llamada “Y” del sector Kennedy, cerca del Bloque 11, el día 27-06-2005, Parroquia Macario, Municipio Libertador, los ciudadanos que tripulaban un vehículo, placas ABR 68G, de nombres LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ LARES, EDGAR JOSUÉ QUINTERO TORREALBA, ERICK MIGUEL MONTENEGRO SÁNCHEZ, ELIZABETH YULEIDIS ROSALES BRACAMONTE, IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA, fueron interceptados por varias personas y les propinan disparos, resultando heridas en ese momento la ciudadana arriba mencionada.
DECLARACIÓN DE ELIZABETH YULEIDIS ROSALES BRACAMONTE…
DECLARACIÓN DE IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA…
DECLARACIÓN DE DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA…
El Tribunal Sentenciador en su motivación, usa también de manera incongruente la reconstrucción de los hechos, la cual se realizó de manera imprecisa y sin la participación pormenorizada de todos los autores de estos hechos, y sólo se limitó a la opinión que dio el funcionario JOSÉ BOLÍVAR, adscrito a la Guardia Nacional; quien fue el reconstructor de los hechos y que no se reconstruyeron totalmente, porque sólo se limitó a realizar la trayectoria balística a través de un kit del láser balístico, razón ésta que no es una reconstrucción total para tomarlo como prueba concreta de manera objetiva.
DECLARACIÓN DE RAMÓN ANTONIO PLAZA RAGA…
DECLARACIÓN DE SIMONA YÉPEZ…
La trayectoria balística hecha por el Capitán Guardia(sic) Nacional JOSÉ BOLÍVAR CELIS, no arroja congruencia con el lugar, el modo y el tiempo en estos hechos con relación a FRANK ALBERTO SERRADA en los sitios que señala como los tiradores 3 y 4; pues a mi defendido no le fue posible probar en el debate oral y público, estar en el sitio donde menciona que salió herida DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA, y menos aún, estar en el lugar que se describe como 3 y 4 en la reconstrucción de los hechos.
Inserta el Sentenciador, el impacto Nº 8… Pues es inconsistente ella, no existe ninguna en contra de FRANK SERRADA, tampoco señala qué arma de fuego produce el impacto y qué arma de fuego produce la herida a la joven DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA… Es de hacer notar y informar, que el experto forense no fue evacuado en relación a la herida de esta víctima, para que pudiese corroborar o apreciarse objetivamente el carácter de la herida y la posible arma que la disparó, para así poder señalar a FRANK ALBERTO SERRADA, como uno de los que estaban en el lugar 3 y 4 y que pudo haber producido el impacto Nº 8.
Por otro lado, motiva el Sentenciador los hechos que sufrió la víctima IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, con la propia declaración de ésta, dada en el estrado del juicio oral y público y lo refuerza con el informe médico forense y con la declaración del mismo médico forense, de nombre RODAINAH NASSER, Nº 136.8.670.05, de fecha 29-6-05 y dejo sentado que IRÚA MORENO fue examinada en el Hospital Pérez Carreño porque fue remitida a ese centro asistencial… Aquí no se concatena por el Sentenciador para con esta herida de esta víctima, la posición de los sujetos que dispararon para producir tal lesión ni el lugar, ni el sitio donde esta víctima sale herida con una trayectoria balística ni con la reconstrucción de los hechos, por eso, es contradictoria.
El Juez valora el testimonio de la ciudadana ROSÁNGELA BRACAMONTE, como testigo presencial de las heridas que tenían las víctimas IRÚA COROMOTO, DANITZA COROMOTO y ELIZABETH BRACAMONTE, pero no hay en este testimonio una concreta afirmación que diga, que vio a mi defendido disparar en contra de estas víctimas, en ninguno de los pasajes y recorrido que hizo el vehículo, placas ABR 68G, en estos hechos. Tampoco vio la progenitora de la ciudadana ELIZABETH ROSALES BRACAMONTE, el modo, el tiempo y el lugar, en que a estas víctimas, me refiero a DANITZA e IRÚA, cuando les disparan y les impactan en sus cuerpos los plomos que le producen las heridas a las antes referidas y menos aun vio, a FRANK ALBERTO SERRADA, dispararles.
CAPÍTULO II
MOTIVOS
FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO
CONTRADICCIÓN O ILOGICIDAD EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA:
Los expertos evacuados en el juicio oral y público, y señalados como pruebas valoradas por el Juez Sentenciador, cuyos nombres son: HÉCTOR APARICIO, LUIS PRADA y OLIVER CARDONA, los cuales rindieron declaración y realizaron inspección ocular Nº 997, al vehículo placas ABR 68G, carecen de logicidad con relación al lugar para uno de esos impactos y orificios que fueran producidos por el arma de fuego serial Nº 20009; que portaba para ese día mi defendido, menos aún cuando las experticias técnicas de las balas y los cartuchos recogidos en la escena del crimen, no se refieren a que éstas fueran coteja con el arma de fuego 20009, para poder valorar en contra de FRANK ALBERTO SERRADA, dicha inspección ocular. Igualmente, traen las fotografías como pruebas para esta inspección ocular, y que ellas aun estando valoradas no arrojan prueba sólida en su contra.
El Sentenciador, asocia las declaraciones de los expertos HÉCTOR APARICIO, LUIS PRADA y ROGER MOYA, con lo expuesto en un juicio oral y público por HERRERA PATRICIA, que también realizó inspección técnica al vehículo…
Acogió la deposición de WILMER MOLINA… Estas experticias son contradictorias e ilógicas y valoradas en contra de mi defendido FRANK ALBERTO SERRADA, porque no señalan que algún orificio o algún impacto provengan del arma de fuego que portaba mí defendido el día de los hechos…
Pretendo, que no surtan ningún efecto estas declaraciones ni estas experticias, en vista que no arrastran pruebas fehacientes contra mi defendido.
De la misma manera, acoge al ciudadano LUIS ALBERTO OLLARVES…no se puede valorar este testimonio aunque el Juez lo valoró en contra de mi defendido, por cuanto no vio ni observó a éste disparar el día de los hechos en contra del vehículo ABR 68G…
El Juez Sentenciador concatena estos testimonios con al reconstrucción de los hechos… Pero no detallan, si uno de esos agentes era FRANK SERRADA, que estaba en el lugar de los hechos, lo cual contradictoriamente no se especifica si las lesiones que sufrieron las víctimas fueron hechas por mi defendido.
La solución que se pretende para los motivos antes señalados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 452, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Procesal Penal, es que se decrete la inocencia o no culpabilidad en las lesiones que sufriera las víctimas IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA, o se corrija la desfachatez con que se ha producido esta Sentencia.
Causa extrañeza a esta Defensa, la valoración de las lesiones que sufrió la víctima DANITZA COROMOTO, la cual fue evaluada por el médico forense HÉCTOR CIAVALDINI…
Es ilógico valorar una prueba técnica de un experto, sin haber acudido al juicio oral y público a ratificar su pericia o experticia. Tampoco el Tribunal prescindió conjuntamente con las demás partes, de la lectura y exhibición en el debate de dicha experticia. Es así que es incorrecto valorar como una prueba evacuada, cuando no lo fue, más aun cuando los representantes Fiscales estuvieron de acuerdo con prescindir de ella en el debate.
SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE: La Defensa pretende no valorar el mérito de esa prueba, por cuanto no fue evacuada en el debate oral y público.
INSPECCIÓN TÉCNICA Nº 997…Esta inspección no arroja ningún resultado que comprometa la culpabilidad ni especifica, qué tipo de acción ejerció en esos hechos mi defendido.
DECLARACIÓN DE JOSÉ LUIS CORDERO…
DECLARACIÓN DE JOSÉ BUCHANANS CEDRES UMANES…
…Esa prueba aunque fue recogida y realizada al vehículo objeto de los hechos, Placas ARB 68G, no evidencia responsabilidad para con mí defendido, toda vez y por cuanto es una apreciación de carácter general sin individualizar los orificios o impactos que pertenezcan uno o varios al arma de fuego, pistola 9 milímetros, serial Nº 20009; que portaba mí defendido y tampoco puede ser prueba, de que fue disparada dicha arma.
SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE: No valorar esa prueba, por cuanto no arroja nada en su contra y por ser motivada de manera errónea, y no ser concisa en el evento donde nacen las lesiones de DANITZA COROMOTO e IRÚA COROMOTO, por los cuales, los fundamentos de hecho y de derecho para esta prueba son inconsistentes, en vista de que dicha prueba no demuestra haber disparado mí defendido. Se coteja esta inspección técnica Nº 997 con las declaraciones de HÉCTOR APARICIO, LUIS PRADA y ROGER MOYA, e igualmente con lo dicho por HERRERA PATRICIA, en su exposición en juicio oral y público, quien expuso sobre su inspección técnica al vehículo ABR68G; la cual tiene Nº 1008; de fecha 28-06-2005; Folios 149 al 169 y fotos, Folios 170 al 225, Pieza Nº 2. Esto sólo demuestra los impactos y orificios y lo que colectaron, no arroja nada en contra de FRANK ALBERTO SERRADA, porque las experticias y las evidencias colectadas en esa inspección, no dieron con un plomo, ni con un cartucho de balas, que fuese disparado por el arma de fuego serial Nº 20009, pistola nueve milímetros, que portaba mi defendido.
FUNDAMENTACIÓN: Jueces de la Corte de Apelaciones, no se pueden valorar estas pruebas, por ilógicas e inverosímiles, menos aun, que las declaraciones de estos funcionarios en juicio no dicen que vieron a FRANK SERRADA disparar contra el vehículo ABR68G.
SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE: Desaplicar la valoración dada por el Sentenciador, por ilógica, inmotivada y no coincidir entre si, dichas pruebas.
CAPÍTULO III
MOTIVOS
FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO.
VIOLACIÓN DE LA LEY: El sentenciador violó la Ley en los términos que por observancia o errónea aplicación de las normas jurídicas:
1. Condena por el Delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, a FRANK SERRADA, aplicando la calificante para las premisas del Artículo 406, numeral 1º del Código Penal, cuando quedó demostrado en el juicio oral y público, que éste no actuó con motivos fútiles e innobles, lo cual el Juez valoró estas premisas como probadas, no estando probadas.
2. No se demostró que FRANK SERRADA, haya participado en concierto previo ni en concierto posterior para cometer en Complicidad Correspectiva, el Homicidio Calificado Frustrado, en cuanto a las lesiones que sufrieran las víctimas IRÚA COROMOTO y DANITZA COROMOTO.
3. No se demostró en fase del juicio oral y público la alevosía, y el Juez en la Sentencia aplica ésta en su motivación en contra de FRANK SERRADA, ella no fue probada en vista de que para que ésta quede demostrada, debe tener pruebas suficientes deque él haya actuado a traición o sobreseguro y en ningún caso de las pruebas valoradas, quedó demostrado esto.
El Juez acoge su Sentencia las disposiciones legales al hecho punible, valorando pruebas en contra de FRANK SERRADA, que en vez de inculparlo lo exculpan y le acomoda el Delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el Artículo 406, ordinal 1º del Código Penal, en concordancia con del Artículo 80, y 424, del Código Penal. Y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 281 del Código Penal.
Ahora bien, para el USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, no fue valorada ninguna prueba por el Juez, sin embargo, lo condena también por ese delito. Pues la prueba de experticia de macerado de arma de fuego, no fue traída a juicio, así como tampoco, expertos que la hayan practicado, para orientar de que el arma que portaba ese día fue disparada. La experticia de ATD, los expertos que la practicaron tampoco fue valorada, entonces ¿cómo puede demostrarse que usó indebidamente el arma de fuego y por consiguiente, estar también incurso en el Delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, mi defendido? La solución que se pretende, es que se DECLARE CON LUGAR las violaciones señaladas y se dé a esta calificación jurídica errónea, lo que corresponda en derecho, lo cual es declarar LA ABSOLUTORIA A FAVOR DE FRANK ALBERTO SERRADA O LA NO CULPABILIDAD. El Tribunal condenó a mi defendido a catorce (14) años y seis (6) meses de prisión y a las accesorias de Ley, por comisión del Delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN COMPLICIDAD CORRESPECTIVA.
CAPITULO IV
MOTIVO: FALTA, CONCENTRACIÓN O ILOGICIDAD.
En cuanto a la culpabilidad, el Juez Sentenciador escogió para ello, las pruebas en contra de FRANK SERRADA, siguientes:
1. El libro de novedades diarias llevado por el DIM, donde deja constancia que FRANK ALBERTO SERRADA, era integrante de la comisión que salió al sector Kennedy, el día 27-06-2005, conjuntamente con otros funcionarios de la DIM. Y la concatena con las novedades de fechas 27 y 28-06-2005; llevadas por la Sub-Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Caricuao, según Novedad Nº 49; además las aúna a la declaración del funcionario RAMÓN AYALA, del .CICPC, adscrito a la Sub-Delegación. Y que a pesar de no haber estado presente en el sitio de los hechos, tenía conocimiento de los hechos porque recibe la guardia el día 28-06-2005; y revisó las novedades del día anterior.
FUNDAMENTACIÓN: La falta, la contradicción y la ilogicidad: no puede establecerse el hecho de que unos funcionarios sean culpables de hechos punibles, por estar integrando o ir acompañando una comisión sin individualizar la acción típica de éste en un ilícito criminal, es así, que lo valorado por el Juez es ilógico, carece de fundamentos y es súper contradictorio, para ponerle como prueba de responsabilidad penal a mi defendido, por las lesiones que sufrieran DANITZA COROMOTO e IRÚA COROMOTO.
SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE: No valorar ésta como prueba concisa, porque no lo es. Tampoco arroja un bien indicios que pruebe que FRANK ALBERTO SERRADA, haya accionado arma de fuego y que tampoco uno de los plomos o conchas recogidas como evidencias, pertenecían al arma de fuego serial Nº 20009, calibre nueve milímetros.
2. DECLARACIÓN DE MARTÍNEZ ROJAS JURIN MIGUEL: Dice “…que observó funcionarios armados en el sitio conocido como la “Y”, y tenían una alcabala… que dicha alcabala se encontraba en “Y” y está la cancha de sofball (sic)…”
3. DECLARACIÓN DEL TENIENTE CORONEL SERGIO RIVERO MARCANO: Manifestó: “…que autorizó al Mayor Peña Carrillo, a trasladarse a Kennedy a prestar apoyo y colaboración a la comisión del .CICPC…”
FUNDAMENTACIÓN: CONTRADICCIÓN E ILOGICIDAD: Tanto MARTÍNEZ ROJAS JURIN MIGUEL, como SERGIO RIVERO MARCANO, no dicen en iguales circunstancias en sus declaraciones, que vieran a FRANK ALBERTO SERRADA en el punto “Y”, o alcabala y menos, que disparara ese día en ese lugar.
SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE: Por ser contradictorias e ilógicas en la motivación por el Juez, para fundamentar culpabilidad y consecuente responsabilidad penal a FRANK SERRADA, pido, se desestimen y no se valoren, pero de manera tajante, éstas, porque no reflejan ni concuerdan absolutamente en nada en contra de mi defendido.
4. RELACIÓN DE ARMAMENTO DEL DIM: Donde se especifica que las armas que llevaban el día de los hechos al sector Kennedy. Éste a su vez, la concatena con la experticia balística hecha por los expertos en balística JESÚS SUÁREZ, LIZETTA MARÍN, OLGA MIEREZ y JENNIFER SANOJA, según experticia Nº 2199. Igualmente concatena el Sentenciador la relación de armamento, con la información que dio SANDY PIMENTEL, quien también suscribió la experticia Nº 2199.
FUNDAMENTACIÓN: CONTRADICCIÓN E ILOGICIDAD EN LA MOTIVACIÓN: Visto que esta relación de armamento del DIM y la experticia Nº 2199; lo que señala es que FRANK SERRADA, portaba una pistola nueve milímetros, serial 20009; y fue sometida a experticia de mecánica, diseño y comparación balística, no fue relacionada con algún plomo o concha encontrada en el lugar de los hechos, donde salen heridas DIANITZA COROMOTO e IRÚA COROMOTO, para valorar que disparó allí en ese sitio. La mecánica sólo dice, si el arma está en buen funcionamiento, y el diseño se refiere, a que es un arma corta, pistola, calibre nueve milímetros, que si es negra, que si es blanca, etc.
SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE: No tomar en cuenta la relación de armamento ni la experticia Nº 2199, para elementos de culpabilidad y consecuente responsabilidad penal, contra mi defendido, por cuanto no arrojan nada de nada en su contra.
COMO PUNTO APARTE DE OBSERVACIÓN, LA DEFENSA DE FRANK ALBERTO SERRADA, QUIERE SEÑALAR ENÉRGICA Y CATEGÓRICAMENTE QUE: A) No fue evacuado en juicio oral y público, la experto que realizó el análisis colectado a la prueba colectada de Análisis de Trazas y Disparos (ATD), a FRANK ALBERTO SERRADA, así como tampoco sus colectantes, cuyos nombres son: CRISTINA COLINA y ELIÉCER RIVAS, ambos del .CICPC, la cual cursa al Folio 107; Pieza 9; de fecha 01-07-2005; con el Nº 244; analizada en el Área de Microscopia Electrónica del .CICPC. Visto así ¿Cómo puede tomarse como cierto, que FRANK SERRADA haya disparado, si ni siquiera fue evacuada la prueba, o fuese ratificada por su analista y por colectante? Esto y lo descarta como uno de los sujetos que usó o disparó arma de fuego alguna, donde salen heridas DANITZA COROMOTO e IRÚA COROMOTO. B) Tampoco salió positivo en la prueba de análisis de evidencias biológicas, aunque no fue evacuada ésta, da resultado negativo. Folio 45, Pieza 10; de fecha 30-06-2005; informe Nº A-B-1820. C) No salió positivo en la prueba de laboratorio físico-químico, aunque no fue evacuada ésta, dando resultado negativo. Folio 100, Pieza 10; de fecha 30-06-2005, informe Nº LFQ-557.
Es así, Jueces de Alzada, que no era necesario traer otras pruebas, porque las que existen en autos, en vez de INCULPARLO en tales delitos lo EXCULPAN y no entiende la Defensa, por qué ha llegado hasta aquí este hecho, si con lo medios de pruebas que promovió y aportó la Fiscalía al juicio oral y público, se evidencia claramente que es INOCENTE de los delitos por los cuales se le acusó.
CAPITULO V.
MOTIVO: VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE UNA NORMA JURÍDICA.
Se aplicó el Delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO, EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el Artículo 406, ordinal 1º, en relación con los Artículos 80; 424; todos del Código Penal. Y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 281 Ejusdem, en contra de mi defendido por las lesiones que sufrieran IRÚA COROMOTO y DANITZA COROMOTO.
FUNDAMENTACIÓN: Al no ser evacuado el experto forense en juicio oral y público, tampoco se evacuó su lectura y fue prescindida la experticia forense, por eso, no se le puede dar valor alguno, es para ello que se establece el contradictorio a los fines de percibir de manera inmediata y de su propia voz, lo que diagnosticó el experto, para ver si concuerda el con el testimonio dado en juicio, y así esclarecerse qué tipo de lesiones tenía la víctima. Es así que está mal aplicado el hecho punible, que la víctima DANITZA COROMOTO sufrió y por ende, la correspondiente penalidad, calificación o tipificación jurídica, dada al hecho en Sentencia por el Juez.
SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE: Revelar de ese hecho punible a mi defendido, FRANK SERRADA, por violación de la Ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. Visto que, no fue evacuado el experto y tampoco se le dio valor a su informe médico en el contradictorio. Menos aun, cuando la MAGNA PRUEBA DE ANÁLISIS DE TRAZAS DE DISPAROS (ATD), practicada a FRANK SERRADA, no fue evacuada.
El Sentenciador aplica el Artículo 88 del Código Penal, ¿Cómo? Si no hay pruebas en su contra, ni fue traída para el contradictorio, prueba para aplicar este Artículo. Esto es, para el caso de DANITZA COROMOTO. Y para el caso de IRÚA COROMOTO, no se puede aplicar por cuanto no hay pruebas fidedignas, concisas, concretas y fehacientes, que la lesión que sufrió esta joven se la produjera una bala del arma de fuego que portaba FRANK SERRADA, el día de los hechos. Así como tampoco ninguna evidencia o prueba recogida en su contra.
Fue condenado mi defendido por los Delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA Y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los Artículos 406, ordinal 1º; 80; 424; y 281; todos del Código Penal, usando las palabras FÚTILES e INNOBLES. ¿Cómo, si ni siquiera probaron que FRANK SERRADA estaba ahí, donde sale lesionada IRÚA COROMOTO?
SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE: Obviar la errónea aplicación de la correspondiente penalidad y por ende, la calificación jurídica dada a los hechos por el Juez Sentenciador. Visto que, por motivos fútiles e innobles no fueron probados en el juicio oral y público, en el debate contradictorio. Y en cuanto a la COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, no fue probado concierto anterior ni posterior al hecho en el juicio oral y público, en el debate contradictorio.
PETITORIO.
Señalamos de manera clara y precisa, los precepto jurídicos para fundamentar esta Apelación a favor de FRANK ALBERTO SERRADA: La fundamentación en el artículo 49, numerales 1º y 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en los Artículos 433, único aparte, del Código Orgánico Procesal Penal; 435 del Código Orgánico Procesal Penal; 437, aparte único del Código Orgánico Procesal Penal; y 438, del Código Orgánico Procesal Penal.
Fundamentamos también esta Apelación en los Artículos 452, numerales 2º y 4º, del Código Orgánico Procesal Penal; 453 del mismo Código Orgánico Procesal Penal; Artículo 457, primer y segundo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal.
Ciudadanos Jueces de Alzada, con todo respeto que merecen los actos judiciales y en ara de una justicia digna, transparente y decorosa, y visto que, éste ha sido un caso que fue publicitado por prensa, radio y televisión, le pedimos invocando también los Artículos 6 del Código Orgánico Procesal Penal; 8 del Código Orgánico Procesal Penal y 13, del Código Orgánico Procesal Penal, se decida conforme a derecho.
Pedimos, sea declarado NO CULPABLE del hecho punible en las lesiones que sufrieran las víctimas DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, y en su defecto, orden cesar la privación de libertad, de conformidad con el Artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad también con el Artículo 442, aparte único, le sea REVOCADA A FAVOR DE FRANK ALBERTO SERRADA, LA SENTENCIA CONDENATORIA Y SE DICTE SENTENCIA ABSOLUTORIA, o a todo evento, sea MODIFICADA…”

En fecha 07 de Noviembre de 2006, el ciudadano ABG. RAÚL EMILIO SALOMÓN LAMUS, en su condición de Defensor Privado de los ciudadanos YOSNEL DE JESÚS JAIME SOSA y DANILO ALFONSO ÁNGULO, acudió a la vía recursiva tomando como basamento legal lo siguiente:

“…FALTA MANIFIESTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA…
La referida sentencia luego de transcribir las distintas deposiciones de los mal llamados “testigos” y “expertos” que comparecieron a juicio, -hecho reconocido por la sentencia recurrida- considera la responsabilidad de mis patrocinados en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GRACIA (SIC) y DANITZA COROMOTO BUITRAGO y USO INDEBIDO DE AMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 ejusdem, sin acreditar las razones mediante las cuales apreció que mis representados eran culpables del delito el cual fueron juzgado, incurriendo de esta manera el fallo impugnado, en el vicio señalado en el ordinal segundo del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal…
La sentencia impugnada entre otros vicios solo (sic) se limitó a transcribir las declaraciones suministradas por quienes comparecieron a juicio, pero no realizo (sic) un análisis comparativo e idóneo de los testimonios aportados ni en explicar o sostener que hechos considero (sic) probados con estos testimonios ¿Qué dedujo de ellos? Y, es en virtud de la falta de motivación, ausencia de razonamientos y la arbitrariedad; que consideró culpables a los acusados, violando su derecho a conocer del porque (sic) fueron juzgados culpables. Hasta ahora solo (sic) pareciera que lo son por un capricho o por una orden pero no por una justa valoración de pruebas que pudieran obrar o no en su contra, pues de haber existido una justa y correcta motivación es lógico concluir que el fallo hubiera sido absolutorio, pues así lo indicó el juicio oral al no presentar pruebas alguna (sic) relativa a la culpabilidad de mis patrocinados.
Vemos así que la sentencia, transcribe de manera parcial y acomodaticia, declaraciones de las ciudadanas ELIZABETH ROSALES, DANITZA BUITRIAGO e IRÚA GARCÍA, para de esta manera y utilizando el nefasto apóstol relativo a la “PETICIÓN DE PRINCIPIOS” y que no es otra cosa que la arbitrariedad, pasa a establecer hechos sin realizar un proceso de examen minucioso entre las mas llamadas probanzas, sin decantar, llegando erróneamente a la conclusión que las tres ciudadanas fueron contestes al rendir declaración durante el debate. Hecho que de seguidas analizaré y la Corte de apelaciones (sic) llegara a la conclusión que la “lógica y máximas de experiencia” a que se refiere la sentencia recurrida no fue la correcta para llegar a la pésima conclusión que hoy apelamos pues lo que existe es una incongruencia de pruebas y omisión del proceso obligatorio de decantación que ocasionaron inoperablemente la falta de motivación lógica y obligatoria…
De estas declaraciones provenientes de personas denominadas por el ministerio (sic) y el sentenciado como “testigos presénciales”, surgen contundentes contradicciones que al ser analizadas y decantadas –como ha debido realizarse-; arrojan lo siguiente:
Que las tres ciudadanas son únicamente contestes en afirmar que venían en un vehículo en la avenida principal de Kennedy, y un sujeto encapuchado salió de la nada y les disparó…
Todos estos aspectos al ser narrados por la ciudadana ELIZABETH ROSALES BRACAMONTE quien según el Ministerio (sic) y el sentenciador, es testigo presencial, han debido ser corroborados en un proceso de decantación por el Juzgador, pues de haberlo realizado y comparado con las declaraciones de los ciudadanos y expertos científicos, en especial la del experto den Homicidios con el rango de Comisario General, MIGUEL IBARRETO, quien examinó los sitios del suceso y manifestó la inexistencia a nivel criminalistico (sic) de una intersección “Y”, también nos manifestó que no encontró huellas, señales o indicios de veintidós personas que accionaron armas de fuego, todo lo cual fue corroborado por los ciudadanos JUAN PEROZO, ROBIN LUNA, LEIVIS LUCENA, JOSÉ VICENTE RANCEL VILARROUEL (SIC), ALEJANDRO LISSIRT, RAÚL LINARES, OLIVER CARMONA, JARLAN FALCÓN, JUAN JOSÉ IGLESIAS, ELIÉCER GARRIDO, VÍCTOR SALOM, JOSÉ LUIS QUIARA, WILMER JOSÉ MOLINA BRAVO, WERNEY OMAR GIL, LUIS ALBERTO OLLARVES, ROGER MOYA, LUIS PEÑA, JURIM MARTÍNEZ ROJAS, YILBERT AQUÍNO OROPEZA, HÉCTOR APARACIO ROJO, quienes son contestes en afirmar y describir categóricamente, los sitios donde sucedieron los hechos que motivaron el presente proceso penal y ninguno de ellos hace referencia a la famosa y nefasta “INTERSECCIÓN Y”.
Más aun, quienes realizan el análisis de trayectoria balística en los sitios del suceso; es decir, los ciudadanos WILMER JOSÉ MOLINA BRAVO y WERNEY OMAR GIL, describen paso a paso, mediante un excelente gráfico, los sitios del suceso y en ninguno señalan la existencia o relevancia a nivel criminalistico (sic) de la INTERSECCIÓN Y.
Así las cosas, en lo que respecta a la existencia de la intersección “Y”, cursa únicamente como prueba ilícitamente obtenida y controlada por las partes, el testimonio de la ciudadana ELIZABETH ROSALES BRACAMONETE y el cual al compararlo o decantarlo con las demás probanzas en autos, resulta INVEROSÍMIL E INTERESADO, más aun cuando a tenor de una prueba documental leída e incorporada lícitamente en el debate, como fue el oficio de fecha 29/6/2005, emanado del director de la Clínica Popular Caricuao, (P14. Folio 148), esta ciudadana para el momento de su ingreso presentada FUERTE ALIENTO ETÍLICO, lo cual aunado a la declaración de la ciudadana PATRICIA HERRERA, quien realizara inspección técnica sobre el vehículo que tripulaban las víctimas… nos señala, ahora si, con lógica, que la ciudadana ELIZABETH ROSALES BRACAMONTE, el día que sucedieron los hechos, sus sentidos estaban afectados por la ingesta alcohólica y de ahí viene la INTERSECCIÓN Y, fruto de su invención y cuya existencia no esta corroborada por ninguna declaración o inspección técnica.
En este orden de ideas y como quiera que resulta evidentemente, la ausencia de motivación y logicidad empleada por el Juzgador al plasmar lo que llama “motiva”, solicito en nombre del derecho y de la justicia, que de conformidad a lo señalado en el ordinal segundo del artículo 452 en relación con el artículo 457, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, anular la sentencia impugnada ordena la celebración de un nuevo juicio oral.
FALTA DE MOTIVACIÓN EN LO QUE RESPECTA A LA ACREDITACIÓN DEL DELITO DE USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO.
La sentencia recurrida en lo que respecta a la comisión del delito de uso indebido de arma de fuego…
Vemos entonces, que la recurrida, no manifiesta el proceso de decantación, para determinar que el día de los hechos; es decir, el 27 de junio de 2005, YOSNEL DE JESÚS SOSA y DANILO ÁNGULO, en actos que eran ajenos a su defensa persona o el cumplimiento del deber, hicieron uso de arma de reglamente
Ha debido señalar la recurrida; que medios de prueba estimó, valoró y apreció para señalar que mis representados realizaron el delito imputado, pero calla al respecto e inexplicablemente enlaza el hecho que las presuntas víctimas resultaran negativas en la existencia de bario, antimonio y plomo con las identidades de mis defendidos.
Resulta inverosímil, también, ya que la sentencia parece del realismo mágico; que el Juzgador utilizara el principio de concentración, establecido en el artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal, para llegar a la conclusión que mis patrocinado (sic) son culpables de ese delito. Aparte que esta aseveración constituye un horror jurídico; no deviene esto por falta de preparación y ausencia de pruebas?.
También resulta increíble de un profesional del derecho, que ocupa la posición de Juez, su falsa creencia sobre las MÁXIMAS DE EXPERIENCIA…
Pero también, resulta contrario a derecho, el silencio sobre las pruebas ofrecidas por esta defensa, como son los testimonios de los expertos YENY JIMÉNEZ CISNEROS y LEONARDO CESERANO, quienes comparecieron al debate oral, fueron interrogados por las partes y manifestaron sin lugar a dudas, que en las prendas de vestir examinadas y pertenecen a YOSNEL JAIME SOSA, no se apreciaron iones o nitritos propios de la deflagración de pólvora. Estas pruebas fueron silenciadas por el juzgador, todo lo cual constituye el vicio de flan de motivación, señalado en el ordinal segundo del artículo 452 en relación con el artículo 457, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que lo procedente es anular la sentencia impugnada ordena la celebración de un nuevo juicio oral.
QUEBRANTAMIENTO Y OMISIÓN DE FORMAS SUSTANCIALES DE ACTO QUE CAUSA INDEFENSIÓN.
Durante el juicio oral, el Juzgador de juicio, convoco (sic) a las partes, según él; de conformidad a lo señalado en el artículo 359 en relación con el último aparte del artículo 358, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, a trasladarse conjuntamente con el Tribunal, al Barrio Kennedy, con la finalidad de practicar una “reconstrucción de hechos”. Una vez en ese sitio, y ante la percepción de varios abogados que el Juez no sabía lo que estaba haciendo, le comunicamos que pudiéramos ayudarlo y que la forma correcta en realizar esa reconstrucción de hechos, por tratarse de una prueba acordada por el Tribunal, es que la misma fuera realizada en presencia de todas las partes. Sin embargo, esa sugerencia no fue compartida y el juez procedió a realizar su reconstrucción de hechos sin la presencia de todos los abogados y más grave aún sin la presencia de los acusados, que tienen el derecho de presenciar y percibir todas y cada una de las pruebas traídas a juicio, incluso aquellas que de oficio ordene el tribunal y no de permanecer en un autobús, hasta la cuatro de la mañana, violando la dignidad personal de los acusados, para que a esa hora y después de haber realizado esa ilógica actividad, preguntarles si querían participar y “colaborar con el tribunal”.
De modo pues, que el Tribunal, en su “motiva”, al apreciar y valorar, el testimonio dado por las ciudadanas ELIZABETH ROSALES, DANIZA BUITRIAGO e IRÚA GARCÍA y la actuación del insólito Capitán Flores, en ese mal llamado ACTO DE RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS, ocasiona una violación al derecho de la defensa de nuestros defendidos, ya que no solamente ellos no observaron lo depuesto por estas ciudadanas, sino que la defensa, tampoco lo observó y no pudo ejercer el derecho de controlar estas pruebas, todo lo cual viola el principio de contradicción consagrado en el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal y por ende viola los derechos establecidos en los ordinales primero y tercero del artículo 49 de la Cata Magna y es por ello que solicito de su autoridad, que de conformidad a lo señalado en el ordinal tercero del artículo 452 en relación con el artículo 457, anule la sentencia dictada y hoy apelada y ordene la celebración de un nuevo juicio oral, con estricto apego a la Constitución Nacional y el debido proceso.
AUSENCIA DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA POR PARTE DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONBALES (SIC) QUE HAN CONOCIDO DEL PROCESO…
Sin embargo, el Juzgado Quincuagésimo de Control de este Circuito Judicial Penal, en la audiencia preliminar que elevo (sic) las actuaciones a Juicio oral, incurrió en denegación de justicia, toda vez que no cumplió con la tutela judicial efectiva, pues la defensa del ciudadano YOSNEL DE JESÚS JAIME SOSA; es decir, mi persona; solicito (sic) la nulidad de la practica y resultado del examen científico del análisis de trazas de disparos, por haber sido realizado el mismo, cuando los ciudadanos estaban ya detenidos, sin la presencia de un Juez y su defensor. Sin embargo el tribunal, obvió pronunciarse al respecto, lo cual ocasiona, la violación del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal y por ende, la violación a la tutela judicial efectiva.
Así las cosas, solicito ante ustedes de manera respetuosa y con derecho, la nulidad de la audiencia preliminar, ya mencionada y que dio origen al pase a juicio, de conformidad a lo señalado en los artículos 190, 191, 195 y 330 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con los artículo (sic) 26 y ordinal tercero del artículo 49 de la Carta Magna, con sus respectivas consecuencias.
PRUEBAS OFRECIDAS ANTES LA SALA DE APELACIONES
De conformidad a lo señalado en el segundo aparte del artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación al primer aparte del artículo 49 de la Carta Magna, ofrezco y promuevo los siguientes medios de prueba:
Marcado “A”, acta de debate de juicio, a que hace referencia la sentencia apelada, ello con la finalidad que el Tribunal constate la falta de motivación, ilogicidad y ausencia del proceso de análisis en lo que respecta a la existencia de la intersección “Y”, particularmente las declaraciones de los ciudadanos JUAN PEROZO, ROBIN LUNA, LEIVIS LUCENA, JOSÉ VICENTE RANCEL VILARROUEL (SIC), ALEJANDRO LISSIRT, RAÚL LINARES, OLIVER CARMONA, JARLAN FALCÓN, JUAN JOSÉ IGLESIAS, ELIÉCER GARRIDO, VÍCTOR SALOM, JOSÉ LUIS QUIARA, WILMER JOSÉ MOLINA BRAVO, WERNEY OMAR GIL, LUIS ALBERTO OLLARVES, ROGER MOYA, LUIS PEÑA, JURIM MARTÍNEZ ROJAS, YILBERT AQUÍNO OROPEZA, HÉCTOR APARACIO ROJO.
Marcada “C”, grabación audiovisual, referente a lo acontecido en el proceso de debate oral que motivo (sic) la sentencia apelada, especialmente la relativa a las filmaciones del acto de discurso de apertuora de quien suscribe, las declaraciones de los ciudadanos JUAN PEROZO, ROBIN LUNA, LEIVIS LUCENA, JOSÉ VICENTE RANCEL VILARROUEL (SIC), ALEJANDRO LISSIRT, RAÚL LINARES, OLIVER CARMONA, JARLAN FALCÓN, JUAN JOSÉ IGLESIAS, ELIÉCER GARRIDO, VÍCTOR SALOM, JOSÉ LUIS QUIARA, WILMER JOSÉ MOLINA BRAVO, WERNEY OMAR GIL, LUIS ALBERTO OLLARVES, ROGER MOYA, LUIS PEÑA, JURIM MARTÍNEZ ROJAS, YILBERT AQUÍNO OROPEZA, HÉCTOR APARACIO ROJO y RUBEN VILAMIZAR (SIC), ello con la finalidad de demostrar la falta de motivación de la sentencia.
Marcado “D”, grabación audiovisual, referente a lo acontecido en el proceso de debate oral que motivo (sic) la sentencia apelada, muy especialmente la relativa al mal llamado acto de “reconstrucción de hechos”, ello para acreditar, la violación al principio del artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal.
PETITORIO
En virtud de todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta defensa de los ciudadanos YOSNEL JAIME SOSA y DANILO ÁNGULO, de conformidad a lo señalado en el ordinal primero del artículo 49 de la Carta Magna en relación con los artículos 433, 451, 452 y 453 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito las siguientes actividades procesales:
1) La admisión del presente recurso de apelación, de conformidad a lo señalado en el primer aparte del artículo 455 del Código Adjetivo Penal.
2) Se declare con ligar los vicios denunciados, con sus respectivas sanciones.
3) Cumplir con la tutela judicial efectiva.
4) Derecho, solo derecho…”.

Corre inserto a los folios 02 al 17 de la trigésima séptima pieza de la presente pieza, recurso de apelación interpuesto por el ABG. ANDRÉS A. PUGA ZABALETA, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano RICHARD VARELA TORO, del cual se puede leer literalmente lo siguiente:

“…PRIMERO
De acuerdo a lo contemplado en el artículo 452 numeral 2º. Por ilogicidad en la motivación de la sentencia, por cuanto se viola de una manera grosera y flagrante el Derecho a la defensa, a una tutela judicial efectiva y al principio de la legalidad contemplados en los artículos 26, 49 y 131 de la Constitución de la República de Venezuela (sic) conjuntamente con los Tratados Internacionales… el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 364 numeral (sic) 3º y 4º, por cuanto existe una vulneración constitucional directa e inmediata del Derecho a la Defensa y a la igualdad en razón de que la decisión no expresa cuales son los fundamentos de hecho y de derecho que se encuentran acreditados en autos que demuestran la culpabilidad de nuestro defendido en los hechos que se le imputan, la sentencia adolece de vicios graves de falta de motivación, por cuanto se limita única y exclusivamente a señalar los hechos acreditados en juicio, pero no señala cuales elementos de Convicción Procesal son tomados en consideración para condenar mi defendido RICHARD TORO VARELA… a cumplir la pena de 3 AÑOS Y 4 MESES DE PRISIÓN, por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal. Apelación que hago de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5º, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, como se desprende incurre en el vicio de inmotivación de la sentencia, por cuanto señala cuales de los elementos de convicción ofrecidos por la Fiscalia (sic) y la relación de causalidad de los mismos son los que relacionan a nuestro defendido con los delitos por lo cual es sentenciado.
Como se evidencia de la sentencia aquí apelada, la misma se encuentra incursa en un vicio que atañe el orden público constitucional, el cual vendría a ser el VICIO DE INMOTIVACIÓN. En tal sentido, considera esta defensa oportuno recordar que ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia del Tribunal Suprema de Justicia tanto en Sala Constitucional como en la Sala de Casación Penal, que cuando existe el vicio de inmotivación de la sentencia se esta violando la disposición contenida en el artículo 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Se puede apreciar que el Tribunal de Juicio, sentencia a nuestro defendido a cumplir la pena 3 AÑOS 4 meses de prisión por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, expresando que su culpabilidad quedo demostrada en el desarrollo del debate oral, pero no señala cuales pruebas obra en contra de nuestro defendido, para encontrarlo incurso en los delitos, por el cual se sentencia, no menciona los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal y sin realizar un análisis razonado de los hechos y del derecho de los elementos de convicción lo sentencia a cumplir la pena señalada. En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia en criterio reiterado de sus Salas de Casación Penal y Constitucional, con apoyo de la Ley Adjetiva de la materia penal en su artículo 364 numerales 3º y 4º ha establecido los elementos que tienen que concurrir para dictar una sentencia condenatoria, previo a un análisis y comparación de los elementos de convicción, lo cual no realizó el Juzgador de la recurrida.
El Juez se limitó a pronunciarse sin escudriñar lo señalado en el artículo 364 numerales 3º y 4º del Código Orgánico Procesal Penal y encuadrar dentro del tipo penal señalado por la Representación Fiscal, es decir, el de ENCUMBRAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, como se desprende del análisis de la sentencia no señala, los elementos subjetivos y objetivos de los injustos penales por el cual se condena a nuestro defendido, creando un vicio de inmotivación, sin resumir y apreciar cada uno de los referidos elementos que contienen el tipo penal, para concluir sin motivación alguna en la sentencia condenatoria.
El Tribunal igualmente, omitió expresar las pruebas o elementos de convicción con las cuales dio por probada la responsabilidad penal de cada uno de los imputados. No pudiéndose convalidar tal omisión con que es un juicio que ha causado alarma social, por cuanto nada consta para que el acusado sepa cuales son las pruebas y elementos que obran en su contra, violentandose (sic) con esto el principio de que la Justicia debe ser transparente contemplado en el artículo 26 de la Constitución, al igual que el derecho a la defensa contemplado en el artículo 49 de la supra norma Constitucional mencionada, así como los Tratados Internacionales supra mencionados, por cuanto al analizar las pruebas debatidas en el juicio oral, estamos ante la presencia de que "ninguno de los injustos penales atribuidos a nuestro defendido fueron demostrados". El juzgador omitió mencionar las pruebas que aportan elemento de convicción que sirvieron para demostrar el cuerpo del delito y de que forma se configura la probabilidad de culpabilidad de los acusados de autos, sin delimitar tan siquiera la relación de causalidad existente entre el agente, el hecho y el resultado, adminiculado al derecho…
Estas razones son las que nos llevan a Apelar la sentencia del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Es así como nos encontramos con que dicha sentencia se circunscribe a hacer un recuento de lo acontecido en el juicio oral y público, para luego señalar la enunciación de los hechos objeto del juicio en el que nuevamente vuelve a señalar lo ocurrido en dicho debate, dejando asentado seguidamente los hechos acreditados por la instancia. Para luego continuar transcribiendo las deposiciones de los agentes que actuaron en el procedimiento por el cual se abrió la presente causa, sin que en ningún momento expresara la libre convicción razonada, inaplicando por tanto el método de la sana crítica que implica observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias en las que el Juez tiene la libertad para apreciar las pruebas, pero explicando las razones que lo llevan a tal convencimiento para tomar la decisión, no explica cuales son los elementos probatorios que dan por demostrado los delitos de ENCUMBRAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal. SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, no se dio por demostrado la existencia de los delitos por la cual fue sentenciado nuestro defendido…
Lo anterior, lleva al firme convencimiento de esta defensa, de que la señalada sentencia carece de motivación, lo cual acarrearía la nulidad de la misma, en virtud de haberse violentado el debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República de Venezuela y el artículo 364.4° del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual lo procedente y ajustado a derecho es declarar, conforme a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la NULIDAD de la sentencia del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictada el día treinta (30) de Agosto de Dos Mil Seis (2006), y publicada el día 20 de Octubre del 2006, a los fines de que sea efectuado nuevo juicio oral y público en el que se dicte nueva sentencia que analice y compare las pruebas que se presentarán en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que sustenten y delimiten la libre convicción razonada del juez en el cuerpo de la sentencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal. Así debe quedar sentado…
Por lo que solicitamos que el presente Recurso sea declarado con lugar y anule la sentencia impugnada, dictada por el tribunal Séptimo de Juicio y sea ordenando la celebración de un Nuevo Juicio oral, ante un Juez de Juicio en el mismo Circuito Judicial Penal, distinto del que se pronunció en la recurrida, solicitud que hacemos de acuerdo a lo contemplado en el Artículo (sic) 457 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO
De Acuerdo a lo establecido en al artículo 452 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto al revisar el desarrollo del debate oral, se puede observar un quebrantamiento de las formas sustanciales de los actos que causan indefensión, toda vez que el Juez de Juicio, no evacuó las pruebas ofrecidas por esta defensa y en ningún momento fueron citados por el Tribunal; por lo que la defensa ejerció en el cierre del debate oral, el Recurso de Revocación, referente a la desestimación de la pruebas que faltaban por evacuarse ya que el Juez de Juicio realizó erróneamente la aplicación de la norma contenida en la ultima parte del primer aparte del artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, Recurso que fue negado por el Juez, sentenciando a nuestro defendido, sin darle el derecho a la defensa y un debido proceso, contemplado en artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. A los fines de demostrar lo aquí expuesto, promovemos para ser el medio de reproducción la grabación realizada por el Tribunal A-quo en el cierre del debate, tal como lo contempla el artículo 334, del Código Orgánico Procesal Penal, así esta defensa considera procedente y ajustado a derecho declarar, conforme a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la NULIDAD de la sentencia del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictada el día treinta (30) de Agosto de Dos Mil Seis (2006), y publicada el día 20 de Octubre del 2006, a los fines de que sea efectuado nuevo juicio oral y público en el que se dicte nueva sentencia que analice y compare las pruebas que se presentarán en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que sustenten y delimiten la libre convicción razonada del juez en el cuerpo de la sentencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal. Así debe quedar sentado.
Por lo que solicitamos que el presente Recurso sea declarado con lugar y anule la sentencia impugnada, dictada por el tribunal Séptimo de Juicio y sea ordenando la celebración de un Nuevo Juicio oral, ante un Juez de Juicio en el mismo Circuito Judicial Penal, distinto del que se pronunció en la recurrida, solicitud que hacemos de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.
TERCERO
De acuerdo con el contenido del artículo 452 numeral 4° de la norma adjetiva penal; se observa como el Tribunal incurrió en una Violación de ley por el VICIO DE ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA; a tenor de lo establecido en el artículo (sic) 313, numeral 2° del Código de Procedimiento Civil; aplicable por analogía a este caso…
En el caso de marras, hay ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA por parte del Juez de Juicio, ya que al revisar el desarrollo del debate oral y las actas que integran el presente proceso, se evidencia la vulneración de los derechos de nuestro defendido por cuanto la sentencia dictada por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no está ajustada a derecho, ya que en el caso de nuestro defendido no quedo probado su culpabilidad con ninguno de los elementos de convicción evacuados en el Juicio por la Vindicta Publica…
En el caso de marras se evidencia del Medio de Reproducción a que se contrae el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, que promover para demostrar todo lo expuesto, que en los casos de los delitos por los cuales se acuso a nuestro defendido; no quedo demostrada la responsabilidad del mismo en la comisión de ninguno de ellos; ya que para que se configuren los mismos es necesario que se den las siguientes conductas antijurídicas:
En el delito de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE…
ENCUBRIMIENTO…
En el caso que nos atañe, es evidente que la responsabilidad de mi defendido, no quedo (sic) acreditada con ninguno de los elementos de convicción evacuados por la Representación de la Vindicta Publica (sic) durante el desarrollo del Juicio seguido en contra del mismo. El juez de la recurrida en ningún momento determino (sic) de forma precisa y circunstanciada los hechos que el tribunal dio por acreditados.
De allí, que cuando el sentenciador declara culpable al mismo, esta interpretando erróneamente la norma jurídica porque no adecua los hechos al derecho y va mas allá de la intención del legislador; incurriendo también en Violación de la Ley por INOBSERVANCIA DE LA NORMA JURÍDICA; el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, establece de forma taxativa los extremo legales que de carácter concurrente, debe contener cualquier sentencia dictada por un Órgano de Justicia, en este sentido se requiere que la misma contenga "La determinación precisa y circunstanciadas de los hechos que el tribunal estime acreditados. La exposición concisa de los fundamentos de hechos"; pero, no basta con que el Tribunal, se limite a describir los hechos ocurridos durante el Juicio, es indispensable, que los jueces al momento de decidir FUNDAMENTEN clara y expresamente su decisiones; no hacerla así, acarrea la NULIDAD de la sentencia a tenor de lo contemplado en los artículos 190 y 191 de la norma Adjetiva Penal; por violación al Debido Proceso contemplado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna.
Así las cosas, esta defensa considera procedente y ajustado a derecho declarar, conforme a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la NULIDAD de la sentencia del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictada el día treinta (30) de Agosto de Dos Mil Seis (2006), y publicada el día 20 de Octubre del 2006, a los fines de que sea efectuado nuevo juicio oral y público en el que se dicte nueva sentencia que analice y compare las pruebas que se presentarán en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que sustenten y delimiten la libre convicción razonada del juez en el cuerpo de la sentencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal.
CUARTO
De acuerdo con el contenido del artículo 452 numeral 4° de la norma adjetiva penal; se observa como el Tribunal incurrió en una Violación de ley por Inobservancia del contenido del numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal; por cuanto el Juez de la recurrida en su decisión no realiza una exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, y la apreciación por parte del Tribunal según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas experiencias de cada una de las pruebas evacuadas. No es admisible frente al derecho de controversia que, sin haber analizado cada uno de los elementos probatorios o tras valorar sólo parte de ellos, El Juez en su decisión que existe una motivación por el juez a quo, pero sin razonar y motivar su decisión, por cuanto lo Único que hace es transcribir cada una de las pruebas debatidas en el juicio oral, pero no señala cual es el vínculo de causalidad con cada una de ellas y los acusados de autos, no explica el porque, los sujetos pasivos de este proceso se encuentran involucrado en el injusto penal y cuales son las pruebas que dan por demostrado el Injusto Penal por el cual encuadro la conducta de nuestro defendido, obstaculizando el ejercicio del contradictorio, por cuanto no solamente violenta el derecho de controversia de la prueba que tiene los acusados, sino también el de defensa…
En resumen, la controversia de la prueba se concreta en lo siguiente: 1) El conocimiento de la fuente del medio probatorio (el testigo, el perito, por ejemplo); 2) En el conocimiento del medio probatorio (el testimonio, el dictamen etc.), para interrogar o contrainterrogar, pedir ampliación o aclaración del dictamen u objetarlo; En las particulares valoraciones de la prueba que hacen los sujetos procesales; 3) En el conocimiento por parte de los sujetos de las valoraciones probatorias que hacen los demás; 4) En el conocimiento de la valoración probatoria que hace el funcionario judicial; 5) En la interposición de recursos contra las decisiones que contienen tales valoraciones. Por lo antes expuesto e indiscutiblemente que la decisión de la Corte de Apelaciones de esta circunscripción judicial violenta en una forma grosera y flagrante el Derecho a La Defensa al ordenar a un Tribunal de Juicio, que no aplique el Contradictorio a las pruebas evacuadas bajo el régimen del Código de Enjuiciamiento Criminal.
En tal sentido solicitamos de la Corte de Apelación dictará una decisión propia, decretando la nulidad de la Sentencia y analizando cada uno de los elementos probatorios debatidos en el Juicio, a tal fin promovemos el medio de reproducción del juicio oral, donde se establece que ninguna de las pruebas promovidas arrojan ningún tipo de responsabilidad penal en contra de nuestro defendido, y así quedó sentado, por lo tanto es procedente dicta (sic) una Sentencia Absolutoria…”.

Los ciudadanos ABGS. ANDRÉS A. PUGA ZABALETA y ROMMEL ALEXANDER PUGA GONZÁLEZ, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano FRANKLIN JOSÉ GARCÍA MALDONADO, recurren del fallo emitido por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en los siguientes términos:

“…PRIMERO
De acuerdo a lo contemplado en el artículo 452 numeral 2º. Por ilogicidad en la motivación de la sentencia, por cuanto se viola de una manera grosera y flagrante el Derecho a la defensa, a una tutela judicial efectiva y al principio de la legalidad contemplados en los artículos 26, 49 y 131 de la Constitución de la República de Venezuela (sic) conjuntamente con los Tratados Internacionales… el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 364 numeral (sic) 3º y 4º, por cuanto existe una vulneración constitucional directa e inmediata del Derecho a la Defensa y a la igualdad en razón de que la decisión no expresa cuales son los fundamentos de hecho y de derecho que se encuentran acreditados en autos que demuestran la culpabilidad de nuestro defendido en los hechos que se le imputan, la sentencia adolece de vicios graves de falta de motivación, por cuanto se limita única y exclusivamente a señalar los hechos acreditados en juicio, pero no señala cuales elementos de Convicción Procesal son tomados en consideración para condenar mi defendido GARCÍA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ, titular de la cédula de identidad No. 6.281.168; a cumplir la pena de 28 AÑOS 8 MESES 6 DÍAS y 6 HORAS DE PRISIÓN por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir: CÓMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 84 ordinales 2 Y 3 ambos del Código Penal, en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ. HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA CORO MOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal. VIOLACIÓN DE DOMICILIO previsto y sancionado en el artículo 185 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal., como se desprende incurre en el vicio de inmotivación de la sentencia, por cuanto no señala cuales de los elementos de convicción ofrecidos por la Fiscalia y la relación de causalidad de los mimos son los que relacionan a nuestro defendido con los delitos por lo cual es sentenciado.
Como se evidencia de la sentencia aquí apelada, la misma se encuentra incursa en un vicio que atañe el orden público constitucional, el cual vendría a ser el VICIO DE INMOTIVACIÓN. En tal sentido, considera esta defensa oportuno recordar que ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia del Tribunal Suprema de Justicia tanto en Sala Constitucional como en la Sala de Casación Penal, que cuando existe el vicio de inmotivación de la sentencia se esta violando la disposición contenida en el artículo 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Se puede apreciar que el Tribunal de Juicio, sentencia a nuestro defendido a cumplir la pena 28 AÑOS O MESES 6 DÍAS Y 6 HORAS DE PRISIÓN de prisión por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, expresando que su culpabilidad quedo demostrada en el desarrollo del debate oral, pero no señala cuales pruebas obra en contra de nuestro defendido, para encontrarlo incurso en los delitos, por el cual se sentencia, no menciona los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal y sin realizar un análisis razonado de los hechos y del derecho de los elementos de convicción lo sentencia a cumplir la pena señalada. En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia en criterio reiterado de sus Salas de Casación Penal y Constitucional, con apoyo de la Ley Adjetiva de la materia penal en su artículo 364 numerales 3º y 4º ha establecido los elementos que tienen que concurrir para dictar una sentencia condenatoria, previo a un análisis y comparación de los elementos de convicción, lo cual no realizó el Juzgador de la recurrida.
El Juez se limitó a pronunciarse sin escudriñar lo señalado en el artículo 364 numerales 3º y 4º del Código Orgánico Procesal Penal y encuadrar dentro del tipo penal señalado por la Representación Fiscal, es decir, el de CÓMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 84 ordinales 2 y 3 ambos del Código Penal, en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ. HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA CORO MOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal. VIOLACIÓN DE DOMICILIO previsto y sancionado en el artículo 185 del Código Penal, como se desprende del análisis de la sentencia no señala, los elementos subjetivos y objetivos de los injustos penales por el cual se condena a nuestro defendido, creando un vicio de inmotivación, sin resumir y apreciar cada uno de los referidos elementos que contienen el tipo penal, para concluir sin motivación alguna en la sentencia condenatoria.
El Tribunal igualmente, omitió expresar las pruebas o elementos de convicción con las cuales dio por probada la responsabilidad penal de cada uno de los imputados. No pudiéndose convalidar tal omisión con que es un juicio que ha causado alarma social, por cuanto nada consta para que el acusado sepa cuales son las pruebas y elementos que obran en su contra, violentandose (sic) con esto el principio de que la Justicia debe ser transparente contemplado en el artículo 26 de la Constitución, al igual que el derecho a la defensa contemplado en el artículo 49 de la supra norma Constitucional mencionada, así como los Tratados Internacionales supra mencionados, por cuanto al analizar las pruebas debatidas en el juicio oral, estamos ante la presencia de que "ninguno de los injustos penales atribuidos a nuestro defendido fueron demostrados". El juzgador omitió mencionar las pruebas que aportan elemento de convicción que sirvieron para demostrar el cuerpo del delito y de que forma se configura la probabilidad de culpabilidad de los acusados de autos, sin delimitar tan siquiera la relación de causalidad existente entre el agente, el hecho y el resultado, adminiculado al derecho…
Estas razones son las que nos llevan a Apelar la sentencia del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Es así como nos encontramos con que dicha sentencia se circunscribe a hacer un recuento de lo acontecido en el juicio oral y público, para luego señalar la enunciación de los hechos objeto del juicio en el que nuevamente vuelve a señalar lo ocurrido en dicho debate, dejando asentado seguidamente los hechos acreditados por la instancia. Para luego continuar transcribiendo las deposiciones de los agentes que actuaron en el procedimiento por el cual se abrió la presente causa, sin que en ningún momento expresara la libre convicción razonada, inaplicando por tanto el método de la sana crítica que implica observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias en las que el Juez tiene la libertad para apreciar las pruebas, pero explicando las razones que lo llevan a tal convencimiento para tomar la decisión, no explica cuales son los elementos probatorios que dan por demostrado los delitos de CÓMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 84 ordinales 2 y 3 ambos del Código Penal, en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ. HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA CORO MOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO. USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal. VIOLACIÓN DE DOMICILIO previsto y sancionado en el artículo 185 del Código Penal, en ninguna de las pruebas promovidas por la Fiscal del Ministerio Público, se dio por demostrado la existencia de los delitos por la cual fue sentenciado nuestro defendido…
Lo anterior, lleva al firme convencimiento de esta defensa, de que la señalada sentencia carece de motivación, lo cual acarrearía la nulidad de la misma, en virtud de haberse violentado el debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República de Venezuela y el artículo 364.4° del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual lo procedente y ajustado a derecho es declarar, conforme a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la NULIDAD de la sentencia del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictada el día treinta (30) de Agosto de Dos Mil Seis (2006), y publicada el día 20 de Octubre del 2006, a los fines de que sea efectuado nuevo juicio oral y público en el que se dicte nueva sentencia que analice y compare las pruebas que se presentarán en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que sustenten y delimiten la libre convicción razonada del juez en el cuerpo de la sentencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal. Así debe quedar sentado…
Por lo que solicitamos que el presente Recurso sea declarado con lugar y anule la sentencia impugnada, dictada por el tribunal Séptimo de Juicio y sea ordenando la celebración de un Nuevo Juicio oral, ante un Juez de Juicio en el mismo Circuito Judicial Penal, distinto del que se pronunció en la recurrida, solicitud que hacemos de acuerdo a lo contemplado en el Artículo (sic) 457 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO
De Acuerdo a lo establecido en al artículo 452 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto al revisar el desarrollo del debate oral, se puede observar un quebrantamiento de las formas sustanciales de los actos que causan indefensión, toda vez que el Juez de Juicio, no evacuó las pruebas ofrecidas por esta defensa y en ningún momento fueron citados por el Tribunal; por lo que la defensa ejerció en el cierre del debate oral, el Recurso de Revocación, referente a la desestimación de la pruebas que faltaban por evacuarse ya que el Juez de Juicio realizó erróneamente la aplicación de la norma contenida en la ultima parte del primer aparte del artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, Recurso que fue negado por el Juez, sentenciando a nuestro defendido, sin darle el derecho a la defensa y un debido proceso, contemplado en artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. A los fines de demostrar lo aquí expuesto, promovemos para ser el medio de reproducción la grabación realizada por el Tribunal A-quo en el cierre del debate, tal como lo contempla el artículo 334, del Código Orgánico Procesal Penal, así esta defensa considera procedente y ajustado a derecho declarar, conforme a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la NULIDAD de la sentencia del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictada el día treinta (30) de Agosto de Dos Mil Seis (2006), y publicada el día 20 de Octubre del 2006, a los fines de que sea efectuado nuevo juicio oral y público en el que se dicte nueva sentencia que analice y compare las pruebas que se presentarán en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que sustenten y delimiten la libre convicción razonada del juez en el cuerpo de la sentencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal. Así debe quedar sentado.
Por lo que solicitamos que el presente Recurso sea declarado con lugar y anule la sentencia impugnada, dictada por el tribunal Séptimo de Juicio y sea ordenando la celebración de un Nuevo Juicio oral, ante un Juez de Juicio en el mismo Circuito Judicial Penal, distinto del que se pronunció en la recurrida, solicitud que hacemos de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.
TERCERO
De acuerdo con el contenido del artículo 452 numeral 4° de la norma adjetiva penal; se observa como el Tribunal incurrió en una Violación de ley por el VICIO DE ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA; a tenor de lo establecido en el artículo (sic) 313, numeral 2° del Código de Procedimiento Civil; aplicable por analogía a este caso…
En el caso de marras, hay ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA por parte del Juez de Juicio, ya que al revisar el desarrollo del debate oral y las actas que integran el presente proceso, se evidencia la vulneración de los derechos de nuestro defendido por cuanto la sentencia dictada por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no está ajustada a derecho, ya que en el caso de nuestro defendido no quedo probado su culpabilidad con ninguno de los elementos de convicción evacuados en el Juicio por la Vindicta Publica (sic)…
En el caso de marras se evidencia del Medio de Reproducción a que se contrae el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, que promover para demostrar todo lo expuesto, que en los casos de los delitos por los cuales se acuso a nuestro defendido; no quedo demostrada la responsabilidad del mismo en la comisión de ninguno de ellos; ya que para que se configuren los mismos es necesario que se den las siguientes conductas antijurídicas:
CÓMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO…
HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA…
USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO…
SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE…
VIOLACIÓN DE DOMICILIO…
En cuanto a los delitos imputados, para que se configuren los mismos, es menester que se den los cuatro elementos del Tipo, que son por un lado el Dolo que supone intención; la intención es un acto de conocimiento, puesto que solo se propone un objetivo que se ha representado previamente…
Por otro, lado; hay que determinar si se llenan los elementos adicionales en el caso del delito de CÓMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO Y HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORESPECTIVA (SIC)… En el segundo tipo penal, vienen dados por la frustración y la complicidad correspectiva…
En cuanto a la COMPLICIDAD CORRESPECTIVA…
En el delito de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE…
POR ÚLTIMO, EN CUANTO AL delito de violación de domicilio…
En el caso que nos atañe, es evidente que la responsabilidad de mi defendido, no quedo (sic) acreditada con ninguno de los elementos de convicción evacuados por la Representación de la Vindicta Publica (sic) durante el desarrollo del Juicio seguido en contra del mismo. El juez de la recurrida en ningún momento determino (sic) de forma precisa y circunstanciada los hechos que el tribunal dio por acreditados.
De allí, que cuando el sentenciador declara culpable al mismo, esta interpretando erróneamente la norma jurídica porque no adecua los hechos al derecho y va mas allá de la intención del legislador; incurriendo también en Violación de la Ley por INOBSERVANCIA DE LA NORMA JURÍDICA; el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, establece de forma taxativa los extremo legales que de carácter concurrente, debe contener cualquier sentencia dictada por un Órgano de Justicia, en este sentido se requiere que la misma contenga "La determinación precisa y circunstanciadas de los hechos que el tribunal estime acreditados. La exposición concisa de los fundamentos de hechos"; pero, no basta con que el Tribunal, se limite a describir los hechos ocurridos durante el Juicio, es indispensable, que los jueces al momento de decidir FUNDAMENTEN clara y expresamente su decisiones; no hacerla así, acarrea la NULIDAD de la sentencia a tenor de lo contemplado en los artículos 190 y 191 de la norma Adjetiva Penal; por violación al Debido Proceso contemplado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna.
Así las cosas, esta defensa considera procedente y ajustado a derecho declarar, conforme a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la NULIDAD de la sentencia del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictada el día treinta (30) de Agosto de Dos Mil Seis (2006), y publicada el día 20 de Octubre del 2006, a los fines de que sea efectuado nuevo juicio oral y público en el que se dicte nueva sentencia que analice y compare las pruebas que se presentarán en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que sustenten y delimiten la libre convicción razonada del juez en el cuerpo de la sentencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal.
CUARTO
De acuerdo con el contenido del artículo 452 numeral 4° de la norma adjetiva penal; se observa como el Tribunal incurrió en una Violación de ley por Inobservancia del contenido del numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal; por cuanto el Juez de la recurrida en su decisión no realiza una exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, y la apreciación por parte del Tribunal según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas experiencias de cada una de las pruebas evacuadas. No es admisible frente al derecho de controversia que, sin haber analizado cada uno de los elementos probatorios o tras valorar sólo parte de ellos, El Juez en su decisión que existe una motivación por el juez a quo, pero sin razonar y motivar su decisión, por cuanto lo Único que hace es transcribir cada una de las pruebas debatidas en el juicio oral, pero no señala cual es el vínculo de causalidad con cada una de ellas y los acusados de autos, no explica el porque, los sujetos pasivos de este proceso se encuentran involucrado en el injusto penal y cuales son las pruebas que dan por demostrado el Injusto Penal por el cual encuadro la conducta de nuestro defendido, obstaculizando el ejercicio del contradictorio, por cuanto no solamente violenta el derecho de controversia de la prueba que tiene los acusados, sino también el de defensa…
En resumen, la controversia de la prueba se concreta en lo siguiente: 1) El conocimiento de la fuente del medio probatorio (el testigo, el perito, por ejemplo); 2) En el conocimiento del medio probatorio (el testimonio, el dictamen etc.), para interrogar o contrainterrogar, pedir ampliación o aclaración del dictamen u objetarlo; En las particulares valoraciones de la prueba que hacen los sujetos procesales; 3) En el conocimiento por parte de los sujetos de las valoraciones probatorias que hacen los demás; 4) En el conocimiento de la valoración probatoria que hace el funcionario judicial; 5) En la interposición de recursos contra las decisiones que contienen tales valoraciones. Por lo antes expuesto e indiscutiblemente que la decisión de la Corte de Apelaciones de esta circunscripción judicial violenta en una forma grosera y flagrante el Derecho a La Defensa al ordenar a un Tribunal de Juicio, que no aplique el Contradictorio a las pruebas evacuadas bajo el régimen del Código de Enjuiciamiento Criminal.
En tal sentido solicitamos de la Corte de Apelación dictará una decisión propia, decretando la nulidad de la Sentencia y analizando cada uno de los elementos probatorios debatidos en el Juicio, a tal fin promovemos el medio de reproducción del juicio oral, donde se establece que ninguna de las pruebas promovidas arrojan ningún tipo de responsabilidad penal en contra de nuestro defendido, y así quedó sentado, por lo tanto es procedente dicta (sic) una Sentencia Absolutoria…”.

Los ciudadanos ABGS. FRANCISCA SALVIO TANTINO y JAVIER BOSCÁN CAMACHO, en su carácter de Defensores Privados de los ciudadanos ALEXANDER GERARDO ARRIETA JIMÉNEZ, ALIRIO JOSÉ CAMEJO y GENDRYS ENRIQUE MOLINA, establecieron en su escrito de impugnación las siguientes denuncias:

“…El artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone en su numeral 2do…
En el presente caso, denunciamos que la sentencia impugnada incurre en el vicio de falta manifiesta en su motivación. Según lo pasamos a demostrar sobre la base de las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Constituye la motivación de la sentencia una condición sine qua non para el ejercicio de la defensa, consagrado en el Artículo (sic) 49 de la .constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí que el Código Orgánico Procesal Penal, en diversas disposiciones, consagra tal exigencia expresa bajo la enunciación de la manifestación de los distintos fundamentos de la sentencia.
Los fundamentos son los motivos, que son exigidos, entre otras disposiciones, por la del Artículo (sic) 364 del Código Orgánico Procesal Penal…
SEGUNDA: El Artículo (sic) 22 del Código Orgánico Procesal Penal….
TERCERA: El sistema de apreciación de las pruebas…
CUARTA: Nuestra Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a la MOTIVACIÓN de las sentencias y autos, ha establecido…
QUINTA: Sentadas las anteriores consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales, procedemos a indicar lo siguiente:
1) La sentencia recurrida, con respecto a nuestros patrocinados hace dos consideraciones por separadas, la primera de ellas mediante la cual trata de demostrar la participación de los ciudadanos GENDRYS ENRIQUE MOLINA y ALIRIO JOSÉ CAMEJO, en los hechos donde resultaran heridas las ciudadanas a las ciudadanas Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Moreno García, y la otra donde resulta herida la ciudadana Elizabeth Rosales Bracamonte, a los fines de determinar la responsabilidad de ALEXANDER ARRIETA JIMENEZ, en tal sentido consideramos necesario realizar por separados los argumentos de la defensa con respecto a tales aseveraciones…
a) Con respecto al primero de los supuestos, la recurrida estableció…
b) Así las cosas, podemos, igualmente evidenciar, que a los fines de establecer, la supuesta responsabilidad del ciudadano ALEXANDER GERARDO ARRIETA JIMÉNEZ, en relación a las lesiones sufridas por la ciudadana Elizabeth Arrieta BRACAMONTE la recurrida, entre otras cosas, señaló…
2) De igual forma, el Juzgador de la primera (sic) Instancia, realiza consideraciones de hecho y de derecho para imputar a los acusados de autos por la comisión del ilícito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, y al ciudadano GENDRYS ENRIQUE MOLINA con respecto al delito de HURTO CALIFICADO…
c) En relación al delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, el Juzgador arribó a la siguiente conclusión…
d) de igual forma, la recurrida arriba a la conclusión de que el ciudadano GENDRYS ENRIQUE MOLINA, es responsable del delito de HURTO CALIFICADO…
SEXTA: Ahora bien, con vista a los “FUNDAMENTOS DE HECHOS Y DE DERECHO” plasmados en el fallo por el tribunal Sentenciador, se desprende, con meridiana claridad, que la MOTIVACIÓN, es el producto del examen parcializado y sesgado de las pruebas practicadas, lo que significa que la “motivación” contenida en los párrafos antes transcritos, se apoyó, exclusivamente, en un mero examen de ciertas pruebas CONVENIENTEMENTE SELECCIONADAS por el Juzgador, obviando y omitiendo su análisis y comparación, dando plena fe a una prueba para unos fines, y considerando que la misma prueba se encuentra desvirtuada para otros fines, sin una explicación lógica de este selectivo y discriminatorio análisis.
El sentenciador NO CONFRONTÓ ENTRE SI los distintos elementos probatorios, es decir, no realizó el debido y razonado análisis de éstos, por lo cual no surgió la verdad procesal, lo cual nos atrevemos a afirmar, por las siguientes razones:
En primer término: Las pruebas evacuadas durante el proceso no dan cuenta de la comisión, ni de manera particular, ni por complicidad correspectiva de delito alguno, así observamos que durante el proceso se evacuaron las siguientes pruebas, y ESTAS FUERON LAS CONCLUSIONES A LAS QUE SE ARRIBÓ:
1) JESÚS SUÁREZ (BALÍSTICA)…
2) MIGUEL IBARRETO (HOMICIDIO) JEFE DE DIVISIÓN…
3) LEONEL RODRÍGUEZ (HOMICIDIO) RECABÓ EVIDENCIAS (ROPA)…
4) PEROZO DAZA JUAN LUIS (HOMICIDIO), INSPECCIÓN SITIO DEL SUCESO, VEHÍCULO COSA, CADÁVERES…
5) LUNA HERNÁNDEZ ROBIN JOSÉ –PTJ- DIV. HOMICIDIOS, actúa según acta policial del 29-06-05…
6) LUCENA LEIVYS –PTJ- DIVISIÓN DE HOMICIDIOS, participó en el acta del 29-06-06…
7) JOSÉ VICENTE RANCEL VILLARROEL .PTJ- División de Homicidios, participó en el acta del 28-06-06
8) ALEJANDRO LISSIRT, PTJ, DIVISIÓN DE HOMICIDIO, Actas Pieza 1 folios 1 al 11, 26 y 27 243 y 244…
9) DAVILA OVIDIO PTJ FUE A LA MORGUE DE BELLO MONTE…
10) RODRÍGUEZ YÉPEZ LEONEL –PTJ- pero ya había sido evacuado…
11) MARIN GONZÁLEZ LIZZETTA KARISBEL –PTJ- BALÍSTICA…
12) NIEVES COLINA OLGA JINETT PTJ BALÍSTICA…
13) EVELIN DÍAZ CAMPOS (MÉDICO FORENSE PTJ) PROTOCOLO DE AUTOPSIA…
14) FRANKLIN PÉREZ (FORENSE, PRÁCTICA PROTOCOLO DE AUTOPSIA A ERIC MONTENEGRO Y EDGAR JOSUÉ TORREALBA)…
15) Raúl Linares División de Homicidios…
16) JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ NEREA (BALÍSTICA EXPERTICIA 5.56) (OJO NO FUE PROMOVIDA LA EXPERTICIA 094 HAY QUE PEDIR NULIDAD)…
17) SOSA MAIRIN (INSPECCIÓN DE CAMIONETA y VEHÍCULO CORSA, FOTOGRAFA)…
18) MANUEL JESÚS MIRANDA (HOMICIDIOS, REINSPECCIÓN EN EL SITIO)…
19) YONNI MATUTE (HOMICIDIO)…
20) ANTONIO MOLINA (HOMICIDIO, ROPA DE FUNCIONARIOS)…
21) ADOLORATA CASIMIRE (EXPERTICIA ION NITRATO, ION NITRATO VEHÍCULO Y ROPA VÍCTIMA)…
22) RODAIMA NASSER (LEVANTAMIENTO DE CADÁVER, LESIONES)…
23) ODIVER CARMONA (CICPC, INSPECCIÓN TÉCNICA, IMPUTADO EN ESTE CASO)…
24) FALCÓN JHARIAN (POLISUCRE COMISIONADO HOMICIDIO, INSPECCIÓN EN EL SITIO LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER)…
25) JUAN JOSÉ IGLESIAS (CICPC, JEFE DE GUARDIA DIRECCIÓN)…
26) JORGE HOMSI (INSPECCIÓN CORSA 03P, 9AMETRALLADORAS (SIC) UZI…
27) ELIÉCER GARRIDO (FOTÓGRAFO)…
28) FRANCISCO JESÚS PÉREZ (INSPECCIÓN TÉCNICA, CAMIONETA HILUX)…
29) VÍCTOR SALON (INSPECCIÓN TÉCNICA CAMIONETA HILUX, CARRO RENAULT)…
30) JOSÉ LUIS QUIARA PERDOMO (CITADO COMO UN NUEVO HECHO ART 359 COPP)…
31) MOLINA BRAVO WILMER JOSÉ (PLANIMETRÍA)…
32) QUINTERO ROJAS LUIS OSCAR (MÉDICO ADJUNTO HOSPITAL MILITAR, LESIONADA ELIZABETH ROSALES)…
33) SHELIN CONCEPCIÓN DÍAZ ACUÑA (MÉDICO HOSPITAL MILITAR, LESIONADA ELIZABETH ROSALES…
34) OMAR GIL (TRAYECTORIA BALÍSTICA)…
35) LUIS ALBERTO OLLARVE (DIVISIÓN HOMICIDIO)…
36) RUBÉN DARÍO VILLAMIZAR (ATD)…
37) JOSÉ VARELA SALAS (JEFE SERVICIO DEL DIM)…
38) TERÁN GOYO EIBERT ALFREDO (SOLDADO QUE LAVA LA CAMIONETA)…
39) PACHECO VEGA ÁNGEL ISIDRO (SOLADO TALLER)…
40) SERGIO JOSÉ RIVERO MARCANO (DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DIM)…
41) ELVIS QUIJADA (EXPERTICIA DE BARRIDO, 2 VEHÍCULOS CORSA, HILUX, UNIFORMES)…
42) COLMENAREZ LOBO YESICA CAROLINA (EXPERTICIA APÉNDICES PILOSOS CORSA VÍCTIMA)…
43) ABELARDO JOSÉ BRITO ESCALONA (INSPECCIÓN LOCKERS)…
44) JUAN BAUTISTA AROCHA GARCÍA (REVISIÓN LOCKERS)…
45) YZARRRA VIELMA JAIME funcionario del DIM que recibió las armas al Mayor Peña Baldomero…
46) MOYA BENITEZ JOSÉ, fotógrafo de PTJ, de los sitios del suceso…
47) LILIANA FERREIRA ARMAS (ARMAS)…
48) NICOLAS MORALES (TRAYECTORIA BALÍSTICA)…
49) IRÚA COROMOTO (VÍCTIMA), no fue promovido como testigo…
50) PEDRO QUINTERO (LAVO CAMIONETA)…
51) ELIZABETH ROSALES BRACAMONTE (LESIONADA)…
52) RAMÓN EDUARDO AYALA MEDINA (JEFE GUARDIA Caricuao, NOVEDADES)…
53) LUIS ARTURO PEÑA OVALLES (HERIDO)…
59) KENIA ATAMAICA TOVAR (TESTIGO PRESENCIAL)…
60) MIRIAN MERCERDES ROTJE GARCÍA (TESTIGO PRESENCIAL)…
61) TIBISAI DIAZ SALAS (TESTIGO PRESENCIAL)…
62) AQUINO OROPEZA (RECIBIÓ PLOMO)…
63) JOSÉ LUIS CORDERO (LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, NO FUE ADMITIDO EN CONTROL)…
64) BUCHANAS CEDRES HUMANE JOSÉ (BALÍSTICA)…
65) TEOBALDO ÁNGEL RON PEREIRA (INVESTIGADOR HOMICIDIO)…
66) RAMÍREZ GERSON ALBERTO (INVESTIGADOR)…
67) JOSÉ PRIETO SALAZAR (EXPERTICIA VEHÍCULO CORSA…
68) JEAN RICHARD JESÚS SÁNCHEZ (EXPERTICIA CORSA)...
69) YESIKA PÉREZ VELASCO (EXPETICIAS SANGRE MALETA DE VEHÍCULO, EXPERTICIA RELOJ PULSERA DE ERICK)…
70) ALEJANDRO RODELO (EXPERTICIAS LIBRO DE ENTRADA Y SALIDA DE ARMAS DEL DIM)…
71) MAIRA ALEJANDRA TORREALBA (EXPERTICIA LIBRO DE ENTRADA Y SALIDA DE ARMAS DE DIM)…
72) DARIMAR MILAGRO VILLAMIZAR (RETRATO HABLADO…
De tal manera, que incumple la recurrida con las normas contempladas en la norma adjetiva penal, denunciadas supra como violentadas, al no hacer el debido análisis, comparación y estudio de los elementos probatorios con que contó durante el desarrollo del debate, arribando a un falso supuesto, que la obliga a emitir un pronunciamiento que no comulga con la realidad imperante en el proceso, y en particular por las siguientes razonamientos:
a) Al momento de determinar la responsabilidad de GENDRYS ENRIQUE MOLlNA y ALlRIO JOSÉ CAMEJO, en relación a las lesiones sufridas por las ciudadanas Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Moreno García, dejó de valorar y considerar los siguientes elementos:
- Dejó de analizar la testimonial del funcionario RUBÉN DARÍO VILLAMIZAR, quien fuera el encargado de tomar las muestras de ATD de los hoy acusados, mediante la cual se pudo verificar que no se utilizaron los mecanismos idóneos para recabar las muestras, QUE LOS INVESTIGADOS NO ESTABAN EN COMPAÑiA DE NINGUNA PERSONA DE SU CONFIANZA, al momento de serles tomadas las muestras, tal como lo obliga el artículo 209 del Código Orgánico Procesal Penal, y tampoco se les notificó del derecho de estar acompañados; que los pines no se encontraban en sus estuches precintados, sino en una bolsa negra.
- También dejó de analizar el Juzgador, de la testimonial in comento, que el experto afirma que con dicha prueba NO SE PUEDE AFIRMAR QUE LA PERSONA DISPARÓ, sino que simplemente estuvo cerca de alguien que disparara, ya que el radio de expansión es de 50 centímetros, también dejó de considerar el Tribunal, que dichas pruebas no fueron procesadas en el Laboratorio de Microscopía del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, sino en los Laboratorios del IUT, situado en la Carretera Panamericana, para lo cual el Juzgador solicitó se recabara la información a dicho centro docente la cual nunca llegó.
- En éste (sic) mismo orden de ideas, observamos como el Tribunal dejó de analizar la testimonial del ciudadano NICOLAS MORALES, funcionario adscrito a la División de Balística del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien al momento de examinar el vehículo Corsa, manifestó que es imposible determinar cuantos disparados eran y el sitio de su ubicación, y el calibre de las armas atendiendo solamente los orificios de entrada y salida.
- En tal sentido, y analizada la sentencia recurrida, podemos observar, que el Juzgador de la Primera Instancia, a los fines de demostrar la supuesta participación de nuestros patrocinados en los hechos concretos donde resultaran lesionadas las mencionadas ciudadanas, SOLO TOMÓ EN CUENTA LAS NOVEDADES DIARIAS llevadas tanto por la Dirección de Inteligencia Militar como por la Comisaría de Caricuao del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, donde se señala que tanto el funcionario GENDRYS MOLlNA como ALlRIO CAMEJO formaban parte de una comisión mixta; es decir, que fue suficiente para éste Juzgador el contar con elementos que demostraran que los mencionados ciudadanos formaban parte de dicha comisión para condenarlos por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, obviando, entre otras, las pruebas antes indicadas, que dan cuenta de la imposibilidad de afirmar que los mismos tuvieron actuación en los hechos criminosos que se pretenden sancionar.
b) En cuanto al grado de participación que tuviese el ciudadano AlEXANDER GERARDO ARRIETA JIMENEZ en las lesiones sufridas por la ciudadana Elizabeth Rosales Bracamonte, podemos evidenciar, que el Tribunal silenció, entre otras, las siguientes probanzas:
- No fue tomada en cuenta la testimonial de la ciudadana MARIN GONZÁLEZ LlZZETTA KARISBEl, adscrita a la División de Balística del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (sic), quien señala que SÓLO A UN ARMA DE LAS 33 RECABADAS SE LE PRACTICÓ MACERADO PARA VERIFICAR SI HABÍAN SIDO DISPARADAS, por que sencillamente no se le había ordenado, no obstante esto afectar la investigación, al limitarse una prueba que evidentemente hubiese ayudado a esclarecer los hechos; y en idénticos términos se expresó la ciudadana NIEVES COLINA OLGA JINETT, también adscrita a la Brigada de Balística de dicha dependencia policial.
- El Tribunal valoró y consideró como prueba PRINCIPAL, la declaración del experto JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ NEREA, NO OBSTANTE DE HABER SIDO NI PROMOVIDA NI ADMITIDA NI EVACUADA LA EXPERTICIA N° 094 DEL 11 DE AGOSTO DE 2005, es decir, dicho experto afirma que CON SOLO VER LAS RADIOGRAFIAS puede afirmar que las esquirlas encontradas en el glúteo de la ciudadana Elizabeth Bracamonte son calibre 5.56, pero el Tribunal OBVIÓ, que la expertícia (sic) sobre la que basa su testimonio el experto no fue promovida y no fue evacuada, por lo que se violentó el derecho a la defensa al permitirse a un testigo que se refiriera a hechos que no forman parten del cúmulo probatorio, viciando por ende la Sentencia recurrida de NULIDAD ABSOLUTA.
- En éste (sic) mismo orden de ideas, observamos como el Tribunal dejó de analizar la testimonial del ciudadano NICOLAS MORALES, funcionario adscrito a la División de Balística del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien al momento de examinar el vehículo Corsa, específicamente la puerta, dice que es IMPOSIBLE DETERMINAR CALIBRE con el orificio de entrada, que la UNICA MANERA ES TENIENDO LA EVIDENCIA EN LA MANO, es decir que ni con fotografías ni con radiografías se puede determinar, SOLO CON EL PROYECTIL EN LA MANO SE PUEDE SABER EL CALIBRE, tales afirmaciones fueron obviadas por el Juzgador, quien simplemente la ignoró al momento de dictar su sentencia.
- En idénticos términos se expresa el funcionario BUCHANANS CEDRES HUMANE JOSÉ, funcionario adscrito a la División de Balística del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien fue el funcionario que elaboró la expertícia (sic) N° 094, sobre la cual no se le pudo hacer ninguna pregunta, ya que la misma NO FUE OFRECIDA POR El MINISTERIO PÚBLICO, y que no obstante ES IMPOSIBLE DETERMINAR CALIBRE.
- En consecuencia, es evidente el error en que incurrió la recurrida, al tratar de extraer elementos de culpabilidad de probanzas que nada aportan al hecho que nos ocupa, y que por demás resultan inverosímiles e improbables, la UNICA PRUEBA con que cuenta el Juzgador, es el dicho de un funcionario policial (José Gregorio Hernández Nerea), quien sin contar con la materialidad del proyectil, o de sus restos, pudo determinar, con una sola proyección RADIOGRAFICA, Que tampoco fue incorporada en el debate, ya que no fue exhibida a ninguno de los presentes, que el calibre del proyectil que le causó la herida a Elizabeth Rosales Bracamonte era 5.56, no obstante existir las testimoniales antes transcritas que dan cuenta que dicho proyectil es de alto calibre, de alta velocidad, y de fuerte impacto, lo cual aunado al testimonio de la propia víctima, quien refiere que el disparo le fue efectuado a escasos dos o tres metros de distancia, nos obliga a concluir que es imposible que haya recibido un disparo de un proyectil 5.56, ya que a esa distancia el daño hubiese sido mucho mayor y es materialmente imposible que se le alojara en el glúteo, pues una bala de esa características la hubiese traspasado sin ningún tipo de problema, ya que no hay obstáculo capaz de detenerlo en tan corta distancia; amén del hecho de que la expertícia (sic) N° 094 NO FUE INCORPORADA, y es a esta a la que se refiere el mencionado funcionario. c) Con relación al Uso Indebido de Arma de Fuego, es necesario acotar, que es imposible que nuestros patrocinados hayan cometido tal delito, toda vez, que los mismos son funcionarios públicos y efectivos militares, que se encontraban en el ejercicio de sus funciones, y en cumplimiento de un deber, portando las armas que les fueran asignadas, y no existe NI UN SOLO ELEMENTO PROBATORIO que demuestre que ellos han hecho uso de las mismas.
d) En relación al supuesto delito de HURTO CALIFICADO, atribuido al ciudadano GENDRYS ENRIQUE MOLlNA, es evidente que el Juzgador de la Primera Instancia, dejó de considerar pruebas evacuadas en el proceso, como serían:
- La testimonial del funcionario LEONEL RODRÍGUEZ, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien fue una de las personas que se trasladó hasta la Dirección de Inteligencia Militar, y manifestó que fue él quien retiró la ropa de los funcionarios Y NO VIO NINGÚN TIPO DE PRENDAS EN EL LOCKER DE GENDRYS MOLINA, amén de afirmar que no portaba orden de allanamiento para la revisión de dichos lockers.
- De igual forma se dejó de considerar, valorar y analizar la testimonial del Teniente Coronel SERGIO JOSÉ RIVERO MARCANO, quien fungía como Director de Investigaciones del DIM, para la época, quien fue conteste en afirmar, que a los lockers se le hicieron DOS (02) revisiones, y en la primera no se encontró nada que pudiese comprometer a nuestro patrocinado; que la segunda inspección se hizo no por orden de la Fiscalía, sino porque iba a ser mudado el dormitorio, que las cosas ya estaban en unas bolsas negras, que nunca hubo testigos al momento de revisar los mismos.
- De igual forma se dejó de analizar y comparar con los otros elementos de prueba, la testimonial del ciudadano ABELARDO JOSÉ BRITO ESCALONA, quien informó que él revisó los lockers por orden del Comandante Rivera Marcano, dice que ya los lockers ya habían sido revisados por los PTJ, que no recuerda haber visto ni pulseras ni relojes, dice que los lockers tenían una cinta amarilla pues habían sido revisados por los PTJ, quienes no habían encontrado nada.
-En idénticos términos se expresa el efectivo militar JUAN BAUTISTA AROCHA GARCÍA, quien al igual que BRITO manifiesta que el Comandante Rivera Marcano les ordenó vaciar los lockers, ya que el dormitorio se iba a mudar, y que los mismos ya habían sido revisados por los PTJ, quienes además precintaron los mismos, que no habían encontrado elementos de interés Criminalísticos (sic) y que nunca estuvieron presentes testigos cuando se revisaron los mismos.
- Por lo que al no considerar los referidos elementos probatorios, el Juzgador incurrió en error de valoración, y por ende arribó a una errónea conclusión, ya que de haber estimado los mismos hubiese dictado un fallo totalmente distinto al que hoy se recurre, el cual carece del análisis y comparación de todas y cada una de las pruebas evacuadas en juicio, como único mecanismo capaz de arribar a la verdad verdadera de los hechos que nos ocupa.
En fin, el sentenciador de la recurrida, tal como se desprende de la parte del fallo intitulada "FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO", condenó a los acusados mediante un "proceso intelectivo" consistente en una simple mención desarticulada de hechos, convirtiéndose el Juzgador en un simple narrador de lo expresado por funcionarios policiales, sin aportar un análisis de los hechos debatidos en el Juicio Oral y Público, por lo cual la sentencia no se basta a si misma, no habiendo espléndido, por ello, la verdad procesal, que resulta totalmente contraria a la que se desprende del cúmulo de pruebas practicadas en el juicio oral y público y que contrastan abiertamente con el pronunciamiento de condena de los acusados.
Por lo expuesto, es incontrovertible que la sentencia resulta manifiestamente inmotivada, pues no expresa claramente el resultado del proceso, debido a la alarmante omisión del examen comparativo de las pruebas y de la expresión del razonamiento propio del Juzgador para llegar a la convicción del fallo dictado, trayendo esto como resultado una OSTENSIBLE ALTERACIÓN y TRASTOCACIÓN DE LA VERDAD, que condujo, en consecuencia, a la indebida condena de los acusados.
RAZONES POR LA QUE PEDIMOS A LA CORTE DE APELACIONES QUE ASÍ LO DISPONGA EN FORMA EXPRESA.
SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE EN BASE AL MOTIVO DE APELACIÓN DENUNCIADO
En virtud de todas las razones y consideraciones expuestas en el Capitulo precedente, solicitamos de la Corte de Apelaciones, con fundamento a lo dispuesto en el encabezamiento del citado artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, que ANULE la sentencia impugnada y ordene la celebración de un nuevo juicio oral ante un juez de este mismo Circuito Judicial, distinto del que la pronunció.
Por todas las razones y consideraciones anteriormente expuestas, solicitamos con todo respeto de la Corte de Apelaciones, que DECLARE CON LUGAR el presente RECURSO DE APELACIÓN, el cual queda así formalizado en los términos antes expuestos.
OFRECIMIENTO DE PRUEBAS:
De conformidad con las previsiones de la parte in fine del artículo 453 ofrecemos el Acta del Debate y la Filmación de la misma, mediante la cual se pretende demostrar, que el Tribunal desestimó la incorporación de la Expertícia (sic) N° 094 del 11 de Agosto de 2005, más no obstante valoró y estimó como prueba válida la testimonial del experto JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ NEREA, quien se refirió única y exclusivamente a dicha expertícia (sic) para tratar de demostrar el calibre del proyectil que le causa la herida a la ciudadana Elizabeth Rosales Bracamonte…”.

En fecha 07-11-2006 el ciudadano ABG. PABLO RAMOS, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, recurrió ante el Juez de Primera Instancia, establecido lo siguiente:

“…PRIMERA DENUNCIA
FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA
Con base al numeral 2º del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio la falta de motivación de la sentencia, ya que el juzgador no analizó ni comparó las declaraciones de los expertos JESÚS SUAREZ, RODRÍGUEZ YEPEZ LEONEL JOSÉ, RANCEL VILLARROEL JOSÉ VICENTE, SOSA VARGAS MAIRU, MOLINA BRAVO WILMER JOSÉ, MORALES DÍAZ NICOLAS ENRIQUE, entre otros, el Tribunal lo que hizo fue tomar solo (sic) los medios de prueba a su conveniencia para condenar a mi representado, basando de esta manera su sentencia de condena solo (sic) en declaraciones testimoniales, descartando sin ningún tipo de motivación las deposiciones de los expertos anteriormente mencionados que demuestran que mi representado no participó ni disparó arma de fuego alguna…
El Tribunal básicamente como sustento de esta motivación es el hecho de que mi representado haya formado parte de la comisión policial que se trasladó al sitio el día de los hechos. Este no es un punto controvertido, basándose solo (sic) en las actas que cursan ante la División de Inteligencia Militar que corroboran tal situación; pero en esa escasa motivación el tribunal deja de analizar pruebas importantísimas que demuestran que CARLOS FELIPE COISCOU PRADA NO PARTICIPÓ en los hechos imputados por el Ministerio Público; por ejemplo la declaración del funcionario RODRÍGUEZ YEPEZ LEONEL JOSÉ, quien depuso en fecha 12-06-06, tal como se desprende del acta del debate, manifestando este funcionario que la experticia de iones nitritos y nitratos practicada al arma de fuego de mi representado había salido negativa, lo que quiere decir, que esa arma de fuego no había sido disparada.
En ese mismo orden de ideas, las declaraciones de los funcionarios RANCEL VILLARROEL JOSÉ VICENTE, SOSA VARGAS MAURI y MOLINA BRAVO WILMER JOSÑE, quienes inspeccionaron el vehículo donde tripulaban las lesiones no encontrando evidencias de que hayan disparado 24 personas, es decir, que si los 24 imputados por este delito hubiesen efectuado múltiples disparos contra ese vehículo la inspección judicial habría aclarado esa duda. Estos funcionarios declaración (sic) en fechas 15-06-06, 27-06-06 y 04-07-06. Tales declaraciones no fueron tomadas en cuenta por el Tribunal.
En este mismo orden de ideas tenemos la declaración del funcionario MORALES DÍAZ NICOLAS, quien compareció a juicio en fecha 19-07-06, esta declaración tampoco fue tomada en cuenta por el juez sentenciador…
Demostrado como ha quedado a través de la presente denuncia, que el a quo, dejó de analizar y comparar, las pruebas ya citada y al verificar la Corte de Apelaciones tal situación, deberá en tal virtud, anular la recurrida y ordenar la celebración de nuevo juicio oral ante otro Tribunal distinto que prescinda del vicio que se denuncia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ LO PEDIMOS.
SEGUNDA DENUNCIA
FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA
Con base al numeral 2º del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio la falta de motivación de la sentencia, ya que la recurrida no establece cual fue el hecho específico ejecutado por mi representado para incurrir en el delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, lo que se traduce en falta de motivación exigida en el numeral 4º del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal…
El Tribunal llega a la conclusión de que mi representado entre otros hizo uso de su arma de fuego solo (sic) bajo la circunstancia de que según el Tribunal salió positivo en un Análisis de Trazas de Disparos y con las declaraciones de las víctimas, no obstante esta situación, el juzgador no señala ¿Cuál acto que ejecutó para incurrir en el delito ya descrito?. En conclusión, el ciudadano COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, desconoce cual es el hecho por el cual se le condenó por este delito.
En consecuencia, al verificar la Corte de Apelaciones este vicio de inmotivación, deberá anular la recurrida, y ordenar la celebración de otro juicio oral ante otro Tribunal distinto que prescinda del vicio que se denuncia. Y ASÍ MUY RESPETUOSAMENTE LO PEDIMOS.
TERCERA DENUNCIA
QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMALIDAD DEL ART. 353 C.O.P.P
Con base al numeral 3º del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio la quebrantamiento (sic) de la formalidad prevista en el artículo 353 ejusdem, es decir, la obligación que tenía el Tribunal de evacuar todas y cada una de las pruebas admitidas por el juez de control en fase intermedia; por errónea interpretación del artículo 198 último aparte ibidem, lo que se traduce en violación del derecho a la defensa previsto en el artículo 12 de la misma Ley Adjetiva.
En fecha 29 de Agosto de 2006, continuando con el debate oral, el tribunal decide, prescindir de las pruebas que faltaban por evacuar y declara concluido el lapso de recepción de pruebas…
Después de esto el juez intempestivamente se retira del tribunal, sin darle a las partes la oportunidad de ejercer el recurso de revocación.
Es el día 30 de Agosto de 2006, cuando esta defensa y el colega DR. ALFREDO PUGA, pudimos ejercer el recurso de revocación contra esa decisión, fue declarado dicho recurso sin lugar. Recurso este que no aparece reflejado en el acta del debate oral…
Si esto es así, que lo es, mal podía el Tribunal prescindir del resto del material probatorio a evacuarse. Es que además en ese acto del Tribunal, no se motivó el extremo principal de la norma invocada, el cual, es el referente al hecho notorio. Pero es que tal situación, no puede aducirse en juicio, por el Juzgador, porque estaría incurriendo en pronunciamientos de fondo, más cuando faltaban muchísimas pruebas por evacuarse.
Esta situación causa agravio al acusado ya que las pruebas que faltaban por evacuar había que someterlas al principio de contradicción, como es el caso de los médicos forenses que evaluaron a las lesionadas, víctimas, sujetos pasivos por las cuales se le imputa homicidio en grado de frustración a mi representado. Así como por ejemplo también, las nuevas pruebas acogidas y ordenadas sue evacuación por el Tribunal, relacionadas con la declaración del experto en Microanálisis RUBÉN VILLAMIZAR que practicó las experticias de Análisis de Trazas de Disparos a mi representado.
En fin, de acuerdo al contenido del artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal, no le estaba dado al Tribunal prescindir del resto del material probatorio…
La consecuencia de la declaratorio (sic) con lugar del vicio que se denuncia es la misma de los vicios anteriores, es decir, de acuerdo al contenido del artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, lo procedente en el presente caso es la nulidad del juicio oral y la celebración de otro debate, ante otro Tribunal distinto que prescinda del vicio que se denuncia. Y ASÍ MUY RESPETUOSAMENTE LO PEDIMOS.
MEDIO DE PRUEBA: En virtud de que el acta del debate no consta nuestro recurso de revocación interpuesto contra la decisión del Tribunal que prescinde de las pruebas, solicito se oficie a la Oficina de Participación Ciudadana, para que el día de la audiencia oral, proyecte en la Sala, la jornada del día 29-08-06, específicamente donde el Tribunal prescinde de las pruebas e inmediatamente se retira de la sala de Juicio; así como se proyecte la jornada del día 30 Agosto del mismo año, específicamente su inicio (casete 48), con el objeto de demostrar el recurso de revocación interpuesto, por cuanto esa decisión causaba agravio al imputado. Y ASÍ MUY RESPETUOSAMENTE LO PEDIMOS.
CUARTA DENUNCIA
OMISIÓN DE LA FORMALIDAD DEL ART. 349 C.O.P.P.
Con base al numeral 3º del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio la omisión de la formalidad prevista en el artículo 349 ejusdem, es decir, el derecho que tenia el acusado de declarar en transcurso del juicio ya que al inicio se había abstenido de hacerlo, ello, por cuanto el juzgador NO PERMITIÓ EL DERECHO DE DECLARAR DEL ACUSADO, bajo la excusa de que se había acogido al precepto constitucional al inicio del juicio, lo que se traduce en violación del derecho a la defensa previsto en los artículos 130, 347, 12 ibidem, por errónea interpretación del aludido artículo 349.
El día 30 de Mayo de 2006, apenas aperturándose el debate oral, solicité al Tribunal la suspensión del mismo para que me diera tiempo suficiente para enterarme de las actuaciones, ya que esa misma fecha había aceptado la defensa de mi representado…
En otras palabras, el Tribunal, suspendió por un día el debate para preparar la defensa…
Es en fecha 9 de Junio de 2006, cuando el acusado decide declarar, le es negado ese derecho, tal como lo refleja el acta del debate…
De modo que el Tribunal interpretando erróneamente el artículo 349 procedimental, le negó su sacro santo derecho de declarar…
Efectivamente el imputado intervino en diversas oportunidades durante el debate oral, pero jamás en esas intervenciones pudo ser repreguntado por las partes para que a través del proceso de preguntas y repreguntas fuera observado por el Tribunilla veracidad de su testimonio como medio de defensa, de manera que tal situación causa un grave agravio al acusado.
El Tribunal incurre en errónea interpretación, ya que del contenido del artículo 349 se desprende que el acusado muy a pesar de acogerse al precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia, puede hacerlo posteriormente en el transcurso del debate y no como lo interpretó el Tribunal, que una vez de haberse acogido a ese derecho, solo (sic) podía hacerlo después de las conclusiones…
en conclusión esta errónea interpretación conllevó a una flagrante violación del derecho a la defensa del imputado, que no se le permitió declarar el conocimiento que tenía de los hecho y su no participación, para así ratificar su inocencia en los hechos imputados.
Por lo tanto, al verificar la Corte de Apelaciones, el (sic) la violación del derecho a la defensa que se ha denunciado por errónea interpretación del artículo 349 procedimental, deberá anular la recurrida y ordenar la celebración de un nuevo juicio oral ante otro Tribunal distinto que prescinda del vicio que se denuncia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ MUY RESPETUOSAMENTE LO SOLICITAMOS.
Medio de Prueba: En virtud de que el acta del debate no identifica al imputado y al defensor que intervienen en esa oportunidad para solicitar declarar, ni los términos en que se ejerció el recurso de revocación, de conformidad con lo previsto en el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, apartes segundo y tercero, ofrezco como medio de prueba a los fines de probar lo aquí denunciado, lo siguiente: Se oficie a la Oficina de Participación Ciudadana, para que el día de la audiencia oral prevista en el artículo 456 procedimental, se proyecte la película del juicio oral de fecha 09 de junio de 2006 (casete (sic) Nº 6), específicamente el inicio de esa jornada de juicio, donde manifesté al Tribunal el deseo de declarar del imputado. Y ASÍ MUY RESPETUOSAMENTE LO PEDIMOS.
QUINTA DENUNCIA.
OMISIÓN DE LA FORMALIDAD DEL ARTÍCULO 344 AP. (sic) C.O.P.P.
Con base al numeral 3º del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio la omisión de la formalidad prevista en el artículo 344 primer aparte ejusdem, es decir, el día 19 de Junio de 2006, fecha en la cual, se continuaba el debate oral, no estuvo el acusado COISCOU PRADA CARLOS FELIPE asistido de su defensor privado toda vez que, en esa oportunidad me encontraba celebrando otro acto ante otro Tribunal, lo que se traduce en violación del derecho a la defensa previsto en los artículo 125.3 y 12 ibidem.
La omisión en que incurre el Tribunal es precisamente en la continuación del debate oral sin estar debidamente asistido el acusado de su defensor privado.
Ahora bien, el primer aparte artículo 344 procedimental denunciado por omisión, establece que el juez una vez verificada la presencia de las partes declarará abierto el debate oral; ello implica como partes, la presencia del imputado y su representante obviamente, de acuerdo a lo que disponen los artículos 125, numeral 3º y 12 del Texto Adjetivo Penal, ya mencionados.
Sin embargo, esta norma solo se refiere a la apertura del debate oral y público, no obstante, es extensible a las continuaciones de los juicios orales por aplicación inmediata del artículo 335 del mismo Código Procedimental, que dispone la facultad del Tribunal de diferir el juicio oral, cuando este no puede culminarse en un solo día y muy especialmente este caso en concreto, cuyo debate duró más de tres meses. De modo pues, que el imputado debe estar asistido en todas las audiencias del juicio oral por su abogado defensor.
En otro orden de ideas, en fecha 15 de Junio de 2006, culminada la jordana de juicio ese día y antes del diferimiento, advertí oralmente al Tribunal que para el día en que se había pautado la continuación del juicio, tenía fijada muy previamente la celebración de una audiencia preliminar en el Juzgado 15 de Control a las 9:30 horas de la mañana.
En esa fecha y hora se celebró el acto, culminando a las 4:05 horas de tarde pro causas inherentes al mismo acto, no pudiendo comparecer a la continuación del juicio ese día, que de acuerdo al acta del debate comenzó a las 11:00 horas de la mañana (ver folio 67 y siguientes). De modo pues que el Tribunal, debió esperar la culminación de ese acto o continuar el juicio en otra oportunidad, si hubiese verificado mi inasistencia justificada ese día.
…omisis…Pero lo más importante es la violación del derecho a la defensa en esa oportunidad, toda vez que ese día comparecieron los expertos DÁVILA RODRÍGUEZ OVIDIO, MARÍN GONZÁLEZ LIZZETTA KARISBELL, MIERES COLINA OLGA GINETTE, tal como se desprende del acta del debate y no pudieron ser repreguntados por esta defensa.
Por consecuencia, al constatar la Corte de Apelaciones, el incumplimiento de la formalidad prevista en el artículo 344 procedimental (no comparecencia de la defensa por motivos justificados), violándose por consecuencia los artículos 125.3 y 12 del Código Orgánico Procesal Penal, deberá anular la recurrida y ordenar la celebración de un nuevo juicio oral ante otro Tribunal distinto que prescinda del vicio que se denuncia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ MUY RESPETUOSAMENTE LO SOLICITAMOS.
El vicio que se denuncia de acuerdo al contenido del artículo 436 ejusdem, es admisible toda vez que causa agravio al imputado y el mismo tiene que ver con su representación y asistencia, de acuerdo a lo que pauta el aparte único de esa norma, por lo que debe ser admitida la presenten denuncia. Y ASÍ MUY RESPETUOSAMENTE LO PEDIMOS.
MEDIO DE PRUEBA: De conformidad con lo previsto en el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, apartes segundo y tercero, ofrezco como medio de prueba a los fines de probar lo aquí denunciado, lo siguiente Copia certificada del acta de la audiencia preliminar celebrada en fecha 19 de Junio de 2006 ante el Tribunal 15º de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, así como copia certificada del auto mediante el cual, ese Tribunal fija la audiencia preliminar para esa fecha y hora. Con la presente prueba demostraremos a la Corte la hora de inicio y culminación del acto y por ende mi no presencia en el debate oral y público. Así mismo, pedimos a la Corte oficie a la Oficina de Participación Ciudadana, para que el día de la audiencia oral prevista en el artículo 456 procedimental, se proyecte la película del juicio oral de esa fecha 19 de Junio de 2006, especialmente el paneo general que se hace en la continuación para verificar que no estuve presente en esa oportunidad. Por lo tanto, estos medios de prueba son útiles y pertinentes para acreditar lo denunciado, lo cual, contrastaran lo contrario de lo que se establece en el acta del debate, en consecuencia deben ser admitidos estos medios de prueba. Y ASÍ MUY RESPETUOSAMENTE LO PEDIMOS.
PETITORIO
En fuerza de las precedentes consideraciones y en fundamento de las razones de hecho y de derecho expuesta, es que solicitamos de la Corte de Apelaciones, admita la presente apelación, y declare con lugar las denuncia interpuestas, ordenando la realización de un nuevo juicio de acuerdo al artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal…”

El ciudadano ABG. DONALDO BARROS C., en su carácter de Defensor Privado de los ciudadanos JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, JORGE ELPIDIO ESCALONA ESAA, ABREU OQUENDO JESÚS ALBERTO, MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, FRANK ALBERTO SERRADA, OLIMPIO BARILE SÁNCHEZ, GELSON ALEXANDER CARPIO HENRÍQUEZ, JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, JOSÉ ALIRIO CAMEJO, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, YOSNEL DE JESÚS JAIME SOSA, EDWIN MANUEL FLORES, ALEXANDER GERARDO ARRIETA JIMÉNEZ y JUAN CARLOS REYES RUIZ, interpusieron recurso de apelación de la siguiente manera:

“…PRIMERA DENUNCIA
DENUNCIO LA FALTA DE MOTIVACIÓN EN LA SENTENCIA, POR INCUMPLIR ÉSTA CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ORDINAL 2º DEL ARTÍCULO (SIC)
En relación al ordinal 2º del artículo 364, relativo al requisito formal de la sentencia definitiva…
Posteriormente y dentro del mismo rubro, se limita el sentenciador a esbozar someramente los alegatos de los abogados defensores, transcribiendo el defectuoso registro levantadas en actas de las alegaciones que entre otros defensores, se permitió quien aquí suscribe; afirmación ésta última que me permito, en base que el supuesto registro contenido en las actas que fueron levantadas a lo largo del proceso, no revelan claramente, no solo (sic) lo explanado por cada uno de los intervinientes dentro de la fase probatoria del juicio; sino que las mismas resultan a todas luces, inentendibles e incapaces de llevar a la mente del Tribunal de alzada, lo que realmente se aconteció dentro del debate probatorio. Sin embargo, no obstante haberse llevado un registro de filmación de imágenes y sonidos (voces), el Juzgador, utilizando una prisa también incomprensible, solo (sic) tomó estas defectuosas actas, que desvirtúan en gran medida lo acontecido en el Juicio Oral.
En ese orden de ideas, del texto supra transcrito del rubro mencionado sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio, el juzgador omite cumplir con éste requisito, dejando tácito el objeto del juicio que presidió, imposibilitando a los integrantes del Tribunal Colegiado, conocer con exactitud los hechos y circunstancias que se debatieron dentro del contradictorio, como objeto del juicio.
Más aún, ni siquiera hace referencia a lo explanado por la Representación Fiscal, para de esta manera tratar de hacer suyos, los hechos y circunstancias que a juicio del Ministerio Público, constituirían los hechos y circunstancias sería objeto del juicio, limitándose a señalar… donde se puede destacar que la investigación realizada por el Ministerio Público existen suficientes elementos serios, contundentes e inequívocos que van a asegurar que efectivamente estos ciudadanos tienen una participación directa en los mismos bien sea por acción u omisión (…)”; olvidando el Juez de instancia que el requisito exigido por el Legislador en el ordinal 2º del artículo 364 de la ley adjetiva, esta dirigido al Juez y no a las partes que intervienen en el proceso, en especial al Ministerio Público.
La situación arriba planteada, en primer término, transgredí un requisito esencial de la sentencia, en tanto y en cuanto el mismo constituye una forma esencial y no un mero formalismo por el que se pretenda la justicia. Por otro lado, en criterio de esta defensa, tal omisión viola el derecho a una justicia transparente y termina de violentar a su vez, por vía de consecuencias, el debido proceso, en tanto y en cuanto los justiciables tienen el derecho de conocer con diáfana claridad, los hechos y circunstancias por las que son juzgados; y en virtud de ello, conocer los motivos por los que fueron condenados: lo cual resulta ilusorio, en tanto y en cuanto, el texto de la sentencia que se recurre, adolece de tal omisión.
En ese sentido, los alegatos de la defensa, resultan huérfanos de todo asidero, en tanto y en cuanto, el Juzgador de alzada no podría entender con exactitud , que hechos y circunstancias habrían sido el objeto del juicio del que emanó la sentencia que aquí se recurre; además que no se entendería ninguno de los alegatos de las distintas defensas, ya que desconocerían los motivos en los que se fundamentan; a menos que tengan que recurrir a elementos que se encuentran fuera del fallo, para así llegar a la comprensión de los ya tantas veces citados hechos y circunstancias objeto de juicio.
Esta omisión que comete el Juzgador de instancia en el fallo que aquí se recurre, por tratarse de un requisito esencia de toda sentencia definitiva, incide en la decisión que pudiera tomar el juzgador de alzada, toda vez que desconocería los hechos y circunstancias objeto del juicio en el que se tomó la decisión que aquí se recurre; llevándolo a suplir la negligencia del juzgador de instancia, al remitirlo a la acusación fiscal a los fines de determinar el requisito establecido de manera clara y determinante en el ordinal 2º del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal; cuestión ésta que evidentemente sería contraria a derecho.
De tal manera, la solución a este omisión cometido por el Juez Primero (sic) de Juicio de este mismo circuito judicial penal, no podría ser otra que decretarse la nulidad de la sentencia y ordenar un nuevo juicio oral y público por ante un Tribunal distinto al que emitió el pronunciamiento que aquí se recurre.
SEGUNDA DENUNCIA
INMOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA, POR LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 364 ORDINAL 3º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL
La sentencia que aquí se recurre, nuevamente incurre en inobservancia de los requisitos esenciales que debe cumplir una sentencia definitiva, específicamente los señalados en el ordinal 3º del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal…
En efecto, señala el Juzgador de instancia, en lo que respecta al requisito supra señalado…
Como puede observarse, el Juzgador Séptimo de Juicio, aún cuando señala dentro del texto del rubro que identificó con la leyenda “LOS HECHOS ACREDITADOS EN LA AUDIENCIA”…
Ciudadanos Magistrados de la Corte de Apelaciones, es evidente que el Juez de Instancia posee una errónea interpretación del contenido del Ordinal 3º del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, en tanto y en cuanto confunde el imperativo legal contenido en dicho ordinal… Sin embargo, en criterio de quien aquí defiende, el Juzgador de instancia, confunde los eventos producidos dentro del juicio, como lo han sido, entre otros, las declaraciones de los testigos, expertos y víctimas, como los hechos y circunstancias acreditados (sic) dentro de la fase probatoria…
Así las cosas, al omitir el Juzgador expresar en el rubro que nos ocupa, cuales hechos y que circunstancias de tiempo, modo y lugar, se han podido desprender de las probanzas producidas dentro del contradictorio, omite cumplir con una formalidad esencial, que lo imposibilita para realizar el requisito establecido en el ordinal 4º del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, la exposición concisa de los fundamentos de hechos y de derecho.
Así las cosas, al no señalar de manera concreta los hechos y circunstancias que en su criterio fueron acreditados dentro del debate probatorio, por ende, tampoco realizó la concatenación articulada de tales elementos probatorios, cuestiones éstas necesarias, para pasar a exponer los fundamentos de hecho y de derecho referidos en el ordinal 4º del artículo 364 de la ley adjetiva penal que nos ocupa.
El vicio acotado, no es otro que una evidente falta de motivación en la sentencia que se recurre, siendo la solución a esta situación, la nulidad de la sentencia recurrida y ordenar la celebración de un nuevo juicio oral y público.
TERCERA DENUNCIA
INMOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA, POR LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 364 ORDINAL 4º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL
En lo que respecta a la “Exposición concisa de sus fundamentos de hechos y de derecho”…
En la sentencia que se recurre en el presente escrito de apelación, el Juez Séptimo de Juicio, señala…
Ahora bien, visto lo arriba trasncrito (sic), esta defensa pasa de seguidas a demostrar que el Juez Séptimo en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, transgredió el ordinal 4º del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal…
Ahora bien, a los fines robustecer aún más lo que resulta evidente del texto de la sentencia que aquí se recurre, como lo es que violentó el requisito que exige la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho, se hace necesario señalar que en lo atinente las testimoniales, como a las pruebas documentales, que la sentenciadora omitió valorar, bien sea para desecharlas o bien para otorgarles sus efectos jurídicos a favor de mis defendidos.
En ese sentido, resulta necesario desglosar esas situaciones, a los fines de fortalecer el criterio sostenido por esa defensa de que el Juez Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a todo evento, incumplió también con el requisito de validez de la sentencia establecido en el ordinal 4º del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, e igualmente, en la estructuración del fallo, sobrepasó diques que le impone el sistema valorativo de la prueba de la “Sana Crítica”. A saber:
Ante todo debo dejar sentado que no pretende esta defensa invadir la autonomía que tienen los jueces para emitir su criterio, pero cuando nos encontramos ante una evidente y férrea voluntad por parte del juzgador, de condenar a toda costa a un grupo de funcionarios policiales quienes, a la luz de las probanzas producidas dentro del juicio, en última instancia se encontrarían amparados bajo el manto protector de una duda razonable; entonces necesariamente debe invadirnos un temor reverencial ante la extralimitación de las funciones jurisdiccionales que se permitió el Juez de Juicio, que por una u otra razón, terminan por afectar la seguridad jurídica de todos aquellos que pretendemos depositar nuestra confianza en el derecho y en la administración de justicia…
Resulta paradójico para esta defensa que el mismo sentenciador, cuyo fallo aquí se impugna, se permitió señalar en el rubro que ahora nos ocupa, la importancia que tiene el justificar una decisión judicial, proporcionando una argumentación convincente e indicando que la motivación alude al proceso intelectual que sigue el Juez en la elaboración de su decisión; agregando que en esa motivación, el Juez utiliza la lógica jurídica y la argumentación en la construcción de las premisas. Y termina diciendo que una adecuada decisión es aquella que se apoya en sólidos argumentos, y que argumentar es exponer las razones y pruebas, que sirvan de apoyo a una conclusión, exponiendo las razones y fundamentos que permitan a los terceros calibrar la bondad de la decisión judicial. Y me resulta paradójico, en virtud de que en criterio de quien aquí suscribe, el juzgador de esta causa, lejos de cumplir con el postulkado (sic) que se permitió, realiza un fallo, a todas luces divorciado de éste…
En efecto, señala el sentenciador en el fallo que aquí se recurre, lo que en su criterio ocurrió en fatídico día 27 de junio de 2007, en el perdieran la vida los ciudadanos ERIC MONTENEGRO, EDGAR JOSUÉ QUINTERO y LEONARDO LARES, y resultaron heridas las ciudadanas Elizabeth Yuleidys Rosales BRACAMONTE, Irúa Coromoto Moreno García y Danitza Buitriago González.
Ahora bien, aún cuando no se encuentra en el ánimo de esta defensa el precisar si realmente los hechos se habrían desarrollado tal y como lo afirma el Juez de Juicio, en lo atinente a las circunstancia de tiempo, modo y lugar en que supuestamente fueron heridas las tres damas estudiantes y que resultaron muertos sus tres compañeros de estudio, se hace necesario realizar la siguiente reflexión de estricto orden jurídico, a los fines de demostrar que aún en lo atinente a la parte objetiva del delito, el Juez de causa incurre en falsos supuestos; a saber:
En primer término, se hace necesario precisar el lugar específico en que fueron heridas las ciudadanas Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, Irúa Coromoto Moreno García y Danitza Buitriago González. En ese sentido, señala el juzgador que esto habría ocurrido en el sector Kennedy, en una parte denominada la “Y”. en otras palabras, pretende el Juzgado de la causa, que el primer evento que se produjo, habría sido aquel en el que resultarían heridas las tres damas que tripulaban en (sic) vehículo involucrado en los acontecimientos que se desarrollaron el día 27 de junio de 2005; cuando un grupo armado de personas intercepta el vehículo en que los estudiantes se desplazaban, propinándoles varios disparos al mismo.
Señala, igualmente que ciertamente, en virtud de lo aportado por las víctimas Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, Irúa Coromoto Moreno García y Danitza Buitriago González, existió un primer evento, que en su criterio no tiene relevancia alguna, toda vez que asume que en ese acontecimiento no se produjo ningún tipo de heridas en las personas que tripulaban el vehículo Corsa color arena en el que se desplazaban los estudiantes universitarios. Tal afirmación se la permite, en virtud del resultado de una mal llamada reconstrucción de hechos, en el que juzgador fue asistido por el experto de nombre José Bolívar, funcionario adscrito a la Guardia Nacional, que estuvo a cargo de la Reconstrucción de los Hechos en la fase del Juicio Oral, quien en su criterio determinó que los disparos escuchados por los testigos Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, Irúa Coromoto Moreno García y Danitza Buitriago González, no había impactado en el automóvil en cuestión, por lo que al Juzgador no le cupo duda alguna que, en ese momento ninguno de los tripulantes del referido vehículo había resultado herido, lo cual afirma había sido alegado por las víctimas.
Sin embargo, si nos remitimos a las declaraciones de las víctimas, tendríamos que la ciudadana IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, en su declaración rendida en el debate oral y público, señalo (sic) con diáfana claridad que a ella la había herido en esa primer (sic) oportunidad en la que, supuestamente y según lo afirmado por las ciudadanas ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, DANITZA BUITRIAGO GONZÁLEZ y la misma IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, habría sido en el momento cuando subían por la referida urbanización, cuando fueron sorprendidos por una persona que provenía de las escaleras del BLOQUE 1, que vestía de negro, con capucha y portaba arma de fuego, quien los habría apuntando con un arma de fuego, razón por el cual éstos creyeron que era un robo ya que no portaba ningún tipo de identificación, y no detienen la marcha, por el contrario aceleran el vehículo, escuchando de inmediato varias detonaciones.
Ahora bien, no señala el Juzgador de la causa, las razones por las que se desestima lo afirmado por la ciudadana IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, máxime si analizamos la declaración en audiencia de la ciudadana ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, quien a repreguntas que le formulara ésta defensa, señaló que no le constaba en que momento habría recibido la herida en el glúteo.
No le es indiferente esta defensa el hecho de que el Juez de instancia señala que en virtud del informe pericial aportado por el ciudadano JOSÉ BOLÍVAR, adscrito a la Guardia Nacional y quien habría fungido como experto en trayectoria balística, en el que supuestamente habría señalado que ningún disparo producido en este primer lugar, habría impactado al vehículo, fue suficiente para crear en su intelecto el convencimiento de que en este primer sector, no habría resultado herido ninguno de los tripulantes del vehículo Corsa, color arena; sin embargo y a la luz de las deposiciones de las propias víctimas, tendríamos que éstas son contestes en afirmar que posteriormente a la aparición de éste sujeto, las víctimas oyeron varias detonaciones, sin saber precisar si el autor de las mimas habría sido esa persona.
En ese orden de ideas, para ésta defensa, para ésta defensa resulta inconcebible que el juzgador se haya basado en la opinión de un experto que solo (sic) tiene la misma referencia el dicho de dos víctimas; cuando existe una deposición de la misma agraviada, en al (sic) señala que es en este sitio donde recibe la herida de proyectil único a la cabeza; toda vez que tal circunstancia ha debido ser sometida a un riguroso análisis; en virtud de la relevancia jurídica que ello encierra.
En efecto, de establecerse que fue en ese sitio en que fuere herida la ciudadana IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, entonces, por vía de consecuencias y por provenir de un solo individuo, se haría más cuesta arriba establecer que la herida de esta ciudadana respondería a la participación de varias personas que habrían actuado a título de cómplices Correspectivos; subtipo penal éste, ya de por sí imposible de demostrar, como más adelante se explicará.
Por otro lado, se hace necesario apuntalar, que no es cierto que las víctimas habrían sido contestes en sus declaraciones, toda vez que en ningún momento la declaración de ELIZABETH ROSALES, fue corroborada por las ciudadanas DANITZA BUITRIAGO e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA.
En efecto, ELIZABETH ROSALES, en la declaración que rindiera en audiencia, relata los hechos inverosímiles, como lo es que supuestamente en que el vehículo en que se desplazaban fuere rodeado por un grupo de personas y se escudaron “muchas, muchísimas” detonaciones, entonces como arte de magia, esas personas que se supone, atentaban en contra de sus vidas, habrían desaparecido del sitio y habría permitido que el vehículo continuara su recorrido.
También señala ésta ciudadana, que en el vehículo en que se desplazaba conjuntamente con los hoy occisos y las ciudadanas DANITZA BUITRAGO e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, con posterioridad al primer evento en el que fueren interceptados por una persona que vestía de negro y que les había ordenado que parara la marcha del vehículo, donde habían acelerado la marcha y se habría producido algunas detonaciones, se había detenido frente al BLOQUE 11, para posteriormente continuar la marcha; siendo más adelante, en su sitio conocido como la “Y”, donde supuestamente habría aparecido el grupo armado y donde supuestamente habría salido herida en el glúteo izquierdo.
Ahora bien, si ésta declaración la concatenamos con lo declarado por la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRAGO, quien a preguntas formuladas por esta defensa, señala que el tiempo de recorrido del sitio en el que se produjeron las múltiples detonaciones, hasta el sector las casitas, en el que vivía la ciudadana ELIZABETH BRACAMONTE, había sido muchísimo menor al tiempo que habría transcurrido desde el sector en el que apareció la persona vestía negro, a la altura del BLOQUE 1, al sitio en el que se produjeron las múltiples detonaciones; y si consideramos que ese primer sitio se encuentra cercano al sitio en el que el Juzgador llegó al convencimiento de ser el sitio en el que le produjeron las heridas a las jóvenes estudiantes, existiendo mucha más distancia entre este sitio y el sector Las Casitas, que entre el sitio del Bloque 1 y el sector que ella señala en la Reconstrucción de los hechos producidas en el Juicio, como el lugar en que le apareció el grupo armado; entonces, por vía de consecuencias tendríamos que ese sector que es llamado la “Y”, no sería el mismo que el que habrían aparecido el grupo armado y habrían resultado heridas ésta última y supuestamente DANITZA BUITRAGO.
En efecto, la misma ELIZABETH ROSALES, narra en su declaración rendida en audiencia, que se detienen luego de la aparición del individuo que según el dicho de IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, habrían sido su heridor, frente al Bloque 11; y que luego continúan su camino hacia el sector Las Casitas, donde residía, cuando en un sitio conocido como la “Y”; aparece el grupo armado, el cual luego de cesar las múltiples detonaciones, desaparece, franqueándole el paso hasta su residencia. Entonces no es difícil concluir que el sitio que describe como la “Y”, no era el que señaló en la supuesta reconstrucción de los hechos, en tanto y en cuanto que en esta última oportunidad, señala como la “Y”, la intersección con el Bloque 11; y en su declaración señala que es en este sector, frente al Bloque 11, donde se detienen a ver si alguien había resultado herido por el sujeto solitario que le había dado la voz de alto, a la altura del Bloque 1.
Esta afirmación que me he permitido se robustece con lo declarado por la ciudadana ROSANGELA BRACAMONTE, quien a preguntas formuladas por esta defensa, señala que estando en su residencia, escucho múltiples disparos, los cuales asume provenían de un lugar cercano a su residencia; señalando que sería a la altura de una intersección en forma de “Y”, que se encuentra poco antes de llegar la vereda 12, conocida dentro del presente proceso como “El Callejón”. Y si a esto le sumamos lo declarado por el ciudadano MARTÍNEZ ROJAS JURIM MIGUEL funcionario de la Policía Metropolitana adscrito para la fecha en Distrito 35 de Kennedy, a repreguntas realizadas por esta señala que en el sector Kennedy, específicamente en la vía principal que llega la (sic) sector Las Casitas, existen varias intersecciones en forma de “Y”.
Es evidente que la intersección en forma de “Y”, en donde supuestamente resultaron heridas las jóvenes estudiantes, no se pudo determinar con exactitud; sin embargo lo que si emerge a claras luces, es que la ciudadana ELIZABETH ROSALES, mintió y trató de cambiar su versión solapadamente en la oportunidad en que se realizó la supuesta reconstrucción de los hechos ordenada por el Juez de Juicio. Por otro lado, cabe observar que de las declaraciones de los funcionarios de investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ninguno de ellos fue informado del sitio en el que supuestamente resultaron heridas las ciudadanas Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, Danitza Buitriago González, manejando dentro de sus pesquisas policiales, dos sitios del suceso el primero de ellos donde resulta herido el funcionario LUIS PEÑA, y el segundo de ellos, en el sector “Las Casitas”, donde se encontraba aparcado el vehículo en el que se desplazaban los estudiantes universitarios.
Por último cabe observar, que lo que hasta aquí se ha alegado, se fortifica con al (sic) declaración del ciudadano LUIS PEÑA, quien señala que antes de ser herido, oyó el ruido emitido cuando un carro arranca intespectivamente, y luego oyó varias detonaciones, para luego caer herido; lo cual pone en evidencia que el primer evento las heridas de las muchachas se producen posteriormente al momento cuando éste fue herido, razón por la cual, el sitio señalado por al (sic) ciudadana ELIZABETH ROSALES, como el sitio en el que supuestamente fue herida, no sería el que señaló en la oportunidad en que se realizó la mal llamada reconstrucción de los hechos.
Por otro lado, es menester señalar, y así quedó plasmado en el video tomado en la oportunidad en que se realizara la supuesta reconstrucción de los hechos, la ciudadana DANITZA BUITRAGO no participó en el señalamiento del sitio en el que supuestamente fue herida, lo cual fue una actividad exclusiva de la ciudadana ELIZABETH ROSALES BRACAMONTE.
Así las cosas, resulta ser un falso supuesto lo expresado por el sentenciador en relación a las declaraciones de las ciudadanas ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, DANITZA BUITRIAGO GONZÁLEZ e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, cuando afirma…
Por otro lado, señala el Juzgador de la causa, en relación a la calificación jurídica y la participación de mis defendidos en las heridas recibidas por las víctimas, tanto en relación a ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, como en relación a las ciudadanos IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRIAGO, lo que a continuación pasa a transcribir…
Señala el Juez de Juicio, respecto a la calificación jurídica que hiciera el Ministerio Público, por los hechos que le causaran heridas a las ciudadanas DANITZA BUITRIAGO GAMBOA (SIC) e IRÚA MORENO GARCÍA, que la misma es acertada al atribuirle a los ciudadanos JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, WIL RONALD MONTES CHIRINOS, JOSNEL JAIME, JUAN REYES, FERNANDO MORA, JESÚS ABREU, FRANK SERRADA, AMALIO BRAVO, OLIMPO BARILES, GERSON CARPIO, DANILO ANGULO, ALIRIO CAMEJO, JUAN APOSTOL ROMERO, CALOS COISCOU PRADA, JOSÉ PEÑA CARRILLO, JORGE ESCALONA, FÉLIX MOTA y FRANKLIN GARCÍA MALDONADO, en la comisión (sic) la Complicidad Correspectiva en el delito de Homicidio Calificado Frustrado, por motivos fútiles e innobles; ya que al participar tantos agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno.
En este sentido, el juez de juicio comete un error sin parangón toda vez que con esta afirmación pone en evidencia su total desconocimiento del instituto que informa sobre la Complicidad Correspectiva, llamada en doctrina “Complicidad Correlativa”.
En efecto, el Juez de la causa señala contradictoriamente que la razón por la que jurídicamente se encuentra justificado el haberle atribuido el Ministerio Público a mis defendidos, la intervención en el delito de complicidad correspectiva, se encuentra en el hecho de que, al participar tanto agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno.
Lo anteriormente señalado comporta un nuevo vicio en la sentencia que we (sic) recurre, rqazón (sic) por la cual se desarrolla de manera individual.
CUARTA DENUNCIA
DE LA VIOLASCIÓN (SIC) DE UNA LEY POR ERRÓNEA INTERPRETACIÓN, ESPECÍFICAMENTE DEL ARTÍCULO 424 DEL CÓDIGO PENAL QUE ESTABLECE LA COMPLICIDAD CORRESPECTIVA.
En relación a lo establecido en el artículo 424 del Código Penal, se hace necesario retomar lo que tuve a bien señalar tanto en la apertura del Debate Oral, como en las conclusiones explanadas por esta defensa al concluir éste.
ANTECEDENTES Y ALCANCE JURÍDICO DEL ARTÍCULO 324 DEL CÓDIGO PENAL
En criterio de quien aquí suscribe se hace necesario, además de ser de sumo interés, desentrañar el alcance del artículo 424 del Código Penal y la interpretación restrictiva del mismo.
Dicho esto tendríamos que, según el criterio explanado por el Juez Séptimo en función de Juicio de este mismo Circuito Judicial Penal, estaríamos ante el subtipo penal que describe la Complicidad correspectiva en el delito de Homicidio Calificado Frustrado en perjuicio, tanto de la ciudadana DANITZA COROMOTO BUITRIAGO e IRÚA MORENO GARCÍA; responsabilizando por el primero de ellos en perjuicio de ELIZABETH ROSALES BRACAMONTE, a los ciudadanos Manuel Salazar, Edwin Flores, Alexander Arrieta y Jorge Maurera Centeno; y el Homicidio Intencional Calificado Frustrado en perjuicio de las ciudadanas DANITZA BUITRIAGO e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, a los ciudadanos JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, WIL RONALD MONTES CHIRINOS, JOSNEL JAIME, JUAN REYES, FERNANDO MORA, JESÚS ABREU, FRANK SERRADA, AMALIO BRAVO, OLIMPO BARILES, GERSON CARPIO, DANILO ANGULO, ALIRIO CAMEJO, JUAN APOSTOL ROMERO, CALOS COISCOU PRADA, JOSÉ PEÑA CARRILLO, JORGE ESCALONA, FÉLIX MOTA y FRANKLIN GARCÍA MALDONADO, por la razón de que…
Esta infeliz afirmación pone en evidencia que el Juez de la causa, se encuentra indefectiblemente en una situación de total ignorancia ante el alcance jurídico de los que debe entenderse como “Complicidad Correspectiva”.
En uno y otro caso, las personas que a juicio del juzgador serían merecedores del juicio de reproche que hoy pesa sobre ellos, la gran mayoría defendidos por mi persona, habrían procedido, sin motivo justificado alguno a acometer contra unos estudiantes universitarios, disparando contra ellos sus armas de fuego con la finalidad de darles muerte; y, por razones ajenas a ellos, no lograron su cometido, hiriendo solamente a tres de los seis pasajeros que tripulaban un vehículo que minutos antes había desobedecido la voz de alto que se le fue dada en un sector de la Urbanización Kennedy, identificado en el texto de la sentencia como a la altura del Bloque 1; arrojando esa supuesta intentona de homicidio, un saldo de tres personas heridas: ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, DANIZA COROMOTO BUITRAGO GAMBOA e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, hoy víctimas dentro del presente proceso.
Ahora bien, ante todo debemos partir del principio básico que, en toda investigación la labor del juez se reduce a tomar espontáneamente los hechos y deducir de ellos una conclusión jurídica. Pero de ahí a tomar una doctrina y torturarla con el fin de que se acomode a unas ideas preconcebidas, como lo ha hecho el Ministerio Público, no puede ser, por ningún concepto, un sistema probo que pudiere haber utilizado el Juez de Juicio, al desplegar su función jurisdiccional en la oportunidad en que emitió opinión dentro del presente proceso.
En ese orden de ideas, cabe advertir que en el Juzgador de la causa, no ha sido la realidad vista objetivamente la que ha orientado su labor, sino un particular sentimiento, desacertado por cierto, el cual, mal que bien ha compartido a lo unísono con la Representación Fiscal, en un intento por subsumir inadecuadamente, una actividad imprecisa de cada uno de mis representados, en tipos penales en los que no se acoplan.
Esta defensa ha analizado los medios probatorios promovidos y evacuados dentro del Debate Probatorio, y no ha encontrado un solo que aporte, siquiera un nombre de alguno de los funcionarios que en estos momentos represento, para así hacerse acreedor de la responsabilidad penal que se les ha atribuido en el fallo que aquí se recurre.
A mis patrocinados, los ha involucrado el Juez de Juicio en el fallo que aquí impugno en un fallido intento de pretender involucrar las responsabilidad de todos los funcionarios de Dirección de Inteligencia Militar que, entre otros, aquí represento sin tener un indicio válido sobre la particular actuación que para ello, necesariamente ha debido desarrollar de cada uno de mi patrocinados, en los eventos que se les atribuye, como lo es una supuesta agresión con arma de fuego dirigidas a tomar la vida de las ciudadanas DANITZA BUITRIAGO GAMBOA, ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, no logrando su objetivo por causas ajenas a su voluntad; todo lo cual obliga a esta defensa a realizar algunas consideraciones con respecto al alcance jurídico de la norma que describe ese subtipo penal; a saber:
Siendo como es la Complicidad Correspectiva el delito utilizado por la Fiscalía con blasón dentro de la presente investigación, ésta defensa se pregunta: ¿De donde (sic) se ha podido aferrar El Juez Séptimo de Juicio, para tomar la determinación de condenarlos dentro de un instituto en la que necesariamente se requiere un respaldo legal, que, a todas luces, no tienen?
El artículo 424 del Código Penal vigente…
Es precisamente del texto y de la interpretación del anteriormente transcrito artículo 424 del Código Penal, donde reside el punto neurálgico del presente caso. Así, del precitado y transcrito texto legal, el Juzgado de Juicio ha debido observar, que la primera condición que el artículo exige para que pueda aplicarse a un determinado caso, es que se trate de individuos que hayan tomado parte en el ilícito penal que se le atribuye.
Para que la norma que nos ocupa, fuera acertada y adecuable en el presente caso, requirió que el Juez de la causa legislara con el soilo (sic) objeto de condenar a mis representados, entendiendo al artículo 424 del Código Penal… cuestión ésta que no es lo que dice el mencionado artículo 424 del Código Penal in comento, olvidando el Sentenciador, que lo que la norma requiere, es la participación individual de cada uno de los imputados, en el delito concreto que se les imputa.
Ciudadanos Magistrados de la Corte de Apelaciones, la “participación en la comisión”, en la Complicidad Correspectiva, es una expresión jurídica que tiene una significación y unas derivaciones justas y precisas…
De ahí que ha sido una magna equivocación del Juzgador de instancia al afirmar que artículo 424 del Código Penal, puede ser aplicado al caso de los hechos acontecidos en la Urbanización Kennedy, respecto a las ciudadanas DANITZA BUITRIAGO GAMBOA, ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, ya que de la manera en que ha planteado en el fallo que aquí recurro, es precisamente esta forma de delito la que no podría aplicarse; toda vez que no habría una imposibilidad de orden psicológico y físico, de llevar a cabo el acuerdo de voluntades exigido por el tipo penal y mucho menos un concierto previo, además de no encontrarse individualizadas las conductas de cada uno de los supuestos participantes.
En el presente caso no podría materialmente efectuarse un acuerdo de voluntades, ha no ser sino a través de la palabra y de manera coetánea al momentos en que se produjeron los hechos, cuestión ésta imposible en ambos eventos, dado el número de personas que el Juzgador ha involucrado en el sub-tipo penal que nos ocupa; y haciendo abstracción de otras consideraciones jurídicas, resultaría absurdo pretender que simultáneamente a la producción de los eventos, más de veinte (20) personas habrían convenido un acuerdo de voluntades para asesinar a las ciudadanas ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, DANIZA COROMOTO BUITRAGO GAMBOA e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA…
…en el presente caso, falta a todas luces, el acuerdo de voluntades que debió existir entre los supuestos participantes en los hechos investigados…
Continuando el orden de ideas que aquí se explanan, en criterio de quien aquí suscribe, el error fundamental de la interpretación que le ha dado el Juez Séptimo de Juicio al artículo 424 del Código Penal, deviene por haber omitido una condición esencial que se evidencia aun en el solo nombre de esta forma jurídica que se la llama complicidad correspectiva, y es que debe existir de manera individualizada, un comportamiento que pueda ser subsumido, por lo menos en el subtipo penal de la complicidad como forma de participación en el delito; que en todo caso e injustamente terminaría de amparar el autor ignoto del delito.
Ha pretendido el Juzgador de la presente causa, que el artículo in comento, pueda llenar la ausencia de la prueba sobre responsabilidad individual de lo que en su criterio, habría intervenido en los sucesos que nos ocupan…
Ahora bien, ciudadanos Magistrados de la Corte de Apelaciones, hemos desentrañado de la norma que nos ocupa, que no hay lugar a la aplicación de la misma mientras no se trate de un caso de complicidad, porque ese artículo surgió a la vida para resolver las dificultades de la gradación de los delitos donde entran varios participantes; de ahí que en iniciación solo (sic) se aplicara a otros casos, como ineficazmente lo ha pretendido el sentenciador de la presente causa en el fallo condenatorio en contra de mis representados…
La solución que procedería en virtud de la presente denuncia es que la corte de apelaciones dicte una decisión propia, considerando que estaríamos en presencia de un homicidio frustrado en perjuicio de las ciudadanas ELIZABETRH (SIC) ROSALES, IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA y DANITZA BUITRIAGO; pero en virtud de no existir evidencias del autor de tales hechos, se debe absolver a mis representados, en tanto y en cuanto no consta en el decurso del debate probatorio, conductas individualizadas de todos y cada uno de ellos, que pudiere permitir al Juzgador, responsabilizarlos en los hechos acontecidos en esa oportunidad.
QUINTA DENUNCIA
DE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA POR LA VIOLACIÓN DEL ORDINAL 4º DEL ARTÍCULO 364 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, POR SER LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO SEÑALADOS EN LA SENTENCIA, DEMOSTRATIVOS DEL ELEMENTO OBJETIVO DEL TIPO IMPUTADO, MÁS NO DEL ELEMENTO SUBJETIVO
La recurrida, señala en el rubro identificado como “FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO”, lo que me permití transcribir en las denuncias anteriores.
De esas trasncripciones (sic) se evidencia que el sentenciador, en el fallo que aquí recurre, se limitó a elaborar una lista de elementos, que supuestamente de convicción procesal, de los que, aún cuando obvió plasmar el proceso discursivo que le asistió y la manera como en su sano intelecto los adminicula, relaciona o concatena, lo cual motivo (sic) las anteriores denuncias; en todo caso y evento, señala de manera clara y determinante, que tales elementos son utilizados para probar como acontecieron los hechos…
Por ello, es criterio de esta defensa, que la fundamentación de hecho y de derecho, realizada por el Juez Séptimo de Juicio, éste se limitó a tratar de demostrar el elemento objetivo del tipo penal que describe el Homicidio Calificado en Grado de Frustración y el Homicidio Calificado Consumado; sin que en ningún momento demostrara el elemento subjetivo sumergido en la exigencia del dolo o intencionalidad del sujeto activo incriminado en el referido tipo penal…
La solución al asunto planteado en esta denuncia, no puede ser otra que la de anular el fallo recurrido y ordenarse un nuevo juicio oral.
SEXTA DENUNCIA
DE LA VIOLACIÓN DEL ORDINAL 4º DEL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, POR ERRÓNEA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 424 DEL CÓDIGO PENAL…
Ahora bien, en atención a la muerte de Edgar Josué Quintero, el Juzgador de instancia obvió valorar un elemento de relevante interés que emerge de las declaraciones de las ciudadana Kenys Tovar y Miriam Mercedes Rojles, cuando la primera de las mencionadas, a preguntas formuladas por esta defensa, afirmó sin lugar a dudas ni equívocos, que había presenciado cuando, luego de ser sometido el ciudadanos (sic) hoy occiso EDGAR JOSUÉ QUINTERO, se le acercó una persona y le propinó un único disparo en la cabeza; siendo posteriormente a este hecho presenciado por ella, cuando escucha otras detonaciones.
Por otro lado, sin nos remitimos al protocolo de la autopsia realizada en el cuerpo sin vida del hoy interfecto EDGAR JOSUÉ QUINTERO, por el médico forense FRANKLIN JOSÉ PÉREZ NARVÁEZ, tenemos que su muerte se produjo por una hemorragia producida por un proyectil único disparado a la cabeza. De tal manera que al concatenar, tal protocolo de autopsia y la declaración del médico forense, con las declaraciones de KENYA TOVAR, no resultaría difícil colegir, que EDGAR JOSUÉ QUINTERO, muere por el disparo que le fuere propinado en la cabeza. A todo ello, debe adminicularse la afirmación de la señalada testigo presencia, quien fue clara y determinante al señalar que ese disparo a la cabeza de EDGAR JOSUÉ QUINTERO, fue el primer disparo que recibió este ciudadano; de tal manera que resulta a todas luces desacertado la afirmación que se permite el sentenciador, cuando afirma que éste ciudadano muere como consecuencia de múltiples disparos que recibió en la vereda 12 (El Callejón), toda vez que ese disparo, según el Protocolo de Autopsia y la declaración del médico forense, el que le produce la muerte a este ciudadano.
En este orden de ideas, valorando estos medios probatorios y siempre desde una óptica estrictamente jurídica, es imposible afirmar que estaríamos en presencia de una complicidad correspectiva en un Homicidio Intencional Calificado; en tanto y en cuanto, la ciudadana KENYA TOVAR, relata con diáfana claridad que presenció cuando una sola persona se le acerca al cuerpo con vida del ciudadano EDGAR JOSUÉ QUINTERO, y colocando un arma larga en la cabeza de éste, le realiza el disparo que segó la vida; lo cual transforma el delito en un Homicidio Intencional Calificado, sin ser posible adecuar tal situación a la Complicidad Correspectiva.
Ahora bien, en ese orden de ideas, el Juez sentenciador, nada dice sobre que fundamentos apoya su convencimiento de que los ciudadanos JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, OLIMPIO BARILE y JESÚS ALBERTO ABREU OQUENDO, hayan desarrollado conducta alguna que le permitiese adecuarlas dentro de la Complicidad Correspectiva en el Homicidio Calificado cometido en perjuicio de EDGAR JOSUÉ QUINTERO.
En este sentido, el sentenciador nuevamente vuelve a errar su tino jurídico, en tanto y en cuanto señala con sus propias palabras que…
En atención a este desafuero jurídico cometido nuevamente por el sentenciador en el caso del hoy occiso EDGAR JOSUÉ QUINTERO, no queda otra alternativa a esta defensa que repetir nuevamente lo anteriormente aducido con ocasión a la complicidad correspectiva imputada a mis defendidos, entre otros, respecto al supuesto Homicidio Calificado Frustrado, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA y ELIZABETH YULEIDY ROSALES BRACAMONTE.
En efecto, tendríamos que, según el criterio explanado por el Juez Séptimo en función de Juicio de este mismo Circuito Judicial Penal, estaríamos ante el subtipo penal que describe la Complicidad correspectiva en el delito de Homicidio Calificado en perjuicio del ciudadano EDGAR JOSUÉ QUINTERO TORREALBA; responsabilizando por ello a mis patrocinados JESÚS ALBERTO ABREU OQUENDO, OLIMPYO BARILE y JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA.
Esta infeliz afirmación pone en evidencia que el Juez de la causa, se encuentra indefectiblemente en una situación de total ignorancia ante el alcance jurídico del instituto que informar (sic) sobre la “Complicidad Correspectiva”.
En este caso, donde pierde la vida EDGAR JOSUÉ QUINTERO, al igual que en el caso de las ciudadanas que resultaron heridas en (sic) 27 de junio de 2005, los ciudadanos OLIMPYO BARILE, JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA y JESÚS ALBERTO ABREU OQUENDO, serían las personas que a juicio del Juzgador serían merecedores del juicio de reproche que hoy pesa sobre ellos, ya que habrían procedido, sin motivo justificado alguno a acometer contra unos estudiantes universitarios, disparando contra ellos sus armas de fuego con la finalidad de darles muerte, logrando así su cometido…
…el Juzgador de la causa, no ha sido la realidad vista objetivamente la que ha orientado su labor, sino un particular sentimiento, desacertado por cierto, el cual, mal que bien ha compartido a lo unísono con la Representación Fiscal, en un intento por subsumir inadecuadamente, una actividad por el desconocida y no comprobada dentro del debate probatorio atribuida tácitamente a JESÚS ALBERTO OQUENDO, JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA y OLIMPIO BARILE, para tratar desacertadamente de subsumirla en un sub-tipo penal al cual no se acoplan…
La solución al asunto planteado, en criterio de este defensor, no sería otra que la de dictar, la Corte de Apelaciones, una decisión propia en la que debe absolver a los ciudadanos JESÚS ALBERTO ABREU OQUENDO, OLYMPIO BARILE y JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, de la incriminación recaída sobre ellos, como cómplices Correspectivos en la muerte de EDGAR JOSUÉ QUINTERO; toda vez que a la luz de las probanzas producidas en el juicio, las mismas pueden jugar un papel importante respecto a la corporeidad delictual, pero no existe elemento de convicción alguno producido dentro debate oral, mediante el cual se pueda llegar a la certeza necesaria para imputarle la comisión del delito de homicidio en perjuicio de EDGAR JOSUÉ QUINTERO, en grado de complicidad correspectiva, y menor aún como coautores de la misma.
SÉPTIMA DENUNCIA
DE LA VIOLACIÓN DEL ORDINAL 2º DEL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, POR INOSERVANCIA (SIC) DEL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 364, ORDINAL 4º EJUSDEM
En lo que respecta a la muerte de ERICK MONTENEGRO, el juzgador le atribuye ésta al ciudadano JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, con el carácter de coautor.
Ahora bien, es le (sic) caso que el sentenciador luego de señalar una serie de elementos de convicción, relativos a la muerte de este ciudadano y estrechamente vinculados a la comprobación de la corporeidad delictual del delito de homicidio, no obstante vuelve a cometer un desafuero al afirmar…
En el caso específico de ERICK MONTENEGRO, el juzgador de la presente causa, omitió valorar el contenido de la declaración del ciudadano FRANKLIN JOSÉ PÉREZ NARVÁEZ, médico forense quine (sic) practicó la autopsia en el cadáver del (sic) ERICK MONTENEGRO; relativa al importante hecho de que supuestamente uno de los dos proyectiles extraídos de la humanidad de ERICK MONTENEGRO, habría sido disparado por el arma de fuego tipo Mini-Uzi, supuestamente utilizada por el ciudadano JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, en la fecha en que se produjeron los nefastos hechos en la Urbanización KENNEDY, de ésta Región Capital.
En efecto, a repreguntas realizadas por esta defensa al médico forense FRANKLIN JOSÉ PÉREZ NARVÁEZ, este afirmó que la cadena de custodia e los dos proyectiles extraídos del cuerpo de ERICK MONTENEGRO, habían sido embalados por separado, y acompañados cada uno de ellos con una nota descriptiva sobre la localización de cada uno de ellos al momento de ser extraídos. Sin embargo, analizadas las actuaciones, nos percatamos que tales proyectiles fueron enviados a Experticia Balística de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, rompiéndose con la cadena de custodia, en tanto y en cuanto, ambos proyectiles fueron embalado en una misma bolsa y no existe prueba sobre la localización intraorgánica de cada uno de ellos, dentro de la humanidad de ERICK MONTENEGRO. De tal manera y al haber contaminado la prueba en virtud de la ruptura de la cadena de custodia; amén de no poderse establecer el sitio en el que habría sido localizado el proyectil que según la experticia balística, habría sido eyectado del arma, supuestamente asignada al ciudadano JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, ello trae como consecuencia que la prueba en si misma estaría contaminada, transformándose en una prueba incorporada ilícitamente al proceso.
Por otro lado, esa ruptura de la cadena de custodia, al no permitir establecer con diáfana claridad el lugar en el cadáver de ERICK MONTENEGRO de donde fue extraído el proyectil supuestamente eyectado por el arma asignada a JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, aunado al hecho notorio de que según el Protocolo de Autopsia de este ciudadano y la declaración del medico forense, la causa de la muerte de ERICK MONTENEGRO se habría producido en virtud de una hemorragia masiva producida por una herida producida por un único disparo realizado a nivel de la región epigástrica de la víctima; ello trae como consecuencia, la imposibilidad de establecer si realmente ese proyectil habría sido extraído en una zona del cadáver capaz de producirle la muerte; o bien, se hace imposible establecer que la herida producida por ese proyectil habría sido disparado con posterioridad a la muerte de ERICK MONTENEGRO.
En ese orden de ideas, es deber de ésta defensa señalar que el mismo Juez Séptimo de Juicio, en la parte final del rubro que trata sobre los hechos y circunstancias acreditados en la Audiencia Oral y Pública señala lo que a continuación…
En ese orden de ideas, la experticia que arrojara que uno de los dos proyectiles extraídos del cadáver de ERICK MONTENEGRO, no habría sido incorporada al proceso, según el propio dicho del sentenciador, sería una prueba como no hecha, y por lo tanto, en todo caso y todo evento, operaría a favor de JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, la estructuración de una duda razonable sobre su participación a título de coautor en la muerte ERICK MONTENEGRO, y por ende, operaria a su favor la Presunción de Inocencia y la aplicación del principio penal Indubio Por Reo.
No obstante lo dicho y en todo caso y a todo evento, de considerarse con los hechos señalados por el juzgador, la participación de JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, en la muerte de ERICK MONTENEGRO, ésta participación respondería en todo caso como Cómplice Correspectivo en Homicidio Intencional, y jamás a título de coautor.
De tal manera, al percatarse el Tribunal Colegiado que conozca en alzada del presente recurso de apelación, sobre la ruptura de la cadena de custodia y la contaminación de la precitada prueba de experticia, entonces la solución de lo planteado sería la aplicación del principio Indubio Pro Reo; o en su defecto, un cambio de calificación de coautor a cómplice Correspectivo; ello, claro ésta de aceptar que con las probanzas producidas en juicio, relativas al deceso de ERIC MONTENEGRO, fuere imposible conocer su autor material, cuestión ésta que en ningún momento fue abordada por el sentenciador; o en el peor de los casos, ordenarse la celebración de un nuevo juicio oral y público.
OCTAVA DENUNCIA
DE LA VIOLACIÓN AL ORDINAL 2º DEL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO RGÁNICO (SIC) PROCESAL PENAL, POR INOBSERVAR LOS REQUIISITOS (SIC) DE LA SENTENCIA CONTENDIOS (SIC) EN EL ORDINAL 4º DEL ARTÍCULO 364 EJUSDEM
El Juzgador en relación al delito de Simulación de Hecho Punible, de una manera inmotivada y transgrediendo nuevamente el ordinal 4º del artículo 364 del Código Penal Vigente, el sentenciador se lo atribuye a cuatro de mis defendidos, entre otros, específicamente a JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, JESÚS ALBERTO ABREU OQUENDO, OLYMPIO BARILE y JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO…
Nuevamente el sentenciador dar (sic) por probada la culpabilidad de mis defendidos, entre otras personas, sin establecer el tipo de concatenación o como adminiculó los medios probatorios utilizados, para demostrar las conductas particulares que habrían desarrollado cada uno de mis patrocinados, por separado, para hacerlos acreedores de la sentencia condenatoria que por la comisión del delito de Simulación de Hecho Punible, profirió en contra de JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, OLIMPYO BARILE, JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA y JESÚS ALBERTO AGREU (SIC) OQUENDO. De tal manera que la solución a lo planteado no sería otra que anular la sentencia recurrida y ordenar un nuevo juicio oral y público.
NOVENA DENUNCIA
DE LA VIOLACIÓN AL ORDINAL 2º DEL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO RGÁNICO (SIC) PROCESAL PENAL, POR INOBSERVAR LOS REQUISIITOS (SIC) DE LA SENTENCIA CONTENDIOS (SIC) EN EL ORDINAL 4º DEL ARTÍCULO 364 EJUSDEM
En cuanto al delito de ENCUBRIMIENTO que le imputa al ciudadano JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, esta defensa se permite transcribir el rubro de la sentencia relativa a este delito…
Una vez más el sentenciador incurre en el vicio de falta de motivación establecida en el Ordinal 2º del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, al transgredir el Ordinal Cuarto del artículo 364 ejusdem, en tanto y en cuanto no realiza un análisis ponderado de los medios probatorios de los que se pudo haber valido para llegar a la conclusión de que mi defendido se encuentra incurso en el delito de “ENCUBRIMIENTO”, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal; es más, el sentenciador ni siquiera menciona individualizadamente la conducta que ha podido desarrollar mi patrocinado, para hacerse merecedor del juicio de reproche, que por la comisión de este delito, realizó en su contra el Juez Séptimo de Juicio.
En el presente caso, la solución no puede ser otra que la nulidad de la sentencia y ordenarse la celebración de un nuevo juicio ante un Tribunal de Juicio distinto al que se permitió el fallo que aquí se recurre.
DÉCIMA DENUNCIA
DE LA VIOLACIÓN AL ORDINAL 2º DEL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO RGÁNICO (SIC) PROCESAL PENAL, POR INOBSERVAR LOS REQUISIITOS (SIC) DE LA SENTENCIA CONTENDIOS (SIC) EN EL ORDINAL 4º DEL ARTÍCULO 364 EJUSDEM
En cuanto al delito de Hurto Calificado por el que condenara la (sic) ciudadano GENDRYS MOLINA, el sentenciador se permitió señalar lo que a continuación transcribo…
Nuevamente comete el juzgador una falta de motivación por no establecer, en primer lugar, cuales serían los medios de de (sic) prueba que utiliza par (sic) dar como demostrada una conducta que supuestamente habría desplegado mi representado, para llegar a la certidumbre de que éste habría cometido un hurto calificado.
En efecto, confunde el juzgador de instancia, que una cosa es la comprobación de la corporeidad delictual, y otra distinta es la culpabilidad del presunto responsable del hecho incriminado. En este sentido, salta a la vista de manera clara e innegable, que el sentenciador no motivó en absoluto la sentencia condenatoria por éste delito, le dictó al ciudadano GENDRYS MOLINA limitándose a plasmar en la motiva del fallo, no el proceso discursivo exigido por el legislador en el ordinal 4º del artículo 364 del Código adjetivo, sino una inferencia meramente subjetiva, carente desde todo punto de vista, de la más elemental motivación.
Por otro lado cabe acotar, que el medio de prueba utilizado para demostrar que los objetos que según el sentenciador pertenecía a ERIC MONTENEGRO, se encontraban en el locker de GENDRYS MOLINA, así como también el acto mediante el cual los objetos que se encontraban en dicho locker fueron colectados en contravención a la ley adjetiva que rige la actividad probatoria, toda vez que el registro del mencionado locker constituye una prueba ilícita y contaminada, por haberse violado la cadena de custodia, toda vez que el Órgano instructor policial, que en este caso lo era el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ya había revisado dicho locker, y lo había precintado, tal y como se había hecho con otros locker pertenecientes a otros funcionarios, razón por la cual, la solución no sería otra, que la nulidad de la sentencia recurrida y el ordenar la celebración de un nuevo juicio.
DÉCIMA PRIMERA DENUNCIA
DE LA VIOLACIÓN AL ORDINAL 2º DEL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO RGÁNICO (SIC) PROCESAL PENAL, POR INOBSERVAR LOS REQUISIITOS (SIC) DE LA SENTENCIA CONTENDIOS (SIC) EN EL ORDINAL 4º DEL ARTÍCULO 364 EJUSDEM

En cuanto a la comisión del delito de Alteración de Documento Público que se le imputa al ciudadano JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, señala el sentenciador…
Una vez más repite el sentenciador su error en la falta de motivación de la sentencia que aquí se recurre, en tanto y en cuanto, no realiza un ponderado análisis de las probanzas que señala como utilizadas para llegar al convencimiento de que la enmendadura del Libro de Salidas de Armamento perteneciente a la Dirección de Inteligencia Militar, fuere realizado por el ciudadano JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA; más aún, el sentenciador señala que mi patrocinado… lo cual pone en evidencia que el juzgador confunde al inspector JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, con el Mayor JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, quien sería en todo caso y a todo evento, quien ostenta el rango de Mayor del Ejercito. De tal manera, incurre el Jugador (sic) en un falso supuesto y confunde también lo que podría estar probado a los autos, con una inferencia meramente subjetiva, totalmente divorciada de la realidad jurídica.
La evidente falta de motivación en la sentencia que aquí se recurre, solo (sic) puede ser solucionada con la nulidad de la sentencia recurrida y la ordenación de un nuevo Juicio Oral y Público; amén que resulta inentendible para ésta defensa la razón que pudo haber asistido al juzgador de la causa para pretender que el referido libro de salida de armamentos llevado por la dirección de Inteligencia Militar, constituye un documento público, cuestión ésta que no es cierta.
DÉCIMA SEGUNDA DENUNCIA
DE LA VIOLACIÓN AL ORDINAL 2º DEL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO RGÁNICO (SIC) PROCESAL PENAL, POR INOBSERVAR LOS REQUISIITOS (SIC) DE LA SENTENCIA CONTENDIOS (SIC) EN EL ORDINAL 4º DEL ARTÍCULO 364 EJUSDEM, EN RELACIÓN AL DELITO DE PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO ATRIBUIDO A JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO
En relación al delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego atribuido al mayor del ejercito JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, el sentenciador se permitió en la setencia (sic) que aquí recurre…
Reincide nuevamente el Juzgador de la presente causa, cuando sin ningún tipo de motivación, señala que el solo testimonio de la ciudadana LILIANA URIBE, es suficiente para dar por demostrada la corporeidad delictual del delito de porte ilícito de arma de fuego y la subsiguiente responsabilidad de JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, sin explicar el por que en su sano entender, estaríamos en presencia de ese tipo penal.
Por otro lado, olvida el Juzgador, que el dicho de los funcionarios policiales, solo (sic) pueden ser utilizados a los fines de la comprobación de la Corporeidad Delictual, pero jamás para demostrar la culpabilidad de persona alguna.
La solución a lo planteado, sería decretarse la nulidad de la sentencia y la ordenación de un nuevo juicio oral y público.
Admitida la presente apelación y los medios de pruegba (sic) promovidos, solicito sea tramitada conforme a derecho y declarada con lugar en su oportunidad legal…”.

III
DE LAS CONTESTACIONES A LOS RECURSOS

El ciudadano DR. VÍCTOR HUGO BARRETO TACORONTE, en su condición de Fiscal Quinto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, presentó en fecha 14 de Noviembre de 2006, ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, escrito de contestación a los recursos interpuestos de la siguiente manera:

“…En tal sentido el Ministerio Público observa, que una vez revisada y analizada la sentencia recurrida, se puede evidenciar que precisamente en la motivación de la misma, el juzgador luego de valorar y concatenar las pruebas validamente traídas al juicio oral y público, fundamentándose en la sana crítica, las máximas de experiencias y los conocimientos científicos…
Es así, como efectivamente el juzgador luego de fundamentar la motivación de su decisión, arguye la culpabilidad del penado José Manuel Salazar Rodríguez, mencionándolo específicamente con el nombre de MANUEL SALAZAR, e indica las contundentes pruebas con las cuales quedó demostrada su participación como coautor en los hechos de marras.
Por otra parte, invoca como tercera denuncia nuevamente, “lo establecido en el artículo 452 ordinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncia Falta de Motivación en la Sentencia”…
Lo cual sorprende a esta Representación conjunta, toda vez que han sido debidamente adminiculados por el a quo, los testimonio de las víctimas, los testigos presenciales, expertos e incluso los funcionarios investigadores, con el resultado de las experticias técnicas, aunado a la valoración dada por el Tribunal, al concurso de elementos por él percibidos al momento de realizar la Reconstrucción de los hechos, que le permitió la amplia apreciación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de cómo sucedieron los hechos el día 27 de junio de 2005, en el Sector Las Casitas de Kennedy, donde fallecieron quienes en vida respondieran a los nombres de ERICK MIGUEL MONTENEGRO SÁNCHEZ, EDGAR JOSUE QUINTERO TORREALBA Y LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ LÁREZ y resultaron gravemente heridas las ciudadanas DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA, IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA y ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, por ello, esta Vindicta Pública, considera necesario resaltar la perfecta adecuación de las pruebas producidas en el debate oral y público, en los delitos por los cuales resultaron condenados los acusados ampliamente identificados, con lo cual quedó probado y demostrada su responsabilidad penal, en los delitos acreditados y probados por el Ministerio Público, por lo cual nos permitimos señalar la adecuada motivación esbozada por el Juzgador en su acertada sentencia, la cual es del tenor siguiente…
En consecuencia, se evidencia la expresa mención del penado JOSÉ MANUEL SALAZAR, que realiza el juzgador a lo largo del desarrollo de la motivación de la sentencia, así como en el dispositivo de la misma, razón por la cual deben ser declaradas sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la presente defensa en su recurso de apelación.
Por otra parte, asombra a esta Representación Fiscal, la denuncia de la defensa, invocando un presunto vicio que fundamenta esta vez erróneamente en el artículo 453 ordinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la motivación de la sentencia fundada en una prueba incorporada con violación de los principios del Juicio Oral”…
En este sentido, no comprende el Ministerio Público, como alega la defensa en su favor su propia torpeza, toda vez que hace mención de que la ciudadana Irúa Coromoto Romero García, es víctima directa en el presente proceso como es cierto, y ha quedado plenamente demostrado que la misma fue la persona que estuvo recluida tanto en el Hospital Miguel Pérez, Carreño, así como en el Hospital Militar, en Terapia Intensiva, en estado de coma, durante más de tres (03) meses, es decir, durante la fase preparatoria e intermedia del presente proceso, debido al disparo recibido en la cabeza, proyectil que aún se encuentra alojado en la región occipital, como consecuencia de los múltiples disparos efectuados por la comisión conjunta integrada por la Dirección de Inteligencia Militar y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a quien sólo se le garantizaban días de vida por parte de los galenos que la atendieron. Motivos por los cuales, era materialmente imposible, en ese estado contar con su testimonio. Por cuanto lo prioritario era su recuperación, teniendo ésta, prohibición expresa de recibir visitas, que pudieran someterla a emociones que perturbaran su rehabilitación, siendo condicionado el entonces el Ministerio Público, a esperar la oportunidad, en la cual se cristalizara la mejoría de la víctima Irúa Coromoto Moreno, para de esta forma, ofrecer su testimonio, como en efecto se hizo, tal como lo recomendaran los médicos tratantes. Por ello, fue admitido dicho testimonio por el Tribunal, siendo evacuado legalmente y valorado plenamente por el juzgador en su oportunidad.
Sin embargo, al parecer obvia la defensa por completo, lo previsto en el artículo 360 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la discusión final y cierre del debate, en el cual se establece expresamente, si está presente la víctima y desea exponer, se le dará la palabra aunque no haya presentado querella. Es decir, que en modo alguno podría el Tribunal no valorar el testimonio rendido por la víctima directa en el presente proceso, por cuanto además es testigo presencial y víctima sobreviviente de los hechos acaecidos, en fecha 27 de junio de 2005, donde le fueron ocasionados daños irreversibles en su integridad física y psíquica, además de presenciar las muertes y las graves lesiones que les fueron causadas a sus compañeros de estudio hoy occisos. Lo cual, no constituye siquiera a criterio de estos Fiscales, digno de ser considerado, por esa Honorable Sala de Apelaciones, como vicio de la sentencia condenatoria justamente proferida y en tal sentido debe ser declarado sin lugar, por ser manifiestamente infundado.
Así las cosas, considera relevante el Ministerio Público, destacar la valoración dada por el recurrido al testimonio de la víctima sobreviviente IRÚA COROMOTO GARCÍA MORENO, el cual fue apreciado por todas las partes en el contradictorio, siendo esta sometida al interrogatorio efectuado por estas, en el debate, lo cual fecundó en el criterio del juzgador, la plena convicción de lo suscitado que no es más que la verdad de lo acontecido en fecha 27-07-05, en el sector de Las Casitas de Kennedy, parroquia Macarao, que por demás, fue debidamente adminiculado con los múltiples elementos de pruebas reproducidos en el debate, del cual nos permitimos señalar a continuación el extracto de la Motivación de la Sentencia que se pretende impugnar…
Y como quinta denuncia, alega la defensa el ordinal “5° De conformidad con el artículo 452 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, denunció el quebrantamiento de formas sustancias que causaron indefensión…
En este sentido, observa el Ministerio Público, que en fecha 01 de junio de 2006, como consta de la sentencia dictada por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, siendo la oportunidad legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, el honorable Juez, les impuso a los acusados de sus garantías constitucionales que los eximen de declarar en causa propia, de acuerdo a los establecido en el artículo 49º numeral 5º, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de lo cual quedó debidamente asentado, a lo cual manifestaron todos los imputados, libre de coacción y apremio de manera clara e inteligible, y a viva voz su deseo de “no querer declarar” y acogerse al precepto constititucional, (sic) lo cual quedo (sic) debidamente registrado en el acta de debate y posteriormente reproducido en la digna sentencia del juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Este Circuito Judicial Penal. Asimismo quedo constancia de lo previsto en el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece lo siguiente…
Es decir, es evidente que desde la apertura del debate oral y público, el juzgador respetando los derechos y garantías constitucionales de los acusados, les concedió la palabra, oportunidad ésta en la cual todos se acogieron al precepto constitucional. Así como también consta en la sentencia que en cada oportunidad en la cual se evacuó un órgano de prueba, el mismo, le preguntó a cada uno de los acusados, si deseaban manifestar alguna declaración en relación con dicho órgano de prueba, es decir, que se dio cumplimiento estricto a lo establecido en el artículo 349º de la Ley Adjetiva Penal, en la cual se señala que solo los imputados podrían declarar siempre en referencia al objeto del debate. Es decir, al elemento probatorio que se esté controvirtiendo en el momento. Razón por la cual resulta falsa la denuncia esgrimida por la defensa de la supuesta violación que se le causare a su asistido, por lo cual debe ser declarada sin lugar la apelación interpuesta en ese sentido. A tal efecto, nos permitimos transcribir en extracto, el contenido de la sentencia que se pretende impugnar, donde consta que en fecha 01 de junio de 2006, en la apertura del juicio oral y público, se les concedió la palabra a todos los acusados de la siguiente manera…
En segundo lugar, tenemos la Apelación interpuesta por la Abogada Belkys Coromoto Villegas Rodríguez, en su carácter de Defensora Pública Sexta Penal (suplente) representando al ciudadano Félix Martínez Mota, la cual fundamenta su denuncia invocando el artículo 452 numeral 2°, por ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, por cuanto viola el derecho a la Defensa, la Tutela Judicial y efectiva al Principio de la Legalidad…
En tal sentido, sorprende a esta Representación conjunta del Ministerio Público, la denuncia que realiza la defensa, toda vez que en el transcurso del debate oral y público, quedó plenamente demostrada, a través de los diferentes medios de pruebas que fueron evacuados lícitamente, la responsabilidad penal de su defendido, al observar quienes suscriben, que en la sentencia recurrida, el Juez Séptimo de Juicio, realizó una excelente valoración de conformidad con el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, de los elementos probatorios que adminiculó entre si, para llegar a la firme convicción de que el penado Félix Alberto Mota Martínez, ha sido el autor del homicidio calificado de quien en vida respondiera al nombre de Leonardo Enrique González Lárez y coautor en la muerte de Erick Miguel Montenegro Sánchez, tal y como se desprende del contenido de la sentencia que se pretende impugnar, de la cual nos permitimos transcribir en extractos la motivación dada por el tribunal para llegar al convencimiento pleno de la culpabilidad del acusado, razón por la cual deben ser declaradas sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la presente defensa en su recurso de apelación. Así las cosas nos permitimos transcribir el extracto de la motivación realizada, la cual es del siguiente tenor…
Por lo anteriormente expuesto, considera el Ministerio Público que ha quedado demostrada la autoría, participación y responsabilidad penal del acusado FÉLIX MARTINEZ MOTA, en los delitos que le fueron acreditados por la Vindicta Pública y que fueron probados a los largo del desarrollo del contradictorio, siendo perfectamente analizados y concatenados por el Juzgador, en la motivación de la sentencia, en virtud de lo cual deberán ser declaradas sin lugar, las infundadas denuncias realizadas por la presente defensa en su recurso de apelación.
En lo que respecta a la segunda denuncia que arguye la defensa, fundada en lo establecido en el artículo 452 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, por quebrantamientos de las formas sustanciales de los actos que causan indefensión…

En tal sentido, se sorprende el Ministerio Público, al observar que la defensa no es clara con el vicio que denuncia, por cuanto alega que no fueron evacuadas las pruebas promovidas, y luego indica que fueron desestimadas las pruebas que faltaban por evacuarse, es decir, surge una evidente contradicción en el planteamiento efectuado por la accionante, la cual no precisa si hubo falta de evacuación o desestimación de las supuestas pruebas que alega.
Así las cosas, cabe destacar, que el juzgador investido de la facultad que le confiere el artículo 198, en su último aparte, limitó los medios de pruebas por cuanto a su criterio, ya había quedado suficientemente probada la perpetración de los hechos punibles, así como la autoría, participación y responsabilidad penal de sus autores y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la cuales se suscitaron, procediendo a cimentar su decisión, en los suficientes órganos de prueba evacuados, que al ser adminiculados entre si, lograron formar en su convencimiento, la certeza de que no era necesario incorporar en el juicio, otros elementos, por cuanto eran contundentes los ya analizados y controvertidos en el debate…
Por lo anteriormente expuesto, considera el Ministerio Público, que el Juez de la causa, amparado en las facultades que le otorga la Ley, así como el artículo in comento, limitó los medios de pruebas ofrecidos, en virtud de haber quedado suficientemente demostrado los hechos con las pruebas ya practicadas, por lo cual deberán ser declaradas sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la presente defensa en su recurso de apelación.
Como tercer punto, denuncia la defensa, de conformidad con el artículo 452 ordinal 4°, la Violación por Errónea Interpretación de la Norma Jurídica…
En este sentido, considera inverosímil nuevamente esta Representación conjunta del Ministerio Público, la denuncia que realiza la defensa, toda vez, que tal y como quedó plasmado en el punto primero, del presente libelo de Contestación a los presentes Recursos de Apelación, en el transcurso del debate oral y público, quedó plenamente demostrada, a través del acervo probatorio evacuado lícitamente, la responsabilidad penal y grado el participación que comprometieron al ciudadano Félix Alberto Martínez Mota.
Asimismo se evidencia, que en la sentencia recurrida, el Juez Séptimo de Juicio, plasmó a lo largo del desarrollo de la misma, de manera lacónica, cronológica y ahilada, la excelente valoración de los de los órganos de pruebas, que concatenó debidamente, para fundamentar su convencimiento de que el acusado antes mencionado, ha sido el autor del homicidio calificado de quien en vida respondiera al nombre de Leonardo Enrique González Lárez y coautor en la muerte de Erick Miguel Montenegro Sánchez, tal y como se desprende del contenido de la sentencia que se pretende impugnar, la cual transcribimos como se señaló anteriormente, razón por la cual deben ser declaradas sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la presente defensa en su recurso de apelación.
En tercer lugar, tenemos la apelación interpuesta por los ABOGADOS HECTOR SANCHEZ Y JULIO CESAR BOLIVAR MUÑOZ, en su carácter de defensores del ciudadano OLIMPIO BARILE SÁNCHEZ, los cuales fundamentan su denuncia invocando lo establecido en el artículo 452 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal…
En este sentido, sorprende al Ministerio Público, la denuncia que realiza la defensa, toda vez que en el transcurso del debate oral y público, quedó plenamente demostrada, a través de los diferentes medios de pruebas que fueron evacuados lícitamente, la responsabilidad penal de su defendido, al observar quienes suscriben, que en la sentencia recurrida, el Juez Séptimo de Juicio, realizó una excelente valoración de conformidad con el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, de los elementos probatorios que adminiculó entre si, para llegar a la firme convicción de que el penado OLIMPIO BARILES, ha sido el autor del homicidio calificado de quien en vida respondiera al nombre de Edgar Josué Quintero Torrealba, tal y como se desprende del contenido de la sentencia que se pretende impugnar, de la cual nos permitimos transcribir en extractos la motivación dada por el tribunal para llegar al convencimiento pleno de la culpabilidad del acusado, razón por la cual deben ser declarada sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la defensa en su recurso de apelación, así las cosa nos permitimos transcribir el extracto de la motivación realizada…
En cuarto lugar, tenemos la apelación interpuesta por los ABOGADOS HECTOR SANCHEZ Y JULIO CESAR BOLIVAR MUÑOZ, en su carácter de defensores del ciudadano EDWIN MANUEL FLORES, la cual fundamentan de conformidad con lo previsto en el artículo 452 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal…
En este sentido, considera el Ministerio Público, que la denuncia que realiza la defensa, ha sido infundada, toda vez que en el transcurso del debate oral y público, quedó plenamente demostrada, a través de los diferentes medios de pruebas que fueron evacuados lícitamente, la responsabilidad penal de su defendido, al observar quienes suscriben, que en la sentencia recurrida, el Juez Séptimo de Juicio, realizó una excelente valoración de conformidad con el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, de los elementos probatorios que adminiculó entre si, para llegar a la firme convicción de que el penado EDWIN MANUEL FLORES, ha sido el Co- autor del Homicidio Calificado Frustrado, ya que fue probado en el contradictorio, que este ciudadano portaba un Arma larga, calibre 5.56, que coincide con el proyectil alojado en la pelvis de la ciudadanas ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMOENTE, así como también resultaron heridas las ciudadanas IRÚA COROMOTO MONENO GARCÍA y DANITZA BUITRIAGO, tal y como se desprende del contenido de la sentencia que se pretende impugnar, de la cual nos permitimos transcribir en extractos la motivación dada por el tribunal para llegar al convencimiento pleno de la culpabilidad del acusado, razón por la cual deben ser declarada sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la defensa en su recurso de apelación, así las cosas nos permitimos transcribir el extracto de la motivación realizada…
En quinto lugar, tenemos la apelación interpuesta por el abogado ANTONIO BARRIOS ABAD, en su carácter de defensor del ciudadano WILL RONALD MONTES CHIRINOS, en la cual fundamenta su primera denuncia Falta de contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia o cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral. ..
En tal sentido, el Ministerio Público observa, que una vez revisada y analizada la sentencia recurrida, se puede evidenciar que precisamente en la motivación de la misma, el juzgador luego de valorar y concatenar las pruebas validamente traídas al juicio oral y público, fundamentándose en la sana crítica, las máximas de experiencias y los conocimientos científicos, indefectiblemente concluyó…
En este sentido, considera inverosímil esta Representación conjunta del Ministerio Público, la denuncia que realiza la defensa, toda vez, que tal y como quedó plasmado en el punto primero, del presente libelo de Contestación a los presentes Recursos de Apelación, en el transcurso del debate oral y público, quedó plenamente demostrada, a través del acervo probatorio evacuado lícitamente, la responsabilidad penal y grado el participación que comprometieron al ciudadano WIL RONALD MONTES CHIRINOS, como cómplice correspectivo de lo delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, en perjuicio de las aludidas víctimas Danitza Buitriago Gamboa, Irúa Coromoto Moreno García y Elizabeth Rosales Bracamonte.
Así las cosas, consideramos que no ha quedado ilusoria la pretensión punitiva del estado, a través de la Sentencia Condenatoria, justamente proferida por el Juzgador y destacamos lo siguiente…
En sexto lugar tenemos, el Recurso de Apelación presentado por el Abogado ANDRES A. PUGA ZABALETA, defensor del ciudadano RICHARD VALERA TORO, Interpone Formal Recurso de Apelación de acuerdo a lo establecido en los artículos 452 y 453 del Código orgánico Procesal Penal, en contra de la sentencia dictada el día treinta (30) de Agosto del (2006), y publicada el día 20 de octubre del 2006, emanada de ese honorable Juzgado de Juicio, mediante la cual se condena a mi defendido RICHARD VALERO TORO, titular de la cedula de identidad Nº 10.889.479. a cumplir la pena de 3 AÑOS y 4 MESES DE PRISIÓN, por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal.
De lo afirmado por la defensa, sorprende a esta Representación conjunta, toda vez que han sido debidamente adminiculados por el a quo, los testimonio de las víctimas, los testigos presénciales, expertos e incluso los funcionarios investigadores, con el resultado de las experticias técnicas, aunado a la valoración dada por el Tribunal, al concurso de elementos por él percibidos al momento de realizar la Reconstrucción de los hechos, que le permitió la amplia apreciación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de cómo sucedieron los hechos el día 27 de junio de 2005, en el Sector Las Casitas de Kennedy, donde fallecieron quienes en vida respondieran a los nombres de ERICK MIGUEL MONTENEGRO SÁNCHEZ, EDGAR JOSUE QUINTERO TORREALBA Y LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ LÁREZ y resultaron gravemente heridas las ciudadanas DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA, IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA y ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, por ello, esta Vindicta Pública, considera necesario resaltar la perfecta adecuación de las pruebas producidas en el debate oral y público, en los delitos por los cuales resultaron condenados los acusados ampliamente identificados, con lo cual quedó probado y demostrada su responsabilidad penal, en los delitos acreditados y probados por el Ministerio Público, por lo cual nos permitimos señalar la adecuada motivación esbozada por el Juzgador en su acertada sentencia…
Aunado a ello en la deposición hecha por los funcionarios adscritos a la División de Inspecciones Técnicas del CICPC, se pudo demostrar que efectivamente el acusado el Insp. RICHARD VARELA, adscrito a la División Contra Homicidios del Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien había regresado de trasladar al funcionario del CICPC hasta las afuera del lugar, donde había resultado herido, procedió a girar instrucciones con el fin de modificar “siembran y sustraen evidencias de interés criminalístico” en el sitio del suceso, de la siguiente manera: colocando un arma de fuego en el piso, detrás del asiento del piloto, del vehículo Corsa color arena, que tripulaban los estudiantes (la cual resulto ser un escopetín), en el piso adyacente al vehículo corsa color arena, colocaron un revolver calibre .38 cañón corto, el cual “no funciona”, en su mecanismo de disparo y en la Vereda Nº12, al final del pasillo, colocaron un revolver .38 cañón largo. Posteriormente, recogieron del sitio del suceso, en su mayoría las conchas y los proyectiles, que eyectaron las armas de fuego, para el momento de hacerle los disparos a los hoy occisos y lesionados. Luego, se apersonó en el lugar, la comisión de Inspecciones Técnicas, integrada por el Jefe de la Comisión, ODIVER CARMONA, PRADA MOTA LUIS RAMON, MOYA BENITEZ ROGER JOSÉ, NELSON ANIBAL SANTANA RAMIREZ, HECTOR LUIS APARICIO ROJO, y Análisis de Reconstrucción de Hechos integrada por MOLINA BRAVO WILMER JOSÉ, OMAR GIL WERNEY, a quienes RICHARD VARELA, les manifiesta que no fijen el sito del suceso todavía, quienes hicieron caso omiso a esta orden y fijaron el sitio del suceso donde no se constató la presencia de armas de fuego, que presuntamente, portaran los hoy occisos y heridos. De igual forma, la comisión de Análisis y Reconstrucción de Hechos, realizó un Levantamiento Planimétrico, y Trayectoria Balística, en la cual, no reflejaron la presencia del arma, tipo escopeta, dentro del vehículo, que tripulaban los estudiantes. De seguida, la prenombrada comisión, se trasladó al Hospital Miguel Pérez Carreño, a los fines de realizar la correspondiente Fijación e Inspección de los cadáveres. Una vez, finalizada su labor, la mencionada comisión, recibió llamada radiofónica, mediante la cual les solicitaron, que debían devolverse al sitio del suceso, por cuanto, se encontraba la Directiva del Cuerpo. De esta manera, apersonados, nuevamente, en el lugar, el Sub. Insp. RICHARD VARELA, le gira la instrucción a ODIVER CARMONA, que fijen nuevamente el sitio del suceso y en esta oportunidad, ya habían sido colocadas (sembradas), unas armas de fuego, tanto en el callejón, como en el lugar adyacente al corsa color arena, que abordaban los estudiantes, mencionados en parágrafos anteriores. Siendo manifestado, por el Jefe de la Comisión ODIVER CARMONA, al Inspector RICHARD VARELA, que iba a realizar la fijación, es decir que eran dos fijaciones y que lo hacía, pero con la condición, de que la colección de dichas armas, la realizara la Comisión de la División Contra Homicidios. (Lo cual ha sido plenamente, comprobado, con las dos Inspecciones Técnicas, que cursan al expediente). De igual, forma RICHARD VARELA, conminó a la comisión de Análisis y Reconstrucción de los Hechos e Inspecciones Técnicas, para que reflejaran y fijaran, (En el levantamiento Planimétrico y fotográficamente) una escopeta, que en principio no estaban en el sitio. Todo ello, con la intención de simular, que hubo un enfrentamiento, con las autoridades policiales, y desvirtuar la cruel ejecución que realizaron los funcionarios policiales contra la humanidad de las víctimas que se encontraban desarmadas e indefensas.
Así las cosas, con lo anteriormente descrito quedo plenamente demostrado de manera cierta a lo largo del contradictorio y en consecuencia plasmado de manera certera en la motivación de la sentencia recurrida temerariamente por la defensa…
Lo que se evidencia claramente que lo expuesto por la defensa carece de fundamentación jurídica y que la misma es una denuncia temeraria a la decisión emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal.
Expresa la Defensa como segunda Denuncia lo siguiente…
Sin embargo, al parecer obvia la defensa por completo, lo previsto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo que Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos por las partes para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Es decir, que en modo alguno podría el Tribunal no valorar el testimonio o pruebas documentales ofrecidas por la defensa o el Ministerio Público, basándose que efectivamente se demostró los hechos que se originaron , en fecha 27 de junio de 2005, donde le fueron ocasionados daños irreversibles en la integridad física y psíquica, de las victimas , aunado Lo cual, no constituye siquiera a criterio de estos Fiscales, digno de ser considerado, por esa Honorable Sala de Apelaciones, como vicio de la sentencia condenatoria justamente proferida y en tal sentido debe ser declarado sin lugar, por ser manifiestamente infundado .aunado a todo el daño causado los acusados modificaron alteraron el sitio del suceso para buscar con ello la impunidad. Reza el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
La Defensa ha manifestado un “disparatado y emotivo análisis” invocando erróneamente el segundo aparte del artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
Como tercera denuncia esgrime la defensa que el Tribunal incurrió en una Violación de ley por el VICIO DE ERRONEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA JURIDICA…
Durante el desarrollo del juicio oral y público, quedo plenamente demostrado la comisión de los delitos imputados así mismo en la sentencia el juzgador relaciona de manera directa y clara las circunstancia del hecho y admiculado (sic) al derecho, evidenciándose que la conducta desplegada por el Inspector Richard Valera Toro, encuadra el los tipos penales atribuidos aunado que el mismo el es sujeto activo y por consecuencia responsable penalmente de sus acciones antijurídicas y culpables.
Por otra parte la presente denuncia infundada y carente de fundamento jurídico debe ser igualmente declarada sin lugar toda vez, que el Numeral 4º del artículo 452, se refiere a situaciones de error en la aplicación de tal o cual norma jurídica bien sea sustantiva o adjetiva, bien por aplicación indebida o por falta de aplicación, efectivamente el juzgador realiza una perfecta aplicación de la norma, fundamentándose en la conducta desplegada por el acusado, la cual se subsume en lo tipificado en los artículos 239 y 254 del Código Penal, como son los delitos de Simulación de Hecho Punible y Encubrimiento. Hechos probados en lo largo del debate oral y público, siendo los mismos sancionados como delito en el código penal, y en consecuencia no estamos en presencia de una decisión violatoria del derecho, por el contrario la presente sentencia se encuentra ajustada al hecho y al derecho, cumpliendo cabalmente con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
Lo que se evidencia claramente que lo expuesto por la defensa carece de fundamentación jurídica y que la misma es una denuncia temeraria a decisión emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, es por ello ciudadanos Magistrados es que solicitamos que se declare sin lugar dicho Recurso y se confirme la Sentencia, toda vez que la misma no es susceptible de nulidad alguna.
Como cuarta denuncia arguye la defensa que el recurrido, en su decisión no realiza una exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, y la apreciación por parte del tribunal según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas experiencias de cada una de las pruebas evacuadas…. No es admisible frente al derecho de controversia que sin haber analizado cada uno de los elementos probatorios o tras valorar sólo parte de ellos. El juez afirme en su decisión que existe una motivación por el juez , pero sin razonar y motivar su decisión, por cuanto lo único que hace es transcribir cada una de las pruebas debatidas en el juicio oral, pero no señala cual es el vínculo de casualidad con cada una de ellas y los acusados en autos, no explica el porque, los sujetos pasivos de este proceso se encuentran involucrado en el injusto penal y cuales son las pruebas que dan por demostrado el Injusto Penal por el cual encuadro la conducta de nuestro defendido… Por lo antes expuesto e indiscutiblemente que la decisión de la Corte de Apelación de esta circunscripción judicial violenta en una forma grosera y flagrante el Derecho a la defensa al ordenar a un tribunal de Juicio, que no aplique el Contradictorio a las pruebas evacuadas bajo el régimen del Código de Enjuiciamiento Criminal.
Al respecto esta Representación Fiscal conjunta, estima pertinente abstenerse de responder la presente denuncia, toda vez que la misma es realizada de forma repetida por parte de la defensa en su escrito, lo cual es infundado desde el punto de vista jurídico, siendo el mismo motivado por quienes suscriben a lo largo del presente escrito de contestación.
En séptimo lugar tenemos, el Recurso de Apelación presentado por los Abogados, ANDRES A. PUGA ZABALETA Y ROMMEL ALEXANDER PUGA GONZALEZ, defensores del ciudadano FRANKLIN JOSÉ GARCÍA MALDONADO,
Interpone la defensa Formal Recurso de Apelación de acuerdo en lo establecido en los artículos 452 y 453 del Código orgánico Penal… mediante la cual se condena a nuestro defendido a cumplir la pena de 28 AÑOS 8 MESES 6 DIAS Y 6 HORAS DE PRISION por ser autor responsable de los delitos: COMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO… en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZALEZ, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA… en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA Y DANITZA COROMOTO BUITRAGO, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO… SIMULACION DE HECHO PUNIBLE… VIOLACION DE DOMICILIO… Apelación que fundamentamos en los siguientes elementos de convicción:
Alegan como primera Denuncia: En lo contemplado en el artículo 452 numeral 2°, por ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia…
En tal sentido el Ministerio Público observa, que una vez revisada y analizada la sentencia recurrida, se puede evidenciar que precisamente en la motivación de la misma, el juzgador luego de valorar y concatenar las pruebas validamente traídas al juicio oral y público, fundamentándose en la sana crítica, las máximas de experiencias y los conocimientos científicos, indefectiblemente…
En cuanto al delito de COMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, en perjuicio de LEONARDO ENRIQUEZ GONZALEZ LAREZ, arguyó el Juzgador, en el desarrollo de la motivación de la sentencia que se pretende impugnar lo siguiente…
Asimismo, quedo plenamente demostrado que en fecha 27-06-2005, el acusado FRANKLIN JOSÉ GARCÍA MALDONADO, quien se encontraba en comisión de servicios en la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) conjuntamente con FÉLIX MARTINEZ MOTA quien iba de parrillero, conducía el vehículo moto en la cual perseguían por la Avenida Principal de Kennedy a los jóvenes estudiantes para darle alcance al vehículo donde éstos se desplazaban, una vez detenida la marcha del vehículo, FRANKLIN GARCÍA utilizando su destreza y pericia, coloca la moto en una posición favorable que le da seguridad al parrillero (FÉLIX MARTINEZ) para que este desde la moto ejecutara el disparo mortal que le cegara la vida a LEONARDO ENRIQUE GONZALEZ LARES, quien previamente había descendido del vehiculo con las manos en alto en señal de entrega, prestando FRANKLIN GARCÍA a FÉLIX MARTINEZ, la asistencia antes de la ejecución del hecho punible y durante su perpetración, haciendo igualmente caso omiso a la clemencia hecha por la victima.
Todo lo anterior fue demostrado y comprobado a lo largo del Juicio oral y Público, adminiculado a la Sentencia, lo que se evidencia en el análisis de la misma a resaltar en su motiva el cúmulo de pruebas que fueron valoradas como son: el Libro de Novedades de la Unidad de respuesta Inmediata (URI) donde consta que se le da salida a la comisión, así como de la Novedades Diarias de la Sub delegación del CICPC de Caricuao donde se desprende que las comisiones del CICPC y del DIM salieron para el sitio del suceso (Kennedy), , declaración del Coronel jefe de investigaciones del DIM, RIVERO MARCANO, que manifestó que el mayor Baldomero PEÑA CARRILLO solicita autorización para salir con una comisión a realizar un procedimiento en búsqueda de evidencias en la citada investigación llevada por la Fiscal 47 de Caracas. Así mismo la Experticia de ATD practicada al acusado, la cual arrojó un resultado positivo de presencia de plomo, bario y antimonio en ambas manos, lo que demuestra que acciono su arma de fuego, igualmente consta en las novedades del URI Sub Delegación Caricuao el acusado manifestó que regresaba de una comisión donde había sostenido un intercambio de disparos con sujetos desconocidos (ENFRENTAMIENTO), y en el cual habían resultado personas muertas y heridas. Aunado a las Copias certificadas, de la Novedades Diarias, llevadas ante la Sub- Delegación de Caricuao del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Brigada de Respuesta Inmediata, desde las 8:00 horas del día 27-06-2005, hasta el 29-06-2005, en la cual se refiere que el personal de guardia son los funcionarios MARTÍNEZ FÉLIX, Agente Jefe De Guardia, GARCÍA FRANKLIN, Oficial II Adjunto, OCHOA HECTOR, Oficial I, Auxiliar. En el numera (11) a las 21:15 horas se refleja una salida de comisión, la realizan los funcionarios Agente Martínez Félix, y el Oficial II García Franklin, conjuntamente con comisiones de la División Nacional de Investigaciones de Homicidios al mando del Inspector Richard Varela, en vehículo particular y de la División de Inteligencia Militar al Mando del Mayor (EJ) Peña Carrillo, con los funcionarios Inspector Coscoi Prada, Inspector Molina Gendry, Inspector Peña Peña, Subinspector Barili Sánchez, Sub Inspector Braulio García, Sub Inspector Flores Edwin, Sub- Inspector José Salazar, Sargento III Alexander Arrieta, Agente II, Abreu Jesús, Agente I Mora Zamora, en vehículo particular hacia el Sector de Kennedy parte alta sector Las casitas, a fin de realizar diligencias relacionadas con el expediente G-654.082, iniciadas con la División Nacional Contra Homicidios por uno de los delitos Contra las personas, donde deja constancia que el regreso de la comisión manifestaron que sostuvieron enfrentamiento con sujetos desconocidos, resultando heridos unas personas que se trasladaban en un vehículo corsa que se atravesaron en dicho procedimiento policial.
En relación al Delito de VIOLACION DE DOMICILIO, la sentencia fue debidamente motivada y de la cual se desprende entre otras cosas…
En consecuencia, se evidencia la expresa mención del penado FRANKLIN JOSÉ GARCÍA MALDONADO, que realiza el juzgador a lo largo del desarrollo de la motivación de la sentencia, así como en el dispositivo de la misma, razón por la cual deben ser declaradas sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la presente defensa en su recurso de apelación.
Alegan como segunda denuncia, que se puede observar, a su criterio el quebramiento de las formas sustanciales de los actos que causan indefensión, toda vez que el juez de juicio, no evacuó las pruebas ofrecidas por esta defensa y en ningún momento fueron citados por el Tribunal… el Recurso de Revocación, referente a la desestimación de las pruebas que faltaban por evacuarse… así esta defensa considera procedente y ajustado a derecho declara… la NULIDAD de la sentencia…
Sin embargo, al parecer obvia la defensa por completo, lo previsto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo que Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos por las partes para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Es decir, que en modo alguno podría el Tribunal no valorar el testimonio o pruebas documentales ofrecidas por la defensa o el Ministerio Público, basándose que efectivamente se demostró los hechos que se originaron, en fecha 27 de junio de 2005, donde le fueron ocasionados daños irreversibles en la integridad física y psíquica, de las victimas , aunado Lo cual, no constituye siquiera a criterio de estos Fiscales, digno de ser considerado, por esa Honorable Sala de Apelaciones, como vicio de la sentencia condenatoria justamente proferida y en tal sentido debe ser declarado sin lugar, por ser manifiestamente infundado .aunado a todo el daño causado los acusados modificaron alteraron el sitio del suceso para buscar con ello la impunidad. Reza el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
La Defensa ha manifestado un “disparatado y emotivo análisis” invocando erróneamente el segundo aparte del artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
Como tercera Denuncia, alega la defensa que el Tribunal incurrió en una Violación de ley por el VICIO DE ERRONEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA JURIDICA… no esta ajustado al derecho, ya que en el caso de nuestro defendido no quedo probado su culpabilidad con ninguno de los elementos de convicción evacuados en el juicio por la Vindicta Pública… la responsabilidad de nuestro defendido, no quedo acreditada con ninguno de los elementos de convicción evacuados por la Representación de la Vindicta Pública durante el desarrollo del juicio seguido en contra del mismo. El juez de la recurrida en ningún momento determino de forma precisa y circunstanciada los hechos que el tribunal dio por acreditados…. Esta defensa considera procedente y ajustado a derecho declarar… a los fines que sea efectuado nuevo juicio oral y público en el que se dicte nueva sentencia que analice y compare las pruebas que se presentaran en el juicio.
Durante el desarrollo del juicio oral y público, quedo plenamente demostrado la comisión de los delitos imputados así mismo en la sentencia el juzgador relaciona de manera directa y clara las circunstancia del hecho y admiculado (sic) al derecho, evidenciándose que la conducta desplegada por el acusado GARCÍA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ, encuadra el los tipos penales atribuidos aunado que el mismo el es sujeto activo y por consecuencia responsable penalmente de sus acciones antijurídicas y culpables.
Por otra parte la presente denuncia infundada y carente de fundamente jurídico debe ser igualmente declarada sin lugar toda vez, que el Numeral 4 del artículo 452, se refiere a situaciones de error en la aplicación de tal o cual norma jurídica bien sea sustantiva o adjetiva, bien por aplicación indebida o por falta de aplicación, efectivamente el juzgador realiza una perfecta aplicación de la norma, fundamentándose en la conducta desplegada por el acusado, la cual se subsume en la norma como COMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO… en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZALEZ, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA… en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA Y DANITZA COROMOTO BUITRAGO, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO… SIMULACION DE HECHO PUNIBLE… VIOLACION DE DOMICILIO…. Hechos probados en lo largo del debate oral y público, siendo los mismos sancionados como delito en el código penal, y en consecuencia no estamos en presencia de una decisión violatoria del derecho, por el contrario la presente sentencia se encuentra ajustada al hecho y al derecho, cumpliendo cabalmente con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
Lo que se evidencia claramente que lo expuesto por la defensa carece de fundamentación jurídica y que la misma es una denuncia temeraria a decisión emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, es por ello ciudadanos Magistrados es que solicitamos que se declare sin lugar dicho Recurso y se confirme la Sentencia, toda vez que la misma no es susceptible de nulidad alguna.
Como Cuarta denuncia manifiesta la defensa, que el Tribunal incurrió en una violación de ley por Inobservancia… por cuanto el juez de la recurrida en su decisión no realiza una exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, y la apreciación por parte del tribunal según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas experiencias de cada una de las pruebas evacuadas… no señala cual es el vinculo de casualidad con cada una de ella y los acusados de autos, no explica el porque, los sujetos pasivos de este proceso se encuentran involucrado en el injusto penal y cuales son las pruebas que dan por demostrado el Injusto Penal por el cual encuadro la conducta de nuestro defendido…
En tal sentido solicitamos de la Corte de Apelación dictara una decisión propia, decretando la nulidad de la sentencia y analizando cada uno de los elementos probatorios debatidos en el Juicio, a tal fin promovemos el medio de reproducción del juicio oral, donde se establece que ninguna de las pruebas promovidas arrojan ningún tipo de responsabilidad penal en contra de nuestro defendido.
Al respecto esta Representación Fiscal conjunta estima pertinente abstenerse de responder la presente denuncia, toda vez que la misma es realizada de forma repetida por parte de la defensa en su escrito, lo cual es infundado desde el punto de vista jurídico, carece de fundamos serios y apreciación jurídica en cuanto al hecho y al derecho, siendo el mismo motivado, analizado y justificado de manera amplia y contundentes por quienes suscriben a lo largo del presente escrito de contestación.
En octavo lugar tenemos, el Recurso de Apelación presentado por los Abogados, JOSÉ ANTONIO VILLARROEL CORTEZ y MARITZA BETANCOURT MORALES, en su carácter de defensores del ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA.
Al analizar el escrito de apelación que interpusiese la defensa del condenado FRANK ALBERTO SERRADA, resulta obligado a esta representación fiscal, puntualizar las siguientes ideas:
En primer lugar, asombra al Ministerio Público las graves falencias de las que adolece el escrito en cuestión. Con suma preocupación notamos la carencia de las normas elementales básicas de técnica jurídica que de modo indefectible deben atenderse cuando se pretende recurrir de una decisión proferida por cualquier tribunal de la República.
Iniciamos con tal premisa, toda vez que es casi imposible para el Ministerio Público contestar lo que en derecho es incontestable, por confuso, endeble e inteligible. No obstante a los fines de dar cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, y en obsequio de la propia justicia, se procede de seguidas a realizar el siguiente esboce.
Del escrito impugnativo al cual venimos hacemos referencia se desprenden como motivos de apelación los siguientes:
• La falta manifiesta en la motivación de la sentencia.
• Contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia.
• Violación de la Ley
• Falta, contradicción o ilogicidad
• Violación de la Ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica
CONTESTACIÓN A LA PRIMERA DENUNCIA
FALTA MANIFIESTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA
Ya en materia, observamos que como primera denuncia la defensa técnica del condenado FRANK ALBERTO SERRADA alega la Falta manifiesta en la motivación de la sentencia…
Posterior a ello, y sin saber con que sentido, la defensa transcribe las declaraciones rendidas por las ciudadanas ELIZABETH YULEIDIS ROSALES BRACAMONTE, IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA, RAMÓN ANTONIO PLAZA RAGA, SIMONA YEPEZ RAGA, así como la de varios de los expertos que efectivamente rindieron testimonio en las audiencias orales y públicas celebradas al efecto.
Tal situación lejos de fundamentar el primer motivo de apelación, lo hace de suyo fenecer, pues si lo que se alega es la falta manifiesta de motivación, mal podrían los impugnantes, en propugna de su propia torpeza…
Vemos pues, como aún cuando la defensa alega la inmotivación de la recurrida, arguye en grasas contradicciones que el Sentenciador efectivamente motivó el fallo recurrido, al fundarse en las declaraciones y pruebas técnicas que fueron evacuadas en el Juicio oral y Público celebrado. Es decir, en un desacierto jurídico, la misma defensa que alega inmotivación incluye como fundamento justificativo de su pretensión, las pruebas del cumplimiento de lo que alega incumplido, dicho de otra forma, invoca un vicio procesal y a la vez nos obsequia el remedio.
De igual forma, y en irrespeto nuevamente de la técnica jurídica, la defensa alega además, la contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia. Así pues, y a los meros fines ilustrativos se informa a la defensa las distintas infracciones en las que puede incurrir el sentenciador al motivar su fallo.
Conforme al numeral 2° del Artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal los vicios en la motivación se originan por la falta, la contradicción o ilogicidad observada del cuerpo y texto de la sentencia. Así pues, habrá falta de motivación cuando el fallo carezca por completo de las razones de hecho y derecho que llevaron al Juzgador al pleno convencimiento de la inocencia o culpabilidad del acusado. Es decir, cuando el Sentenciador haya obviado realizar el ejercicio lógico jurídico que le procurara el piso y convicción de lo decidido. En este caso la motivación como tal no existe.
Por otra parte, habrá contradicción en la motivación, cuando aún existiendo en el texto de la recurrida, ésta –la motivación- cae en desfase en razón de que los hechos que se han establecido no constituyen prueba alguna de lo que fue investigado, es decir, cuando los hechos probados no dan por demostrado la comisión del delito ni las circunstancias que lo rodean.
Y por último, estaremos en presencia de una motivación ilógica, cuando no exista una relación lógica entre los hechos dados por probados por el Sentenciador y las pruebas cursantes en la investigación. Es decir, dicho de otra forma cuando los hechos no se amolden de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia a las probanzas evacuadas.
Sin embargo la defensa obviando tales conceptos pretende atacar por inmotivado un fallo que a todas luces resplandece por su clara, precisa y garantista motivación.
Podemos decir más y alegamos a nuestro favor y en detrimento de la errada defensa, que en un mismo recurso por conducto del cual se recurra de la decisión emanada de un Tribunal de la República, no pueden alegarse conjuntamente como vicios de motivación, la falta y a la vez su contradicción. Cuando se toma como bandera para recurrir la motivación, se debe ser claro cual de los vicios afecta a la sentencia, es decir, si es la falta, la contradicción o la ilogicidad. Ello pues, tomando en consideración que la falta per (sic) se excluye de entrada la existencia de los restantes vicios.
Así pues, en derecho es inexplicable y raya en el desatino, que a la par una sentencia carezca de motivación, y que ésta a su vez sea contradictoria. En el argo popular diríamos: Para alegar vicios de motivación no podemos escribir a medias tintas porque ella existe o no existe, o mejor, como si no existe es contradictoria o peor, como existiendo ella, falta. A buen entendedor pocas palabras.
Por las motivaciones ya explicitadas suficientemente, el Ministerio Público al considerar que lo esbozado no comporta vicio alguno que afecte la sentencia impugnada, solicitamos muy respetuosamente que el primer motivo de impugnación sea declarado sin lugar.
CONTESTACIÓN A LA SEGUNDA DENUNCIA
CONTRADICCIÓN O ILOGICIDAD EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA
Como segunda denuncia alega la defensa la contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia. La defensa en este punto hace mención a varios de los elementos probatorios que fueron valorados por el juez al momento de dictar la sentencia de rigor, sin embargo concluyen que son inoficiosas en algunos casos y en otras contradictorias e ilógicas…
En armonía con lo que explicáramos con ocasión de contestar el primer motivo de apelación, observamos como desacertadamente la defensa insiste en englobar en uno, los distintos vicios en lo que se puede incurrir al motivar el fallo. Nuevamente la defensa incurre en errores de derecho que hacen poco apetecible su pretensión. No se trata de alegar por alegar, se trata de alegar y comprobar, es decir, alegar la contradicción o la ilogicidad pero a la par comprobar su existencia dentro de la sentencia.
En el caso de marras, la defensa lo que realiza es un infeliz análisis acomodaticio de parte de las pruebas evacuadas con su pretensión, sin embargo y queremos insistir en ello, no presentó en la bandeja de la lógica, los traspiés en los que incurre el Sentenciador al motivar su fallo; redundando enuncia pero no demuestra.
No obstante al realizar el Ministerio Público un análisis de la parte motiva de la recurrido, encontramos con el Juzgador en excelso tributo al derecho, compila todos y cada uno de los elementos probatorios puestos a su consideración, los analiza y los adminicula, parra establecer su congruencia entre los hechos y el derecho, concluyendo con las diversas condenas ya conocidas. En consecuencia de lo expuesto considera esta representación fiscal que la motiva de la sentencia ni es contradictoria ni menos ilógica.
En el caso de marras, so pretexto de contradicción o ilogicidad de la motiva, la defensa realiza una serie de alegaciones concernientes a los hechos y las pruebas debatidas en el Juicio Oral y Público, violando el Principio de la Doble Instancia, al querer solapadamente que la Sala de la Corte de Apelaciones a quién le corresponda el conocimiento de la múltiple incidencia recursiva, se pronuncie contrario a derecho, con relación a las probanzas evacuadas.
En relación a la motivación que realiza el Juez del Informe Médico practicado a la víctima Danitza Coromoto Buitriago Gamboa, pese a que el Médico Forense Héctor Ciavaldini no concurrió al llamamiento que el Tribunal de la Causa le hiciere para asistir al desarrollo del Juicio Oral y Público, es menester puntualiza lo siguiente:
Todo peritaje, indistintamente de la materia sobre la que trate debe bastarse por si solo, es decir, debe contener todas y cada una de las premisas necesarias para entenderla sin necesidad de recurrir al contexto del cual forma parte. Tales requerimientos no son caprichos, sino que por el contrario, responden a las exigencias que se preceptúan en el Artículo 239 del Código Orgánico Procesal Penal…
Conforme a lo anterior, vemos como se infiere de la precitada norma los requisitos de forma y de fondo que debe contener todo peritaje que forme parte del acervo probatorio debatido en un Juicio Oral y Público; requisitos estos que aparecen sanamente acreditados el informe presentado en fecha 01 de julio de 2.005 por el Dr. Héctor Ciavaldini.
Con respecto a la ilogicidad de valorar un peritaje sin que el experto haya concurrido al Juicio Oral y Público a ratificar su contenido y explicar sus conclusiones, el Ministerio Público procede a verificar lo siguiente…
En consecuencia de lo anterior solicita esta representación solicita que el segundo motivo de apelación sea declarado sin lugar.
CONTESTACIÓN AL TERCER MOTIVO DE APELACIÓN
VIOLACIÓN DE LA LEY
Como tercer motivo de apelación la defensa denuncia la Violación de la Ley. Para tal fin realiza las siguientes consideraciones…
Impresiona sobre manera al Ministerio Público la ligereza y el desgano con el cual la defensa del condenado ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA realiza la impugnación del fallo dictado por el Juzgado SEPTIMO de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Area (sic) Metropolitana de Caracas.
Esta cruda aseveración la realizamos, pues es penoso como sin atender a las normas elementales de la ciencia jurídica, se pretender lograr un cometido a favor de su patrocinado. Ello es así pues alegan los recurrentes de que el Juzgador al motivar la decisión incurre en violación de la ley.
El numeral 4° del Artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, establece dos motivos en los que se podrá incurrir en violación de la ley. El primero se refiere a la inobservancia de una norma y el segundo se refiere a su errónea aplicación. Las diferencias entre una y otra son abismales.
Cuando la violación de la ley deviene de su inobservancia, debemos entender que el Juzgador omitió por completo su existencia dentro del Ordenamiento Jurídico y por consiguiente, su nula aplicación dentro de un proceso penal, es decir, el Juez hizo caso omiso al contenido de la norma que por mandamiento legal estaba en la imperiosa necesidad de aplicar.
No obstante cuando la violación de la ley viene por su errónea aplicación, el Juez si bien atendió a la norma de aplicación correcta, al momento de interpretar su contenido tergiverso el sentido, propósito y razón del legislador, dándole un sentido bizarro bajo cuyo pretexto fue instaurada. En suma pues, habrá inobservancia cuando el Juez solape, calle o ignore la existencia de una norma que por imperativo le tocaba aplicar, en tanto y en cuanto que, habrá errónea aplicación cuando aún aplicada se le de un sentido interpretativo distinto a la razón por la cual fue creada la aludida norma.
Lo importante en este punto es destacar que al recurrir con fundamento a la violación de la ley, le corresponde al impugnante establecer en que versó tal violación, si fue porque no se observó la norma o por el contrario, si observada, su contenido se interpretó de manera errada al punto de viciar su verdadera razón de ser.
En el caso en estudio, la defensa vuelve a englobar como si fuera un solo motivo los previstos en el numeral 4° del Artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, y lo que es peor, no justificó ni la inobservancia ni la errónea aplicación; el ejercicio alegatorio se circunscribió al flaco pretexto de que ninguna de la calificación jurídica acogida por el Juzgador pudo comprobarse en la realización del Juicio Oral y Público.
En este punto es importante citar varios criterios jurisprudenciales que afianzan lo anterior…
Sin embargo el Juzgador de la causa al motivar su sentencia con relación a la autoría de los acusados en el delito de Homicidio Calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva, lo hace de la siguiente manera…
Se deduce de lo parcialmente transcrito, como el sentenciador luego de citar cada uno de los elementos probatorios debatidos, los analiza, los adminicula y concluye determinando las razones por las cuales estamos en presencia de la comisión del delito de Homicidio Intencional Calificado Frustrado en grado de Complicidad Correspectiva. De suerte que la postura que asume la defensa al alegar la violación de la norma, no tiene cabida ni sustento procesal, al quedar claro que la norma que se tomo como bandera para condenar al ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA era aquella que se amoldaba a la perfección a la pretensión de justicia del Ministerio Público.
Por todo ello, solicitamos muy respetuosamente, que este tercer motivo de apelación sea declarado SIN LUGAR.
CONTESTACIÓN A LA CUARTA DENUNCIA
FALTA CONTRADICCIÓN O ILOGICIDAD
Como cuarta denuncia, la defensa del ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA alega nuevamente la Falta, contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia, con fundamento en las siguientes circunstancias…
En este estado, damos por transcrita y hacemos nuestra la fundamentación que esbozara el Ministerio Público al momento de contestar el primer y segundo motivo de apelación que interpusiese la defensa del ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA, por considerar que se encuentran dados los mismos vicios y supuestos. En consecuencia se le solicita a la honorable Sala de la Corte de Apelaciones que le corresponda conocer del presente recurso declare sin lugar el cuarto motivo de apelación.
CONTESTACIÓN A LA QUINTA DENUNCIA
VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA O ERRONEA APLICACIÓN DE UNA NORMA JURÍDICA
Como quinto y último motivo de la apelación, la defensa del ciudadano condenado FRANK ALBERTO SERRADA señala lo siguiente…
Por cuanto el contenido del presente motivo fue contestado al referirse ésta representación fiscal a los motivos segundo y tercero de apelación, se dan por reproducidos en este considerando, todos y cada uno de los fundamentos ya explicitados, por considerar que se encuentran dados los mismos vicios y supuestos. En consecuencia se le solicita a la honorable Sala de la Corte de Apelaciones que le corresponda conocer del presente recurso declare sin lugar el cuarto motivo de apelación.
En noveno lugar tenemos, el Recurso de Apelación presentado por el Abogado LUIS EDGARDO VILLANUEVA TORRES, en su carácter de defensor del acusado CARLOS APOSTOL ROMERO,
Como Primera Denuncia, la defensa la fundamenta en el artículo 452 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, la Violación de normas relativas a la Oralidad, inmediación, Concentración y Publicidad…
En este sentido, observa el Ministerio Público, que en los diferentes Recursos de Apelaciones presentados por las defensas en la presente causa, ha sido enmarcado en este punto, a lo cual la Vindicta Publica ha realizado el análisis correspondiente, en virtud de que es reiterativo, que ignora la defensa por completo, lo previsto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo que Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos por las partes para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Es decir, que en modo alguno podría el Tribunal no valorar el testimonio o pruebas documentales ofrecidas por la defensa o el Ministerio Público, basándose que efectivamente se demostró los hechos que se originaron , en fecha 27 de junio de 2005, donde le fueron ocasionados daños irreversibles en la integridad física y psíquica, de las victimas , aunado Lo cual, no constituye siquiera a criterio de estos Fiscales, digno de ser considerado, por esa Honorable Sala de Apelaciones, como vicio de la sentencia condenatoria justamente proferida y en tal sentido debe ser declarado sin lugar, por ser manifiestamente infundado .aunado a todo el daño causado los acusados modificaron alteraron el sitio del suceso para buscar con ello la impunidad. Reza el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
Como segunda denuncia, funda la defensa su recurso de apelación, de conformidad con el artículo 452 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal “Falta de contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral…
Sin embargo el Juzgador de la causa al motivar su sentencia con relación a la autoría de los acusados en el delito de Homicidio Calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva, lo hace de la siguiente manera…
Se deduce de lo parcialmente trascrito, como el sentenciador luego de citar cada uno de los elementos probatorios debatidos, los analiza, los adminicula y concluye determinando las razones por las cuales estamos en presencia de la comisión del delito de Homicidio Intencional Calificado Frustrado en grado de Complicidad Correspectiva. De suerte que la postura que asume la defensa al alegar la violación de la norma, no tiene cabida ni sustento procesal, al quedar claro que la norma que se tomo como bandera para condenar al ciudadano JUAN APOSTOL ROMERO era aquella que se amoldaba a la perfección a la pretensión de justicia del Ministerio Público.
Por todo ello, solicitamos muy respetuosamente, que este segundo motivo de apelación sea declarado SIN LUGAR.
Como tercer punto denuncia la defensa, De conformidad con el artículo 452 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, por Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión…
Por cuanto el contenido del presente motivo fue contestado al referirse ésta representación fiscal a la primera denuncia presentada por esta defensa, se dan por reproducidos en este considerando, todos y cada uno de los fundamentos ya explicitados, por considerar que se encuentran dados los mismos vicios y supuestos. En consecuencia se le solicita a la honorable Sala de la Corte de Apelaciones que le corresponda conocer del presente recurso declare sin lugar el cuarto motivo de apelación.
En décimo lugar tenemos, el Recurso de Apelación presentado por el Abogado LUIS EDGARDO VILLANUEVA TORRES, en su carácter de defensor del acusado JORGE LUIS MAURERA CENTENO.-
1° Denuncia de conformidad con el artículo 452 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, la Violación de normas relativas a la Oralidad, inmediación, Concentración y Publicidad…
En este sentido, observa el Ministerio Público, que en los diferentes Recursos de Apelaciones presentados por las defensas en la presente causa, ha sido enmarcado en este punto, a lo cual la Vindicta Publica ha realizado el análisis correspondiente, en virtud de que es reiterativo, que ignora la defensa por completo, lo previsto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo que Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos por las partes para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Es decir, que en modo alguno podría el Tribunal no valorar el testimonio o pruebas documentales ofrecidas por la defensa o el Ministerio Público, basándose que efectivamente se demostró los hechos que se originaron , en fecha 27 de junio de 2005, donde le fueron ocasionados daños irreversibles en la integridad física y psíquica, de las victimas , aunado Lo cual, no constituye siquiera a criterio de estos Fiscales, digno de ser considerado, por esa Honorable Sala de Apelaciones, como vicio de la sentencia condenatoria justamente proferida y en tal sentido debe ser declarado sin lugar, por ser manifiestamente infundado .aunado a todo el daño causado los acusados modificaron alteraron el sitio del suceso para buscar con ello la impunidad. Reza el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
Como segunda denuncia, invoca conformidad con el artículo 452 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal “Falta de contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia o cuando esta se funde en prueba obtenida y ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral…
En tal sentido el Ministerio Público observa, que una vez revisada y analizada la sentencia recurrida, se puede evidenciar que precisamente en la motivación de la misma, el juzgador luego de valorar y concatenar las pruebas validamente traídas al juicio oral y público, fundamentándose en la sana crítica, las máximas de experiencias y los conocimientos científicos, indefectiblemente concluyó lo siguiente…
Es así, como efectivamente el juzgador luego de fundamentar la motivación de su decisión, arguye la culpabilidad del penado Jorge Maurera Centeno, e indica las contundentes pruebas con las cuales quedó demostrada su participación como coautor en los hechos de marras y se verifica que le mismo si portaba para la fecha 27 de junio de 2005, Arma: HK (5.56mm), Serial de orden 11061, que aduce la defensa no portaba el penado.
Como tercer vicio denuncia de conformidad con el artículo 452 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, por Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión…
En este sentido, observa el Ministerio Público, que en los diferentes Recursos de Apelaciones presentados por las defensas en la presente causa, ha sido enmarcado en este punto, a lo cual la Vindicta Publica ha realizado el análisis correspondiente, en virtud de que es reiterativo, que ignora la defensa por completo, lo previsto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo que Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos por las partes para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Es decir, que en modo alguno podría el Tribunal no valorar el testimonio o pruebas documentales ofrecidas por la defensa o el Ministerio Público, basándose que efectivamente se demostró los hechos que se originaron , en fecha 27 de junio de 2005, donde le fueron ocasionados daños irreversibles en la integridad física y psíquica, de las victimas , aunado Lo cual, no constituye siquiera a criterio de estos Fiscales, digno de ser considerado, por esa Honorable Sala de Apelaciones, como vicio de la sentencia condenatoria justamente proferida y en tal sentido debe ser declarado sin lugar, por ser manifiestamente infundado .aunado a todo el daño causado los acusados modificaron alteraron el sitio del suceso para buscar con ello la impunidad. Reza el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
Conforme a lo trascrito, ha quedado claro que el Juzgador al momento de valorar las pruebas evacuadas en la realización del Juicio Oral y Público, realizó un análisis pormenorizado de todos y cada uno de los éstos, adminiculándolos uno a uno para concluir con el resultado ya conocido. Añadimos a su vez, que la motivación de una sentencia no comporta obligatoriamente una retalija inconmesurada de largas y hartas consideraciones por parte del Juez; una decisión fundada, es aquella que se dicta sobre cimientos perfectamente legales, dentro del marco constitucional del ordenamiento jurídico y en atención a lo debatido y probado.
En hilo con lo anterior, la recurrida hace un esboce armónico entre la ley, el derecho y la controversia planteada, desechando a modo de filtro, aquellas irregularidades jurídicas observadas en tanto y en cuanto, a lo peticionado por las partes.
La inmotivación como vicio, supone de parte del Juzgador una inoperancia en su juzgamiento, pues éste, sin manifestar ni exponer abiertamente las razones intrínsecas y extrínsecas que lo llevan a su convencimiento, emite un pronunciamiento sin más ni más. No obstante, tal situación no se verifica en el texto de la impugnada, pues al momento de emitir el deciderium, el Juez hace un juicio valorativo de todas y cada una de las probanzas puestas a su consideración e indica tajantemente en que se funda para condenar a los hasta entonces acusados.
Aclarado ello, es preponderante alarmar sobre el desdeño con el que los recurrentes han tratado de llevar esta incidencia recursiva, alegando profundo equívocos en el supuesto ejercicio a la defensa. En el caso de marras se ha querido dejar entre ver que la sentencia impugnado es inmotivada al faltar las razones de hecho y derecho en las que el sentenciador fundó su veredicto, no obstante al entrar al grueso del asunto, nos cercioramos que lo alegado como falta de motivación pareciera que trataran de enfocarlo hacia otra vertiente.
En el caso del primer motivo de apelación, resulta contradictorio como en primer lugar se alega que la sentencia carece por completo de motivación y luego, en tres líneas adelantes, manifiesta que la motivación realizada de tres de los testigos presénciales es errónea.
Tal situación lejos de fundamentar el primer motivo de apelación, lo hace de suyo fenecer, pues si lo que se alega es la falta manifiesta de motivación, mal podrían los impugnantes, en propugna de su propia torpeza, que pese a que existe motivación ésta es equívoca.
Conforme al numeral 2° del Artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal los vicios en la motivación se originan por la falta, la contradicción o ilogicidad observada del cuerpo y texto de la sentencia. Así pues, habrá falta de motivación cuando el fallo carezca por completo de las razones de hecho y derecho que llevaron al Juzgador al pleno convencimiento de la inocencia o culpabilidad del acusado. Es decir, cuando el Sentenciador haya obviado realizar el ejercicio lógico jurídico que le procurará el piso y convicción de lo decidido. En este caso la motivación como tal no existe.
Por otra parte, habrá contradicción en la motivación, cuando aún existiendo en el texto de la recurrida, ésta –la motivación- cae en desfase en razón de que los hechos que se han establecido no constituyen prueba alguna de lo que fue investigado, es decir, cuando los hechos probados no dan por demostrado la comisión del delito ni las circunstancias que lo rodean.
Y por último, estaremos en presencia de una motivación ilógica, cuando no exista una relación lógica entre los hechos dados por probados por el Sentenciador y las pruebas cursantes en la investigación. Es decir, dicho de otra forma cuando los hechos no se amolden de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia a las probanzas evacuadas.
Sin embargo la defensa obviando tales conceptos pretende atacar por inmotivado un fallo que a todas luces resplandece por su clara, precisa y garantista motivación, englobando como si fuesen uno, los tres vicios –distintos por los demás- que prevé el numeral 2º del Artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal. Por las motivaciones ya explicitadas suficientemente, el Ministerio Público al considerar que lo esbozado no comporta vicio alguno que afecte la sentencia impugnada, solicitamos muy respetuosamente que el primer motivo de impugnación sea declarado sin lugar.
Definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Usando el mejor de los ardid la defensa transcribe lo que para ella es favorable y desecha lo que por supuesto le incomoda. El texto de una sentencia debe valerse por si solo, conteniendo los elementos probatorios cursantes en autos y debatidos en la audiencia oral y pública, estableciendo a cuales de ello les dio mérito y a cuales no y porque. Sin embargo la lectura e interpretación de una sentencia debe hacerse como un todo, como un contexto y no de manera aislada como se pretende.
Quedó probado que los autores del abominable hecho conocido como la masacre de Kennedy utilizaron armas de fuego, que las lesiones que sufrieron los 6 jóvenes víctimas le fueron causadas por armas de fuego, que en el sitio del suceso y hasta la fecha en la humanidad de las víctimas se encuentran rastros de los proyectiles de las armas de fuego disparadas, los innumerables testigos presenciales vieron y escucharon los disparos producidos por armas de fuego, y aún así de forma grosera, impetuosa y altanera pretende la defensa manifestar que no quedó claro el uso de las armas de fuego, por favor, nos toca al Ministerio Público obsequiarle a la defensa sensatez.
El Juzgador aparte de toda la motivación ya realizada dejó claro que los funcionarios actuantes al momento de pronunciarse sobre la existencia de los distintos tipos penales, que su ejecución lo fue en uso de las armas de fuego, demostrando con todo y experticia en mano, la existencia y por supuesto el mal uso que de éstas se hizo. Por último y con fundamento en el tipo penal respectivo, llegó a analizar que tal uso, ya demostrado anteriormente, no estaba dentro de las previsiones legales estatuidas en nuestra norma sustantiva penal, pues el accionar no se realizó con ocasión de resguardar el orden público ni en legítima defensa, como irresponsablemente desde el inicio de la investigación quisieron los hoy condenados hacer ver.
Como corolario, la defensa en un desatino procesal y mal amparada en su cacareada Tutela Judicial Efectiva, deja entrever que al momento de celebrarse la audiencia preliminar en el caso de marras, el Juzgador conocedor incurrió en denegación de justicia, toda vez que no decretó la nulidad de la práctica del análisis de trazas de disparos del cual fueron objetos sus defendidos. En tal sentido, considera el Ministerio Público en primer lugar que tal argumento raya en lo extemporáneo, pues mal podría la defensa de los precitados ciudadanos tratar de retrotraer el proceso a la fase intermedia cuando ya para la fecha, la fase de juicio oral y público está por fenecer.
En consecuencia de todo lo anterior solicita el Ministerio Público que éste último argumento referente a la solicitud de nulidad de la celebración de la audiencia preliminar, sea declarado inadmisible por extemporáneo, pues claro e indefectible que la oportunidad procesal idónea para interponerlo a precluido (sic) con sobrada anticipación.
Observa esta Representación Fiscal, que el pedimento realizado por el recurrente en contra la sentencia del Juzgado A quo, resultan totalmente infundados, toda vez que el pronunciamiento hecho por el Juez de la causa se encuentra ampliamente razonado y sustentado, explicando a lo largo de la sentencia cuales fueron los elementos tomados en consideración para Confirmar su sentencia, asimismo realizó un amplio y exhaustivo análisis, de todos y cada uno de los medos de pruebas que fueron llevados y posteriormente calorados durante el debate oral y público…
En este sentido, observa el Ministerio Público, que en fecha 01 de junio de 2006, como consta de la sentencia dictada por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, siendo la oportunidad legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, el honorable Juez, les impuso a los acusados de sus garantías constitucionales que los eximen de declarar en causa propia, de acuerdo a los establecido en el artículo 49º numeral 5º, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de lo cual quedó debidamente asentado, a lo cual manifestaron todos los imputados, libre de coacción y apremio de manera clara e inteligible, y a viva voz su deseo de “no querer declarar” y acogerse al precepto constititucional, (sic) lo cual quedo debidamente registrado en el acta de debate y posteriormente reproducido en la digna sentencia del juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Este Circuito Judicial Penal. Asimismo quedo constancia de lo previsto en el artículo (sic) 349 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece lo siguiente…
Es decir, es evidente que desde la apertura del debate oral y público, el juzgador respetando los derechos y garantías constitucionales de los acusados, les concedió la palabra, oportunidad ésta en la cual todos se acogieron al precepto constitucional. Así como también consta en la sentencia que en cada oportunidad en la cual se evacuó un órgano de prueba, el mismo, le preguntó a cada uno de los acusados, si deseaban manifestar alguna declaración en relación con dicho órgano de prueba, es decir, que se dio cumplimiento estricto a lo establecido en el artículo 349º de la Ley Adjetiva Penal, en la cual se señala que solo los imputados podrían declarar siempre en referencia al objeto del debate. Es decir, al elemento probatorio que se esté controvirtiendo en el momento. Razón por la cual resulta falsa la denuncia esgrimida por la defensa de la supuesta violación que se le causare a su asistido, por lo cual debe ser declarada sin lugar la apelación interpuesta en ese sentido. A tal efecto, nos permitimos transcribir en extracto, el contenido de la sentencia que se pretende impugnar, donde consta que en fecha 01 de junio de 2006, en la apertura del juicio oral y público, se les concedió la palabra a todos los acusados de la siguiente manera…
Constituye la motivación de la sentencia una condición sine qua non para el ejercicio de la defensa…
En tal sentido el Ministerio Público observa, que una vez revisada y analizada la sentencia recurrida, se puede evidenciar que precisamente en la motivación de la misma, el juzgador luego de valorar y concatenar las pruebas validamente traídas al juicio oral y público, fundamentándose en la sana crítica, las máximas de experiencias y los conocimientos científicos, indefectiblemente concluyó lo siguiente…
V
SOLICITUD FISCAL
En base a los razonamientos de hecho y de Derecho antes expuestos, solicitamos respetuosamente a la Sala de la Corte de Apelaciones, que ha de conocer de este asunto DECLARE SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria… y en consecuencia sea CONFIRMADA dicha decisión en todas y cada una de sus partes…”.

Cursa a los folios 169 al 296 de la trigésima octava pieza del presente expediente, contestación conjunta a los recursos de apelación, por parte de los ciudadanos DRES. DIZLERY DEL CARMEN CORDERO LEÓN, DIDIER ROJAS, NÉSTOR CASTELLANO, NORKA AMUNDARAY ROJAS, CHRISTIAN DAVID QUIJADA SUÁREZ, FRANKLIN NIEVES CAPACE y VÍCTOR HUGO BARRETO, en su condición de Fiscales Sexagésimo Primero, Vigésimo Cuarto, Trigésimo Cuarto del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, Auxiliar Quincuagésimo Quinto, Trigésimo Segundo, Centésimo Vigésimo Quinto y Quinto del Ministerio Público todos del Área Metropolitana de Caracas, de la cual se desprende lo siguiente:

“….CAPITULO I
ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA DEFENSA
EN LA APELACIÓN INTERPUESTA
Primigeniamente, invoca el Abogado PAUL NEWBURY THOMAS VIELMA, en su carácter de defensor del penado JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, los siguientes alegatos en su escrito de apelación…
Lo cual indica, que el mismo reconoce que efectivamente el juzgador hizo alusión específica de su defendido, por lo que mal podría no haberlo mencionado en el veredicto de culpabilidad como indica el abogado en el primer vicio que denuncia.
En tal sentido el Ministerio Público observa, que una vez revisada y analizada la sentencia recurrida, se puede evidenciar que precisamente en la motivación de la misma, el juzgador luego de valorar y concatenar las pruebas validamente traídas al juicio oral y público, fundamentándose en la sana crítica, las máximas de experiencias y los conocimientos científicos, indefectiblemente concluyó lo siguiente….
Es así, como efectivamente el juzgador luego de fundamentar la motivación de su decisión, arguye la culpabilidad del penado José Manuel Salazar Rodríguez, mencionándolo específicamente con el nombre de MANUEL SALAZAR, e indica las contundentes pruebas con las cuales quedó demostrada su participación como coautor en los hechos de marras.
Por otra parte, invoca como tercera denuncia nuevamente, “lo establecido en el artículo 452 ordinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncia Falta de Motivación en la Sentencia”…
Lo cual sorprende a esta Representación conjunta, toda vez que han sido debidamente adminiculados por el a quo, los testimonio de las víctimas, los testigos presenciales, expertos e incluso los funcionarios investigadores, con el resultado de las experticias técnicas, aunado a la valoración dada por el Tribunal, al concurso de elementos por él percibidos al momento de realizar la Reconstrucción de los hechos, que le permitió la amplia apreciación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de cómo sucedieron los hechos el día 27 de junio de 2005, en el Sector Las Casitas de Kennedy, donde fallecieron quienes en vida respondieran a los nombres de ERICK MIGUEL MONTENEGRO SÁNCHEZ, EDGAR JOSUE QUINTERO TORREALBA Y LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ LÁREZ y resultaron gravemente heridas las ciudadanas DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA, IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA y ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, por ello, esta Vindicta Pública, considera necesario resaltar la perfecta adecuación de las pruebas producidas en el debate oral y público, en los delitos por los cuales resultaron condenados los acusados ampliamente identificados, con lo cual quedó probado y demostrada su responsabilidad penal, en los delitos acreditados y probados por el Ministerio Público, por lo cual nos permitimos señalar la adecuada motivación esbozada por el Juzgador en su acertada sentencia, la cual es del tenor siguiente…
En consecuencia, se evidencia la expresa mención del penado JOSÉ MANUEL SALAZAR, que realiza el juzgador a lo largo del desarrollo de la motivación de la sentencia, así como en el dispositivo de la misma, razón por la cual deben ser declaradas sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la presente defensa en su recurso de apelación.
Por otra parte, asombra a esta Representación Fiscal, la denuncia de la defensa, invocando un presunto vicio que fundamenta esta vez erróneamente en el artículo 453 ordinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la motivación de la sentencia fundada en una prueba incorporada con violación de los principios del Juicio Oral”…
En este sentido, no comprende el Ministerio Público, como alega la defensa en su favor su propia torpeza, toda vez que hace mención de que la ciudadana Irúa Coromoto Romero García, es víctima directa en el presente proceso como es cierto, y ha quedado plenamente demostrado que la misma fue la persona que estuvo recluida tanto en el Hospital Miguel Pérez, Carreño, así como en el Hospital Militar, en Terapia Intensiva, en estado de coma, durante más de tres (03) meses, es decir, durante la fase preparatoria e intermedia del presente proceso, debido al disparo recibido en la cabeza, proyectil que aún se encuentra alojado en la región occipital, como consecuencia de los múltiples disparos efectuados por la comisión conjunta integrada por la Dirección de Inteligencia Militar y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a quien sólo se le garantizaban días de vida por parte de los galenos que la atendieron. Motivos por los cuales, era materialmente imposible, en ese estado contar con su testimonio. Por cuanto lo prioritario era su recuperación, teniendo ésta, prohibición expresa de recibir visitas, que pudieran someterla a emociones que perturbaran su rehabilitación, siendo condicionado el entonces el Ministerio Público, a esperar la oportunidad, en la cual se cristalizara la mejoría de la víctima Irúa Coromoto Moreno, para de esta forma, ofrecer su testimonio, como en efecto se hizo, tal como lo recomendaran los médicos tratantes. Por ello, fue admitido dicho testimonio por el Tribunal, siendo evacuado legalmente y valorado plenamente por el juzgador en su oportunidad.
Sin embargo, al parecer obvia la defensa por completo, lo previsto en el artículo 360 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la discusión final y cierre del debate, en el cual se establece expresamente, si está presente la víctima y desea exponer, se le dará la palabra aunque no haya presentado querella. Es decir, que en modo alguno podría el Tribunal no valorar el testimonio rendido por la víctima directa en el presente proceso, por cuanto además es testigo presencial y víctima sobreviviente de los hechos acaecidos, en fecha 27 de junio de 2005, donde le fueron ocasionados daños irreversibles en su integridad física y psíquica, además de presenciar las muertes y las graves lesiones que les fueron causadas a sus compañeros de estudio hoy occisos. Lo cual, no constituye siquiera a criterio de estos Fiscales, digno de ser considerado, por esa Honorable Sala de Apelaciones, como vicio de la sentencia condenatoria justamente proferida y en tal sentido debe ser declarado sin lugar, por ser manifiestamente infundado.
Así las cosas, considera relevante el Ministerio Público, destacar la valoración dada por el recurrido al testimonio de la víctima sobreviviente IRÚA COROMOTO GARCÍA MORENO, el cual fue apreciado por todas las partes en el contradictorio, siendo esta sometida al interrogatorio efectuado por estas, en el debate, lo cual fecundó en el criterio del juzgador, la plena convicción de lo suscitado que no es más que la verdad de lo acontecido en fecha 27-07-05, en el sector de Las Casitas de Kennedy, parroquia Macarao, que por demás, fue debidamente adminiculado con los múltiples elementos de pruebas reproducidos en el debate, del cual nos permitimos señalar a continuación el extracto de la Motivación de la Sentencia que se pretende impugnar…
Y como quinta denuncia, alega la defensa el ordinal “5° De conformidad con el artículo 452 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, denunció el quebrantamiento de formas sustancias que causaron indefensión…
En este sentido, observa el Ministerio Público, que en fecha 01 de junio de 2006, como consta de la sentencia dictada por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, siendo la oportunidad legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, el honorable Juez, les impuso a los acusados de sus garantías constitucionales que los eximen de declarar en causa propia, de acuerdo a los establecido en el artículo 49º numeral 5º, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de lo cual quedó debidamente asentado, a lo cual manifestaron todos los imputados, libre de coacción y apremio de manera clara e inteligible, y a viva voz su deseo de “no querer declarar” y acogerse al precepto constititucional, (sic) lo cual quedo (sic) debidamente registrado en el acta de debate y posteriormente reproducido en la digna sentencia del juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Este Circuito Judicial Penal. Asimismo quedo constancia de lo previsto en el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece lo siguiente…
Es decir, es evidente que desde la apertura del debate oral y público, el juzgador respetando los derechos y garantías constitucionales de los acusados, les concedió la palabra, oportunidad ésta en la cual todos se acogieron al precepto constitucional. Así como también consta en la sentencia que en cada oportunidad en la cual se evacuó un órgano de prueba, el mismo, le preguntó a cada uno de los acusados, si deseaban manifestar alguna declaración en relación con dicho órgano de prueba, es decir, que se dio cumplimiento estricto a lo establecido en el artículo 349º de la Ley Adjetiva Penal, en la cual se señala que solo los imputados podrían declarar siempre en referencia al objeto del debate. Es decir, al elemento probatorio que se esté controvirtiendo en el momento. Razón por la cual resulta falsa la denuncia esgrimida por la defensa de la supuesta violación que se le causare a su asistido, por lo cual debe ser declarada sin lugar la apelación interpuesta en ese sentido. A tal efecto, nos permitimos transcribir en extracto, el contenido de la sentencia que se pretende impugnar, donde consta que en fecha 01 de junio de 2006, en la apertura del juicio oral y público, se les concedió la palabra a todos los acusados de la siguiente manera…
En segundo lugar, tenemos la Apelación interpuesta por la Abogada Belkys Coromoto Villegas Rodríguez, en su carácter de Defensora Pública Sexta Penal (suplente) representando al ciudadano Félix Martínez Mota, la cual fundamenta su denuncia invocando el artículo 452 numeral 2°, por ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, por cuanto viola el derecho a la Defensa, la Tutela Judicial y efectiva al Principio de la Legalidad…
En tal sentido, sorprende a esta Representación conjunta del Ministerio Público, la denuncia que realiza la defensa, toda vez que en el transcurso del debate oral y público, quedó plenamente demostrada, a través de los diferentes medios de pruebas que fueron evacuados lícitamente, la responsabilidad penal de su defendido, al observar quienes suscriben, que en la sentencia recurrida, el Juez Séptimo de Juicio, realizó una excelente valoración de conformidad con el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, de los elementos probatorios que adminiculó entre si, para llegar a la firme convicción de que el penado Félix Alberto Mota Martínez, ha sido el autor del homicidio calificado de quien en vida respondiera al nombre de Leonardo Enrique González Lárez y coautor en la muerte de Erick Miguel Montenegro Sánchez, tal y como se desprende del contenido de la sentencia que se pretende impugnar, de la cual nos permitimos transcribir en extractos la motivación dada por el tribunal para llegar al convencimiento pleno de la culpabilidad del acusado, razón por la cual deben ser declaradas sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la presente defensa en su recurso de apelación. Así las cosas nos permitimos transcribir el extracto de la motivación realizada, la cual es del siguiente tenor…
Por lo anteriormente expuesto, considera el Ministerio Público que ha quedado demostrada la autoría, participación y responsabilidad penal del acusado FÉLIX MARTINEZ MOTA, en los delitos que le fueron acreditados por la Vindicta Pública y que fueron probados a los largo del desarrollo del contradictorio, siendo perfectamente analizados y concatenados por el Juzgador, en la motivación de la sentencia, en virtud de lo cual deberán ser declaradas sin lugar, las infundadas denuncias realizadas por la presente defensa en su recurso de apelación.
En lo que respecta a la segunda denuncia que arguye la defensa, fundada en lo establecido en el artículo 452 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, por quebrantamientos de las formas sustanciales de los actos que causan indefensión…

En tal sentido, se sorprende el Ministerio Público, al observar que la defensa no es clara con el vicio que denuncia, por cuanto alega que no fueron evacuadas las pruebas promovidas, y luego indica que fueron desestimadas las pruebas que faltaban por evacuarse, es decir, surge una evidente contradicción en el planteamiento efectuado por la accionante, la cual no precisa si hubo falta de evacuación o desestimación de las supuestas pruebas que alega.
Así las cosas, cabe destacar, que el juzgador investido de la facultad que le confiere el artículo 198, en su último aparte, limitó los medios de pruebas por cuanto a su criterio, ya había quedado suficientemente probada la perpetración de los hechos punibles, así como la autoría, participación y responsabilidad penal de sus autores y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la cuales se suscitaron, procediendo a cimentar su decisión, en los suficientes órganos de prueba evacuados, que al ser adminiculados entre si, lograron formar en su convencimiento, la certeza de que no era necesario incorporar en el juicio, otros elementos, por cuanto eran contundentes los ya analizados y controvertidos en el debate…
Por lo anteriormente expuesto, considera el Ministerio Público, que el Juez de la causa, amparado en las facultades que le otorga la Ley, así como el artículo in comento, limitó los medios de pruebas ofrecidos, en virtud de haber quedado suficientemente demostrado los hechos con las pruebas ya practicadas, por lo cual deberán ser declaradas sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la presente defensa en su recurso de apelación.
Como tercer punto, denuncia la defensa, de conformidad con el artículo 452 ordinal 4°, la Violación por Errónea Interpretación de la Norma Jurídica…
En este sentido, considera inverosímil nuevamente esta Representación conjunta del Ministerio Público, la denuncia que realiza la defensa, toda vez, que tal y como quedó plasmado en el punto primero, del presente libelo de Contestación a los presentes Recursos de Apelación, en el transcurso del debate oral y público, quedó plenamente demostrada, a través del acervo probatorio evacuado lícitamente, la responsabilidad penal y grado el participación que comprometieron al ciudadano Félix Alberto Martínez Mota.
Asimismo se evidencia, que en la sentencia recurrida, el Juez Séptimo de Juicio, plasmó a lo largo del desarrollo de la misma, de manera lacónica, cronológica y ahilada, la excelente valoración de los de los órganos de pruebas, que concatenó debidamente, para fundamentar su convencimiento de que el acusado antes mencionado, ha sido el autor del homicidio calificado de quien en vida respondiera al nombre de Leonardo Enrique González Lárez y coautor en la muerte de Erick Miguel Montenegro Sánchez, tal y como se desprende del contenido de la sentencia que se pretende impugnar, la cual transcribimos como se señaló anteriormente, razón por la cual deben ser declaradas sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la presente defensa en su recurso de apelación.
En tercer lugar, tenemos la apelación interpuesta por los ABOGADOS HECTOR SANCHEZ Y JULIO CESAR BOLIVAR MUÑOZ, en su carácter de defensores del ciudadano OLIMPIO BARILE SÁNCHEZ, los cuales fundamentan su denuncia invocando lo establecido en el artículo 452 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal…
En este sentido, sorprende al Ministerio Público, la denuncia que realiza la defensa, toda vez que en el transcurso del debate oral y público, quedó plenamente demostrada, a través de los diferentes medios de pruebas que fueron evacuados lícitamente, la responsabilidad penal de su defendido, al observar quienes suscriben, que en la sentencia recurrida, el Juez Séptimo de Juicio, realizó una excelente valoración de conformidad con el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, de los elementos probatorios que adminiculó entre si, para llegar a la firme convicción de que el penado OLIMPIO BARILES, ha sido el autor del homicidio calificado de quien en vida respondiera al nombre de Edgar Josué Quintero Torrealba, tal y como se desprende del contenido de la sentencia que se pretende impugnar, de la cual nos permitimos transcribir en extractos la motivación dada por el tribunal para llegar al convencimiento pleno de la culpabilidad del acusado, razón por la cual deben ser declarada sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la defensa en su recurso de apelación, así las cosa nos permitimos transcribir el extracto de la motivación realizada…
En cuarto lugar, tenemos la apelación interpuesta por los ABOGADOS HECTOR SANCHEZ Y JULIO CESAR BOLIVAR MUÑOZ, en su carácter de defensores del ciudadano EDWIN MANUEL FLORES, la cual fundamentan de conformidad con lo previsto en el artículo 452 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal…
En este sentido, considera el Ministerio Público, que la denuncia que realiza la defensa, ha sido infundada, toda vez que en el transcurso del debate oral y público, quedó plenamente demostrada, a través de los diferentes medios de pruebas que fueron evacuados lícitamente, la responsabilidad penal de su defendido, al observar quienes suscriben, que en la sentencia recurrida, el Juez Séptimo de Juicio, realizó una excelente valoración de conformidad con el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, de los elementos probatorios que adminiculó entre si, para llegar a la firme convicción de que el penado EDWIN MANUEL FLORES, ha sido el Co- autor del Homicidio Calificado Frustrado, ya que fue probado en el contradictorio, que este ciudadano portaba un Arma larga, calibre 5.56, que coincide con el proyectil alojado en la pelvis de la ciudadanas ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMOENTE, así como también resultaron heridas las ciudadanas IRÚA COROMOTO MONENO GARCÍA y DANITZA BUITRIAGO, tal y como se desprende del contenido de la sentencia que se pretende impugnar, de la cual nos permitimos transcribir en extractos la motivación dada por el tribunal para llegar al convencimiento pleno de la culpabilidad del acusado, razón por la cual deben ser declarada sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la defensa en su recurso de apelación, así las cosas nos permitimos transcribir el extracto de la motivación realizada…
En quinto lugar, tenemos la apelación interpuesta por el abogado ANTONIO BARRIOS ABAD, en su carácter de defensor del ciudadano WILL RONALD MONTES CHIRINOS, en la cual fundamenta su primera denuncia Falta de contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia o cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral. ..
En tal sentido, el Ministerio Público observa, que una vez revisada y analizada la sentencia recurrida, se puede evidenciar que precisamente en la motivación de la misma, el juzgador luego de valorar y concatenar las pruebas validamente traídas al juicio oral y público, fundamentándose en la sana crítica, las máximas de experiencias y los conocimientos científicos, indefectiblemente concluyó…
En este sentido, considera inverosímil esta Representación conjunta del Ministerio Público, la denuncia que realiza la defensa, toda vez, que tal y como quedó plasmado en el punto primero, del presente libelo de Contestación a los presentes Recursos de Apelación, en el transcurso del debate oral y público, quedó plenamente demostrada, a través del acervo probatorio evacuado lícitamente, la responsabilidad penal y grado el participación que comprometieron al ciudadano WIL RONALD MONTES CHIRINOS, como cómplice correspectivo de lo delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, en perjuicio de las aludidas víctimas Danitza Buitriago Gamboa, Irúa Coromoto Moreno García y Elizabeth Rosales Bracamonte.
Así las cosas, consideramos que no ha quedado ilusoria la pretensión punitiva del estado, a través de la Sentencia Condenatoria, justamente proferida por el Juzgador y destacamos lo siguiente…
En sexto lugar tenemos, el Recurso de Apelación presentado por el Abogado ANDRES A. PUGA ZABALETA, defensor del ciudadano RICHARD VALERA TORO, Interpone Formal Recurso de Apelación de acuerdo a lo establecido en los artículos 452 y 453 del Código orgánico Procesal Penal, en contra de la sentencia dictada el día treinta (30) de Agosto del (2006), y publicada el día 20 de octubre del 2006, emanada de ese honorable Juzgado de Juicio, mediante la cual se condena a mi defendido RICHARD VALERO TORO, titular de la cedula de identidad Nº 10.889.479. a cumplir la pena de 3 AÑOS y 4 MESES DE PRISIÓN, por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal.
De lo afirmado por la defensa, sorprende a esta Representación conjunta, toda vez que han sido debidamente adminiculados por el a quo, los testimonio de las víctimas, los testigos presénciales, expertos e incluso los funcionarios investigadores, con el resultado de las experticias técnicas, aunado a la valoración dada por el Tribunal, al concurso de elementos por él percibidos al momento de realizar la Reconstrucción de los hechos, que le permitió la amplia apreciación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de cómo sucedieron los hechos el día 27 de junio de 2005, en el Sector Las Casitas de Kennedy, donde fallecieron quienes en vida respondieran a los nombres de ERICK MIGUEL MONTENEGRO SÁNCHEZ, EDGAR JOSUE QUINTERO TORREALBA Y LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ LÁREZ y resultaron gravemente heridas las ciudadanas DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA, IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA y ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, por ello, esta Vindicta Pública, considera necesario resaltar la perfecta adecuación de las pruebas producidas en el debate oral y público, en los delitos por los cuales resultaron condenados los acusados ampliamente identificados, con lo cual quedó probado y demostrada su responsabilidad penal, en los delitos acreditados y probados por el Ministerio Público, por lo cual nos permitimos señalar la adecuada motivación esbozada por el Juzgador en su acertada sentencia…
Aunado a ello en la deposición hecha por los funcionarios adscritos a la División de Inspecciones Técnicas del CICPC, se pudo demostrar que efectivamente el acusado el Insp. RICHARD VARELA, adscrito a la División Contra Homicidios del Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien había regresado de trasladar al funcionario del CICPC hasta las afuera del lugar, donde había resultado herido, procedió a girar instrucciones con el fin de modificar “siembran y sustraen evidencias de interés criminalístico” en el sitio del suceso, de la siguiente manera: colocando un arma de fuego en el piso, detrás del asiento del piloto, del vehículo Corsa color arena, que tripulaban los estudiantes (la cual resulto ser un escopetín), en el piso adyacente al vehículo corsa color arena, colocaron un revolver calibre .38 cañón corto, el cual “no funciona”, en su mecanismo de disparo y en la Vereda Nº12, al final del pasillo, colocaron un revolver .38 cañón largo. Posteriormente, recogieron del sitio del suceso, en su mayoría las conchas y los proyectiles, que eyectaron las armas de fuego, para el momento de hacerle los disparos a los hoy occisos y lesionados. Luego, se apersonó en el lugar, la comisión de Inspecciones Técnicas, integrada por el Jefe de la Comisión, ODIVER CARMONA, PRADA MOTA LUIS RAMON, MOYA BENITEZ ROGER JOSÉ, NELSON ANIBAL SANTANA RAMIREZ, HECTOR LUIS APARICIO ROJO, y Análisis de Reconstrucción de Hechos integrada por MOLINA BRAVO WILMER JOSÉ, OMAR GIL WERNEY, a quienes RICHARD VARELA, les manifiesta que no fijen el sito del suceso todavía, quienes hicieron caso omiso a esta orden y fijaron el sitio del suceso donde no se constató la presencia de armas de fuego, que presuntamente, portaran los hoy occisos y heridos. De igual forma, la comisión de Análisis y Reconstrucción de Hechos, realizó un Levantamiento Planimétrico, y Trayectoria Balística, en la cual, no reflejaron la presencia del arma, tipo escopeta, dentro del vehículo, que tripulaban los estudiantes. De seguida, la prenombrada comisión, se trasladó al Hospital Miguel Pérez Carreño, a los fines de realizar la correspondiente Fijación e Inspección de los cadáveres. Una vez, finalizada su labor, la mencionada comisión, recibió llamada radiofónica, mediante la cual les solicitaron, que debían devolverse al sitio del suceso, por cuanto, se encontraba la Directiva del Cuerpo. De esta manera, apersonados, nuevamente, en el lugar, el Sub. Insp. RICHARD VARELA, le gira la instrucción a ODIVER CARMONA, que fijen nuevamente el sitio del suceso y en esta oportunidad, ya habían sido colocadas (sembradas), unas armas de fuego, tanto en el callejón, como en el lugar adyacente al corsa color arena, que abordaban los estudiantes, mencionados en parágrafos anteriores. Siendo manifestado, por el Jefe de la Comisión ODIVER CARMONA, al Inspector RICHARD VARELA, que iba a realizar la fijación, es decir que eran dos fijaciones y que lo hacía, pero con la condición, de que la colección de dichas armas, la realizara la Comisión de la División Contra Homicidios. (Lo cual ha sido plenamente, comprobado, con las dos Inspecciones Técnicas, que cursan al expediente). De igual, forma RICHARD VARELA, conminó a la comisión de Análisis y Reconstrucción de los Hechos e Inspecciones Técnicas, para que reflejaran y fijaran, (En el levantamiento Planimétrico y fotográficamente) una escopeta, que en principio no estaban en el sitio. Todo ello, con la intención de simular, que hubo un enfrentamiento, con las autoridades policiales, y desvirtuar la cruel ejecución que realizaron los funcionarios policiales contra la humanidad de las víctimas que se encontraban desarmadas e indefensas.
Así las cosas, con lo anteriormente descrito quedo plenamente demostrado de manera cierta a lo largo del contradictorio y en consecuencia plasmado de manera certera en la motivación de la sentencia recurrida temerariamente por la defensa…
Lo que se evidencia claramente que lo expuesto por la defensa carece de fundamentación jurídica y que la misma es una denuncia temeraria a la decisión emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal.
Expresa la Defensa como segunda Denuncia lo siguiente…
Sin embargo, al parecer obvia la defensa por completo, lo previsto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo que Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos por las partes para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Es decir, que en modo alguno podría el Tribunal no valorar el testimonio o pruebas documentales ofrecidas por la defensa o el Ministerio Público, basándose que efectivamente se demostró los hechos que se originaron , en fecha 27 de junio de 2005, donde le fueron ocasionados daños irreversibles en la integridad física y psíquica, de las victimas , aunado Lo cual, no constituye siquiera a criterio de estos Fiscales, digno de ser considerado, por esa Honorable Sala de Apelaciones, como vicio de la sentencia condenatoria justamente proferida y en tal sentido debe ser declarado sin lugar, por ser manifiestamente infundado .aunado a todo el daño causado los acusados modificaron alteraron el sitio del suceso para buscar con ello la impunidad. Reza el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
La Defensa ha manifestado un “disparatado y emotivo análisis” invocando erróneamente el segundo aparte del artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
Como tercera denuncia esgrime la defensa que el Tribunal incurrió en una Violación de ley por el VICIO DE ERRONEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA JURIDICA…
Durante el desarrollo del juicio oral y público, quedo plenamente demostrado la comisión de los delitos imputados así mismo en la sentencia el juzgador relaciona de manera directa y clara las circunstancia del hecho y admiculado (sic) al derecho, evidenciándose que la conducta desplegada por el Inspector Richard Valera Toro, encuadra el los tipos penales atribuidos aunado que el mismo el es sujeto activo y por consecuencia responsable penalmente de sus acciones antijurídicas y culpables.
Por otra parte la presente denuncia infundada y carente de fundamento jurídico debe ser igualmente declarada sin lugar toda vez, que el Numeral 4º del artículo 452, se refiere a situaciones de error en la aplicación de tal o cual norma jurídica bien sea sustantiva o adjetiva, bien por aplicación indebida o por falta de aplicación, efectivamente el juzgador realiza una perfecta aplicación de la norma, fundamentándose en la conducta desplegada por el acusado, la cual se subsume en lo tipificado en los artículos 239 y 254 del Código Penal, como son los delitos de Simulación de Hecho Punible y Encubrimiento. Hechos probados en lo largo del debate oral y público, siendo los mismos sancionados como delito en el código penal, y en consecuencia no estamos en presencia de una decisión violatoria del derecho, por el contrario la presente sentencia se encuentra ajustada al hecho y al derecho, cumpliendo cabalmente con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
Lo que se evidencia claramente que lo expuesto por la defensa carece de fundamentación jurídica y que la misma es una denuncia temeraria a decisión emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, es por ello ciudadanos Magistrados es que solicitamos que se declare sin lugar dicho Recurso y se confirme la Sentencia, toda vez que la misma no es susceptible de nulidad alguna.
Como cuarta denuncia arguye la defensa que el recurrido, en su decisión no realiza una exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, y la apreciación por parte del tribunal según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas experiencias de cada una de las pruebas evacuadas…. No es admisible frente al derecho de controversia que sin haber analizado cada uno de los elementos probatorios o tras valorar sólo parte de ellos. El juez afirme en su decisión que existe una motivación por el juez , pero sin razonar y motivar su decisión, por cuanto lo único que hace es transcribir cada una de las pruebas debatidas en el juicio oral, pero no señala cual es el vínculo de casualidad con cada una de ellas y los acusados en autos, no explica el porque, los sujetos pasivos de este proceso se encuentran involucrado en el injusto penal y cuales son las pruebas que dan por demostrado el Injusto Penal por el cual encuadro la conducta de nuestro defendido… Por lo antes expuesto e indiscutiblemente que la decisión de la Corte de Apelación de esta circunscripción judicial violenta en una forma grosera y flagrante el Derecho a la defensa al ordenar a un tribunal de Juicio, que no aplique el Contradictorio a las pruebas evacuadas bajo el régimen del Código de Enjuiciamiento Criminal.
Al respecto esta Representación Fiscal conjunta, estima pertinente abstenerse de responder la presente denuncia, toda vez que la misma es realizada de forma repetida por parte de la defensa en su escrito, lo cual es infundado desde el punto de vista jurídico, siendo el mismo motivado por quienes suscriben a lo largo del presente escrito de contestación.
En séptimo lugar tenemos, el Recurso de Apelación presentado por los Abogados, ANDRES A. PUGA ZABALETA Y ROMMEL ALEXANDER PUGA GONZALEZ, defensores del ciudadano FRANKLIN JOSÉ GARCÍA MALDONADO,
Interpone la defensa Formal Recurso de Apelación de acuerdo en lo establecido en los artículos 452 y 453 del Código orgánico Penal… mediante la cual se condena a nuestro defendido a cumplir la pena de 28 AÑOS 8 MESES 6 DIAS Y 6 HORAS DE PRISION por ser autor responsable de los delitos: COMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO… en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZALEZ, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA… en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA Y DANITZA COROMOTO BUITRAGO, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO… SIMULACION DE HECHO PUNIBLE… VIOLACION DE DOMICILIO… Apelación que fundamentamos en los siguientes elementos de convicción:
Alegan como primera Denuncia: En lo contemplado en el artículo 452 numeral 2°, por ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia…
En tal sentido el Ministerio Público observa, que una vez revisada y analizada la sentencia recurrida, se puede evidenciar que precisamente en la motivación de la misma, el juzgador luego de valorar y concatenar las pruebas validamente traídas al juicio oral y público, fundamentándose en la sana crítica, las máximas de experiencias y los conocimientos científicos, indefectiblemente…
En cuanto al delito de COMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, en perjuicio de LEONARDO ENRIQUEZ GONZALEZ LAREZ, arguyó el Juzgador, en el desarrollo de la motivación de la sentencia que se pretende impugnar lo siguiente…
Asimismo, quedo plenamente demostrado que en fecha 27-06-2005, el acusado FRANKLIN JOSÉ GARCÍA MALDONADO, quien se encontraba en comisión de servicios en la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) conjuntamente con FÉLIX MARTINEZ MOTA quien iba de parrillero, conducía el vehículo moto en la cual perseguían por la Avenida Principal de Kennedy a los jóvenes estudiantes para darle alcance al vehículo donde éstos se desplazaban, una vez detenida la marcha del vehículo, FRANKLIN GARCÍA utilizando su destreza y pericia, coloca la moto en una posición favorable que le da seguridad al parrillero (FÉLIX MARTINEZ) para que este desde la moto ejecutara el disparo mortal que le cegara la vida a LEONARDO ENRIQUE GONZALEZ LARES, quien previamente había descendido del vehiculo con las manos en alto en señal de entrega, prestando FRANKLIN GARCÍA a FÉLIX MARTINEZ, la asistencia antes de la ejecución del hecho punible y durante su perpetración, haciendo igualmente caso omiso a la clemencia hecha por la victima.
Todo lo anterior fue demostrado y comprobado a lo largo del Juicio oral y Público, adminiculado a la Sentencia, lo que se evidencia en el análisis de la misma a resaltar en su motiva el cúmulo de pruebas que fueron valoradas como son: el Libro de Novedades de la Unidad de respuesta Inmediata (URI) donde consta que se le da salida a la comisión, así como de la Novedades Diarias de la Sub delegación del CICPC de Caricuao donde se desprende que las comisiones del CICPC y del DIM salieron para el sitio del suceso (Kennedy), , declaración del Coronel jefe de investigaciones del DIM, RIVERO MARCANO, que manifestó que el mayor Baldomero PEÑA CARRILLO solicita autorización para salir con una comisión a realizar un procedimiento en búsqueda de evidencias en la citada investigación llevada por la Fiscal 47 de Caracas. Así mismo la Experticia de ATD practicada al acusado, la cual arrojó un resultado positivo de presencia de plomo, bario y antimonio en ambas manos, lo que demuestra que acciono su arma de fuego, igualmente consta en las novedades del URI Sub Delegación Caricuao el acusado manifestó que regresaba de una comisión donde había sostenido un intercambio de disparos con sujetos desconocidos (ENFRENTAMIENTO), y en el cual habían resultado personas muertas y heridas. Aunado a las Copias certificadas, de la Novedades Diarias, llevadas ante la Sub- Delegación de Caricuao del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Brigada de Respuesta Inmediata, desde las 8:00 horas del día 27-06-2005, hasta el 29-06-2005, en la cual se refiere que el personal de guardia son los funcionarios MARTÍNEZ FÉLIX, Agente Jefe De Guardia, GARCÍA FRANKLIN, Oficial II Adjunto, OCHOA HECTOR, Oficial I, Auxiliar. En el numera (11) a las 21:15 horas se refleja una salida de comisión, la realizan los funcionarios Agente Martínez Félix, y el Oficial II García Franklin, conjuntamente con comisiones de la División Nacional de Investigaciones de Homicidios al mando del Inspector Richard Varela, en vehículo particular y de la División de Inteligencia Militar al Mando del Mayor (EJ) Peña Carrillo, con los funcionarios Inspector Coscoi Prada, Inspector Molina Gendry, Inspector Peña Peña, Subinspector Barili Sánchez, Sub Inspector Braulio García, Sub Inspector Flores Edwin, Sub- Inspector José Salazar, Sargento III Alexander Arrieta, Agente II, Abreu Jesús, Agente I Mora Zamora, en vehículo particular hacia el Sector de Kennedy parte alta sector Las casitas, a fin de realizar diligencias relacionadas con el expediente G-654.082, iniciadas con la División Nacional Contra Homicidios por uno de los delitos Contra las personas, donde deja constancia que el regreso de la comisión manifestaron que sostuvieron enfrentamiento con sujetos desconocidos, resultando heridos unas personas que se trasladaban en un vehículo corsa que se atravesaron en dicho procedimiento policial.
En relación al Delito de VIOLACION DE DOMICILIO, la sentencia fue debidamente motivada y de la cual se desprende entre otras cosas…
En consecuencia, se evidencia la expresa mención del penado FRANKLIN JOSÉ GARCÍA MALDONADO, que realiza el juzgador a lo largo del desarrollo de la motivación de la sentencia, así como en el dispositivo de la misma, razón por la cual deben ser declaradas sin lugar, las infundadas denuncias realizas por la presente defensa en su recurso de apelación.
Alegan como segunda denuncia, que se puede observar, a su criterio el quebramiento de las formas sustanciales de los actos que causan indefensión, toda vez que el juez de juicio, no evacuó las pruebas ofrecidas por esta defensa y en ningún momento fueron citados por el Tribunal… el Recurso de Revocación, referente a la desestimación de las pruebas que faltaban por evacuarse… así esta defensa considera procedente y ajustado a derecho declara… la NULIDAD de la sentencia…
Sin embargo, al parecer obvia la defensa por completo, lo previsto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo que Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos por las partes para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Es decir, que en modo alguno podría el Tribunal no valorar el testimonio o pruebas documentales ofrecidas por la defensa o el Ministerio Público, basándose que efectivamente se demostró los hechos que se originaron, en fecha 27 de junio de 2005, donde le fueron ocasionados daños irreversibles en la integridad física y psíquica, de las victimas , aunado Lo cual, no constituye siquiera a criterio de estos Fiscales, digno de ser considerado, por esa Honorable Sala de Apelaciones, como vicio de la sentencia condenatoria justamente proferida y en tal sentido debe ser declarado sin lugar, por ser manifiestamente infundado .aunado a todo el daño causado los acusados modificaron alteraron el sitio del suceso para buscar con ello la impunidad. Reza el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
La Defensa ha manifestado un “disparatado y emotivo análisis” invocando erróneamente el segundo aparte del artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
Como tercera Denuncia, alega la defensa que el Tribunal incurrió en una Violación de ley por el VICIO DE ERRONEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA JURIDICA… no esta ajustado al derecho, ya que en el caso de nuestro defendido no quedo probado su culpabilidad con ninguno de los elementos de convicción evacuados en el juicio por la Vindicta Pública… la responsabilidad de nuestro defendido, no quedo acreditada con ninguno de los elementos de convicción evacuados por la Representación de la Vindicta Pública durante el desarrollo del juicio seguido en contra del mismo. El juez de la recurrida en ningún momento determino de forma precisa y circunstanciada los hechos que el tribunal dio por acreditados…. Esta defensa considera procedente y ajustado a derecho declarar… a los fines que sea efectuado nuevo juicio oral y público en el que se dicte nueva sentencia que analice y compare las pruebas que se presentaran en el juicio.
Durante el desarrollo del juicio oral y público, quedo plenamente demostrado la comisión de los delitos imputados así mismo en la sentencia el juzgador relaciona de manera directa y clara las circunstancia del hecho y admiculado (sic) al derecho, evidenciándose que la conducta desplegada por el acusado GARCÍA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ, encuadra el los tipos penales atribuidos aunado que el mismo el es sujeto activo y por consecuencia responsable penalmente de sus acciones antijurídicas y culpables.
Por otra parte la presente denuncia infundada y carente de fundamente jurídico debe ser igualmente declarada sin lugar toda vez, que el Numeral 4 del artículo 452, se refiere a situaciones de error en la aplicación de tal o cual norma jurídica bien sea sustantiva o adjetiva, bien por aplicación indebida o por falta de aplicación, efectivamente el juzgador realiza una perfecta aplicación de la norma, fundamentándose en la conducta desplegada por el acusado, la cual se subsume en la norma como COMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO… en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZALEZ, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA… en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA Y DANITZA COROMOTO BUITRAGO, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO… SIMULACION DE HECHO PUNIBLE… VIOLACION DE DOMICILIO…. Hechos probados en lo largo del debate oral y público, siendo los mismos sancionados como delito en el código penal, y en consecuencia no estamos en presencia de una decisión violatoria del derecho, por el contrario la presente sentencia se encuentra ajustada al hecho y al derecho, cumpliendo cabalmente con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
Lo que se evidencia claramente que lo expuesto por la defensa carece de fundamentación jurídica y que la misma es una denuncia temeraria a decisión emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, es por ello ciudadanos Magistrados es que solicitamos que se declare sin lugar dicho Recurso y se confirme la Sentencia, toda vez que la misma no es susceptible de nulidad alguna.
Como Cuarta denuncia manifiesta la defensa, que el Tribunal incurrió en una violación de ley por Inobservancia… por cuanto el juez de la recurrida en su decisión no realiza una exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, y la apreciación por parte del tribunal según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas experiencias de cada una de las pruebas evacuadas… no señala cual es el vinculo de casualidad con cada una de ella y los acusados de autos, no explica el porque, los sujetos pasivos de este proceso se encuentran involucrado en el injusto penal y cuales son las pruebas que dan por demostrado el Injusto Penal por el cual encuadro la conducta de nuestro defendido…
En tal sentido solicitamos de la Corte de Apelación dictara una decisión propia, decretando la nulidad de la sentencia y analizando cada uno de los elementos probatorios debatidos en el Juicio, a tal fin promovemos el medio de reproducción del juicio oral, donde se establece que ninguna de las pruebas promovidas arrojan ningún tipo de responsabilidad penal en contra de nuestro defendido.
Al respecto esta Representación Fiscal conjunta estima pertinente abstenerse de responder la presente denuncia, toda vez que la misma es realizada de forma repetida por parte de la defensa en su escrito, lo cual es infundado desde el punto de vista jurídico, carece de fundamos serios y apreciación jurídica en cuanto al hecho y al derecho, siendo el mismo motivado, analizado y justificado de manera amplia y contundentes por quienes suscriben a lo largo del presente escrito de contestación.
En octavo lugar tenemos, el Recurso de Apelación presentado por los Abogados, JOSÉ ANTONIO VILLARROEL CORTEZ y MARITZA BETANCOURT MORALES, en su carácter de defensores del ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA.
Al analizar el escrito de apelación que interpusiese la defensa del condenado FRANK ALBERTO SERRADA, resulta obligado a esta representación fiscal, puntualizar las siguientes ideas:
En primer lugar, asombra al Ministerio Público las graves falencias de las que adolece el escrito en cuestión. Con suma preocupación notamos la carencia de las normas elementales básicas de técnica jurídica que de modo indefectible deben atenderse cuando se pretende recurrir de una decisión proferida por cualquier tribunal de la República.
Iniciamos con tal premisa, toda vez que es casi imposible para el Ministerio Público contestar lo que en derecho es incontestable, por confuso, endeble e inteligible. No obstante a los fines de dar cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, y en obsequio de la propia justicia, se procede de seguidas a realizar el siguiente esboce.
Del escrito impugnativo al cual venimos hacemos referencia se desprenden como motivos de apelación los siguientes:
• La falta manifiesta en la motivación de la sentencia.
• Contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia.
• Violación de la Ley
• Falta, contradicción o ilogicidad
• Violación de la Ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica
CONTESTACIÓN A LA PRIMERA DENUNCIA
FALTA MANIFIESTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA
Ya en materia, observamos que como primera denuncia la defensa técnica del condenado FRANK ALBERTO SERRADA alega la Falta manifiesta en la motivación de la sentencia…
Posterior a ello, y sin saber con que sentido, la defensa transcribe las declaraciones rendidas por las ciudadanas ELIZABETH YULEIDIS ROSALES BRACAMONTE, IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA, RAMÓN ANTONIO PLAZA RAGA, SIMONA YEPEZ RAGA, así como la de varios de los expertos que efectivamente rindieron testimonio en las audiencias orales y públicas celebradas al efecto.
Tal situación lejos de fundamentar el primer motivo de apelación, lo hace de suyo fenecer, pues si lo que se alega es la falta manifiesta de motivación, mal podrían los impugnantes, en propugna de su propia torpeza…
Vemos pues, como aún cuando la defensa alega la inmotivación de la recurrida, arguye en grasas contradicciones que el Sentenciador efectivamente motivó el fallo recurrido, al fundarse en las declaraciones y pruebas técnicas que fueron evacuadas en el Juicio oral y Público celebrado. Es decir, en un desacierto jurídico, la misma defensa que alega inmotivación incluye como fundamento justificativo de su pretensión, las pruebas del cumplimiento de lo que alega incumplido, dicho de otra forma, invoca un vicio procesal y a la vez nos obsequia el remedio.
De igual forma, y en irrespeto nuevamente de la técnica jurídica, la defensa alega además, la contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia. Así pues, y a los meros fines ilustrativos se informa a la defensa las distintas infracciones en las que puede incurrir el sentenciador al motivar su fallo.
Conforme al numeral 2° del Artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal los vicios en la motivación se originan por la falta, la contradicción o ilogicidad observada del cuerpo y texto de la sentencia. Así pues, habrá falta de motivación cuando el fallo carezca por completo de las razones de hecho y derecho que llevaron al Juzgador al pleno convencimiento de la inocencia o culpabilidad del acusado. Es decir, cuando el Sentenciador haya obviado realizar el ejercicio lógico jurídico que le procurara el piso y convicción de lo decidido. En este caso la motivación como tal no existe.
Por otra parte, habrá contradicción en la motivación, cuando aún existiendo en el texto de la recurrida, ésta –la motivación- cae en desfase en razón de que los hechos que se han establecido no constituyen prueba alguna de lo que fue investigado, es decir, cuando los hechos probados no dan por demostrado la comisión del delito ni las circunstancias que lo rodean.
Y por último, estaremos en presencia de una motivación ilógica, cuando no exista una relación lógica entre los hechos dados por probados por el Sentenciador y las pruebas cursantes en la investigación. Es decir, dicho de otra forma cuando los hechos no se amolden de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia a las probanzas evacuadas.
Sin embargo la defensa obviando tales conceptos pretende atacar por inmotivado un fallo que a todas luces resplandece por su clara, precisa y garantista motivación.
Podemos decir más y alegamos a nuestro favor y en detrimento de la errada defensa, que en un mismo recurso por conducto del cual se recurra de la decisión emanada de un Tribunal de la República, no pueden alegarse conjuntamente como vicios de motivación, la falta y a la vez su contradicción. Cuando se toma como bandera para recurrir la motivación, se debe ser claro cual de los vicios afecta a la sentencia, es decir, si es la falta, la contradicción o la ilogicidad. Ello pues, tomando en consideración que la falta per (sic) se excluye de entrada la existencia de los restantes vicios.
Así pues, en derecho es inexplicable y raya en el desatino, que a la par una sentencia carezca de motivación, y que ésta a su vez sea contradictoria. En el argo popular diríamos: Para alegar vicios de motivación no podemos escribir a medias tintas porque ella existe o no existe, o mejor, como si no existe es contradictoria o peor, como existiendo ella, falta. A buen entendedor pocas palabras.
Por las motivaciones ya explicitadas suficientemente, el Ministerio Público al considerar que lo esbozado no comporta vicio alguno que afecte la sentencia impugnada, solicitamos muy respetuosamente que el primer motivo de impugnación sea declarado sin lugar.
CONTESTACIÓN A LA SEGUNDA DENUNCIA
CONTRADICCIÓN O ILOGICIDAD EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA
Como segunda denuncia alega la defensa la contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia. La defensa en este punto hace mención a varios de los elementos probatorios que fueron valorados por el juez al momento de dictar la sentencia de rigor, sin embargo concluyen que son inoficiosas en algunos casos y en otras contradictorias e ilógicas…
En armonía con lo que explicáramos con ocasión de contestar el primer motivo de apelación, observamos como desacertadamente la defensa insiste en englobar en uno, los distintos vicios en lo que se puede incurrir al motivar el fallo. Nuevamente la defensa incurre en errores de derecho que hacen poco apetecible su pretensión. No se trata de alegar por alegar, se trata de alegar y comprobar, es decir, alegar la contradicción o la ilogicidad pero a la par comprobar su existencia dentro de la sentencia.
En el caso de marras, la defensa lo que realiza es un infeliz análisis acomodaticio de parte de las pruebas evacuadas con su pretensión, sin embargo y queremos insistir en ello, no presentó en la bandeja de la lógica, los traspiés en los que incurre el Sentenciador al motivar su fallo; redundando enuncia pero no demuestra.
No obstante al realizar el Ministerio Público un análisis de la parte motiva de la recurrido, encontramos con el Juzgador en excelso tributo al derecho, compila todos y cada uno de los elementos probatorios puestos a su consideración, los analiza y los adminicula, parra establecer su congruencia entre los hechos y el derecho, concluyendo con las diversas condenas ya conocidas. En consecuencia de lo expuesto considera esta representación fiscal que la motiva de la sentencia ni es contradictoria ni menos ilógica.
En el caso de marras, so pretexto de contradicción o ilogicidad de la motiva, la defensa realiza una serie de alegaciones concernientes a los hechos y las pruebas debatidas en el Juicio Oral y Público, violando el Principio de la Doble Instancia, al querer solapadamente que la Sala de la Corte de Apelaciones a quién le corresponda el conocimiento de la múltiple incidencia recursiva, se pronuncie contrario a derecho, con relación a las probanzas evacuadas.
En relación a la motivación que realiza el Juez del Informe Médico practicado a la víctima Danitza Coromoto Buitriago Gamboa, pese a que el Médico Forense Héctor Ciavaldini no concurrió al llamamiento que el Tribunal de la Causa le hiciere para asistir al desarrollo del Juicio Oral y Público, es menester puntualiza lo siguiente:
Todo peritaje, indistintamente de la materia sobre la que trate debe bastarse por si solo, es decir, debe contener todas y cada una de las premisas necesarias para entenderla sin necesidad de recurrir al contexto del cual forma parte. Tales requerimientos no son caprichos, sino que por el contrario, responden a las exigencias que se preceptúan en el Artículo 239 del Código Orgánico Procesal Penal…
Conforme a lo anterior, vemos como se infiere de la precitada norma los requisitos de forma y de fondo que debe contener todo peritaje que forme parte del acervo probatorio debatido en un Juicio Oral y Público; requisitos estos que aparecen sanamente acreditados el informe presentado en fecha 01 de julio de 2.005 por el Dr. Héctor Ciavaldini.
Con respecto a la ilogicidad de valorar un peritaje sin que el experto haya concurrido al Juicio Oral y Público a ratificar su contenido y explicar sus conclusiones, el Ministerio Público procede a verificar lo siguiente…
En consecuencia de lo anterior solicita esta representación solicita que el segundo motivo de apelación sea declarado sin lugar.
CONTESTACIÓN AL TERCER MOTIVO DE APELACIÓN
VIOLACIÓN DE LA LEY
Como tercer motivo de apelación la defensa denuncia la Violación de la Ley. Para tal fin realiza las siguientes consideraciones…
Impresiona sobre manera al Ministerio Público la ligereza y el desgano con el cual la defensa del condenado ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA realiza la impugnación del fallo dictado por el Juzgado SEPTIMO de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Area (sic) Metropolitana de Caracas.
Esta cruda aseveración la realizamos, pues es penoso como sin atender a las normas elementales de la ciencia jurídica, se pretender lograr un cometido a favor de su patrocinado. Ello es así pues alegan los recurrentes de que el Juzgador al motivar la decisión incurre en violación de la ley.
El numeral 4° del Artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, establece dos motivos en los que se podrá incurrir en violación de la ley. El primero se refiere a la inobservancia de una norma y el segundo se refiere a su errónea aplicación. Las diferencias entre una y otra son abismales.
Cuando la violación de la ley deviene de su inobservancia, debemos entender que el Juzgador omitió por completo su existencia dentro del Ordenamiento Jurídico y por consiguiente, su nula aplicación dentro de un proceso penal, es decir, el Juez hizo caso omiso al contenido de la norma que por mandamiento legal estaba en la imperiosa necesidad de aplicar.
No obstante cuando la violación de la ley viene por su errónea aplicación, el Juez si bien atendió a la norma de aplicación correcta, al momento de interpretar su contenido tergiverso el sentido, propósito y razón del legislador, dándole un sentido bizarro bajo cuyo pretexto fue instaurada. En suma pues, habrá inobservancia cuando el Juez solape, calle o ignore la existencia de una norma que por imperativo le tocaba aplicar, en tanto y en cuanto que, habrá errónea aplicación cuando aún aplicada se le de un sentido interpretativo distinto a la razón por la cual fue creada la aludida norma.
Lo importante en este punto es destacar que al recurrir con fundamento a la violación de la ley, le corresponde al impugnante establecer en que versó tal violación, si fue porque no se observó la norma o por el contrario, si observada, su contenido se interpretó de manera errada al punto de viciar su verdadera razón de ser.
En el caso en estudio, la defensa vuelve a englobar como si fuera un solo motivo los previstos en el numeral 4° del Artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, y lo que es peor, no justificó ni la inobservancia ni la errónea aplicación; el ejercicio alegatorio se circunscribió al flaco pretexto de que ninguna de la calificación jurídica acogida por el Juzgador pudo comprobarse en la realización del Juicio Oral y Público.
En este punto es importante citar varios criterios jurisprudenciales que afianzan lo anterior…
Sin embargo el Juzgador de la causa al motivar su sentencia con relación a la autoría de los acusados en el delito de Homicidio Calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva, lo hace de la siguiente manera…
Se deduce de lo parcialmente transcrito, como el sentenciador luego de citar cada uno de los elementos probatorios debatidos, los analiza, los adminicula y concluye determinando las razones por las cuales estamos en presencia de la comisión del delito de Homicidio Intencional Calificado Frustrado en grado de Complicidad Correspectiva. De suerte que la postura que asume la defensa al alegar la violación de la norma, no tiene cabida ni sustento procesal, al quedar claro que la norma que se tomo como bandera para condenar al ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA era aquella que se amoldaba a la perfección a la pretensión de justicia del Ministerio Público.
Por todo ello, solicitamos muy respetuosamente, que este tercer motivo de apelación sea declarado SIN LUGAR.
CONTESTACIÓN A LA CUARTA DENUNCIA
FALTA CONTRADICCIÓN O ILOGICIDAD
Como cuarta denuncia, la defensa del ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA alega nuevamente la Falta, contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia, con fundamento en las siguientes circunstancias…
En este estado, damos por transcrita y hacemos nuestra la fundamentación que esbozara el Ministerio Público al momento de contestar el primer y segundo motivo de apelación que interpusiese la defensa del ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA, por considerar que se encuentran dados los mismos vicios y supuestos. En consecuencia se le solicita a la honorable Sala de la Corte de Apelaciones que le corresponda conocer del presente recurso declare sin lugar el cuarto motivo de apelación.
CONTESTACIÓN A LA QUINTA DENUNCIA
VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA O ERRONEA APLICACIÓN DE UNA NORMA JURÍDICA
Como quinto y último motivo de la apelación, la defensa del ciudadano condenado FRANK ALBERTO SERRADA señala lo siguiente…
Por cuanto el contenido del presente motivo fue contestado al referirse ésta representación fiscal a los motivos segundo y tercero de apelación, se dan por reproducidos en este considerando, todos y cada uno de los fundamentos ya explicitados, por considerar que se encuentran dados los mismos vicios y supuestos. En consecuencia se le solicita a la honorable Sala de la Corte de Apelaciones que le corresponda conocer del presente recurso declare sin lugar el cuarto motivo de apelación.
En noveno lugar tenemos, el Recurso de Apelación presentado por el Abogado LUIS EDGARDO VILLANUEVA TORRES, en su carácter de defensor del acusado CARLOS APOSTOL ROMERO,
Como Primera Denuncia, la defensa la fundamenta en el artículo 452 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, la Violación de normas relativas a la Oralidad, inmediación, Concentración y Publicidad…
En este sentido, observa el Ministerio Público, que en los diferentes Recursos de Apelaciones presentados por las defensas en la presente causa, ha sido enmarcado en este punto, a lo cual la Vindicta Publica ha realizado el análisis correspondiente, en virtud de que es reiterativo, que ignora la defensa por completo, lo previsto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo que Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos por las partes para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Es decir, que en modo alguno podría el Tribunal no valorar el testimonio o pruebas documentales ofrecidas por la defensa o el Ministerio Público, basándose que efectivamente se demostró los hechos que se originaron , en fecha 27 de junio de 2005, donde le fueron ocasionados daños irreversibles en la integridad física y psíquica, de las victimas , aunado Lo cual, no constituye siquiera a criterio de estos Fiscales, digno de ser considerado, por esa Honorable Sala de Apelaciones, como vicio de la sentencia condenatoria justamente proferida y en tal sentido debe ser declarado sin lugar, por ser manifiestamente infundado .aunado a todo el daño causado los acusados modificaron alteraron el sitio del suceso para buscar con ello la impunidad. Reza el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
Como segunda denuncia, funda la defensa su recurso de apelación, de conformidad con el artículo 452 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal “Falta de contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral…
Sin embargo el Juzgador de la causa al motivar su sentencia con relación a la autoría de los acusados en el delito de Homicidio Calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva, lo hace de la siguiente manera…
Se deduce de lo parcialmente trascrito, como el sentenciador luego de citar cada uno de los elementos probatorios debatidos, los analiza, los adminicula y concluye determinando las razones por las cuales estamos en presencia de la comisión del delito de Homicidio Intencional Calificado Frustrado en grado de Complicidad Correspectiva. De suerte que la postura que asume la defensa al alegar la violación de la norma, no tiene cabida ni sustento procesal, al quedar claro que la norma que se tomo como bandera para condenar al ciudadano JUAN APOSTOL ROMERO era aquella que se amoldaba a la perfección a la pretensión de justicia del Ministerio Público.
Por todo ello, solicitamos muy respetuosamente, que este segundo motivo de apelación sea declarado SIN LUGAR.
Como tercer punto denuncia la defensa, De conformidad con el artículo 452 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, por Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión…
Por cuanto el contenido del presente motivo fue contestado al referirse ésta representación fiscal a la primera denuncia presentada por esta defensa, se dan por reproducidos en este considerando, todos y cada uno de los fundamentos ya explicitados, por considerar que se encuentran dados los mismos vicios y supuestos. En consecuencia se le solicita a la honorable Sala de la Corte de Apelaciones que le corresponda conocer del presente recurso declare sin lugar el cuarto motivo de apelación.
En décimo lugar tenemos, el Recurso de Apelación presentado por el Abogado LUIS EDGARDO VILLANUEVA TORRES, en su carácter de defensor del acusado JORGE LUIS MAURERA CENTENO.-
1° Denuncia de conformidad con el artículo 452 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, la Violación de normas relativas a la Oralidad, inmediación, Concentración y Publicidad…
En este sentido, observa el Ministerio Público, que en los diferentes Recursos de Apelaciones presentados por las defensas en la presente causa, ha sido enmarcado en este punto, a lo cual la Vindicta Publica ha realizado el análisis correspondiente, en virtud de que es reiterativo, que ignora la defensa por completo, lo previsto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo que Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos por las partes para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Es decir, que en modo alguno podría el Tribunal no valorar el testimonio o pruebas documentales ofrecidas por la defensa o el Ministerio Público, basándose que efectivamente se demostró los hechos que se originaron , en fecha 27 de junio de 2005, donde le fueron ocasionados daños irreversibles en la integridad física y psíquica, de las victimas , aunado Lo cual, no constituye siquiera a criterio de estos Fiscales, digno de ser considerado, por esa Honorable Sala de Apelaciones, como vicio de la sentencia condenatoria justamente proferida y en tal sentido debe ser declarado sin lugar, por ser manifiestamente infundado .aunado a todo el daño causado los acusados modificaron alteraron el sitio del suceso para buscar con ello la impunidad. Reza el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
Como segunda denuncia, invoca conformidad con el artículo 452 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal “Falta de contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia o cuando esta se funde en prueba obtenida y ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral…
En tal sentido el Ministerio Público observa, que una vez revisada y analizada la sentencia recurrida, se puede evidenciar que precisamente en la motivación de la misma, el juzgador luego de valorar y concatenar las pruebas validamente traídas al juicio oral y público, fundamentándose en la sana crítica, las máximas de experiencias y los conocimientos científicos, indefectiblemente concluyó lo siguiente…
Es así, como efectivamente el juzgador luego de fundamentar la motivación de su decisión, arguye la culpabilidad del penado Jorge Maurera Centeno, e indica las contundentes pruebas con las cuales quedó demostrada su participación como coautor en los hechos de marras y se verifica que le mismo si portaba para la fecha 27 de junio de 2005, Arma: HK (5.56mm), Serial de orden 11061, que aduce la defensa no portaba el penado.
Como tercer vicio denuncia de conformidad con el artículo 452 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, por Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión…
En este sentido, observa el Ministerio Público, que en los diferentes Recursos de Apelaciones presentados por las defensas en la presente causa, ha sido enmarcado en este punto, a lo cual la Vindicta Publica ha realizado el análisis correspondiente, en virtud de que es reiterativo, que ignora la defensa por completo, lo previsto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo que Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos por las partes para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Es decir, que en modo alguno podría el Tribunal no valorar el testimonio o pruebas documentales ofrecidas por la defensa o el Ministerio Público, basándose que efectivamente se demostró los hechos que se originaron , en fecha 27 de junio de 2005, donde le fueron ocasionados daños irreversibles en la integridad física y psíquica, de las victimas , aunado Lo cual, no constituye siquiera a criterio de estos Fiscales, digno de ser considerado, por esa Honorable Sala de Apelaciones, como vicio de la sentencia condenatoria justamente proferida y en tal sentido debe ser declarado sin lugar, por ser manifiestamente infundado .aunado a todo el daño causado los acusados modificaron alteraron el sitio del suceso para buscar con ello la impunidad. Reza el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal…
En Décimo Primer lugar tenemos, el Recurso de Apelación presentado por el Abogado RAUL EMILIO SALOMON LAMUS, en su carácter de defensor de los ciudadanos YOSNEL DE JESÚS SOSA y DANILO ALFONSO ANGULO.

Al analizar el escrito de apelación que interpusiese la defensa de los condenados YOSNEL DE JESÚS SOSA y DANILO ALFONSO ANGULO, resulta obligado a esta representación fiscal, puntualizar las siguientes ideas:
CONTESTACIÓN A LA PRIMERA DENUNCIA
FALTA MANIFIESTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA
Considera el recurrente, que la sentencia recurrida por el a quo carece de la debida motivación…
Ahora bien, con vista a la anterior denuncia nos es imperativo verificar el contexto que dimana de la recurrida. Así pues, la sentencia que se impugna entre otras cosas estatuyó lo siguiente…
Conforme a lo trascrito, ha quedado claro que el Juzgador al momento de valorar las pruebas evacuadas en la realización del Juicio Oral y Público, realizó un análisis pormenorizado de todos y cada uno de los éstos, adminiculándolos uno a uno para concluir con el resultado ya conocido. Añadimos a su vez, que la motivación de una sentencia no comporta obligatoriamente una retalija inconmesurada de largas y hartas consideraciones por parte del Juez; una decisión fundada, es aquella que se dicta sobre cimientos perfectamente legales, dentro del marco constitucional del ordenamiento jurídico y en atención a lo debatido y probado.
En hilo con lo anterior, la recurrida hace un esboce armónico entre la ley, el derecho y la controversia planteada, desechando a modo de filtro, aquellas irregularidades jurídicas observadas en tanto y en cuanto, a lo peticionado por las partes.
La inmotivación como vicio, supone de parte del Juzgador una inoperancia en su juzgamiento, pues éste, sin manifestar ni exponer abiertamente las razones intrínsecas y extrínsecas que lo llevan a su convencimiento, emite un pronunciamiento sin más ni más. No obstante, tal situación no se verifica en el texto de la impugnada, pues al momento de emitir el deciderium, el Juez hace un juicio valorativo de todas y cada una de las probanzas puestas a su consideración e indica tajantemente en que se funda para condenar a los hasta entonces acusados.
Aclarado ello, es preponderante alarmar sobre el desdeño con el que los recurrentes han tratado de llevar esta incidencia recursiva, alegando profundo equívocos en el supuesto ejercicio a la defensa. En el caso de marras se ha querido dejar entre ver que la sentencia impugnado es inmotivada al faltar las razones de hecho y derecho en las que el sentenciador fundó su veredicto, no obstante al entrar al grueso del asunto, nos cercioramos que lo alegado como falta de motivación pareciera que trataran de enfocarlo hacia otra vertiente.
En el caso del primer motivo de apelación, resulta contradictorio como en primer lugar se alega que la sentencia carece por completo de motivación y luego, en tres líneas adelantes, manifiesta que la motivación realizada de tres de los testigos presénciales es errónea.
Tal situación lejos de fundamentar el primer motivo de apelación, lo hace de suyo fenecer, pues si lo que se alega es la falta manifiesta de motivación, mal podrían los impugnantes, en propugna de su propia torpeza, que pese a que existe motivación ésta es equívoca.
Conforme al numeral 2° del Artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal los vicios en la motivación se originan por la falta, la contradicción o ilogicidad observada del cuerpo y texto de la sentencia. Así pues, habrá falta de motivación cuando el fallo carezca por completo de las razones de hecho y derecho que llevaron al Juzgador al pleno convencimiento de la inocencia o culpabilidad del acusado. Es decir, cuando el Sentenciador haya obviado realizar el ejercicio lógico jurídico que le procurará el piso y convicción de lo decidido. En este caso la motivación como tal no existe.
Por otra parte, habrá contradicción en la motivación, cuando aún existiendo en el texto de la recurrida, ésta –la motivación- cae en desfase en razón de que los hechos que se han establecido no constituyen prueba alguna de lo que fue investigado, es decir, cuando los hechos probados no dan por demostrado la comisión del delito ni las circunstancias que lo rodean.
Y por último, estaremos en presencia de una motivación ilógica, cuando no exista una relación lógica entre los hechos dados por probados por el Sentenciador y las pruebas cursantes en la investigación. Es decir, dicho de otra forma cuando los hechos no se amolden de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia a las probanzas evacuadas.
Sin embargo la defensa obviando tales conceptos pretende atacar por inmotivado un fallo que a todas luces resplandece por su clara, precisa y garantista motivación, englobando como si fuesen uno, los tres vicios –distintos por los demás- que prevé el numeral 2º del Artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal. Por las motivaciones ya explicitadas suficientemente, el Ministerio Público al considerar que lo esbozado no comporta vicio alguno que afecte la sentencia impugnada, solicitamos muy respetuosamente que el primer motivo de impugnación sea declarado sin lugar.
CONTESTACIÓN A LA SEGUNDA DENUNCIA
CONTRADICCIÓN O ILOGICIDAD EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA
Como segunda denuncia alega la defensa la falta de motivación en lo que respecta a la acreditación del delito de Uso Indebido de Arma de Fuego.
Indica el recurrente que el Juzgador no manifestó el proceso de decantación para concluir que sus defendidos se encontraban incursos en la comisión del referido delito. No obstante de la sentencia que se impugna se evidencia lo siguiente…
Definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Usando el mejor de los ardid la defensa transcribe lo que para ella es favorable y desecha lo que por supuesto le incomoda. El texto de una sentencia debe valerse por si solo, conteniendo los elementos probatorios cursantes en autos y debatidos en la audiencia oral y pública, estableciendo a cuales de ello les dio mérito y a cuales no y porque. Sin embargo la lectura e interpretación de una sentencia debe hacerse como un todo, como un contexto y no de manera aislada como se pretende.
Quedó probado que los autores del abominable hecho conocido como la masacre de Kennedy utilizaron armas de fuego, que las lesiones que sufrieron los 6 jóvenes víctimas le fueron causadas por armas de fuego, que en el sitio del suceso y hasta la fecha en la humanidad de las víctimas se encuentran rastros de los proyectiles de las armas de fuego disparadas, los innumerables testigos presenciales vieron y escucharon los disparos producidos por armas de fuego, y aún así de forma grosera, impetuosa y altanera pretende la defensa manifestar que no quedó claro el uso de las armas de fuego, por favor, nos toca al Ministerio Público obsequiarle a la defensa sensatez.
El Juzgador aparte de toda la motivación ya realizada dejó claro que los funcionarios actuantes al momento de pronunciarse sobre la existencia de los distintos tipos penales, que su ejecución lo fue en uso de las armas de fuego, demostrando con todo y experticia en mano, la existencia y por supuesto el mal uso que de éstas se hizo. Por último y con fundamento en el tipo penal respectivo, llegó a analizar que tal uso, ya demostrado anteriormente, no estaba dentro de las previsiones legales estatuidas en nuestra norma sustantiva penal, pues el accionar no se realizó con ocasión de resguardar el orden público ni en legítima defensa, como irresponsablemente desde el inicio de la investigación quisieron los hoy condenados hacer ver.
En consecuencia de todo lo anterior, solicitan quienes suscriben el presente escrito de contestación de apelación de sentencia definitiva, que se declare sin lugar el segundo motivo de apelación que esgrimiese la defensa de los hoy condenados ciudadanos YOSNEL DE JESÚS JAIME SOSA y DANILO ANGULO CONTRERAS.
Como corolario, la defensa en un desatino procesal y mal amparada en su cacareada Tutela Judicial Efectiva, deja entrever que al momento de celebrarse la audiencia preliminar en el caso de marras, el Juzgador conocedor incurrió en denegación de justicia, toda vez que no decretó la nulidad de la práctica del análisis de trazas de disparos del cual fueron objetos sus defendidos. En tal sentido, considera el Ministerio Público en primer lugar que tal argumento raya en lo extemporáneo, pues mal podría la defensa de los precitados ciudadanos tratar de retrotraer el proceso a la fase intermedia cuando ya para la fecha, la fase de juicio oral y público está por fenecer.
Ante tal argumento, se pregunta el Ministerio Público: La defensa de los ciudadanos YOSNEL DE JESÚS JAIME SOSA y DANILO ANGULO CONTRERAS ejerció algún recurso en contra de tal decisión?. De no haberlo hecho, esgrimir en ésta fecha tal argumento, no es más que esgrimir también su propia torpeza.
En consecuencia de todo lo anterior solicita el Ministerio Público que éste último argumento referente a la solicitud de nulidad de la celebración de la audiencia preliminar, sea declarado inadmisible por extemporáneo, pues claro e indefectible que la oportunidad procesal idónea para interponerlo a precluido (sic) con sobrada anticipación.
Por consiguiente, atendiéndose a las consideraciones de hecho y de derecho ya explicitadas, el Ministerio Público solicita a la Sala de la Corte de Apelaciones que le corresponda el conocimiento de la presente incidencia, se DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el abogado RAUL EMILIO SALOMON LAMUS, en su carácter de defensor de los ciudadanos YOSNEL DE JESÚS SOSA y DANILO ALFONSO ANGULO.
En Décimo Segundo lugar, invoca el Abogado PABLO RAMOS, actuando en este acto con el carácter de defensor privado del acusado COISCOU PRADA CARLOS FELIPE…, los siguientes alegatos en su escrito de apelación…
DE ARMA DE FUEGO…
PRIMERA DENUNCIA
Falta de motivación de la sentencia. Señala la defensa…
DEL FUNDAMENTO DE LA CONTESTACIÓN
En cuanto a la Falta de Motivación de la Sentencia
Es preciso considerar que luego de analizar este punto, nos damos cuenta que ciertamente la interposición de presente Recurso carece de fundamento jurídico, debido a que él contenido del mismo no cuenta con las técnicas legales necesarias de la apelación, al no referirse con claridad y exactitud sobre los supuestos defectos en los cuales incurrió el tribunal A quo, vale decir, que el apelante en el presente punto no realizó un análisis ni mucho menos fundamento jurídicamente acerca de la Falta de motivación de la Sentencia; contraviniendo de esta manera el principio general de FUNDAMENTACIÓN, que debe contener todo Recurso de Apelación.
Observa estas Representaciones Fiscales, que el pedimento realizado por el recurrente en contra la sentencia del Juzgado A quo, resultan totalmente infundados, toda vez que el pronunciamiento hecho por el Juez de la causa se encuentra ampliamente razonado y sustentado, explicando a lo largo de la sentencia cuales fueron los elementos tomados en consideración para Confirma su sentencia, asimismo realizó un amplio y exhaustivo análisis, de todos y cada uno de los medios de pruebas que fueron llevados y posteriormente valorados durante el debate oral y público.
El Defensor Privado del acusado COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, al no fundamentar su recurso, olvida el resto de las circunstancias que rodearon el Juicio, así como la demostración de la culpabilidad y responsabilidad de su patrocinado, no solo con las pruebas técnicas llevadas al debate oral y público, sino a demás las contundentes y contestes deposiciones realizadas por las víctimas de estos hechos tan lamentables, que fueron evacuados en sala y bajo juramento…
No entiende el Ministerio Público, el fundamento de este recurso y cuando durante el juicio se demostró la responsabilidad penal de CARLOS FELIPE COISCOU PRADA, quien con su acción logró causarle graves heridas a las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA Y DANITZA COROMOTO BUITRIAGO, sin ninguna razón de justificación que lo exima de haber incurrido en los delitos de Homicidio Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva y Uso Indebido de Arma de Fuego, delitos estos ampliamente comprobados y probados durante el debate oral, por ello que resulta temerario y contrario a derecho, ejercer un recurso sin fundamentación legal ni jurídica.
Ahora bien, no comprendemos quienes exponemos, cuales son las bases alegadas por la defensa privada, al apelar de la decisión, si en su escrito no señala claramente los elementos que motiven tal solicitud, solamente hace referencia a que el juzgador no analizó ni comparó las declaraciones de los expertos mencionados por el en este punto; lo cual por cierto, resulta falso, pues de las deposiciones de los mismas, no se desprende la inocencia o inculpabilidad de COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, debido a que de los medios probatorios llevados y debatidos por las partes actuantes en audiencia, dieron como resultado, el fallo ya conocido….
SEGUNDA DENUNCIA
“…falta de motivación de la sentencia. Señala la defensa…
DEL FUNDAMENTO DE LA CONTESTACIÓN
En cuanto a la Falta de Motivación de la Sentencia
En relación a este punto, es menester destacar que el apelante hace omisión al pronunciamiento claro, preciso y concreto pero suficientemente fundamentado en lo que respecta a la motivación que realiza el tribunal A quo, a darle una descripción detallada del hecho que él considero necesario dar por probado en cuanto el delito de que nos ocupa, concatenándola de manera armónica con la apreciación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de su patrocinado, concluyendo efectivamente con una calificación jurídica ajustada a derecho.
No hay lugar a dudas, que cuando el juez de la causa, a la hora de tomar su decisión, consiguió hacer de manera ordenada y clara un profundo análisis de cada una de las pruebas llevadas y debatidas por las partes actuantes dentro del desarrollo del debate oral y público, y más aún cuando al usar la sana critica, las reglas lógicas, los conocimientos científicos y sus máximas de experiencia, coadyuvaron a la elaboración de la sentencia hoy atacada por la defensa del acusado COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, quien alega que el sentenciador no estableció los hechos que rodearon las circunstancia del delito Uso Indebido de Arma de Fuego, por parte de su patrocinado, es lógico entender que hay falta de motivación cuando el juzgador, se limita solamente hacer una trascripción irresponsable y antijurídica de los medios probatorios debatidos en juicio, sin hacer un previo y claro análisis de los mismo, circunstancias estas que no ocurrió en el caso de marras, pues el sentenciador logró concatenar, revisar y ciertamente estudiar todas y cada unas de las pruebas que le permitieron llegar de manera coherente a la conclusión y al fallo que actualmente conocemos.
Ciertamente consideramos, que dentro del debate oral y público se verso sobre el uso indiscriminado de las armas de fuegos utilizadas por el hoy acusado entre otros, los cuales causaron el día de los hechos un lamentable suceso para toda la colectividad venezolana, no solo la muerte de los jóvenes ERICK MONTENEGRO, LEONARDO GONZÁLEZ Y EDGAR QUINTERO, sino que también por las graves heridas producidas a las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRIAGO.
De acuerdo con este punto el juzgador en su sentencia explana de manera razonada las circunstancias que lo conllevaron a decidir de la siguiente manera…
TERCERA DENUNCIA
“…QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMALIDAD DEL ARTÍCULO 353 C.O.P.P. Señala la defensa…
Es necesario comenzar este punto haciendo alusión al artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, como medio de valoración de las pruebas en el proceso penal, vale decir, el tribunal de la causa al momento de sentenciar estudio, analizó y valoró cada una de las pruebas que él consideró necesarios, útiles y pertinentes para comprobar y demostrar de manera cierta como en efecto se hizo, en los delitos por los cuales fue condenado el acusado COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, observándose una motivación coherente y lógica de las medios probatorios que llevaron a convencer al juzgador que los hechos debatidos y los pruebas presentadas al final se entrelazaron demostrar los delitos que nos ocupan…
En este orden de idea, es preciso señalar además los artículos 6, 13, 16, 18, 198 todos del Código Orgánico Procesal Penal…
CUARTA DENUNCIA
“…OMISIÓN DE LA FORMALIDAD DEL ART. 349 C.O.P.P,…
DEL FUNDAMENTO DE LA CONTESTACIÓN
En este sentido, observa el Ministerio Público, que en fecha 01 de junio de 2006, como consta de la sentencia dictada por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, siendo la oportunidad legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, el honorable Juez, les impuso a los acusados de sus garantías constitucionales que los eximen de declarar en causa propia, de acuerdo a los establecido en el artículo 49º numeral 5º, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de lo cual quedó debidamente asentado, a lo cual manifestaron todos los imputados, libre de coacción y apremio de manera clara e inteligible, y a viva voz su deseo de “no querer declarar” y acogerse al precepto constititucional, (sic) lo cual quedo debidamente registrado en el acta de debate y posteriormente reproducido en la digna sentencia del juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Este Circuito Judicial Penal. Asimismo quedo constancia de lo previsto en el artículo (sic) 349 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece lo siguiente…
Es decir, es evidente que desde la apertura del debate oral y público, el juzgador respetando los derechos y garantías constitucionales de los acusados, les concedió la palabra, oportunidad ésta en la cual todos se acogieron al precepto constitucional. Así como también consta en la sentencia que en cada oportunidad en la cual se evacuó un órgano de prueba, el mismo, le preguntó a cada uno de los acusados, si deseaban manifestar alguna declaración en relación con dicho órgano de prueba, es decir, que se dio cumplimiento estricto a lo establecido en el artículo 349º de la Ley Adjetiva Penal, en la cual se señala que solo los imputados podrían declarar siempre en referencia al objeto del debate. Es decir, al elemento probatorio que se esté controvirtiendo en el momento. Razón por la cual resulta falsa la denuncia esgrimida por la defensa de la supuesta violación que se le causare a su asistido, por lo cual debe ser declarada sin lugar la apelación interpuesta en ese sentido. A tal efecto, nos permitimos transcribir en extracto, el contenido de la sentencia que se pretende impugnar, donde consta que en fecha 01 de junio de 2006, en la apertura del juicio oral y público, se les concedió la palabra a todos los acusados de la siguiente manera…
QUINTA DENUNCIA
“…OMISION DE LA FORMALIDAD DEL ART.344 AP 1° C.O.P.P…
Sorprende al Ministerio Público que la defensa trate de burlarse cuando hace la presente afirmación, toda vez que siempre los acusados estuvieron debidamente asistidos por sus abogados defensores en cada uno de los actos, y siempre el Ministerio Público estuvo garantizándole los Derechos a los mismos, dándose así cumplimiento a lo establecido en artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 125 en cada una de sus partes del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia la presente denuncia debe ser declarada sin lugar ya que pretende confundir, y no es mas una estrategia de la defensa para atacar la presente decisión.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26 y 49, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8 numeral 1, instituyen el derecho que tiene toda persona a ser oída en proceso, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para hacer valer sus derechos e intereses, tutelar efectivamente los mismos y obtener con prontitud la decisión correspondiente.
Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal recoge en su artículo 1° el citado principio al establecer que…
En el debido proceso se atiende al cumplimiento de las garantías de imparcialidad, separación de poderes, jueces naturales, proporcionalidad entre el hecho y la pena, rechazo a la tortura, presunción de inocencia, cosa juzgada y única persecución, tiempo razonable para emitir la sentencia, derecho a la defensa y a un fallo precedido de la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas preestablecidas, cuyo proceso permite la participación de la ciudadanía como espectadores o en el rol de jueces, impidiendo con ello que las decisiones sean tomadas a espaldas del conglomerado social, lo que redunda en beneficio de la acción de hacer justicia.
Para hacer efectivo el debido proceso se han establecido los principios de oralidad, brevedad, publicidad, inmediación, concentración y contradicción, consagrados en el artículo 257 de la Carta Magna y en el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 1°, 14, 15, 16, 17 y 18.
La oralidad es la forma de hacer el proceso acusatorio, que permite la comunicación entre todos los sujetos procesales, garantizando el derecho a la defensa, y la búsqueda de la verdad en el proceso penal. Este principio supone la realización de audiencias preliminares y juicios en forma oral, donde se incorporan las pruebas de la misma manera, debiendo el Juez dictar su fallo con base en los actos verbales, lo cual no es obstáculo para que haya elementos probatorios que puedan ser presentados por escrito en la audiencia oral, como es el caso de la prueba anticipada (Artículos 14 y 338 del COPP).
Con respecto a la brevedad, la Constitución consagra en el artículo 257, que las leyes procesales deben establecer un procedimiento breve, y el Código adjetivo ratifica este principio, afirmando en su artículo 1, que el mismo debe realizarse sin dilaciones indebidas.
La publicidad es una garantía de transparencia y limpidez del proceso penal, por ello los actos procesales deben realizarse públicamente, en aras de la legalidad y la justicia del fallo. Igualmente, permite el acercamiento del ciudadano común al sistema de administración de justicia, fortaleciendo su confianza en ella. Este principio admite excepciones, basadas en la necesidad de proteger al imputado, la víctima, los testigos o de asegurar el normal desarrollo del juicio. (Artículos 15 y 333 del COPP)
La inmediación supone el contacto directo del juez o Tribunal llamados a conocer, no sólo con las partes, sino con la actividad probatoria que le permite obtener una impresión directa en la recepción de la misma, lo cual contribuirá a la formación de la opinión del decisor. (Artículos 16 y 332 del COPP)
La concentración consiste en que el examen de la causa debe realizarse en un período único, que se desarrolle en una audiencia o en pocas audiencias próximas, de tal modo que los actos procesales se acerquen en el espacio y en el tiempo ininterrumpidamente, es decir, que necesariamente debe existir proximidad temporal entre la recepción de la prueba practicada en presencia del juzgador y el momento de sentenciar. (Artículos 17 y 335 del COPP)
La contradicción permite que en el desarrollo del proceso todos los sujetos procesales puedan controvertir las pruebas presentadas, los argumentos o las posiciones que alegue la parte contraria. (Artículo 18 del COPP)
La garantía del juez natural, implica ser juzgado por un Tribunal competente para conocer del asunto, independiente e imparcial, establecido con anterioridad, es decir, que una persona no podrá ser procesada por Tribunales de excepción o Comisiones creadas para tal efecto, debiendo en todo caso, conocerse la identidad del juzgador. Cabe señalar, que el juez es autónomo e independiente en el ejercicio de sus funciones, lo cual está fundamentado en el principio de separación de los Poderes Públicos que conjuntamente con la competencia, constituyen los tres atributos del juez natural. (Artículo 7 del COPP)
El nuevo proceso penal, coloca al juez en el plano de un tercero imparcial, que debe resolver los conflictos planteados por las partes y garantizar que las pretensiones de éstas obtendrán respuesta, lo cual se traduce en la obligación de decidir y la autoridad para imponer el cumplimiento de sus fallos, contando para ello con el auxilio de las autoridades de la República.
Por todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, y sobre la base de los motivos señalados con anterioridad, solicito lo siguiente:
De la revisión que se le realice a las actas constitutiva del debata se evidencia que todos los acusados se encontraron debidamente asistido por su defensor de confianza en todos y cada unos de los actos procesales realizados por el órgano Jurisdiccional.
En Décimo Tercer Lugar los argumentos esgrimidos por la defensa FRANCISCA SALVIO TANTINO Y JAVIER BOSCAN CAMACHO en la apelación interpuesta, actuando en nuestro carácter de defensores de los ciudadanos: ALEXANDER GERARDO ARRIETA JIMENEZ, ALIRIO JOSÉ CAMEJO Y GRENDYS ENRIQUE MOLINA, mediante la cual los condenó a cumplir la pena de: DIECIOCHO AÑOS Y DOS MESES Y VEINTE DIAS DE PRISION, para el primero de los nombrados; CATORCE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION, para el segundo de los indicados; y DIECISIETE AÑOS Y CUATRO MESES DE PRISION para el último de ellos; por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA Y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO… Y HURTO CALIFICADO, sólo para el último de los nombrados…
Fundamenta la Defensa el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, estando dentro del lapso legal allí previsto ocurrimos a fin de interponer y formalizar RECURSO DE APELACION.
PRIMERA DENUNCIA
En el presente caso, denunciamos que la sentencia impugnada incurre el vicio de falta manifiesta en su motivación, según lo pasamos a demostrar sobre la base de las siguientes consideraciones:
Constituye la motivación de la sentencia una condición sine qua non para el ejercicio de la defensa…
En tal sentido el Ministerio Público observa, que una vez revisada y analizada la sentencia recurrida, se puede evidenciar que precisamente en la motivación de la misma, el juzgador luego de valorar y concatenar las pruebas validamente traídas al juicio oral y público, fundamentándose en la sana crítica, las máximas de experiencias y los conocimientos científicos, indefectiblemente concluyó lo siguiente…
Es así, como efectivamente el juzgador luego de fundamentar la motivación de su decisión, arguye la culpabilidad de los cuidadnos ALEXANDER GERARDO ARRIETA JIMENEZ, ALIRIO JOSÉ CAMEJO Y GRENDYS ENRIQUE MOLINA, ampliamente identificados en autos, e indica las contundentes pruebas con las cuales quedó demostrada su participación como coautor en los hechos de marras.
SEGUNDA DENUNCIA
El sistema de la sana crítica o libre valoración de la prueba, conforme al cual el juez es libre en el momento de la formación de su convencimiento aunque, como seguidamente veremos, esta libertad debe ser entendida en sus justos términos Y NO COMO EQUIVALENTE A ARBITRARIEDAD.
De allí que el Juez, cuando ejerce la función jurisdiccional, no puede sustraerse, como mínimo, de aquellos criterios y pautas objetivas que inspiran o guían su comportamiento y actuación cotidiana como persona humana integrada en una determinada comunidad… la libertad de valoración no permite al Juez sustituir las pruebas practicadas por otros elementos o datos extra procesales, o por su mera opinión, al objeto de formar su convencimiento.
En este punto observa el Ministerio Público, que la presente denuncia carece de fundamentación toda vez del análisis realizada a la presente decisión se observa que el juzgador dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, relacionado a lo requisitos de fondo y forma que debe contener la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, por otra parte existe una clara y precisa motivación aunados a los elementos serios, contundentes e inequívocos que fueron las bases para que el juzgador emitirá la correspondiente sentencia condenatoria. El Juzgador aprecio los elementos probatorios basándose en la sana critica, observando las reglas de la lógica los conocimientos científicos y las máximas experiencia tal como lo establece los artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal.
TERCERA DENUNCIA
El sistema de apreciación de las pruebas por parte del Tribunal según sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia… exige ineludiblemente, que en la sentencia se motive expresamente el razonamiento realizado por el juzgador para obtener su convencimiento, el cual debe ser el producto de la comparación y análisis de todos los elementos de convicción en su conjunto, y no una opinión personal y parcializada. En nuestro ordenamiento jurídico actual… exige que la sentencia ha de contener la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho, surgiendo la necesidad de la motivación del juicio fáctico en la sentencia penal, que a su vez, deriva de la propia configuración actual del sistema libre valoración de la prueba, y permite actuar, por tanto, como presupuesto indispensable para controlar la recta valoración de las pruebas.
En tal sentido el Ministerio Público observa, que una vez revisada y analizada la sentencia recurrida, se puede evidenciar que precisamente en la motivación de la misma, el juzgador luego de valorar y concatenar las pruebas validamente traídas al juicio oral y público, fundamentándose en la sana crítica, las máximas de experiencias y los conocimientos científicos, indefectiblemente concluyó que efectivamente y de manera cierta los ciudadanos ALEXANDER GERARDO ARRIETA JIMENEZ, ALIRIO JOSÉ CAMEJO Y GRENDYS ENRIQUE MOLINA, ampliamente identificados en autos, son responsables penalmente por sus conductas típicas, antijurídicas y culpables, y una vez afirma el Ministerio Público, que se le dio cumplimiento lo establecido en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que la finalidad del proceso, es “establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del Derecho y a esta finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión”. Ante esta finalidad, todas las partes intervinientes en un proceso de investigación Penal, tenemos la obligación de actuar de buena fe y sobretodo ajustados a la verdad de los hechos, es por ello, que el Ministerio Público, no puede obviar esta situación, ya que es una misión inexcusable para él, como titular de la acción penal, actuar sobre estos principios, que garantizan la transparencia e imparcialidad de su actuación en todo proceso donde se haga presente.
Por otra parte son objetivos del proceso penal la protección y reparación del daño causado a la víctima, protegidos por el Ministerio Público y los Órganos Jurisdiccionales, garantizando la vigencia de sus derechos, respeto y protección durante todo el proceso conforme a lo establecido en la Constitución y artículo 118 del Código Orgánico Procesal.
Es por ello que atendiendo a estas bases fundamentales del proceso penal, consideramos pertinente que se debe declarar sin lugar la presente denuncia.-
En cuanto los argumentos correspondiente a la CUARTA DENUNCIA donde manifiestan entre otra cosa lo siguiente…
El Ministerio Público, considera La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26 y 49, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8 numeral 1, instituyen el derecho que tiene toda persona a ser oída en proceso, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para hacer valer sus derechos e intereses, tutelar efectivamente los mismos y obtener con prontitud la decisión correspondiente.
Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal recoge en su artículo 1° el citado principio al establecer que: "Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o Tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República".
En el debido proceso se atiende al cumplimiento de las garantías de imparcialidad, separación de poderes, jueces naturales, proporcionalidad entre el hecho y la pena, rechazo a la tortura, presunción de inocencia, cosa juzgada y única persecución, tiempo razonable para emitir la sentencia, derecho a la defensa y a un fallo precedido de la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas preestablecidas, cuyo proceso permite la participación de la ciudadanía como espectadores o en el rol de jueces, impidiendo con ello que las decisiones sean tomadas a espaldas del conglomerado social, lo que redunda en beneficio de la acción de hacer justicia.
Para hacer efectivo el debido proceso se han establecido los principios de oralidad, brevedad, publicidad, inmediación, concentración y contradicción, consagrados en el artículo 257 de la Carta Magna y en el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 1°, 14, 15, 16, 17 y 18.
La oralidad es la forma de hacer el proceso acusatorio, que permite la comunicación entre todos los sujetos procesales, garantizando el derecho a la defensa, y la búsqueda de la verdad en el proceso penal. Este principio supone la realización de audiencias preliminares y juicios en forma oral, donde se incorporan las pruebas de la misma manera, debiendo el Juez dictar su fallo con base en los actos verbales, lo cual no es obstáculo para que haya elementos probatorios que puedan ser presentados por escrito en la audiencia oral, como es el caso de la prueba anticipada (Artículos 14 y 338 del COPP).
Con respecto a la brevedad, la Constitución consagra en el artículo 257, que las leyes procesales deben establecer un procedimiento breve, y el Código adjetivo ratifica este principio, afirmando en su artículo 1, que el mismo debe realizarse sin dilaciones indebidas.
La publicidad es una garantía de transparencia y limpidez del proceso penal, por ello los actos procesales deben realizarse públicamente, en aras de la legalidad y la justicia del fallo. Igualmente, permite el acercamiento del ciudadano común al sistema de administración de justicia, fortaleciendo su confianza en ella. Este principio admite excepciones, basadas en la necesidad de proteger al imputado, la víctima, los testigos o de asegurar el normal desarrollo del juicio. (Artículos 15 y 333 del COPP)
La inmediación supone el contacto directo del juez o Tribunal llamados a conocer, no sólo con las partes, sino con la actividad probatoria que le permite obtener una impresión directa en la recepción de la misma, lo cual contribuirá a la formación de la opinión del decisor. (Artículos 16 y 332 del COPP)
La concentración consiste en que el examen de la causa debe realizarse en un período único, que se desarrolle en una audiencia o en pocas audiencias próximas, de tal modo que los actos procesales se acerquen en el espacio y en el tiempo ininterrumpidamente, es decir, que necesariamente debe existir proximidad temporal entre la recepción de la prueba practicada en presencia del juzgador y el momento de sentenciar. (Artículos 17 y 335 del COPP)
La contradicción permite que en el desarrollo del proceso todos los sujetos procesales puedan controvertir las pruebas presentadas, los argumentos o las posiciones que alegue la parte contraria. (Artículo 18 del COPP)
La garantía del juez natural, implica ser juzgado por un Tribunal competente para conocer del asunto, independiente e imparcial, establecido con anterioridad, es decir, que una persona no podrá ser procesada por Tribunales de excepción o Comisiones creadas para tal efecto, debiendo en todo caso, conocerse la identidad del juzgador. Cabe señalar, que el juez es autónomo e independiente en el ejercicio de sus funciones, lo cual está fundamentado en el principio de separación de los Poderes Públicos que conjuntamente con la competencia, constituyen los tres atributos del juez natural. (Artículo 7 del COPP)
El nuevo proceso penal, coloca al juez en el plano de un tercero imparcial, que debe resolver los conflictos planteados por las partes y garantizar que las pretensiones de éstas obtendrán respuesta, lo cual se traduce en la obligación de decidir y la autoridad para imponer el cumplimiento de sus fallos, contando para ello con el auxilio de las autoridades de la República.
Por todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, y sobre la base de los motivos señalados con anterioridad, solicito que se declare sin lugar las denuncias infundadas por la defensa.
SOLICITUD FISCAL
Por todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, y sobre la base de los motivos señalados con anterioridad, solicito lo siguiente:
PRIMERO: Se declare DECLARE SIN LUGAR, los Recursos de Apelaciones interpuestos en contra del sentencia condenatoria, en contra de los ciudadanos 1.-PEÑA CARRILLO JOSÉ BALDOMERO, 2.-ESCALONA ESAA JORGE ELPIDIO, 3.-ABREU OQUENDO JESÚS ALBERTO, 4.-MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, 5.-SERRADA FRANK ALBERTO, 6.-BARILE SÀNCHEZ OLIMPIO, 7.-CARPIO HENRIQUEZ GELSON ALEXANDER, 8.-PEÑA PEÑA JOSÉ ANTONIO, 9.-SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL, 10.-CAMEJO ALIRIO JOSÉ, 11.-MOLINA GENDRYS ENRIQUE, 12.-JAIME SOSA YOSNEL DE JESÚS, 13.-FLORES EDWIN MANUEL, 14.-ARRIETA JIMENEZ ALEXANDER GERARDO, 15.-REYES RUIZ JUAN CARLOS, 16.-MAURERA CENTENO JORGE LUIS, 17.-COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, 18.-MONTE CHIRINOS WILL RONALD, 19.-APONTE ROMERO JUAN CARLOS, 20.-ANGULO URBINA DANILO ALFONSO, 21.-BRAVO GARCÍA AMELIO RAFAEL, 22.-MARTINEZ MOTA FÉLIX ALBERTO, 23.-GARCÍA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ y 24.-VARELA RICHARD.
SEGUNDO: Se mantenga la Medida Preventiva de libertad, en contra el ciudadano 1.-PEÑA CARRILLO JOSÉ BALDOMERO, 2.-ESCALONA ESAA JORGE ELPIDIO, 3.-ABREU OQUENDO JESÚS ALBERTO, 4.-MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, 5.-SERRADA FRANK ALBERTO, 6.-BARILE SÀNCHEZ OLIMPIO, 7.-CARPIO HENRIQUEZ GELSON ALEXANDER, 8.-PEÑA PEÑA JOSÉ ANTONIO, 9.-SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL, 10.-CAMEJO ALIRIO JOSÉ, 11.-MOLINA GENDRYS ENRIQUE, 12.-JAIME SOSA YOSNEL DE JESÚS, 13.-FLORES EDWIN MANUEL, 14.-ARRIETA JIMENEZ ALEXANDER GERARDO, 15.-REYES RUIZ JUAN CARLOS, 16.-MAURERA CENTENO JORGE LUIS, 17.-COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, 18.-MONTE CHIRINOS WILL RONALD, 19.-APONTE ROMERO JUAN CARLOS, 20.-ANGULO URBINA DANILO ALFONSO, 21.-BRAVO GARCÍA AMELIO RAFAEL, 22.-MARTINEZ MOTA FÉLIX ALBERTO, 23.-GARCÍA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ y 24.-VARELA RICHARD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250, 251 y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal, y artículo 44 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
TERCERO: sea CONFIRMADA en todo y cada una de sus partes la decisión emanada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, según causa Nº 358-06, nomenclatura del referido Juzgado, por considerar que cumple con el hecho y el derecho según lo establecido en el Código Orgánico Procesal penal, ya que la decisión del mencionado juzgado cumple con lo El artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que la finalidad del proceso, es “establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del Derecho y a esta finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión…”

V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Con la finalidad de emitir pronunciamiento en la presente causa, esta Sala de la Corte de Apelaciones pasa a realizar las siguientes consideraciones por separado:

PRIMER RECURSO DE APELACIÓN.

Así las cosas encontramos que en el primer recurso interpuesto por el Abogado Paúl Newnury Thomas Vielma, se denuncian los vicios que a continuación se detallan:

Señala el Recurrente que existe contradicción en la sentencia fundamentándola en el artículo 452 ordinal 2º Código Orgánico Procesal Penal, alegando que la acusación Fiscal no incluye al ciudadano JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, en el delito de Homicidio Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva, en perjuicio de las ciudadanas Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Moreno García, así mismo hace referencia que al folio 407 de la pieza 35, en donde el juzgador se pronuncia en torno a la culpabilidad de todos los acusados, excluye a su representado JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, apuntándose este profesional del derecho que dicha situación se suscita en razón a que el Juez de la recurrida consideró no probada la participación de su representado en los hechos acaecidos, en fecha 27 de junio de 2005.

Respecto a esta denuncia, este Tribunal de Alzada observa que, en la Pieza siete (7), en la cual cursa el escrito formal de acusación interpuesto por los Fiscales Elsa Hernández, Vigésima a Nivel Nacional Con Competencia Plena; Danilo Jaimes Rivas, Trigésimo Cuarto a Nivel Nacional Con Competencia Plena; Dizlery del Carmen Cordero León, Tercera de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Franklin Nieves Capace, Centésimo Vigésimo Quinto de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Con Competencia en Materia de Protección de Derechos Fundamentales, en el Capítulo I, folio (2), aparece distinguido con el número (11) la identificación del ciudadano ACUSADO Salazar Rodríguez José Manuel, en el Capítulo II, relativo al Hecho Punible atribuido, en el que se observa que el Ministerio Público señaló al ciudadano Manuel Salazar (Sub Inspector) adscrito a la Dirección de Investigaciones de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), como uno de los integrantes de la comisión mixta junto a funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el día que ocurrieron los hechos objeto del presente proceso, así mismo se observa que inserto al folio siete (7) de la misma pieza, el Ministerio Público, al momento de realizar la descripción de los hechos acaecidos, menciona en reiteradas oportunidades la acción desplegada por el ciudadano Salazar Rodríguez José Manuel, de igual manera inserto al folio 127 de la pieza en cuestión el Ministerio Público señala literalmente lo siguiente:

“5-. En lo que respecta a los imputados que a continuación se mencionan: …(omisis) SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL…(omisis), el Ministerio Público considera que sus conductas se subsumen en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO con ALEVOSÍA, POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1º y 80, en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal vigente, en perjuicio de ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA e igualmente para todos los imputados up (sic) supra mencionados estas Representaciones Fiscales los acusa por el delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 eiusdem…”

Ahora bien, se constata tanto en el texto íntegro de la sentencia recurrida como en el escrito de acusación fiscal que el ciudadano JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, efectivamente fue acusado y sentenciado por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406, ordinal 1° del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA. Ciertamente, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en los folios 407 y 411 inicialmente no transcribe el nombre del acusado SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL, como uno de los agentes activos del hecho punible atribuido, seguramente por un error involuntario en la transcripción, pero ello no significa que no haya sido considerado como tal, pues se constata que cuando hace referencia a la culpabilidad de los acusados, efectivamente el sentenciador lo considera en la culpabilidad en cuanto al delito imputado en su contra con relación a las ciudadanas DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, pues refiere textualmente lo siguiente:

“…En cuanto a la culpabilidad de los acusados JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, WIL RONALD MONTES CHIRINOS, JOSNEL JAIME, JUAN REYES, FERNANDO MORA, JESÚS ABREU, FRANK SERRADA, AMALIO BRAVO, OLIMPO BARILES, GERSON CARPIO, DANILO ANGULO, ALIRIO CAMEJO, JUAN APOSTOL ROMERO, CARLOS COISCOU PRADA, JOSÉ PEÑA CARRILLO, JORGE ESCALONA, FÉLIX MOTA y FRANKLIN GARCÍA MALDONADO, no cabe ninguna duda de la participación de los mismos en los hechos acaecidos en fecha 27-06-05, en el sector Kennedy, toda vez que los mismos eran integrantes de una comisión que se había traslado a dicho sector lo cual se verifico a través de la copia certificada del libro de novedades de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Inteligencia Militar ya que se deja constancia que el día 27 de Junio siendo las 18:30 horas salen de comisión los funcionarios INSPECTOR (DIM) PEÑA PEÑA JOSÉ ANTONIO, INSPECTOR (DIM) MOLINA GENDRYS ENRIQUE, SUB-INSPECTOR (DIM) MONTE CHIRINOS WILL RONALD, SUB-INSPECTOR (DIM) MAURERA CENTENO JORGE LUIS, SUB- INSPECTOR (DIM) SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL…”
(Subrayado y Negrillas de la Sala).

Por otra parte, se observa que no es cierto que el sentenciador haya excluido al referido ciudadano de tal delito, pues de haberlo hecho lo habría absuelto de manera expresa y consta en la motiva, en la penalidad y en el dispositivo que lo condena, debiendo observar la Sala que erróneamente en la penalidad sólo aplica la pena correspondiente al artículo 406 numeral 1° del Código Penal, que también invocó el Ministerio Público, a pesar de haber hecho referencia tanto el Juez como la Representación Fiscal a dos calificantes, como son la alevosía y el motivo fútil que fueron probadas y aludidas expresamente por el sentenciador y por Ministerio Público, por lo que debió haberse impuesto la pena establecida en el numeral 2° de dicho artículo por la concurrencia de dos de las circunstancia indicadas en el numeral 1°, esto es, entre 20 y 26 años de prisión, lo que no puede esta Instancia modificar debido a la prohibición contenida en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal relativa a la Reforma en Perjuicio, ya que el Ministerio Público, no interpuso recurso de apelación con respecto a este punto, y nunca lo acotó.

Del mismo modo esta Sala observa que en la recurrida, también se hace referencia al acusado JOSÉ MANUEL SALAZAR, así como a los funcionarios EDWIN FLORES, ALEXANDER ARRIETA y JORGE MAURERA CENTENO, en aparte especial con relación a la culpabilidad de los mismos en el delito cometido en perjuicio de la ciudadana ELIZABETH ROSALES, y respecto a ella se concreta esa responsabilidad por haber logrado precisarse que el proyectil, que aun se encuentra alojado en su cerebro, corresponde a una de las armas que portaban estos ciudadanos, dadas las características determinadas por lo expertos al tratarse de un calibre 5.56 m.m. Es así que inserto al folio 414, el Juez de la recurrida hace referencia a la culpabilidad del ut supra condenado, describiendo literalmente lo siguiente:

“…En cuanto a la culpabilidad de los acusados Manuel Salazar, Edwin Flores, Alexander Arrieta y Jorge Maurera Centeno, no cabe ninguna duda de la participación de los mismos en los hechos acaecidos en fecha 27-06-05, en el sector Kennedy, donde resulta como victima la ciudadana Elizabeth Rosales, toda vez que los mismos eran integrantes de la comisión mixta que se traslado a dicho sector, lo cual fue considerado en párrafos anteriores por este decisor; portando entre otras las siguientes armas de fuego: Alexander Arrieta Jimenez, Armas: M-4 (5.56mm), Seriales de orden AO155767, Jorge Maurera, Arma: HK (5.56mm), Serial de orden 11061, José Salazar Arma: HK (5.56mm), Serial de orden y T17413SDW y Edwin Flores, Arma AUG 5.56, Serial de orden 905SA210, lo cual se desprende de la relación de armamento anteriormente valorada, dichas armas también fueron debidamente sometidas a peritaje el cual quedo signado con el N° 2199 suscrito por los expertos en balística Jesús Suarez, Lizetta Marin, Olga Ginnette Mieres, Jennifer Sanoja y Sandy Pimentel, lo que fue adminiculado con lo expuesto y ya valorado por el experto José Gregorio Nerea, quien afirmo (sic) que el proyectil que se encuentra alojado en la humanidad de Elizabeth Rosales pertenece a la Gamma del calibre 5.56mm…” (Negrillas de la Sala).

Por los señalamientos antes expuestos esta Sala considera que la razón no le asiste a la defensa en cuanto a esta denuncia. Y ASÍ SE DECLARA.

Del escrito contentivo del Recurso de Apelación, observa este Tribunal Colegiado, que el recurrente denuncia que la Sentencia dictada por el Juez de Instancia, incurre en el vicio de inmotivación por infracción del artículo 364 ordinales 3° y 5° del Código Orgánico Procesal Penal, sin explicar a esta Alzada, claramente los motivos fundamentadores que le sirven de base para impugnar la decisión de Primera Instancia, aún así estos decisores, tomando al principio contenido en el artículo 6 del Código Adjetivo Penal, y el artículo 173 ejusdem, explanaran en consideración el derecho fundamental de la Tutela Judicial Efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sus razones de derecho respecto a la denuncia a pesar de la deficiencia, oscuridad o ambigüedad en la que fue planteada la presente denuncia; ahora bien el precitado artículo señala literalmente lo siguiente:

“Artículo 364. Requisitos de la Sentencia. La sentencia contendrá:
3. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados;
5. La decisión expresa sobre el sobreseimiento, absolución o condena del acusado, especificándose en este caso con claridad las sanciones que se impongan…”

Este Tribunal de Alzada, en virtud de la precitada denuncia de infracción, considera pertinente definir el concepto e importancia de la motivación de la sentencia, la cual consiste en la exteriorización por parte del Juez, acerca de la justificación racional de determinada conclusión a la cual se llega en un juicio; es decir, que a grosso modo, el fallo del Juez se identifica con la exposición del razonamiento; ya que de lo contrario existiría una inmotivación de una resolución judicial.

La sentencia será nula si falta o es contradictoria la motivación, la cual puede ser absoluta o relativa; referida la primera, a la total privación de motivación; y la segunda, referida a un punto singular, de manera que no resulte justificado en la parte dispositiva de esta, o cuando sólo se halle expuestos los motivos de hechos o de derechos. Así pues, habrá contradictoriedad cuando existe un contraste inconciliable en los motivos de la sentencia entre sí o entre los motivos y la parte dispositiva.

El requisito de la motivación de la sentencia se exige para ser controlable el proceso lógico mediante el cual el Juez arribado a su decisión, lo cual constituye una garantía para el acusado como para el Estado, por cuanto interesa a este último, que su voluntad superior sea exactamente aplicada a fin de que la Justicia se aplique correctamente.

Ahora bien, de la lectura del fallo impugnado se evidencia que el Juzgador A-quo dictó sentencia mediante la cual CONDENÓ al acusado JOSÉ MANUEL SALAZAR, por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1º del Código Penal y en el cual se observa que en relación, a la exigencia establecida en el numeral 3° del Artículo 364 del Código Adjetivo Penal, el cual es del tenor siguiente: “3°-La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados”, se evidencia en la recurrida, que el Juez A-quo realizó no sólo una narración de los hechos que se desarrollaron en la celebración del Juicio Oral y Público; sino que agrupó y discriminó todas las pruebas adecuándolas a los hechos planteados, para así realizar un análisis comparativo de éstos, que le permitiera proceder objetivamente sin ideas preconcebidas, con desconfianza o duda, y de manera determinante para decretar la sentencia que hoy es objeto de impugnación.

Así las cosas, debemos tener presente que las pruebas aportadas en un juicio deben tener eficacia jurídica a los fines de suministrarle al órgano jurisdiccional la plena convicción y certeza sobre la existencia y las circunstancias de los hechos afirmados, por lo que corresponde a la parte acusadora probar sus imputaciones más allá de toda duda razonable, ya que de la apreciación de las pruebas que haga el Juez lo que reconoce o afirma debe corresponder a la verdad, siendo indispensable que el propio sentenciador, se convenza de la realidad del asunto, del grado de verosimilitud o autenticidad del acontecimiento.

En consecuencia se aprecia de la recurrida, que el tribunal delimitó correctamente los hechos que consideró efectivamente probados, así como la valoración que le dio a cada medio probatorio basado en el principio de la sana crítica.

Como corolario de lo antes expuesto, conviene traer a colación la decisión dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, Sentencia 48 de fecha 02 de Febrero de 2000, en la cual literalmente señala:

“…De manera reiterada ha señalado esta Sala que motivar una sentencia es explicar la razón jurídica en virtud de la que se adopta determinada resolución. Por lo tanto es necesario discriminar el contenido de cada prueba, analizarla, compararla con las demás existentes en autos y por último, según la sana crítica, establecer los hechos derivados de ellas…”

En este mismo orden de ideas, se desprende de la dispositiva que el Juez de la recurrida al expresarse de la decisión de fondo a la que arribó señaló el resultado del fallo siendo este condenatorio tal y como lo establece el ordinal 5º del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, motivo por el cual consideran estos decidores que la razón no le asiste a la defensa en cuanto a esta denuncia. ASÍ SE DECLARA.

De igual manera el recurrente denuncia que los seriales del arma que le fue incautado a su representado no se corresponde al arma descrita por el experto, alegando esa defensa que no se explica de dónde surge para el Juez la convicción de que el serial del arma que portaba JOSÉ MANUEL SALAZAR era el mencionado en la dispositiva del fallo, que no se corresponde con el señalado por el Ministerio Público y el evacuado en el debate.

Referente a esta denuncia, resulta incomprensible para este Tribunal de Alzada, que el Abogado Paúl Newbury Thomas Vielma, en su condición de Defensor Privado del acusado JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, impugne la presente decisión alegando tales argumentos siendo que se desprende de la Pieza (1), folio 84, primeramente que a su patrocinado JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, tal y como consta de la Relación de Armamento asignado a los funcionarios que se encontraban a la orden del Mayor (Ej) JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO CI. V-.7.561.108, en la Urbanización Kennedy, Sector Las Casitas, Terraza Nº 06, Parroquia Macarao Distrito Capital, el día Lunes 27 de Junio de 2005, Línea Nº 11, los siguientes datos: Jerarquía: SUB/INSP (DIM); NOMBRES Y APELLIDOS: JOSÉ SALAZAR; C.I. 11.504.966; MATERIAL DE GUERRA: HK; SERIAL: 11060; PISTOLA BROWNING 7.65. M.M; SERIAL T17413SDW; siendo que se evidenció que tanto el Ministerio Público a lo largo de toda esta investigación así como el experto en los folios 50 y 51 de la pieza 35, de la sentencia hicieron referencia a las armas que le fueron asignadas no sólo al acusado JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, sino a todos y cada uno de ellos. Ahora bien se constató de la recurrida que el Juez A quo, no incurrió en error material en la sentencia, al describir el armamento portado por el ut supra indicado acusado, sino que más bien, omitió señalar el serial de orden del arma HK (5.56MM), y que el serial a que hace referencia el recurrente se refiere es a una PISTOLA BROWNING 7.65. M.M SERIAL: T17413SDW, la cual también le fue asignada a su representado ese fatídico día.

En efecto, se constata en la recurrida lo antes referido:

“…En cuanto a la culpabilidad de los acusados Manuel Salazar, Edwin Flores, Alexander Arrieta y Jorge Maurera Centeno, no cabe ninguna duda de la participación de los mismos en los hechos acaecidos en fecha 27-06-05, en el sector Kennedy, donde resulta como victima la ciudadana Elizabeth Rosales, toda vez que los mismos eran integrantes de la comisión mixta que se traslado a dicho sector, lo cual fue considerado en párrafos anteriores por este decisor; portando entre otras las siguientes armas de fuego: Alexander Arrieta Jiménez, Armas: M-4 (5.56mm), Seriales de orden AO155767, Jorge Maurera, Arma: HK (5.56mm), Serial de orden 11061, José Salazar Arma: HK (5.56mm), Serial de orden y T17413SDW y Edwin Flores, Arma AUG 5.56, Serial de orden 905SA210, lo cual se desprende de la relación de armamento anteriormente valorada, dichas armas también fueron debidamente sometidas a peritaje el cual quedo signado con el N° 2199 suscrito por los expertos en balística Jesús Suárez, Lizetta Marín, Olga Ginnette Mieres, Jennifer Sanoja y Sandy Pimentel, lo que fue adminiculado con lo expuesto y ya valorado por el experto José Gregorio Nerea, quien afirmo (sic) que el proyectil que se encuentra alojado en la humanidad de Elizabeth Rosales pertenece a la Gamma del calibre 5.56mm…” (Negrillas y Subrayado de la Sala).

Por tanto infundado este alegato, motivo por el cual consideran estos decidores que la razón no le asiste a la defensa en cuanto a esta denuncia. ASÍ SE DECLARA.

Seguidamente el recurrente impugna la decisión, alegando falta de motivación de la sentencia, de conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 452 del Código Adjetivo Penal, así las cosas evidencia esta Alzada lo siguiente:

Bien es sabido, que existirá inmotivación de una resolución judicial, cuando faltare la justificación racional de la decisión, y por ende, el Juez no haya exteriorizado explícitamente, el porqué de su determinación; en tal sentido, observamos, que la sentencia en estudio bajo ningún motivo predica infracción en la motivación, pues como diría el jurista italiano Guido Calogero, (La lógica del juicio es su control en casación, p.227), la sentencia aquí analizada, suministra cabalmente, el material suficiente para comprender la génesis del convencimiento del mecanismo lógico.

Cabe destacar al respecto, la jurisprudencia establecida por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 4285, de fecha 12 de Julio de 2005, con ponencia del Magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte, en relación con la correcta motivación que debe contener toda sentencia, que si bien los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos, esa soberanía es jurisdiccional y no discrecional, razón por la cual debe someterse a las disposiciones legales relativas al caso para asegurar el estudio del pro y del contra de los puntos debatidos en el proceso, y para ello es indispensable cumplir con una correcta motivación en la que no debe faltar:

1.- La expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso y las normas legales pertinentes;
2.- Que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal;
3.- Que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y
4.- Que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamientos y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal.

En razón de lo anterior se puede apreciar que el Juez de la recurrida dio cabal y estricto cumplimiento a todas y cada una de las exigencias relativas a la valoración de pruebas establecido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal.

De la misma se determina básicamente, exactitud en la motivación de la sentencia, pues ella refleja un razonamiento encaminado a la aplicación de la norma general al caso juzgado, que obviamente, se logra trasladando la valoración general al caso en cuestión, concatenándolo con la valoración genérica que el legislador ha expresado en la norma general a un supuesto de hecho concreto, mediante la cual, y a través del acervo o cúmulo probatorio se condena al ciudadano JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, plenamente identificado en autos.

En tal sentido esta Sala revela, que el Juez de la recurrida estableció con suficiente claridad el hecho investigado, ocurriendo lo mismo con la responsabilidad del ciudadano en cuestión, puesto que, al sentenciar el Juzgador de Primera Instancia, determinó por qué incrimina al ciudadano en referencia en el hecho penal en estudio, señalando las testificales y demás medios probatorios evacuados en el Juicio Oral y Público, infiriendo, cómo los aprecia y por qué llegó a esa conclusión condenatoria, observando la Sala que el Juez siempre alude a los funcionarios que identifica en el texto de la sentencia como los que forman parte en la comisión que actuó ese día en el Sector Kennedy, no existiendo ninguna duda de que en ella estaba el acusado de autos. Dando aquí por reproducido lo expuesto en los puntos anteriores con respecto a los delitos por los cuales fue acusado y posteriormente sentenciado el ciudadano JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, no evidenciándose en forma alguna falta de motivación. Y ASÍ SE DECLARA.

El recurrente señala que dentro de la etapa de investigación se practicó la Prueba de Análisis de Trazas de Disparo (ATD), por el experto RUBÉN VILLAMIZAR PIÑANGO, -inserto al folio 203- pero que en realidad es a los 204 al 213 de la trigésima quinta pieza, y en la que refiere la interrogante de cuáles fueron los hechos que el Tribunal estimó probados, si el Análisis de Trazas de Disparo de su defendido JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ dio negativo, lo que significa que no disparó su arma y por lo que no incurrió en ninguno de los tipos penales por lo que fue procesado el condenado.

En cuanto a este alegato, la Sala observa con asombro la falsedad de tal argumento, pues consta que en el escrito de acusación Fiscal, el Ministerio Público ofreció como prueba N° 66 la experticia de Análisis de Trazas de Disparo (ATD), folio 43 de la pieza 7, practicada al referido ciudadano, la cual no fue ratificada por la experto que la realizó, que no fue el experto RUBÉN VILLAMIZAR, y que el Juez expresamente señala que no la valora por no haber sido ratificada por el testimonio de la experta Cristina Colina. Sin embargo, independientemente de ello consta en la motiva de la sentencia las razones por las cuales se condena al referido ciudadano por haber participado en los hechos que se le imputaron, tomando en consideración otros órganos de prueba que el juez refiere en la motiva haciendo referencia a las pruebas evacuadas en el debate oral y público, sin que tuviera la necesidad de repetirlos en la parte motiva de manera expresa por no ser necesarios, destacando así que el Análisis de Trazas de Disparo (ATD) que estimó necesario destacar el Juez de la recurrida es la practicada a todas las víctimas y ello a los fines de dejar expresa constancia que fue negativa y por lo que no podía afirmarse que las mismas estaban armadas como pretendió simularse inicialmente.

El apelante igualmente denuncia que se incurrió en error en la penalidad porque su defendido sólo era juzgado por el Homicidio Calificado Frustrado en perjuicio de ELIZABETH ROSALES y no en cuanto a las ciudadanas DANITZA BUITRIAGO e IRÚA MORENO, agregando que el Juez sólo tomó el término medio y no consideró que su defendido no presenta antecedentes penales.

Al respecto observa la Sala que el recurrente incurre en error en su planteamiento, pues como ya se dijo fue acusado y sancionado por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO, en perjuicio de las referidas ciudadanas, además del delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, habiendo aplicado la penalidad que estimó ajustable en cada caso como fue el término medio y no como lo dice el recurrente que inmotivadamente toma el máximo de la pena, destacando efectivamente que no toma en consideración ninguna atenuante ni agravante sólo toma el termino medio a cada delito y por aplicación del artículo 88 del Código Penal, por haber concurso real de delitos, determina la pena en definitiva a cumplir. Es necesario destacar que el no tener antecedentes penales no es una atenuante específica y sí el Juez no hace referencia a ello de manera expresa no puede ser entendido como una inmotivación, pues además debe constar que la defensa lo solicitó y no existe prueba ofrecida por este de que lo haya requerido.

Por otra parte, debe ratificar esta Sala que de acuerdo a la acusación y lo probado en el Juicio, según alude el Juez en su decisión, se evidenció que las dos calificantes del delito de Homicidio las cuales quedaron acreditadas en el Juicio como son la ALEVOSÍA Y MOTIVOS FÚTILES y por lo que debió imponerse la pena establecida en el numeral 2° del artículo 406 del Código Penal, y no la del ordinal 1° del referido artículo, lo que no puede modificar la Sala por imposición del artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. Motivo este por el cual considera este Tribunal de Alzada que la razón no le asiste al recurrente en consecuencia declara Sin Lugar la presente denuncia. Y ASÍ SE DECLARA.

El recurrente refiere que al folio 405 de la sentencia, aparece acreditada la intención homicida de los acusados, sin que adminiculara algún elemento de prueba que sustentara lo expresado por el Juez, recordando que la ciudadana Elizabeth Rosales recibió un disparo en el Glúteo, debiendo el Juzgador establecer como se presentaba el animus necandi, no habiendo resuelto este punto tal afirmación carece de motivación.

Al respecto, observa este Tribunal Colegiado que el recurrente de manera inapropiada hace referencia a un solo folio el 405, de una sentencia de 509 folios, esto es, no la considera de manera íntegra sino que extrae una conclusión obviando el análisis completo de la misma, fundamento que en sí mismo desvirtúa su alegato, observando la Sala que, un solo párrafo de la sentencia es suficiente para demostrar el animus de matar dada la actuación desmedida de los funcionarios policiales y militares incriminados en este caso, entre los que se encuentra su defendido.

En efecto, en la sentencia entre otras cosas se hace referencia a la intención a los autores de tales delitos, así se señala lo siguiente:

“…Ahora bien, surge demostrado, que la intención de los agentes era causarles la muerte a los tripulantes del supra mencionado vehículo, todo ello, en atención a la ubicación de las heridas sufridas por las víctimas de la presente causa, heridas éstas que, se encuentran en zonas del cuerpo que comprometen la vida humana, aunado a que los sujetos activos sin mediar palabras, sin razón alguna, actuando sobre seguro en el resultado de su acción, sorprendiéndolos y con el uso de armas de fuego, las cuales son suficientes para cegar la existencia de una persona, accionaron las mismas en contra del tantas veces mencionado vehículo, a sabiendas que al hacerlo, las balas atravesarían la carrocería del automotor, y en consecuencia, obtendrían el resultado esperado, el cual era causarles la muerte; siendo absurdo para este sentenciador, si quiera considerar que la voluntad de estas personas no era otra sino extinguir la vida de los seres humanos que se encontraban dentro de el vehículo, por lo cual surge demostrado que los agentes tuvieron la intención de consumar su acción, de lo cual no cabe duda en atención a la cantidad de impactos y orificios que están presentes en el vehículo corsa, más sin embargo los agentes, a pesar de tal acción, no lograron consumar el hecho por causas independientes de su voluntad, toda vez que, el conductor del vehículo logró proseguir la marcha y sólo resultan heridas las ciudadanas Danitza Buitriago, Irúa Moreno y Elizabeth Rosales.

Respecto la calificación jurídica que hiciera el Ministerio Público, por los hechos que le causaran las heridas a las ciudadanas Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Moreno García, este Tribunal considera que la misma es acertada al atribuirle a los ciudadanos JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, WIL RONALD MONTES CHIRINOS, JOSNEL JAIME, JUAN REYES, FERNANDO MORA, JESÚS ABREU, FRANK SERRADA, AMALIO BRAVO, OLIMPO BARILES, GERSON CARPIO, DANILO ANGULO, ALIRIO CAMEJO, JUAN APOSTOL ROMERO, CARLOS COISCOU PRADA, JOSÉ PEÑA CARRILLO, JORGE ESCALONA, FÉLIX MOTA y FRANKLIN GARCÍA MALDONADO, en la comisión la Complicidad Correspectiva en el delito de Homicidio Calificado Frustrado, por motivos fútiles e innobles; ya que al participar tantos agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno; así tenemos, que las circunstancias que agravan el acto de los agentes en el presente caso, surge probado por las pruebas técnicas de balística y planimetría, realizadas por la prueba de la reconstrucción de los hechos, así como de los testimonios rendidos por los testigos anteriormente señalados, en donde se demostró que los agentes como se ha explicado, actuaron alevosamente con una condición de superioridad en relación a las víctimas, por las circunstancias de haberlos sorprendidos, y sin tener un motivo para tal acción, realizaron múltiples disparos, así como por la intención que tuvieron los agentes de cometer el hecho, empleando medios idóneos para perpetrar el mismo, y luego realizar todo lo que es necesario para consumar el hecho, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no lo lograron…”

Reiterando lo antes dicho al resolver los puntos anteriores, en cuanto al error involuntario en la transcripción al no haber incluido en este párrafo el nombre de su defendido. Por tal motivación consideran estos decidores que la razón no le asiste al recurrente de autos en consecuencia declara SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECLARA.

En cuanto al alegato relativo al Delito de Uso Indebido de Arma de Fuego atribuido a su defendido, aduce que, el Juez de Instancia no hizo referencia a ningún medio de prueba por lo que se desconocen las razones por las que el Tribunal tomó dicha decisión; con relación a este argumento observa la Sala que el Juez si motivó e hizo referencia a las razones por las que condena a su defendido y a otros funcionarios. En efecto en el texto de la sentencia se señala que:

“…En lo concerniente al delito de Uso Indebido De Arma De Fuego, atribuidos a los acusados …omissis…, SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL, …omissis… por los Representantes del Ministerio Público, considera este Tribunal Unipersonal, quedo plenamente demostrado en el debate que los antes mencionados acusados son funcionarios policiales y militares en servicio, con amplios conocimiento en el uso de las armas, que fueron instruidos y autorizados por el Estado Venezolano, a los fines de utilizar las mismas en defensa, resguardo, protección de los ciudadanos que habitan dentro del territorio y en legitima defensa, cuando corra riesgo su propia vida, sin embargo, durante el desarrollo del juicio oral y público, se evidenció que los prenombrados no hicieron uso de sus armas en ninguno de estos casos para los cuales estaban autorizados por el Estado, y tal circunstancia surge acreditada por lo expuesto en Sala de Audiencia por el experto Rubén Villamizar, quien asevero haber practicado en el dorso de ambas manos de los ciudadanos quien en vida respondieran a los nombres de Erick Montenegro, Leonardo González y Edgar Quintero, así como de las ciudadanas Danitza Buitriago, Elizabeth Rosales e Irúa Moreno, análisis de trazas de disparo, a los fines de detectar la presencia de bario, antimonio y plomo, elementos que sólo pueden detectarse cuando se ha accionado un arma de fuego, y en el caso específico de las seis víctimas anteriormente señaladas, dichos análisis resultaron negativo, con lo que se demuestra que dichas personas no accionaron armas de fuego; por esta razón este juzgador aplica el principio fundamental de inmediación y concentración que se unen con las máximas de experiencias, de allí el veredicto de culpabilidad sobre la base de los argumentos anteriores, en contra de los precitados ciudadanos, en la comisión del delito de Uso Indebido De Arma De Fuego, previsto y sancionado en el artículo 281, conforme al artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal…”

Aunado a ello debe observase, que este es uno de los delitos imputados a su defendido y en apartes anteriores de la sentencia, la cual debe leerse de manera íntegra, está plenamente comprobada su participación en los hechos ocurridos 27 de junio de 2005, en el Sector Kennedy de esta ciudad de Caracas.

Con relación a ello, esta Alzada considera pertinente resaltar la opinión dada por el Autor Patrio Pedro Osman Maldonado en su Obra titulada “Uso de las Armas y Causas de Justificación en el Derecho Penal Común y Militar Venezolano”, Tercera Edición, Ediciones Centauro 88, Caracas, Venezuela, Pág. 32, cita pronunciamiento de la Fiscalía General en el Informe presentado en el Congreso Nacional de la República de Venezuela, en el cual dejó asentado:

“Es imprescindible… que el uso de las armas sea necesario para vencer la resistencia opuesta, lo que supone un comportamiento activo del ciudadano o de los grupos contra el agente de policía, los militares en servicio u otros funcionarios armados. No basta la mera “desobediencia pasiva” ni la simple fuga del indiciado de haber cometido un delito para hacer fuego contra partes vitales en su cuerpo.

Agrega el prenombrado Autor Pedro Osman Maldonado, en la Pág. 107, ob.cit, lo siguiente:

“El uso aparentemente legal de las armas que haga un funcionario policial o militar, lesionando o matando a una persona no quedará sometido en la legalidad del porte… sino que la ley exige que debe haber ocurrido el uso en una acción de legítima defensa personal o en defensa del orden público, por lo que fuera de estas limitaciones el individuo deberá responder por uso indebido de las armas y sujeto a la sanción correspondiente”. (Negrillas y subrayado de la Sala)

Ante lo señalado, conviene este Tribunal de Alzada, que si bien es cierto, que todos los funcionarios sindicados han señalado en reiteradas oportunidades que se encontraban en el ejercicio de sus funciones, no es menos cierto, que esta circunstancia no quedó acreditada, sólo que estos funcionarios se trasladaron al lugar donde se materializaron los hechos a fin de investigar la muerte dada a un efectivo adscrito a la Dirección de Inteligencia Militar, sin haber mediado orden de traslado emanado de la Fiscalía Cuadragésima Séptima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, quien era la encargada de llevar dicha investigación. Amén que de haber estado autorizado, sólo la desproporción del uso de las armas dada la multiplicidad de disparos constatados, es elemento suficiente para indicar que hubo un evidente uso de las mismas.

Aunado al hecho que los funcionarios no son señalados del uso indebido de arma de fuego sólo por portarlas, sino por la situación ocurrida que finalizó con un fatal resultado, debiendo destacarse que según lo acreditado en autos de todas las personas que estuvieron esa noche en el sitio del suceso, según la experticias referidas por el Juez en la recurrida sobre el análisis de trazas de disparos, sólo resultaron negativas la de las víctimas, no pudiendo olvidarse el recurrente que todos los funcionarios policiales conocen de Criminalística y de Investigación y pretendieron borrar las huellas de su acción, en razón a la violación de la cual fue objeto la cadena de custodia, así como la fijación de la escena del crimen, lo que por circunstancias ajenas a su voluntad afortunadamente no se logró.

Sobre este delito, debe esta Alzada observar que el Juez A-quo determina el Uso Indebido de Arma de Fuego, atribuido a los acusados todos funcionarios policiales y militares, por cuanto en los hechos ocurridos en la Urbanización kennedy el día 27 de Junio de 2005, ninguna de las víctimas les dio positivo la Prueba de Análisis de Trazas de Disparos, señalando el Juez de la Causa que dichas personas no accionaron armas de fuego alguna y obviamente lo hicieron los funcionarios acusados. Por las razones antes dicha como consecuencia de la motivación ut supra trascrita, se puede evidenciar, cuáles fueron los hechos y medios probatorios que le sirvieron de base al Juez de Instancia para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado de autos, estando por ello motivada la sentencia objeto de impugnación. Amén, que no puede observarse la comisión del presente delito de manera aislada, a los otros delitos que les fueron imputados a los funcionarios.

Relacionado a la supuesta omisión en que incurrió el Juez al no indicar en cual de los supuestos del artículo 406 del Código Penal, quedó subsumida la conducta de su defendido, observa la Sala que dicho argumento es absolutamente falso, pues constan las razones por las cuales se aplicó el artículo 406 del Código Penal, explicando las calificantes de la alevosía y los motives fútiles en la acción de su defendido, tal y como se verifica en los extractos de la sentencia que en la resolución de este recurso, se han señalando con ocasión a las denuncias interpuestas por el recurrente de autos, recordando que la penalidad fue incorrectamente aplicada, razones estas esbozadas con anterioridad por estos decisores.

En la presente denuncia alega por el recurrente tiene su fundamento en que la motivación de la sentencia se encuentra fundada en prueba incorporada con violación de los principios del juicio oral y público, de conformidad con lo establecido en el artículo 453, ordinal 2º, del Código Adjetivo Penal.

El recurrente refiere la incorporación de prueba con violación de los principios del Juicio Oral y Público, al ser valorada la declaración rendida por la ciudadana Irúa Moreno García, víctima en la presente causa, sin que dicha prueba haya sido admitida en la fase preparatoria, violentando así el debido proceso.

En lo atinente a esta denuncia, debemos tener presente la condición de la víctima como sujeto procesal, por lo que, alcanzado tal reconocimiento legal, corresponde a todos los operadores de justicia darle la debida importancia a la participación que le ha sido concedida de manera expresa a través de los artículos 23, 117 y 120, ordinal 7º, del Código Orgánico Procesal Penal, y de forma indirecta en otras disposiciones legales del aludido texto adjetivo que le atribuyen el derecho de intervenir en todo proceso, aun en fase de investigación y en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses o ponga término al proceso.

Es de acotar que el recurrente de autos alega violación al debido proceso en razón a la incorporación del testimonio de la víctima Irúa Coromoto Moreno, siendo que el debido proceso, derecho éste fundamental dentro de nuestro Estado de Derecho y máxima garantía de la administración de justicia, tiene como contenido esencial al derecho a la defensa, el cual se encuentra conformado por la potestad de las personas entiéndase (víctimas – victimarios y demás operadores) de salvaguardar efectivamente sus derechos o intereses legítimos en el marco de procedimientos en este caso judicial, mediante el ejercicio de acciones como la presentación de medios probatorios favorables para las partes, por lo que al tratar este aspecto en específico debemos apreciar las circunstancias dentro de las cuales se encontraba para el momento de los hechos la víctima, siendo que en la oportunidad legal correspondiente, los Representantes del Ministerio Público se vieron impedidos, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, de lograr tomar testimonio o promover a la ciudadana Irúa Coromoto Moreno (víctima), dada su condición conocida por el recurrente, por lo que este elemento probatorio no podía ser incorporado al presente proceso penal por razones obvias, en las fases preparatoria e intermedia, ya que la misma se encontraba en estado grave de salud y ni siquiera se tenía conocimiento si sobreviviría, tal y como lo han expresado en reiteradas oportunidades los Representantes del Ministerio Público, así como el Juez de la recurrida en el texto íntegro de su sentencia.

En todo caso, tal situación no esta prevista en las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, pero no existe ninguna norma que prohíba tomarle declaración durante el Juicio, tomando en consideración la obligación que tiene de garantizar la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso, como ocurrió en el presente caso y como lo impone el artículo 118 del Código Adjetivo Penal, y por lo que su incorporación como nueva prueba es posible por ser excepcional la recepción de dicha prueba, que incluso pudo ser ordenada de oficio, en atención a que en el curso de la audiencia surgió una circunstancia nueva en cuanto a que la víctima Irúa Coromoto Moreno, se encontraba en condiciones de rendir declaración, como lo hizo y por lo que consideran quienes aquí suscriben, que la incorporación al Juicio Oral y Público de dicho testimonio, bajo ningún concepto puede ser tildado de violatorio del debido proceso de todos los acusados en la presente causa penal, pues su legitimidad se encuentra además establecida en el artículo 120, ordinal 7º, del Código Adjetivo Penal. Por otra parte tal y como lo señala el recurrente “...Preciso es resaltar el hecho de la declaración de la citada víctima giraron en torno a los mismo hechos de los que el Tribunal ya tenía conocimiento…”. El recurrente está consciente que no era indispensable esta declaración, esto es, con los otros órganos de prueba, el Juez igualmente llegaba a la misma conclusión de dictar una decisión condenatoria en contra de su defendido, como él mismo lo admite la declaración giró en torno a los mismos hechos de los que el Tribunal ya tenía conocimiento. Por los motivos de derecho antes explanados es por lo que considera este Tribunal de Alzada que la razón no le asiste al recurrente. En consecuencia la presente denuncia se DECLARA SIN LUGAR. Y ASÍ SE DECLARA.

Finalmente el recurrente de autos en su escrito recursivo, de la misma manera impugna la sentencia alegando que el Juez A quo incurre en quebrantamiento de formas sustanciales que causa indefensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 452, ordinal 3º, del Código Orgánico Procesal Penal, alegando que en la celebración de la audiencia le solicitó al Juez, que permitiera a su defendido declarar, a lo que el Juez se negó.

De la referida denuncia se debe tener presente que si bien es cierto que el artículo 130 del Código Adjetivo Penal establece que el imputado:

“…En el juicio oral, declarará en la oportunidad y formas previstas por este Código.
El imputado tendrá derecho de abstenerse de declarar como también a declarar cuantas veces quiera…”

También es cierto que por su parte, el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone:

“En el curso del debate el imputado podrá hacer todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes se hubiera abstenido, siempre que se refieran al objeto del debate…”

De la precitada denuncia, a este Tribunal de Alzada le resulta incomprensible, lo alegado por el recurrente siendo que si bien es cierto que los precitados artículos le consagran al acusado el derecho de declarar cuantas veces quiera, siempre que se refieran al objeto del debate, no menos cierto es que el artículo 341 del Código Orgánico Procesal Penal faculta al Juez a dirigir el debate, quedando sometidos a su dirección y disciplina por ser este quien preside la audiencia, pues no pueden pretender las partes la interrupción del orden debido cada vez que le provoque intervenir a una de ellas.

En efecto, el artículo 344 ejusdem establece que el legislador impone el orden que deberá seguir en el desarrollo del Juicio Oral y Público a los fines de que las partes expongan sus argumentaciones. El artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, expresamente señala que después de las exposiciones de las partes es cuando puede el Juez recibir la declaración del imputado, quien de conformidad con el artículo 349 ejusdem, puede declarar en el curso del debate siempre que se refiera al objeto del debate, no constando en autos la razón por la cual la defensa solicitó al Juez que le permitiera a su defendido declarar cuando no lo hizo en la oportunidad que le correspondía, por tanto es improcedente el planteamiento alegado por la defensa, destacando que el interrogatorio de las partes al acusado sólo esta previsto se haga en la oportunidad que le corresponde declarar, ya que la facultad establecida en el artículo 349 del Código Adjetivo Penal, es relativa a una declaración pertinente a algo referido en la audiencia, que en criterio del imputado merezca una aclaratoria y no se refiere a una declaración como tal. Facultad que también puede ejercer y no lo hizo en la oportunidad prevista en la norma adjetiva según lo dispuesto en el artículo 360 del Código Orgánico Procesal Penal, luego de terminada la recepción de las pruebas, cuando el Juez le concede la palabra al Fiscal, querellante y defensor a fin que expongan sus conclusiones, posteriormente éstos pueden ejercer su derecho a réplica, una vez ejercido por las partes este derecho, si se encontrara la víctima en la audiencia y desea exponer el Juez le dará la palabra y finalmente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar.

Ahora bien, en la denuncia aludida por el recurrente se observa que el Juez A quo, en la celebración del Juicio Oral y Público, impuso a los acusados de autos, del precepto constitucional y del derecho que tienen de rendir declaración, tal y como se aprecia a los folios 46 y 47 de la pieza 35 de la presente causa, acogiéndose éste al precepto constitucional. Posteriormente el Defensor del acusado de autos manifestó en audiencia que su representado quería rendir declaración, sin señalar y especificar de conformidad con lo establecido en el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, la pertinencia de su intervención.

Observa este Tribunal Superior que inserto al folio 231 de la pieza 34, el Juez señaló que una vez culminado el debate las partes ejercieron su derecho a réplica y contrarréplica, y se dirigió a los acusados de autos preguntándoles si deseaban declarar evidenciándose que el acusado no quiso ejercer su derecho a rendir declaración tal y como lo estipula el artículo 360 del Código Orgánico Procesal Penal, así las cosas el recurrente de autos como conocedor del derecho y sus directrices debe tener en cuenta que el Juez debe mantener la incolumidad del debido proceso, e hilvanación de las argumentaciones que ejercen las partes, de la declaración de expertos, testigos, víctimas, debiendo mantener y respetar, dicho orden procesal a fin de garantizar la tutela judicial efectiva del justiciable y demás partes intervinientes, destacando la Sala que no señala la defensa la pertinencia de la declaración y respecto a que se refería, situación ésta que no puede interpretarse como quebrantamiento de formas sustanciales que causen indefensión, porque no se ha impedido a la defensa ejercer el derecho a exponer sus alegatos, que es lo que sería indefensión, ya que la declaración del acusado no modificaría la situación. Por los motivos de derecho antes explanados es por lo que considera este Tribunal de Alzada que la razón no le asiste al recurrente. En consecuencia la presente denuncia se DECLARA SIN LUGAR. Y ASÍ SE DECLARA.

En consecuencia y por todo lo antes expuestos es por lo que esta Alzada, considera que lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano PAÚL NEWBURY THOMAS VIELMA, actuando en este acto con el carácter de Defensor Privado del acusado JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, en contra de la sentencia emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual CONDENA al ciudadano JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, en fecha 13 de Octubre de 2006. Quedando así, CONFIRMADA la sentencia dictada por el Juzgado de la Causa, en todas y cada una de sus partes. Y ASÍ SE DECIDE.-


SEGUNDO RECURSO DE APELACIÓN

La ABG. BELKIS COROMOTO VILLEGAS RODRÍGUEZ, Defensora Pública Penal de Presos Nº 6 (Suplente) del Área Metropolitana de Caracas, en su condición de Defensora del ciudadano FÉLIX MARTÍNEZ MOTA, consignó ante el Tribunal de Primera Instancia escrito recursivo, denunciando que el fallo recurrido incurre en el vicio de forma de inmotivación, pues considera que la recurrida tiene ilogicidad manifiesta en la motivación de su sentencia; y por lo tanto fundamenta su apelación en el ordinal 2do del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal.

Entre su denuncia de infracción, la impugnante en cuestión al mismo tiempo recurre por ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, por cuanto se viola de manera grosera y flagrante el Derecho a la Defensa, a una Tutela Judicial Efectiva y al Principio de Legalidad, porque no expresa cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho que se encuentran acreditados en autos que demuestran la culpabilidad de su defendido e igualmente alude la existencia de falta de motivación, contemplada específicamente en el ordinal segundo de la disposición procesal precitada, que comporta en definitiva un vicio in procedendo, pues destaca que el fallo impugnado no cumple con exponer debidamente sus fundamentos de hecho y de derecho, ni tampoco con una apreciación de las pruebas según la sana crítica. No explica cuáles son los elementos probatorios que dan por demostrado los delitos por los cuales fue acusado su defendido, tal y como se aprecia del escrito de apelación, y el cual fue ratificado por la recurrente en la audiencia oral ante esta Sala.

Pues bien, en razón de la precitada denuncia de infracción, estos Decisores, consideran pertinente definir el concepto e importancia de la motivación de la sentencia, la cual consiste, en la exteriorización por parte del juez acerca de la justificación racional de determinada conclusión a que se llega en un juicio; en pocas palabras, el fallo se identifica con la exposición del razonamiento.

De lo contrario, existiría inmotivación en la resolución judicial cuando faltare la justificación racional de la decisión, y por ende, el Juez no haya exteriorizado explícitamente el por qué de su determinación.

En total comprensión con lo antes aludido, encontramos la posición que adopta el catedrático argentino FERNANDO CANTÓN, quien en su obra intitulada: “El Control Judicial de la Motivación de la Sentencia Penal”, (1999), nos ilustra al respecto, de la siguiente manera:

“No existirá motivación si no ha sido expresado en la sentencia el porqué de determinado temperamento judicial, aunque el razonamiento no exteriorizado por el juzgador-suponiendo que hubiera forma de dilucidarlo-hubiera sido impecable…” (p.59) (Negrillas de la Sala)

Ahora bien frente a la denuncia antes aludida, esta Alzada denota que los argumentos explanados en la misma no se ajustan a la realidad procesal ni jurídica acreditada en los autos, pues se evidencia palmariamente que el fallo recurrido se encuentra debidamente motivado; toda vez, que éste, explica detalladamente y razonadamente como apreció cada una de las probanzas ante él evacuadas, con ocasión al juicio oral y público. Consideramos que la recurrida realizó el análisis del caso en estudio y comparó las pruebas, tal como se constata de la lectura del texto íntegro de la sentencia antes aludida en esta decisión.

Siendo así las cosas, es determinante señalar que la recurrida efectivamente, hizo un señalamiento expreso y circunstanciado de los hechos que consideró acreditados en los autos del elenco probatorio evacuado en el juicio oral, explicando cuáles son los criterios jurídicos, esencialmente fundamentadores de su resolución judicial, siendo a todas luces coherente su argumentación sobre el caso en concreto, lo que en definitiva hace preciso y adecuado el fallo en estudio.

En consecuencia, la exteriorización de la secuencia racional adoptada por el juez para la determinación del hecho y la aplicación del derecho, nos permite constatar la corrección de dichas operaciones, materializadas en dos (2) inferencias, la primera inductiva (determinación del hecho) y la segunda, deductiva (subsunción jurídica). Siendo que en la fase inductiva, se refleja el soporte racional de la apreciación de las pruebas y la concordancia de dicha valoración con el hecho determinado. En razón a la segunda, se aprecia si la norma sustantiva que se dice aplicable, ha sido interpretada en forma correcta, como también, si dicha norma ha sido bien aplicada en el caso determinado, tal como no los explica el jurista argentino LANGER MÁXIMO, en su libro: “EL Principio In Dubio Pro Reo y su Control en Casación”, p. 215 (1998).

Dadas las circunstancias del caso y las del fallo recurrido, encuentra esta Alzada, que la recurrida no incurrió en el vicio de infracción o error de forma antes aludido, puesto que ésta analizó el elenco probatorio emanado de los autos, realizando en consecuencia una determinación precisa y circunstanciada de los requisitos, por lo que mal puede impugnarse una decisión cuando la parte que hoy se encuentra afectada por dicha resolución, no ejerció un rol lo suficientemente determinante para llenar de convicción y certidumbre al juez de que los hechos acaecieron de la forma y con la intención que se denuncia; según se pudo apreciar de la fundamentación, pues el juez A quo ha señalado con expresa claridad sobre el porqué y como adminiculó él las probanzas evacuadas en el Juicio Oral y Público; tal y como se aprecia del fallo recurrido.

En efecto, entre otras cosas en el texto de la sentencia se expresan las razones por las que se dicta sentencia condenatoria acogiéndose los delitos por los cuales fue acusado el ciudadano FÉLIX MARTÍNEZ MOTA. Tal y como se puede apreciar del extracto de la motiva de la sentencia.


En relación al Homicidio Calificado Frustrado en perjuicio de las ciudadanas Irúa Coromoto Moreno García y Danitza Buitriago González.
“…Ahora bien, surge demostrado, que la intención de los agentes era causarles la muerte a los tripulantes del supra mencionado vehículo, todo ello, en atención a la ubicación de las heridas sufridas por las víctimas de la presente causa, heridas éstas que, se encuentran en zonas del cuerpo que comprometen la vida humana, aunado a que los sujetos activos sin mediar palabras, sin razón alguna, actuando sobre seguro en el resultado de su acción, sorprendiéndolos y con el uso de armas de fuego, las cuales son suficientes para cegar la existencia de una persona, accionaron las mismas en contra del tantas veces mencionado vehículo, a sabiendas que al hacerlo, las balas atravesarían la carrocería del automotor, y en consecuencia, obtendrían el resultado esperado, el cual era causarles la muerte; siendo absurdo para este sentenciador, si quiera considerar que la voluntad de estas personas no era otra sino extinguir la vida de los seres humanos que se encontraban dentro de el vehículo, por lo cual surge demostrado que los agentes tuvieron la intención de consumar su acción, de lo cual no cabe duda en atención a la cantidad de impactos y orificios que están presentes en el vehículo corsa, más sin embargo los agentes, a pesar de tal acción, no lograron consumar el hecho por causas independientes de su voluntad, toda vez que, el conductor del vehículo logró proseguir la marcha y sólo resultan heridas las ciudadanas Danitza Buitriago, Irúa Moreno y Elizabeth Rosales.
Respecto la calificación jurídica que hiciera el Ministerio Público, por los hechos que le causaran las heridas a las ciudadanas Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Moreno García, este Tribunal considera que la misma es acertada al atribuirle a los ciudadanos, …omissis… FÉLIX MOTA …omissis…, en la comisión la Complicidad Correspectiva en el delito de Homicidio Calificado Frustrado, por motivos fútiles e innobles; ya que al participar tantos agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno; así tenemos, que las circunstancias que agravan el acto de los agentes en el presente caso, surge probado por las pruebas técnicas de balística y planimetría, realizadas por la prueba de la reconstrucción de los hechos, así como de los testimonios rendidos por los testigos anteriormente señalados, en donde se demostró que los agentes como se ha explicado, actuaron alevosamente con una condición de superioridad en relación a las víctimas, por las circunstancias de haberlos sorprendidos, y sin tener un motivo para tal acción, realizaron múltiples disparos, así como por la intención que tuvieron los agentes de cometer el hecho, empleando medios idóneos para perpetrar el mismo, y luego realizar todo lo que es necesario para consumar el hecho, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no lo lograron…”
“En relación a la muerte del ciudadano Leonardo Enrique González Larez.
Luego de resultar heridas las ciudadanas Elizabeth Yuleidys Rosales Bracamonte, Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Coromoto Moreno García, en el sector de la “Y”, del barrio Kennedy, continuaron su recorrido hacía sector las casitas del mismo barrio, en compañía de Erick Montenegro, Edgar Quintero y Leonardo González, quienes se encontraban con vida e ilesos de la acción realizada en contra de ellos, y que al llegar a la vía principal del sector las casitas, detienen el vehículo corsa el cual tripulaban, cerca de la vereda 12, momento en el cual la ciudadana Elizabeth Rosales, llama por teléfono a su mamá Rosa Ángela Bracamonte, pidiéndole ayuda; seguido a esto, los ciudadanos Erick Montenegro, Edgar Quintero y Leonardo González, se bajan del vehículo con el fin de pedir auxilio, pero el último de los mencionados se bajó con las manos en alto del vehículo, subsiguientemente es interceptado por su victimario, quien le propina un disparo certero a nivel del ojo, el cual le produce la muerte de manera inmediata, como se evidencia del protocolo de Autopsia realizado por la Dra. Evelyn Díaz Médico Anatomopatólogo Forense y del levantamiento de este cadáver, practicado por la médico forense Rodainah Nasser, que al rendir sus testimonios ante este el Contradictorio, explicaron de forma detallada las heridas que sufriera el hoy occiso LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ LAREZ, de 23 años de edad, exponiendo que la data de la muerte fue en fecha 28-06-05, y que la misma fue producida por el paso de un proyectil único, disparado por un arma de fuego, el proyectil perforó el ojo derecho, siendo este el orificio de entrada, pasa al cráneo, lo fractura, así como también fractura el hueso frontal y continua el trayecto que perfora toda la masa encefálica produciendo una fractura poli fragmentaria, es decir, que rompe el hueso en más de tres partes, indicó que por las características del caso, la muerte fue instantánea, ya que la masa encefálica fue perforada, concluyendo que la causa de la muerte de este ciudadano, fue por hemorragia subdural producida por un arma de fuego de proyectil único a la cabeza.
Estos testimonios promovidos por representante del Ministerio Público, merecen fe del tribunal, por provenir de médicos Forenses que tienen conocimientos científicos, periciales y profesionales necesarios para explicar detalladamente y de forma veraz las heridas que sufriera LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ LAREZ, que le causara su deceso.-
Este hecho surge probado con lo declarado por las ciudadanas Elizabeth Rosales y Danitza Buitriago, quienes fueron contestes en afirmar que, Erick Miguel Montenegro Sánchez, Edgar Josué Quintero Torrealba y Leonardo Enrique González Larez, salieron con vida del vehículo corsa en el cual se encontraban, indicando la ciudadana Danitza Buitriago que Erick Montenegro le dijo que saliera del carro con él para pedir ayuda, sin embargo, la referida ciudadana agregó, que se encontraba muy nerviosa y decidió no salir del vehículo, incluso manifestó que no vio en que dirección salieron sus compañeros, pero sintió cuando corrieron detrás del vehículo; asimismo compareció la ciudadana Edelvis del Carmen Guerra Molina, quien reside en la vía principal del mencionado sector y manifestó haber observado al vehículo corsa detenido entre su casa y la de su cuñado, agregando además que visualizó a tres muchachos y una muchacha pidiendo auxilio, e igualmente pudo apreciar que los referidos muchachos corrían asustados frente de la acera, gritaban y pidiendo auxilio, afirmó que al verlos ninguno de ellos estaba herido, y tal declaración le merece fe a quien aquí decide, toda vez que la misma presencio de que los ciudadanos se encontraban aún con vida.
Luego de analizar detenidamente todos y cada uno de los medios de prueba que comparecieron a rendir testimonio en relación a esta muerte, aplicando el sistema de la sana crítica, que se apoya en las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos transmitidos por los expertos surge acreditado que cuando el ciudadano Leonardo González, salé del vehículo conducido por él mismo, con las manos en alto, fue sorprendido por un sujeto quien venía de parrillero en una moto y le propina un disparo a la altura del ojo, el cual le produce la muerte de forma instantánea,
También surge plenamente demostrada la muerte del ciudadano Leonardo González Lares, por el documento que recoge el acta de defunción N° 922, de fecha 28-07-05, a nombre del mismo, suscrita por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Paraíso, la cual merece credibilidad a este Juzgador, ya que es un documento auténtico expedido por autoridad competente.
Así mismo, comparecieron al desarrollo del debate los funcionarios Odiver Carmona, Hector Aparicio, Luis Prada y Roger Moya, quienes practicaron Inspección Técnica N° 1000, y ratificaron su contenido y firma, indicando Odiver Carmona que, la descripción de las heridas que observó al momento de practicar su inspección quedaron plasmadas en las experticias correspondientes, por su parte Roger Moya, quien realizó las fijaciones fotográficas, las cuales fueron mostradas a las partes, donde se puedo observar en una de de ellas la imagen de una persona con una herida en el ojo derecho y un hematoma en el ojo izquierdo, aún cuando tal inspección se le realizó a una persona que para el momento no estaba plenamente identificada por ellos, no le cabe duda a este Juzgador que se trata del hoy interfecto Leonardo González, ello en atención a las declaraciones de las médicos antes analizadas.
Cabe destacar igualmente que compareció al contradictorio el experto Werney Omar Gil, quien apoya al protocolo de autopsia de quien en vida respondiera al nombre de Leonardo González Larez, donde explico la trayectoria balística de la herida sufrida la víctima, determinando que la misma tenía un trayecto de adelante hacía atrás, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, manifestando que para el momento de recibir el impacto el occiso se encontraba en un plano inferior en relación a su victimario, agregando que la única herida presente en el cuerpo se encontraba en el ojo, y describe además que el sitio del suceso es plano, lo cual coincide con lo expuesto por el experto José Luis Cordero, adscrito a la División de Análisis y Reconstrucción de los Hechos, quien durante su exposición manifestó haber estado presente en el lugar de los hechos fijó el mismo, manifestando que en el lugar se encontraban unas casitas el cual era totalmente plano, declaraciones estas que le merecen credibilidad a este sentenciador, por cuanto se tratan de funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, con amplia conocimientos en el área en la cual se desempeñan.
Igualmente, el experto Rubén Villamizar, señaló en el debate haber realizado la experticia de análisis de traza de disparo (ATD), a los fines de determinar si existen o no partículas constituyentes del fulminante de una bala para armas de fuego, en ambas manos de tres cadáveres relacionadas con la investigación que se adelantaba, concluyendo que en ningún de los casos se determinó la presencia de los elementos constituyentes de la misma, por lo que este decisor aplicando la máximas de experiencia, la sana crítica, la lógica y la inmediación, concluye que en ningún momento hubo enfrentamiento entre las víctimas y su victimario, ya que la prueba de trazo de disparo resultó ser negativa.
Por otra parte, compareció el ciudadano Henry Cubides, quien expuso que en la mañana siguiente a lo después de haber ocurrido los hechos, salió de su vivienda y luego de revisar su vehículo de color negro, Renault fuego, del año 83, el cual se encontraba estacionado frente su residencia, ubicada en la terraza seis del barrio Kennedy, se percató que en la parte de atrás del mismo localizó un proyectil, lo retiró con un papel, lo introdujo en un bolsa y posteriormente lo entregó a un funcionario que estaba debidamente identificado como adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, declaración esta que le merece fe a este juzgador por cuanto se trata de un testigo quien debidamente juramentado e impuesto de la consecuencia jurídica de mentir ante la autoridad judicial, expuso en relación a los hechos sobre los cuales tuvo conocimiento, lo cual cobra fuerza al comparecer a la sala de audiencia el experto en trayectoria balística, José Buchanans, quien expuso haber avistado un vehículo Renault con un impacto, todo lo cual al ser adminiculado con la declaración de los expertos en balística Jesús Suarez, Lizetta Marin, Olga Ginnette Mieres y Jennifer Sanoja, quienes realizaron experticia N° 2239, de fecha 30-06-05, indicando que la evidencia suministrada correspondía a un blindaje, el cual había sido entregado por el ciudadano Henry Omar Cubides, y al realizar el peritaje de reconocimiento técnico y comparación balística a la evidencia en cuestión concluyeron que se trataba de un blindaje disparado por un arma de fuego tipo sub ametralladora, marca STEYER, calibre 9 milímetros, serial de orden 150363, esto es reforzado por el experto Sandy Pimentel, quien ratifica el contenido de todas la experticias suscritas por su persona entre las que se encuentra la N° 2239, hay que señalar que estas experticia se explico detalladamente en el capítulo anterior donde se analizaron y se determinó que dicha arma pertenecía al ciudadano FÉLIX MOTA.
Quedo probado que la intención del agente que causó la herida en contra del ciudadano LEONARDO GONZÁLEZ, era la de causar su muerte, toda vez que, esta herida fue propinada con astucia por haber sido realizada en sitio específico y dada para perforar órganos vitales, tal y como resulto descrito en el Protocolo de autopsia y levantamiento de Cádaver (sic), usando como instrumento para consumar su acción un arma de fuego, lo cual trajo como consecuencia una hemorragia subdural que ocasionó la muerte inmediata del ciudadano en cuestión, sin otorgarle ningún tipo de oportunidad a la víctima a defenderse.
En cuanto a la calificación jurídica dada por el Ministerio Público, en relación a la muerte del ciudadano Leonardo González en fecha 27-06-05, a (sic) quedado plenamente comprobado para este juzgador, la perpetración del delito Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal vigente, así tenemos que las circunstancias que agravan el acto del sujeto activo, surge probado cuando este (sic) actuando sobre seguro al disparar contra la humanidad de su víctima, toda vez que Leonardo González, se encontraba desarmado y por el contrario muy asustado por lo sucedido minutos antes en el sector de la “Y”, en donde sus compañeras habían resultado lesionadas, tales circunstancias quedaron demostradas por las declaraciones de los testigos anteriormente señalados, donde se evidencia que su agresor no tenía motivo alguno para desplegar tal acción, la cual como antes se ha explicado consistió en propinarle un disparo certero, con el cual estaría seguro que le causaría su muerte, utilizando un medio suficiente para ello como lo fue un arma de fuego.
Ahora bien, en cuanto a la culpabilidad del acusado FÉLIX ALBERTO MOTA, surge del convencimiento de quien aquí decide, que el mismo fue la persona que acciona su arma de fuego, en contra de la humanidad de Leonardo González, efectuándole un solo disparo certero, toda vez, que este funcionario en compañía de Franklin García tripulaba un vehículo tipo moto, son los primeros en llegar a la terraza seis del sector las casitas del barrio Kennedy, ya que eran funcionarios adscritos a la Sub Delegación de Caricuao del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, y en consecuencia conocedores de la zona en cuestión, sirviendo de guía a los demás funcionarios integrantes de la comisión mixta; y es en este mismo lugar donde fue colectado por el ciudadano Henry Cubides un blindaje, el cual al ser sometido a peritaje de reconocimiento técnico y comparación balística por expertos adscritos a tal división, determinaron que el mismo había sido disparado por un arma de fuego marca STEYER, serial de orden 150363, arma éstas que portaba el acusado Félix Martínez Mota, circunstancias estas que hermenéuticamente reunidas permiten a este sentenciador llegar a la convicción que el acusado no sólo estaba en el sitio del suceso, sino que además realizó la acción típica y antijurídica, que produjo la pérdida de una vida humana, que es un bien de interés eminentemente social y publico (sic) que al ser infringido injustamente produce un daño publico (sic) que debe ser reprimido y prevenido, toda vez que la tutela penal radica en la protección por interés social de la vida de los individuos que componen la sociedad.
Por todo lo antes expuesto, surge a criterio de este sentenciador que quedo (sic) plenamente demostrado la perpetración del delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal vigente, cometido por el ciudadano FÉLIX Martínez Mota, en perjuicio del ciudadano Leonardo González Larez, por lo que el presente fallo debe ser CONDENATORIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal…”
“…Ahora bien, en cuanto a la culpabilidad de los acusados…omissis… FÉLIX ALBERTO MOTA, surge del convencimiento de quien aquí decide, que estos son las personas que accionaron su arma de fuego en contra de Erick Montenegro Sánchez, toda vez que, luego de producirle la muerte de Leonardo González, el ciudadano FÉLIX Mota ingresa al callejón en la búsqueda de los otros dos estudiantes, seguido por José Antonio Peña Peña entre otros, quienes entraron accionando sus armas de fuego, tal como lo expusieron los testigos antes analizados; (sic).
Quedando esto acreditado con el resultado de comparación balística N° 2910 de fecha 29-06-05, suscrito por los expertos Olga Mieres, Sandy Pimentel, Lizzetta Marín y Jesús Suárez, quienes al comparecer al contradictorio concluyeron que uno de los dos proyectiles calibre 9 milímetros parabellum, extraído al cadáver del ciudadano Montenegro Sánchez Erick Miguel, fue disparado por el arma de fuego tipo sub ametralladora marca IMI modelo MINI UZI, serial de orden M192920, que era el arma que portaba José Peña Peña, circunstancia esta que ya quedo plenamente demostrada para este sentenciador, de la misma manera los antes mencionados expertos expusieron en relación a la experticia N° Balística N° 2200 de fecha 29-06-05 de reconocimiento técnico y comparación balística a una concha, dos proyectiles y un blindaje, presentando uno de los proyectiles, el blindaje y la concha, características que les permitió su individualización y al ser la concha antes referida comparada mediante la experticia 2319, localizada en la terraza seis sector las casitas, vale decir, callejón, dio como resultado que la misma fue percutida por el arma de fuego tipo fusil (sic) calibre 9 milímetros, parabellum, marca STEYER, serial de orden 15036, objeto de la experticia 2199 perteneciente al ciudadano Félix Mota, circunstancias estas que analizadas y entrelazadas entre si, le permite a este sentenciador llegar a la conclusión que los acusados no sólo estaban en el sitio del suceso, sino que además realizaron la acción típica y antijurídica, mediante la cual le causaron la muerte al ciudadano Erick Miguel Montenegro, empleando las actividades necesarias para privar de una manera cruel y con ensañamiento la vida de estos jóvenes, encontrándose en un estado superioridad en relación a la víctima, toda vez que como ya en muchas oportunidades se ha explano estas no portaban ningún tipo de arma y por el contrario ha quedado demostrado que en todo momento estaban asustadas e ignorantes de la acción realizada por los agentes en su contra.
Vale la pena destacar, que de acuerdo al “Manual de Criminalística”, Sexta Edición del 2003, de Miguel Maza Márquez, profesor en la materia, en las páginas 39 y 40, refirió textualmente: “Las estrías de los proyectiles producidas por las irregularidades de sus homólogos en el ánima son únicas. Si un alto grado de correspondencia es hallado entre las estrías de dos proyectiles, se puede decir inequívocamente que fueron disparados las armas que portaban los acusados…omissis… FÉLIX ALBERTO MOTA...”. Que de acuerdo a esas experticias se puede determina que efectivamente los proyectiles fueron extraídos del cuerpo del occiso Erick Miguel Montenegro…”
En relación al delito de simulación de hecho punible
Durante el desarrollo del juicio oral y público, quedo plenamente demostrado la comisión del delito de de simulación de hecho punible, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, ya que las circunstancias que rodearon el hecho se evidencio que efectivamente los ciudadanos, …omissis… MARTÍNEZ MOTA FÉLIX ALBERTO, …omissis… realizaron actividades con las cuales modificaron el sitio donde acontecieron los sucesos, teniendo conocimientos dichos funcionarios que con esta acción cometían un delito al modificar la escena del crimen, lo cual queda reforzado con la deposición del experto José Luis Cordero García, quien practicó la Reconstrucción de los Hechos, quien durante su declaración refirió que al momento de inspeccionar el sitio del suceso específicamente el callejón donde fallecieron los ciudadanos Erick Miguel Montenegro Sánchez y Edgar Josué Quintero Torrealba, pudo observar en la parte más ancha unos impactos y algunos orificios que presentaban las paredes y según su propio dicho, habían sido modificados, es decir, no era algo liso, explicó que no era un solo golpe, por el contrario, tenía signos de búsqueda, e indica que el lugar fue modificado, y tal aseveración resulta del conocimiento que sobre el área tiene como experto, lo cual es suficiente para crear en la convicción de este sentenciador, que los agentes cometieron el delito de simulación de hecho punible, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, toda vez, que ya quedo demostrado que los mismos estuvieron en los sitios del suceso antes descrito, a los fines de salvaguardar su responsabilidad en la comisión de los delitos antes señalados, los cuales fueron cometidos por sus personas, debiendo en consecuencia, ser este fallo CONDENATORIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal…”
En cuanto al delito de violación de domicilio
“…En el transcurso del juicio oral y público, quedo plenamente demostrado la comisión del delito de de violación de domicilio, previsto y sancionado en el artículo 184 del Código Penal, ya que las circunstancias que rodearon el hecho se evidenció que efectivamente los ciudadanos MARTÍNEZ MOTA FÉLIX ALBERTO …omissis…, son los autores del delito antes referido, toda vez que momentos antes de que ocurrieran los hechos objeto de este debate, los funcionarios integrantes de la comisión mixta desplegaron una actividad de investigación que se llevó a cabo en el sector, por la muerte de un funcionario adscrito a la Dirección de Inteligencia Militar, y éstos procedieron a ingresaban (sic) de manera arbitraria e ilegal y sin la respectiva orden judicial a la vivienda correspondiente a la ciudadana Simona Raga Yépez y su familia, procedieron a intimidarlos con su presencia; esto esta demostrado con la declaración de la referida ciudadana quien al comparecer ante este tribunal afirmó que personas que se identificaron como autoridad ingresaron a su vivienda vestidos de negro con capucha y portando armas largas, interrogándola acerca de los hombres que habitaban en dicho lugar, respondiéndole que se encontraba en ese momento su yerno y su hijo de nombre Ramón Antonio Plaza Raga, donde uno (sic) funcionarios proceden a sacar a dichos sujetos de su residencia; mientras tanto el otro funcionario registro algunas habitaciones; simultáneamente a este hecho escuchó muchas detonaciones; siendo corroborado el dicho de esta ciudadana con lo manifestado por su hijo Ramón Plaza Raga quien ante la sala de juicio además agrego (sic) que el funcionario le requiso (sic) e interrogo (sic) en relación a un ciudadano al cual se refería como “El Edicito” y él le manifestó que tenia tiempo que no lo veía, es cuando se avista un vehículo corsa y el funcionario policial le manifestó textualmente lo siguiente: “Si, y quien es ese que va allí” refiriéndose al vehículo corsa en el cual se trasladaban los estudiantes de la (sic) universitarios, indicándole que no sabia quien era, es en ese momento es cuando escucha muchísimas detonaciones retirándose los funcionarios a buscar los vehículos tipo moto que portaban y se encontraban apartados de la vivienda, para emprender la persecución del referido vehículo, por lo que los acusados MARTÍNEZ MOTA FÉLIX …omissis… actuaron abusando de las funciones que tienen, violentando el derecho constitucional que viene reconocido por las principales declaraciones internacionales del derecho humanos; tal como lo es la inviolabilidad del domicilio, que es uno de los derechos que tiene mayor trascendencia jurídica, en cual tiene como única excepción el allanamiento de morada instrumento corrientemente utilizado para la realización de este tipo procedimiento, el cual en el presente caso no fue cumplido ni solicitado, siendo que estos funcionarios irrumpieron en la residencia de la ciudadana Simona Raga Yépez, por estas consideraciones el presente fallo en consecuencia, debe ser CONDENATORIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal…”
“…En lo concerniente al delito de Uso Indebido De Arma De Fuego, atribuidos a los acusados,…omissis… MARTÍNEZ MOTA FÉLIX, …omissis… por los Representantes del Ministerio Público, considera este Tribunal Unipersonal, quedo plenamente demostrado en el debate que los antes mencionados acusados son funcionarios policiales y militares en servicio, con amplios conocimiento en el uso de las armas, que fueron instruidos y autorizados por el Estado Venezolano, a los fines de utilizar las mismas en defensa, resguardo, protección de los ciudadanos que habitan dentro del territorio y en legitima defensa, cuando corra riesgo su propia vida, sin embargo, durante el desarrollo del juicio oral y público, se evidenció que los prenombrados no hicieron uso de sus armas en ninguno de estos casos para los cuales estaban autorizados por el Estado, y tal circunstancia surge acreditada por lo expuesto en Sala de Audiencia por el experto Rubén Villamizar, quien asevero haber practicado en el dorso de ambas manos de los ciudadanos quien en vida respondieran a los nombres de Erick Montenegro, Leonardo González y Edgar Quintero, así como de las ciudadanas Danitza Buitriago, Elizabeth Rosales e Irúa Moreno, análisis de trazas de disparo, a los fines de detectar la presencia de bario, antimonio y plomo, elementos que sólo pueden detectarse cuando se ha accionado un arma de fuego, y en el caso específico de las seis víctimas anteriormente señaladas, dichos análisis resultaron negativo, con lo que se demuestra que dichas personas no accionaron armas de fuego; por esta razón este juzgador aplica el principio fundamental de inmediación y concentración que se unen con las máximas de experiencias, de allí el veredicto de culpabilidad sobre la base de los argumentos anteriores, en contra de los precitados ciudadanos, en la comisión del delito de Uso Indebido De Arma De Fuego, previsto y sancionado en el artículo 281, conforme al artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal…”

De la precitada trascripción de la decisión, se denota, una adecuada motivación por parte del juez de la recurrida, quien justifica racionalmente su decisión apreciando las pruebas evacuadas en el juicio oral a través del sistema de la Sana Critica como lo exige el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo una evaluación razonada del repertorio probatorio, a través de criterios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos.

Considera esta Alzada, que la referida denuncia de infracción no le es aplicable a la sentencia en estudio, ya que como lo explicáramos anteriormente, la recurrida fue explícita en su decisión, en pocas palabras, el juez de mérito explicó razonadamente cuál fue su criterio jurídico en la presente causa, adecuando los hechos a las circunstancias fácticas del tipo penal atribuido por el Ministerio Público, y por ende, cuáles fueron esencialmente fundamentadores de su resolución judicial CONDENATORIA en lo atinente a los delitos de AUTOR DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ; COAUTOR EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal, en perjuicio de ERICK MONTENEGRO; HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO; USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal; SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal; VIOLACIÓN DE DOMICILIO previsto y sancionado en el artículo 185 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo a todas luces coherente su argumentación sobre el caso en concreto, lo que en definitiva hace preciso y adecuado el fallo en estudio.

De lo expuesto se concluye que el Juzgado de Instancia no incurrió en la violación fundamentada en el artículo 452, ordinal 2º, del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la ilogicidad falta de motivación aludida por la recurrente, en consecuencia, la presente denuncia debe declararse SIN LUGAR. Y ASÍ SE DECIDE.

Asimismo, la recurrente de autos impugna la presente decisión alegando quebrantamiento de las formas sustanciales de los actos que causan indefensión, toda vez que el Juez de Juicio no evacuó las pruebas ofrecidas por esa defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 452, ordinal 3º, del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien evidencia este Tribunal de Alzada, respecto a esta denuncia que la recurrente de autos, no señala en su escrito recursivo ni mucho menos discrimina cuáles pruebas no se evacuaron y su incidencia en el fallo, pues es genérico su planteamiento al señalarle a esta Sala que se violó el derecho a la defensa y el debido proceso sin señalar la pertinencia de las pruebas que ésta había ofrecido y que no se evacuaron independientemente de la razón dada por el Juez A quo, lo que resulta necesario y determinante a los fines de apreciar su argumento, siendo insostenible para esta Alzada determinar la materialización de la presunta violación por ésta alegada. Y propone a esta instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal, examine un medio de reproducción referido al cierre del debate a los fines de determinar lo alegado, sin señalar cuál o cuáles son los medios probatorios que faltaron por evacuarse, no pudiendo la Sala suplir al recurrente.

Se debe tener presente que el medio audiovisual debe ser promovido como elemento demostrativo de las presuntas trasgresiones de principios y garantías constitucionales y procesales ocurridas durante el juicio, cuando los juzgadores de Alzada no logren corroborar con la simple revisión de las actas, acreditando así la necesidad y pertinencia de su utilización en la audiencia prevista en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, no pudiendo constatarse pues no precisó su alegato y aun cuando al momento de admitirse el recurso de apelación esta prueba no fue admitida por otros decisores, constata la Sala en actas que no se comprobó ninguna violación.

En el presente caso, la recurrente no especifica cuál o cuáles y como fueron los actos que se celebraron en contraposición a lo descrito en el acta del debate o en la sentencia. Por el contrario, se infiere que los argumentos dados para que se reprodujera el video del juicio, son dirigidos esencialmente a la impugnación de supuestos vicios en cuanto a la desestimación o no evacuación de algunos elementos probatorios debatidos durante su celebración y al desacuerdo sobre el razonamiento jurídico aplicado por el A quo durante el proceso, e igualmente denunciados en el recurso de apelación.

De lo expuesto se concluye en que el Juzgado de Instancia no incurrió en la violación de los artículos 452, ordinal 3º, del Código Orgánico Procesal Penal, por quebrantamiento u omisión que han dado lugar a actos que hayan causado indefensión, en consecuencia, la presente denuncia debe declararse SIN LUGAR. Y ASÍ SE DECIDE.

Por otra parte, la recurrente de autos impugna la presente decisión alegando que la misma incurre en el vicio de errónea interpretación de las normas jurídicas de conformidad con lo establecido en el artículo 452, ordinal 4º, del Código Orgánico Procesal Penal.

Así las cosas, la disposición contenida en el artículo 452 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un motivo estrictamente de derecho, el cual se refiere no sólo a normas procesales, sino también a normas sustantivas, siendo que esta causal tiene su fundamento en el principio iuria novit curia, todo lo cual dicha denuncia autoriza a esta Instancia Superior a indagar la norma aplicable al caso controvertido, analizando su vigencia y aplicabilidad, configurando jurídicamente los hechos, fijando su naturaleza y sus efectos o valorando un hecho como culposo o negligente, intencional o en legítima defensa o como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito.

Por lo que una vez analizada esta denuncia observan estos decidores, que la recurrente de autos no dio cumplimiento a los requisitos que exige la ley procesal y que obligatoriamente debe cumplir, señalando con estricta precisión, al momento de interponer el recurso de apelación la fundamentación o argumentación seria, la exposición coherente de los hechos quebrantadores y el porqué deben ser subsumidos en tal motivo y cómo se ha quebrantado la norma constitucional, procesal y sustantiva, por lo que fundamentar jurídicamente es esgrimir juicios correctamente formulados, apoyándose en los hechos y la normatividad sea positiva o axiológica.

En todo caso, como ya se dijo el Juez A-quo estableció razones de hecho y de derecho por las cuales dictó su sentencia condenatoria. En consecuencia, la recurrente no logró bajo ningún concepto demostrar la violación del precepto alegado por esta en su escrito recursivo y tampoco fue determinado por esta Instancia Superior, debiendo observarse que el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, no es aplicable por vía analógica en el proceso penal, aunado a que la recurrente no le indica a estos decisores la norma violada, solo hace referencia a los artículos relativos a los delitos por los que se acusó a su defendido, limitándose a referir que el Juez de Juicio interpreta erróneamente la ley cuando aplica la norma legal, que no señala y que según dice debe aplicar al caso concreto pero lo hace dando a la norma una interpretación equivocada, concluyendo en definitiva que no quedó acreditada la culpabilidad de su defendido en el Juicio, siendo esto totalmente incierto tal y como se refirió al resolverse las anteriores denuncia así como se constata de la lectura íntegra de la sentencia, el Juez sí acredita cuáles son los elementos de convicción que tomó en consideración para dictar la sentencia condenatoria. Por los motivos antes aludidos, es por lo que esta Sala estima que la razón no le asiste a la recurrente, en consecuencia lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

En razón a estas circunstancias de hecho y de derecho que anteceden, es por lo que esta Sala, considera que no le asiste la razón a la apelante; y considera que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogado BELKIS COROMOTO VILLEGAS RODRÍGUEZ, en su condición de Defensora Pública Sexta (Suplente) del acusado FÉLIX MARTÍNEZ MOTA, en contra de la Sentencia publicada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en fecha 13 de octubre de 2006. Quedando así, CONFIRMADA la sentencia dictada por el Juzgado de la Causa, en todas y cada una de sus partes. Y ASÍ SE DECIDE.-

TERCER RECURSO DE APELACIÓN

Seguidamente, los ciudadanos ABGS. HÉCTOR J. SÁNCHEZ A. y JULIO CÉSAR BOLÍVAR MUÑOZ, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano OLIMPIO BARILE SÁNCHEZ, impugnan la presente decisión, alegando que la recurrida se encuentra inmersa en el vicio de violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 452 ordinal 4º del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la participación de su patrocinado en este lamentable hecho no se pudo apreciar y nunca se probó a lo largo del juicio ni coautoría ni complicidad correspectiva, por cuanto no se estableció en la sentencia el allí y el ahora de su actuación, ya que nunca se verificó su dominio funcional, invocando el quebrantamiento del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre las reglas de la lógica y la valoración de las pruebas al no establecerse la sentencia la relación en los hechos por parte de su defendido.

Advierte, este Tribunal de Alzada, a los profesionales del derecho ABGS. HÉCTOR J. SÁNCHEZ A. y JULIO CÉSAR BOLÍVAR MUÑOZ, la expresa prohibición que se impone a las Salas de Corte de Apelaciones de entrar a conocer de los recursos de impugnación cuestiones atinente a la apreciación de los hechos así como la apreciación de las pruebas que surgieron con motivo del Juicio Oral y Público, siendo que esta función es facultad exclusiva de los Jueces de Juicio y le esta vedada a los Jueces de Corte de Apelaciones, conocer dichas pretensiones aludidas por los recurrentes de autos, motivo este por la cual las denuncias hechas en esta materia. Sin embargo, en el texto de la sentencia se constata que efectivamente el Juez de Juicio explica cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho por los que condenó al acusado BARILE SÁNCHEZ OLIMPIO.

En efecto el Juez de Instancia en su decisión de fecha 13 de octubre con respecto al acusado de autos señaló literalmente entre otras cosas lo siguiente:

En relación al Homicidio Calificado Frustrado en perjuicio de las ciudadanas Irúa Coromoto Moreno García y Danitza Buitriago González.
“…Ahora bien, surge demostrado, que la intención de los agentes era causarles la muerte a los tripulantes del supra mencionado vehículo, todo ello, en atención a la ubicación de las heridas sufridas por las víctimas de la presente causa, heridas éstas que, se encuentran en zonas del cuerpo que comprometen la vida humana, aunado a que los sujetos activos sin mediar palabras, sin razón alguna, actuando sobre seguro en el resultado de su acción, sorprendiéndolos y con el uso de armas de fuego, las cuales son suficientes para cegar la existencia de una persona, accionaron las mismas en contra del tantas veces mencionado vehículo, a sabiendas que al hacerlo, las balas atravesarían la carrocería del automotor, y en consecuencia, obtendrían el resultado esperado, el cual era causarles la muerte; siendo absurdo para este sentenciador, si quiera considerar que la voluntad de estas personas no era otra sino extinguir la vida de los seres humanos que se encontraban dentro de el vehículo, por lo cual surge demostrado que los agentes tuvieron la intención de consumar su acción, de lo cual no cabe duda en atención a la cantidad de impactos y orificios que están presentes en el vehículo corsa, más sin embargo los agentes, a pesar de tal acción, no lograron consumar el hecho por causas independientes de su voluntad, toda vez que, el conductor del vehículo logró proseguir la marcha y sólo resultan heridas las ciudadanas Danitza Buitriago, Irúa Moreno y Elizabeth Rosales.
Respecto la calificación jurídica que hiciera el Ministerio Público, por los hechos que le causaran las heridas a las ciudadanas Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Moreno García, este Tribunal considera que la misma es acertada al atribuirle a los ciudadanos, …omissis… OLIMPIO BARILES …omissis…, en la comisión la Complicidad Correspectiva en el delito de Homicidio Calificado Frustrado, por motivos fútiles e innobles; ya que al participar tantos agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno; así tenemos, que las circunstancias que agravan el acto de los agentes en el presente caso, surge probado por las pruebas técnicas de balística y planimetría, realizadas por la prueba de la reconstrucción de los hechos, así como de los testimonios rendidos por los testigos anteriormente señalados, en donde se demostró que los agentes como se ha explicado, actuaron alevosamente con una condición de superioridad en relación a las víctimas, por las circunstancias de haberlos sorprendidos, y sin tener un motivo para tal acción, realizaron múltiples disparos, así como por la intención que tuvieron los agentes de cometer el hecho, empleando medios idóneos para perpetrar el mismo, y luego realizar todo lo que es necesario para consumar el hecho, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no lo lograron…”
En relación a la muerte Edgar Josué Quintero Torrealba:
“…Por lo que, la calificación jurídica dada por los Representantes del Ministerio Público, a criterio de quien decide es acertada, al atribuirle a los agentes del hecho la comisión del delito de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles en perjuicio de el ciudadano Erick Miguel Montenegro; comprobado para este juzgador plenamente, la perpetración del delito antes señalado, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal vigente, así tenemos que las circunstancias que agravan el acto del sujeto activo, surge probado cuando este (sic) actuando sobre seguro en su resultado y sin motivo dispara contra la humanidad de su víctima, demostrándose que la víctima se encontraba desarmada, tal como ha quedado demostrado, tratando de resguardar su vida escondiéndose en una casilla ubicada al final del callejón, siendo encontrado, acorralado y sometido por sus victimarios y a pesar que este (sic) les pedía que revisaran sus documentos para que de esa manera se percataran que era estudiante universitario, los agentes con crueldad activaron sus armas hasta que le produjeron su muerte y tales circunstancias quedaron plenamente demostradas en el desarrollo del debate…
…Por lo que, la calificación jurídica dada por los Representantes del Ministerio Público, a criterio de quien decide es acertada, a señalar a los ciudadanos Olimpio Bariles, José Manuel Abreu Oquendo y Peña Peña José Antonio, como Cómplices Correspectivos en la comisión del delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 424, ambos del Código Penal vigente, en perjuicio del ciudadano Edgar Josué Quintero Torrealba; ya que al participar varios agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno, este Tribunal Unipersonal considera que las declaraciones aportadas por los testigos antes referidos, están revestidas de absoluta veracidad por cuanto la narración de los sucesos, no se contradicen y mencionan de varias formas los mismos hechos como dicen sucedieron, así como la de los expertos.
Por todo lo antes expuesto, surge a criterio de este sentenciador que quedo plenamente demostrado la perpetración del precitado delito, siendo lo procedente y ajustado a derecho dictar una sentencia CONDENATORIA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal…”
En relación al delito de simulación de hecho punible
Durante el desarrollo del juicio oral y público, quedo (sic) plenamente demostrado la comisión del delito de de simulación de hecho punible, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, ya que las circunstancias que rodearon el hecho se evidencio (sic) que efectivamente los ciudadanos, …omissis…BARILE SÁNCHEZ OLIMPIO, …omissis… realizaron actividades con las cuales modificaron el sitio donde acontecieron los sucesos, teniendo conocimientos dichos funcionarios que con esta acción cometían un delito al modificar la escena del crimen, lo cual queda reforzado con la deposición del experto José Luis Cordero García, quien practicó la Reconstrucción de los Hechos, quien durante su declaración refirió que al momento de inspeccionar el sitio del suceso específicamente el callejón donde fallecieron los ciudadanos Erick Miguel Montenegro Sánchez y Edgar Josué Quintero Torrealba, pudo observar en la parte más ancha unos impactos y algunos orificios que presentaban las paredes y según su propio dicho, habían sido modificados, es decir, no era algo liso, explicó que no era un solo golpe, por el contrario, tenía signos de búsqueda, e indica que el lugar fue modificado, y tal aseveración resulta del conocimiento que sobre el área tiene como experto, lo cual es suficiente para crear en la convicción de este sentenciador, que los agentes cometieron el delito de simulación de hecho punible, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, toda vez, que ya quedo demostrado que los mismos estuvieron en los sitios del suceso antes descrito, a los fines de salvaguardar su responsabilidad en la comisión de los delitos antes señalados, los cuales fueron cometidos por sus personas, debiendo en consecuencia, ser este fallo CONDENATORIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal…”
“…En lo concerniente al delito de Uso Indebido De Arma De Fuego, atribuidos a los acusados,…omissis… BARILE SANCHEZ OLIMPIO, …omissis… por los Representantes del Ministerio Público, considera este Tribunal Unipersonal, quedo plenamente demostrado en el debate que los antes mencionados acusados son funcionarios policiales y militares en servicio, con amplios conocimiento en el uso de las armas, que fueron instruidos y autorizados por el Estado Venezolano, a los fines de utilizar las mismas en defensa, resguardo, protección de los ciudadanos que habitan dentro del territorio y en legitima defensa, cuando corra riesgo su propia vida, sin embargo, durante el desarrollo del juicio oral y público, se evidenció que los prenombrados no hicieron uso de sus armas en ninguno de estos casos para los cuales estaban autorizados por el Estado, y tal circunstancia surge acreditada por lo expuesto en Sala de Audiencia por el experto Rubén Villamizar, quien asevero haber practicado en el dorso de ambas manos de los ciudadanos quien en vida respondieran a los nombres de Erick Montenegro, Leonardo González y Edgar Quintero, así como de las ciudadanas Danitza Buitriago, Elizabeth Rosales e Irúa Moreno, análisis de trazas de disparo, a los fines de detectar la presencia de bario, antimonio y plomo, elementos que sólo pueden detectarse cuando se ha accionado un arma de fuego, y en el caso específico de las seis víctimas anteriormente señaladas, dichos análisis resultaron negativo, con lo que se demuestra que dichas personas no accionaron armas de fuego; por esta razón este juzgador aplica el principio fundamental de inmediación y concentración que se unen con las máximas de experiencias, de allí el veredicto de culpabilidad sobre la base de los argumentos anteriores, en contra de los precitados ciudadanos, en la comisión del delito de Uso Indebido De Arma De Fuego, previsto y sancionado en el artículo 281, conforme al artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal…”

Es de acotar que la disposición contenida en el artículo 452, ordinal 4°, del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un motivo estrictamente de derecho, y que se refiere no sólo a normas procesales, sino también a normas sustantivas, siendo que esta causal tiene su fundamento en el principio iuria novit curia, todo lo cual dicha denuncia autoriza a esta Instancia Superior a indagar la norma aplicable al caso controvertido, analizando su vigencia y aplicabilidad, configurando jurídicamente los hechos, fijando su naturaleza y sus efectos o valorando un hecho como culposo o negligente, intencional o legítima defensa o como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito.

Por lo que una vez analizada esta denuncia observan estos decisores, que los recurrentes de autos no dieron cumplimiento a los requisitos que exige la ley procesal y que obligatoriamente debe cumplir, señalando con estricta precisión al momento de interponer el recurso de apelación la fundamentación o argumentación seria, la exposición coherente de los hechos quebrantadores y el porqué deben ser subsumidos en tal motivo y como se ha quebrantado la norma constitucional, procesal y sustantiva, por lo que fundamentar jurídicamente es esgrimir juicios correctamente formulados, apoyándose en los hechos y la normatividad sea positiva o axiológica. En todo caso, como ya se dijo el Juez A-quo estableció las razones de hecho y de derecho por las que dictó sentencia condenatoria. En consecuencia los recurrentes no lograron bajo ningún concepto demostrar la violación del precepto alegado por éstos en su escrito recursivo y tampoco fue determinado por esta Instancia Superior. Y ASÍ SE DECIDE.

En razón a estas circunstancias de hecho y de derecho que anteceden, es por lo que esta Sala, considera que no le asiste la razón a los apelantes; y considera que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados HÉCTOR J. SÁNCHEZ y JULIO CÉSAR BOLÍVAR MUÑOZ, en su condición de Defensores Privados del acusado OLIMPIO BARILE SÁNCHEZ, en contra de la Sentencia publicada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en fecha 13 de octubre de 2006. Quedando así, CONFIRMADA la sentencia dictada por el Juzgado de la Causa, en todas y cada una de sus partes. Y ASÍ SE DECIDE.-

CUARTO RECURSO DE APELACIÓN

Los Abogados HÉCTOR J. SÁNCHEZ A. y OLGA BIGOTTI TREJO, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano EDWIN MANUEL FLORES, impugnan la decisión de Instancia alegando que la recurrida se encuentra inmersa en el vicio de violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 452 ordinal 4º del Código Orgánico Procesal Penal, dicha denuncia tiene su fundamento en cuanto a que no se pudo determinar y nunca se probó a lo largo del juicio participación, coautoría, ni complicidad correspectiva; por cuanto no se estableció en la sentencia que EDWIN MANUEL FLORES estuviese allí y ahora, en el lugar y momento preciso, en que resultan lesionadas las víctimas IRÚA COROMOTO GARCÍA, DANITZA COROMOTO BUITRAGO y ELIZABETH ROSALES y tampoco se demostró su actuación en los referidos hechos, pues nunca se verificó su participación mediante accionar (sic) de armas de fuego, ni a través de ninguna otra acción en tan lamentables sucesos. Igualmente señala que la sentencia se contradice en sí misma debido a que se inobservó la disposición contenida en el artículo 364 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, por no apreciarse los hechos que el Tribunal estimó acreditados.

Ahora bien, se constata tanto en el texto íntegro de la sentencia recurrida como en el escrito de acusación fiscal que el ciudadano EDWIN MANUEL FLORES, efectivamente fue acusado y sentenciado por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406, ordinal 1° del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA. Ciertamente el Juez Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en los folios 407 y 411 inicialmente no transcribe el nombre del acusado EDWIN MANUEL FLORES, como uno de los agentes activos de los hechos punibles atribuido, seguramente por un error involuntario en la trascripción, pero ello no significa que no haya sido considerado como tal, pues se constata que cuando hace referencia a la culpabilidad de los acusados, efectivamente el sentenciador lo considera en la culpabilidad en cuanto al delito imputado en su contra con relación a las ciudadanas DANITZA COROMOTO BUITRIAGO GAMBOA e IRÚA COROMOTO MORENO GARCÍA, pues refiere textualmente lo siguiente:

“…En cuanto a la culpabilidad de los acusados JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, WIL RONALD MONTES CHIRINOS, JOSNEL JAIME, JUAN REYES, FERNANDO MORA, JESÚS ABREU, FRANK SERRADA, AMALIO BRAVO, OLIMPO BARILES, GERSON CARPIO, DANILO ANGULO, ALIRIO CAMEJO, JUAN APOSTOL ROMERO, CARLOS COISCOU PRADA, JOSÉ PEÑA CARRILLO, JORGE ESCALONA, FÉLIX MOTA y FRANKLIN GARCÍA MALDONADO, no cabe ninguna duda de la participación de los mismos en los hechos acaecidos en fecha 27-06-05, en el sector Kennedy, toda vez que los mismos eran integrantes de una comisión que se había traslado a dicho sector lo cual se verifico a través de la copia certificada del libro de novedades de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Inteligencia Militar ya que se deja constancia que el día 27 de Junio siendo las 18:30 horas salen de comisión los funcionarios INSPECTOR (DIM) PEÑA PEÑA JOSÉ ANTONIO, INSPECTOR (DIM) MOLINA GENDRYS ENRIQUE, SUB-INSPECTOR (DIM) MONTE CHIRINOS WILL RONALD, SUB-INSPECTOR (DIM) MAURERA CENTENO JORGE LUIS, SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL, SUB-INSPECTOR (DIM) JAIME SOSA YOSNEL DE JESÚS, AGENTE (DIM) REYES RUIZ JUAN CARLOS, AGENTE I (DIM) AGUILERA YURELIS JOSÉFINA, AGENTE I (DIM) MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, AGENTE II (DIM) ABREU OQUENDO JESÚS ALBERTO, AGENTE II (DIM) SERRADA FRANK ALBERTO, AGENTE III (DIM) GONZALEZ BRIZUELA GREICY BADIANA, adscritos a la Dirección de Investigaciones, SUB-INSPECTOR (DIM) BRAVO GARCÍA AMELIO RAFAEL, SUB INSPECTOR (DIM) BARILE SANCHEZ OLIMPIO, SUB INSPECTOR (DIM) CARPIO HENRIQUEZ GELSON ALEXANDER, SUB-INSPECTOR (DIM) ANGULO URBINA DANILO ALFONSO adscritos a la Región Capital, SUB INSPECTOR (DIM) FLORES EDWIN MANUEL, SUB- INSPECTOR (DIM) CAMEJO ALIRIO JOSÉ, SARGENTO PRIMERO (DIM), ARRIETA JIMENEZ ALEXANDER GERARDO adscritos a la Dirección General y los efectivos de la Guardia Nacional…” (Negrillas de la Sala)

Por otra parte, se observa que el sentenciador no lo excluyó, pues de haberlo hecho lo habría absuelto de manera expresa y consta en la motiva, en la penalidad y en el dispositivo que lo condena, debiendo observar la Sala que erróneamente en la penalidad sólo aplica la pena correspondiente al artículo 406 numeral 1° del Código Penal, que también invocó el Ministerio Público, a pesar de haber hecho referencia tanto el Juez como la Representación Fiscal a dos calificantes, como son la alevosía y el motivo fútil que fueron probadas y aludidas expresamente por el sentenciador y por Ministerio Público, por lo que debió haberse impuesto la pena establecida en el numeral 2° de dicho artículo por la concurrencia de dos de las circunstancia indicadas en el numeral 1°, esto es, entre 20 y 26 años de prisión, lo que no puede esta Instancia modificar debido a la prohibición contenida en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal relativa a la Reforma en Perjuicio, ya que el Ministerio Público, no interpuso recurso de apelación con respecto a este punto, y nunca lo acotó.

Del mismo modo esta Sala observa que en la recurrida, también se hace referencia al acusado FLORES EDWIN MANUEL, así como a los funcionarios JOSÉ MANUEL SALAZAR, ALEXANDER ARRIETA y JORGE MAURERA CENTENO, en aparte especial con relación a la culpabilidad de los mismos en el delito cometido en perjuicio de la ciudadana ELIZABETH ROSALES, y respecto a ella se concreta esa responsabilidad por haber logrado precisarse que el proyectil, que aun se encuentra alojado en su cerebro, corresponde a una de las armas que portaban estos ciudadanos, dadas las características determinadas por lo expertos al tratarse de un calibre 5.56 m.m. Es así que inserto al folio 414, el Juez de la recurrida hace referencia a la culpabilidad del ut supra condenado, describiendo literalmente lo siguiente:

“…En cuanto a la culpabilidad de los acusados Manuel Salazar, Edwin Flores, Alexander Arrieta y Jorge Maurera Centeno, no cabe ninguna duda de la participación de los mismos en los hechos acaecidos en fecha 27-06-05, en el sector Kennedy, donde resulta como victima la ciudadana Elizabeth Rosales, toda vez que los mismos eran integrantes de la comisión mixta que se traslado a dicho sector, lo cual fue considerado en párrafos anteriores por este decisor; portando entre otras las siguientes armas de fuego: Alexander Arrieta Jimenez, Armas: M-4 (5.56mm), Seriales de orden AO155767, Jorge Maurera, Arma: HK (5.56mm), Serial de orden 11061, José Salazar Arma: HK (5.56mm), Serial de orden y T17413SDW y Edwin Flores, Arma AUG 5.56, Serial de orden 905SA210, lo cual se desprende de la relación de armamento anteriormente valorada, dichas armas también fueron debidamente sometidas a peritaje el cual quedo signado con el N° 2199 suscrito por los expertos en balística Jesús Suarez, Lizetta Marin, Olga Ginnette Mieres, Jennifer Sanoja y Sandy Pimentel, lo que fue adminiculado con lo expuesto y ya valorado por el experto José Gregorio Nerea, quien afirmo (sic) que el proyectil que se encuentra alojado en la humanidad de Elizabeth Rosales pertenece a la Gamma del calibre 5.56mm…” (Negrillas de la Sala).

Por los señalamientos antes expuestos esta Sala considera que la razón no le asiste a la defensa en cuanto a esta denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

Como segunda denuncia alegan los recurrentes quebrantamientos de los principios contenidos en los artículos 1, 10 y 12, todos del Código Orgánico Procesal Penal, porque al ordenar la practica de la reconstrucción de los hechos se cercenó el derecho a la defensa, apreciando dicha prueba, señalándose que no se les permitió repreguntar a los testigos expertos y que los acusados no la presenciaron íntegramente, sirviendo al sentenciador para el convencimiento que demostraba los hechos con los que condena a su representado.

Al respecto la Sala observa, que las partes pueden cuestionar los medios probatorios y ponerlos a discusión y deliberación. Pero es al Juez a quien le corresponde su apreciación, destacando que la reconstrucción de los hechos no es en sí misma una prueba, sino un mecanismo que utiliza el investigador o un Juez, para apreciar la situación fáctica de un caso concreto, como en efecto ocurrió y por lo que el Juez valorando los órganos de prueba, respecto de los cuales las partes tuvieron control en su evacuación, emite su opinión.

En total compresión con lo anterior, se refiere en el Texto titulado “Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil”, el Autor Ricardo Henriquez La Roche, Editado en Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, Maracaibo 1986, lo que indica Devis encuadra sobre este punto en el comentario del artículo 503 de dicho Código, se señala lo siguiente:

“La doctrina no está de acuerdo sobre la naturaleza de estas reconstrucciones: para unos tiene marcada analogía con la inspección ocular; para otros con la experticia. Una tercera tendencia la considera un medio de prueba autónomo. Sin embargo, aun en este último supuesto, tales experimentos judiciales deben estar apoyados en los resultados de otras pruebas ya articuladas al proceso, pues “se trata de reproducir artificial o imitativamente el hecho investigado o circunstancias relacionadas con éste, lo cual seria imposible si el juez no conociera, en virtud de otras pruebas, cómo puede haber ocurrido, al menos de acuerdo con la versión del sindicado y de los testigos” (Devis Echandía).

Estima esta Sala que realmente la reconstrucción de los hechos no es un medio de prueba autónomo sino un mecanismo que sirve al Juez e incluso a las partes para verificar los hechos, es aquí donde el juez interviene procediendo a la repetición del hecho principal o la demostración de los hechos incriminatorios, a fin de que este pueda precisar esos hechos y los transforma valorando las pruebas evacuadas en juicio en su dictamen. En el momento de la reconstrucción los Abogados sólo pueden verificar que el Juez ha estado en el sitio del suceso, ha oído y presenciado la posición de los testigos y su versión sobre los hechos en el sitio, sin que sea la oportunidad para repreguntarlos porque no están declarando y por lo que no puede cuestionarse ni señalarse que haya quebrantado el debido proceso y el derecho a la defensa. Además los acusados no pueden ser sometidos a un careo con los testigos, en cuyo caso sí vituperaría su derecho.

El juez deberá limitarse a comprobar los hechos, darles un orden preferencial, y proponer vinculaciones y situaciones respecto a los sujetos procesales de acuerdo a ley o costumbre judicial. Asimismo el juez es totalmente libre para valorar, actuar, apreciar e interpretar la prueba, que es lo que hace a través de la reconstrucción de los hechos y por ello, en la decisión refiere que con motivo de la reconstrucción el llega a una conclusión porque se convence de lo obtenido a través de los órganos de pruebas evacuados en el Juicio Oral y Público y que él ha verificado en el sitio del suceso.

En el sistema procesal acusatorio, se manejan tanto las diligencias de inspección ocular, revisión, inspección judicial, peritajes y la reconstrucción de los hechos.

Ahora bien los recurrentes autos aducen, violación a los principios referidos al Debido Proceso, Respeto a la dignidad humana así como del Derecho a la Defensa e igualdad entre las partes, contenidos en los artículos 1, 10 y 12 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

En lo atinente a la presunta violación del debido proceso, el Juez de Instancia consideró, fijar la práctica de reconstrucción de los hechos, facultad esta que tiene en el ejercicio de sus funciones, garantizándole a todos los acusados el debido proceso, tanto es así que dicha reconstrucción, se efectuó con los sindicados de delitos que quisieron participar en dicha prueba en aras de la verdad, y los que no quisieron cumplir con su deber de brindar su colaboración, asumieron su postura omisiva, la cual fue respetada por el Juez de Instancia siendo que desde el momento que estos sujetos son señalados como presuntos autores o participes de dichos injustos, se encuentran tutelados por el Estado, aunado al hecho que dichos funcionarios policiales con ocasión al ejercicio de su profesión conocen tácticas de persuasión las cuales aplican para a futuro alegarlas a su favor, como graves violaciones a sus derechos fundamentales tal y como se ha observado de las actas que conforman la presente causa. Ahora bien, se pretenden atacar la recurrida alegando que el Juez de Juicio incurrió en irrespeto a la dignidad humana de su patrocinado, cuestión que no fue evidenciada por estos decidores, ya que en todo momento se pudo constatar, que el Juez de Instancia como director del proceso, a todas luces garantizó el derecho que le asiste a todos los justiciables señalados como autores o participes en la presente causa.

En este mismo orden de ideas, quienes suscribimos, pudimos constatar de la Audiencia Oral y Pública que se celebró en fecha cinco (5) de junio del año que discurre, ante esta Sala Cinco de la Corte de Apelaciones con ocasión a los recursos de apelación interpuestos por estos profesionales del derecho, que no sólo el actual denunciante hace referencia a la presente circunstancia en cuanto a la realización de la reconstrucción de los hechos, siendo que en audiencia, de conformidad con lo depuesto por la Vindicta Pública, se pudo constatar, que la mayoría de los procesados se negaron a prestar la colaboración tomando una actitud contumaz, a sabiendas que sólo por ostentar su condición de funcionarios policiales se encontraban en el deber de prestar toda la colaboración al órgano jurisdiccional, motivo por el cual se considera que resulta inverosímil pretender alegar esta circunstancia como violación a sus derechos por indefensión cuando estos sujetos sindicados de delito, fueron los causantes de su propia indefensión en el supuesto negado que la presente denuncia fuese veraz, toda vez, que estos decidores han observado que desde el inicio de este proceso penal, a todos y cada uno de los acusados involucrados se les ha garantizado su debido proceso, y se le han respetado sus derechos fundamentales derecho este que tiene todo ser humano, así como el de estar asistido por su defensa. En virtud a tales señalamientos discurrimos que la razón no le asiste al recurrente de autos, ya que nadie puede alegar a favor su propia xxxxxx de no participar en tal acto. En consecuencia, lo procedente en el presente caso es declarar SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

Siguen alegando los recurrentes en su tercera denuncia, que el Juez de Juicio inobservó los principios contenidos en los artículos 1, 10 y 12 del Código Orgánico Procesal Penal, quebrantando el debido proceso, por cuanto antes de que culminara la evacuación de los testigos y expertos promovidos por el Ministerio Público, el juez a quo por considerar suficientemente aclarados los hechos en juicio de conformidad con el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal; limitó los medios de prueba ofrecidos porque según su criterio habían quedado suficientemente comprobados los hechos con las pruebas ya practicadas causando indefensión a su representado.

A fin de dirimir la presente controversia, considera este Tribunal extraer literalmente lo dispuesto por el Legislador Patrio, en el artículo 198 segundo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es del tenor siguiente:

Artículo 198. Libertad de Prueba:
“…Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. (Negrillas y subrayado de la sala)

Establece esta norma la libertad de prueba, y mediante ella se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso; asimismo, existe libertad de probar por cualquier medio de prueba, medios éstos que no se encuentren expresamente prohibidos por la ley.

Ahora bien, el artículo in comento prescribe la disposición que si algún hecho ha sido debidamente probado con los elementos o pruebas ya practicadas, el tribunal se encuentra plenamente facultado para limitar aquellos otros medios de pruebas ofrecidos para probar el mismo hecho, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas..

No obstante lo expuesto precedentemente, debe observarse que limitar los medios de pruebas ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas, responde al principio de la economía procesal por resultar pruebas innecesarias, en virtud de estar suficientemente comprobado el hecho o circunstancia que se pretende demostrar, lo que tiende en este caso a evitar dilaciones indebidas, así como gastos y esfuerzos innecesarios en la práctica de una actividad que no va a tener influencia alguna en el resultado del proceso, destacando además que los recurrentes no hacen referencia alguna en relación a este punto ni especifican cuáles pruebas eran relevantes y que podían tener incidencia en le dispositivo del fallo. Tal posibilidad de limitación de pruebas obra igualmente en beneficio de los principios de concentración y celeridad de los procesos, y siendo que con las pruebas evacuadas en juicio fueron lo suficientemente contundentes para llenar el convencimiento del juez de instancia, lo que hizo en uso de las facultades que le otorga el Legislador Patrio a través del instrumento adjetivo penal, en el artículo antes transcrito.

Resaltado lo anterior, dicha acción argumentada por el recurrente no podría ser tildada de arbitraria, ni mucho menos violatoria de los principios de Debido Proceso, Respeto a la Dignidad Humana, Derecho de Defensa, ya que no se observa que el Juez de Instancia le haya negado al justiciable su derecho a acceder a la justicia, a ser oído por un juez imparcial, a estar asistido por su defensor, ni mucho se observa que el juez de la recurrida haya mancillado el honor, reputación, decoro del acusado EDWIN JOSÉ FLORES. Por los motivos antes expuestos considera este Tribunal Superior que la razón no le asiste al recurrente de autos. Y ASÍ SE DECIDE.

Respecto a la cuarta denuncia evidencian estos juzgadores que la misma recae fundamentalmente, en la apreciación y valoración de pruebas que son materia estrictamente del Juez de Juicio, pretendiendo los denunciantes que este Tribunal de Alzada entre a valorar cuestiones inherentes al material probatorio, por lo que ha sido reiterada en diversas oportunidades la posición que han asumido estos decidores en cuanto a abstenerse de valorar elemento probatorio alguno en razón a jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a que la facultad de valorar pruebas le esta vedado a los Jueces de Corte de Apelaciones.

Por todas las argumentaciones de derecho antes expuestas es criterio reiterativo y determinante para este Tribunal de Alzada que las impugnaciones relacionadas con vicio contenido en el ordinal 4º del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, constituyen un motivo estrictamente de derecho, y que se refieren no sólo a normas procesales, sino también a normas sustantivas, siendo que esta causal tiene su fundamento en el principio iuria novit curia, todo lo cual dicha denuncia autoriza a esta Instancia Superior a indagar la norma aplicable al caso controvertido, analizando su vigencia y aplicabilidad, configurando jurídicamente los hechos, fijando su naturaleza y sus efectos o valorando un hecho como culposo o negligente, intencional o legítima defensa o como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito.

Por lo que una vez analizada esta denuncia observan estos decidores, que los recurrentes de autos no dieron cumplimiento a los requisitos que exige la ley procesal y que obligatoriamente debe cumplir, señalando con estricta precisión, al momento de interponer el recurso de apelación la fundamentación o argumentación seria, la exposición coherente de los hechos quebrantadores y el porqué deben ser subsumidos en tal motivo y como se ha quebrantado la norma constitucional, procesal y sustantiva, por lo que fundamentar jurídicamente es esgrimir juicios correctamente formulados, apoyándose en los hechos y la normatividad sea positiva o axiológica. En todo caso, como ya se dijo el Juez A-quo estableció las razones de hecho y derecho por las cuales dictó sentencia condenatoria. En consecuencia la recurrente no logró bajo ningún concepto demostrar la violación del precepto alegado por esta en su escrito recursivo y tampoco fue determinado por esta Instancia Superior. Y ASÍ SE DECIDE.

En razón a estas circunstancias de hecho y de derecho que anteceden, es por lo que esta Sala determina que no le asiste la razón a los apelantes; considerando que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados HÉCTOR J. SÁNCHEZ y OLGA BIGOTTI TREJO, en su condición de Defensores Privados del acusado EDWIN MANUEL FLORES, en contra de la Sentencia publicada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en fecha 13 de octubre de 2006. Quedando así, CONFIRMADA la sentencia dictada por el Juzgado de la Causa, en todas y cada una de sus partes. Y ASÍ SE DECIDE.-

QUINTO RECURSO DE APELACIÓN

El ciudadano ABG. ANTONIO J. BARRIOS ABAD, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano WILL RONALD MONTES CHIRINOS, interpone recurso de apelación en contra de la decisión dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio publicada en fecha 13 de octubre de 2006, señalando en el Capítulo Primero de su escrito a todos los supuestos a que se refiere el artículo 452 en su numeral 2°, incurriendo en falta de técnica jurídica, pues no puede invocarse todos los supuestos establecidos en dicha norma. En efecto, en cuanto a la motivación de la sentencia no puede al mismo tiempo invocarse la falta, la contradicción o la ilogicidad manifiesta en razón a que son supuestos que se excluyen entre sí. Del mismo modo ocurre cuando se invoca que la motivación esta fundada en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral pues son supuestos distintos. Precisado lo anterior constata la Sala, sin embargo que el recurrente en este capítulo refiere 3 denuncias relativas a la inmotivación del fallo.

En la primera denuncia hace referencia a la calificación de uno de los delitos imputados a su defendido específicamente al delito de Homicidio Calificado Frustrado por Motivos Fútiles e Innobles en Grado de Complicidad Correspectiva, en perjuicio de Irúa Coromoto Moreno y Danitza Buitriago, señalando que el Juez no da explicaciones ni fundamenta el por qué es un Homicidio Calificado Frustrado y por tanto hay falta de motivación en la sentencia. En su argumentación transcribe Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia relativas a la motivación y parte de la Sentencia impugnada, como a continuación se detalla:

“…Respecto la calificación jurídica que hiciera el Ministerio Público, por los hechos que le causaran las heridas a las ciudadanas Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Moreno García, este Tribunal considera que la misma es acertada al atribuirle a los ciudadanos JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, WIL RONALD MONTES CHIRINOS, JOSNEL JAIME, JUAN REYES, FERNANDO MORA, JESÚS ABREU, FRANK SERRADA, AMALIO BRAVO, OLIMPO BARILES, GERSON CARPIO, DANILO ANGULO, ALIRIO CAMEJO, JUAN APOSTOL ROMERO, CARLOS COISCOU PRADA, JOSÉ PEÑA CARRILLO, JORGE ESCALONA, FÉLIX MOTA y FRANKLIN GARCÍA MALDONADO, en la comisión la Complicidad Correspectiva en el delito de Homicidio Calificado Frustrado, por motivos fútiles e innobles; ya que al participar tantos agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno; así tenemos, que las circunstancias que agravan el acto de los agentes en el presente caso, surge probado por las pruebas técnicas de balística y planimetría, realizadas por la prueba de la reconstrucción de los hechos, así como de los testimonios rendidos por los testigos anteriormente señalados, en donde se demostró que los agentes como se ha explicado, actuaron alevosamente con una condición de superioridad en relación a las víctimas, por las circunstancias de haberlos sorprendidos, y sin tener un motivo para tal acción, realizaron múltiples disparos, así como por la intención que tuvieron los agentes de cometer el hecho, empleando medios idóneos para perpetrar el mismo, y luego realizar todo lo que es necesario para consumar el hecho, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no lo lograron…”

En el párrafo ut supra trascrito, el Juez refiere la Alevosía y el Motivo Fútil como calificantes del Homicidio al señalar: “…se demostró que los agentes como se ha explicado, actuaron alevosamente con una condición de superioridad en relación a las víctimas, por las circunstancias de haberlos sorprendidos, y sin tener un motivo para tal acción, realizaron múltiples disparos, así como por la intención que tuvieron los agentes de cometer el hecho, empleando medios idóneos para perpetrar el mismo, y luego realizar todo lo que es necesario para consumar el hecho, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no lo lograron…”, estableciéndose también las razones por la cuáles fue frustrado, observando la Sala que antes de este párrafo citado por el recurrente el Juez, además de hacer referencia a las pruebas y análisis de los hechos, explicó lo relativo a la calificación señalando: “…Ahora bien, surge demostrado, que la intención de los agentes era causarles la muerte a los tripulantes del supra mencionado vehículo, todo ello, en atención a la ubicación de las heridas sufridas por las víctimas de la presente causa, heridas éstas que, se encuentran en zonas del cuerpo que comprometen la vida humana, aunado a que los sujetos activos sin mediar palabras, sin razón alguna, actuando sobre seguro en el resultado de su acción, sorprendiéndolos y con el uso de armas de fuego, las cuales son suficientes para cegar la existencia de una persona, accionaron las mismas en contra del tantas veces mencionado vehículo, a sabiendas que al hacerlo, las balas atravesarían la carrocería del automotor, y en consecuencia, obtendrían el resultado esperado, el cual era causarles la muerte; siendo absurdo para este sentenciador, si quiera considerar que la voluntad de estas personas no era otra sino extinguir la vida de los seres humanos que se encontraban dentro de el vehículo, por lo cual surge demostrado que los agentes tuvieron la intención de consumar su acción, de lo cual no cabe duda en atención a la cantidad de impactos y orificios que están presentes en el vehículo corsa, más sin embargo los agentes, a pesar de tal acción, no lograron consumar el hecho por causas independientes de su voluntad, toda vez que, el conductor del vehículo logró proseguir la marcha y sólo resultan heridas las ciudadanas Danitza Buitriago, Irúa Moreno y Elizabeth Rosales…”.

En razón a estas circunstancias de hecho y de derecho que anteceden, es por lo que esta Sala determina que no le asiste la razón al apelante; considerando que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR, la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

En la segunda denuncia el recurrente insiste en la inmotivación del fallo haciendo referencia a la calificación jurídica en cuanto a que el Juez de Juicio no explica cómo acoge esa calificación, trascribiendo el mismo párrafo antes referido e insistiendo en la misma argumentación aludida en la primera denuncia, agregando que el sentenciador mezcla circunstancias referidas a la calificación jurídica y a la responsabilidad penal, aunado al hecho de hacer un análisis de una circunstancia condenándolo por otra, evidenciando una ilogicidad manifiesta en la motivación.

Al respecto observa la Sala, la incorrecta argumentación del recurrente pues invoca al mismo tiempo la ilogicidad y contradicción en la motivación de la sentencia haciendo alusión a la calificación jurídica, que según su opinión no está explicada en el texto de la sentencia, pero tal como se dijo en el punto anterior en criterio de estos decisores sí lo está, pues no puede pretender el recurrente que el Juez analice y explique jurídicamente lo que es homicidio, las calificantes del mismo y que es frustrado. Sólo debe señalar cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales llega a una determinación y en el caso de autos ello ha ocurrido, ya que el Juez luego de hacer referencia a los órganos de prueba que aprecia para dictar su pronunciamiento observa de manera precisa el porqué de las calificantes en los párrafos antes trascritos que se dan allí por reproducidos, siendo obvio que demostrados los hechos la responsabilidad penal de las personas allí referidas, entre ellas su defendido esta debidamente acreditada, no pudiendo confundirse la calificación de los hechos con la responsabilidad de una persona en esos hechos.

En razón a estas circunstancias de hecho y de derecho que anteceden, es por lo que esta Sala determina que no le asiste la razón al apelante; considerando que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR, la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

Respecto a la tercera denuncia, el recurrente aduce inmotivación del fallo, repitiendo que el Juez de Instancia confunde la Calificación Jurídica con la explicación de la culpabilidad, añadiendo que el Juez no hace un análisis de la Complicidad Correspectiva, evidenciando falta total de motivación, trascribiendo parte de la motiva de la sentencia para concluir que existe una manifiesta ilogicidad en la motivación, siendo incorrecto alegar al mismo tiempo falta de motivación e ilogicidad. Luego de ello explica lo que es la Complicidad Correspectiva para señalar que la recurrida no se motiva de qué manera se encontraba la multiplicidad de autores en el sitio del suceso y da una explicación desde su punto de vista de los hechos.

Al respecto observa la Sala que, sólo le corresponde analizar el texto de la sentencia y no una argumentación del recurrente acerca de su parecer respecto de los hechos, sólo es posible el cuestionamiento de lo decidido por el Juez y del análisis que este hace en la recurrida ya que no le esta dado a la Alzada analizar los hechos sino el derecho.

Ahora bien, la objeción del recurrente y la apreciación que hace acerca de las contradicciones de los testigos no guarda relación con la calificación del delito por el que se condena a su defendido, por qué la modalidad de la Complicidad Correspectiva, ocurre cuando se establece que en la muerte o lesiones que sufriera la víctima, intervienen varios ciudadanos, sin que pudiera determinarse quien produjo las heridas, por lo que debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 424 del Código Penal. Y eso es precisamente lo que se determina en la sentencia, sin que sea relevante que las víctimas hayan incurrido en contradicciones como la señalada por el recurrente en cuanto a que si el vehículo nunca se detuvo o que se detuvo tres veces, pues ello no es determinante para la calificación jurídica atribuida, sino el hecho de que la norma exige que varias personas hayan tomado parte en la perpetración de un delito de homicidio o lesiones personales, más no puede descubrirse quien es el autor.

La consecuencia jurídica de esta modalidad exige que se ha de aplicar, a todas las personas que han participado en la perpetración del homicidio o de las lesiones personales la misma pena, en virtud de lo cual, ante la imposibilidad de individualizar al autor, se aplica a todas las personas que han intervenido en la perpetración del homicidio o de las lesiones personales. Y en el caso está probado que los funcionarios que se encontraban en la comisión usaron las armas indebidamente y ocasionaron la muerte de tres muchachos jóvenes y heridas a tres muchachas jóvenes en el transcurrir de varios minutos desde que se inició la acción al pretender parar con las balas un automóvil, para luego seguirlo y ocasionar los daños personales que se expresan en la sentencia.

De manera concreta en cuanto a su defendido, tal y como se señaló en denuncias anteriores y en criterio de estos decisores está debidamente motivado por el Juez A quo. Siendo innecesario la trascripción íntegra de la motiva de la sentencia aludida, pues con los párrafos antes señalados es suficiente para determinar que la recurrida esta motivada.

De los argumentos transcritos esta Alzada considera, que el Juez de Instancia en su decisión dictada en fecha 13 de octubre de 2006, no incurrió en el vicio de inmotivación de la sentencia; toda vez, que realizó una operación lógica y coherente de sus argumentos en el fallo recurrido, puesto que sus razonamientos fueron armónicos y concatenados entre sí, garantizando los Principios de identidad, coherencia y a las conclusiones a las cuales arribó guardan correlación entre ellas, lo que hace al fallo, “lógico y congruente” con la relación cronológica de los hechos investigados, debiendo tomarse en consideración que se trata de un caso muy complejo.

Estos Juzgadores observan, que el recurrente denuncia que el fallo cuestionado adolece de CONTRADICCIÓN, pues, los razonamientos que se hacen son opuestos entre sí, es decir, que éstos dejan dudas sobre su alcance y significado. Situación ésta que no se presenta en la sentencia en estudio, puesto que la recurrida, a través de su fallo se evidencia que fue debidamente orientada ya que explicó suficientemente, y razonablemente su convencimiento sobre el hecho objeto de la presente causa penal. Además su motivación fue adecuada, pues indicó el procedimiento que siguió y su experiencia, así como la adecuación de las circunstancias de los hechos a la normativa sancionatoria, con lo cual el Juez A quo CONDENÓ al acusado de autos por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406, ordinal 1º, en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO; USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364, ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367, del Código Orgánico Procesal Penal.

Así las cosas, es determinante señalar que la recurrida efectivamente, hizo un señalamiento expreso y circunstanciado de los hechos que consideró acreditados en los autos del elenco probatorio evacuado en el juicio oral, explicando cuáles son los criterios jurídicos, esencialmente fundamentadores de su resolución judicial, siendo a todas luces coherente su argumentación sobre el caso en concreto, lo que en definitiva hace preciso y adecuado el fallo en estudio por lo que el mismo se encuentra debidamente motivado.

Sin embargo, debe necesariamente resaltar este Tribunal Colegiado que en la Fase de Investigación puede el órgano policial o el Ministerio Público conforme lo establece los artículos 283 y 284 ambos del Texto Adjetivo Penal, ordenar como en efecto se hizo la toma de la muestra del Análisis de Trazas de Disparos, para lo cual no se requiere necesariamente la asistencia de abogado, observando que en el caso de autos estuvo presente un Fiscal del Ministerio Público con Competencia en Derechos Fundamentales, no existiendo evidencia en cuanto a que hubo violación a la cadena de custodia, pues las muestras estaban identificadas, y por ende no puede el recurrente de autos afirmar que dicha prueba fue obtenida ilegalmente, puesto que en el Juicio Oral y Público, las partes controlaron la misma y lo argumentado por el apelante de autos, no la desvirtúa.

En razón a estas circunstancias de hecho y de derecho que anteceden, es por lo que esta Sala determina que no le asiste la razón a al apelante; considerando que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR, la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

En el capítulo II del escrito recursivo, el apelante alega que la decisión recurrida incurre en el vicio de Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión, refiriendo como cuarta denuncia la no evacuación de las pruebas promovidas por la Defensa a pesar de haber sido solicitadas en audiencia. Y como quinta denuncia la no determinación precisa y circunstancia de los hechos.

En lo atinente a la cuarta denuncia observa la defensa que promovió la declaración de la Inspectora Jefe Cristina Colina adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien nunca se presentó en juicio pese ha haber insistido de manera oral en la audiencia del juicio a los fines que el Juzgado librara boleta de comparecencia y no lo hizo, por lo que señala que el juez de instancia de manera flagrante y descarada omitió esa forma sustancial que causa indefensión que atenta en contra del Derecho a la Defensa de su defendido Will Ronald Montes Chirinos, garantía constitucional señalada en el artículo 49 constitucional, posteriormente desarrollado por nuestro Código Orgánico Procesal Penal.

El recurrente de autos alega que el Juez omitió librar boleta de comparecencia de la Experto Cristina Colina adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, causando un gravamen irreparable a su patrocinado, porque al no evacuarse la experticia acompañada del testimonio de la experta no se pudo desvirtuar la afirmación del Tribunal acerca de que se demostró que los agentes actuaron alevosamente con una condición de superioridad con relación a las víctimas, por las circunstancias de haberlos sorprendidos y sin tener motivos para tal acción realizaron múltiples disparos. Agrega que la prueba del Análisis de Trazas de Disparos (ATD) constituye una prueba fundamental para poder determinar en primer término la pulcritud de la investigación al saber si a su defendido le fue impuesto del precepto constitucional al momento de hacerle la referida prueba; por otra parte conocer las condiciones de asepsia en las cuales se practicó dicha prueba y por último conocer los requisitos mínimos de las conclusiones así como si efectivamente se practicó con el equipo al cual hace referencia a la misma.

Observa esta Alzada que ciertamente la Inspectora Jefe Cristina Colina, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, no compareció al juicio, a pesar de haberse librado Boletas de Citación para que así lo hiciera, según consta al folio 224 de la pieza 30 de fecha 04/07/06, que fue hecha efectiva en esa misma fecha, tal como se observa al folio 254 de la pieza 31; luego fue citada mediante Boleta de Citación fechada 13/07/07, tal como se verifica al folio 145 de la pieza 31, la cual fue hecha efectiva el 17/07/07, según se evidencia al folio 59 de la pieza 32, observando la Sala que efectivamente el Juez no ordenó su conducción por medio de la fuerza pública, no constando en el acta de debate lo que alega el recurrente en cuanto a que así lo exigió la defensa al Juez.

Sin embargo, la Sala estima que ello no puede ser calificado como un quebrantamiento de forma sustancial que cause indefensión a su defendido, pues no se ha impedido que ejerza su derecho a la defensa, además se comprueba con el acta de debate que el abogado JOSÉ ANTONIO VILLARROEL, renunció a las pruebas promovidas por él que habían sido admitidas por el Juez de Control, entre las que se encontraba la declaración de esta experto CRISTINA COLINA y el recurrente ANTONIO BARRIOS, no expresó su oposición a tal solicitud, que dice ahora afectó la defensa de su patrocinado, amén que el Juez toma en consideración otros órganos de prueba que determinaron su responsabilidad en los hechos como se observa en el texto íntegro de la sentencia.

Tampoco la defensa explica cuál es la incidencia que tiene la no declaración de ésta experta, acerca del Análisis de Trazas de Disparos practicado a su defendido que resultó positivo, pues el señalamiento de que esta prueba es fundamental para poder determinar en primer término la pulcritud de la investigación al saber si a su defendido le fue impuesto del precepto constitucional al momento de hacerle la referida prueba, no guarda relación con el resultado de esa prueba; por otra parte conocer las condiciones de asepsia en las cuales se practicó dicha prueba y por último conocer los requisitos mínimos de las conclusiones así como si efectivamente se practicó con el equipo al cual hace referencia a la misma, parecen alegatos propios de una oposición a la admisión de la prueba, no parecen relevantes en cuanto a que sólo podía ésta testigo experto declarar sobre el resultado positivo de la prueba de Análisis de Trazas de Disparos practicada al referido ciudadano, como se hizo, quien recabó la misma y efectuó el procedimiento por el cual llegó a esa conclusión de dar positivo el Análisis de Trazas de Disparos al ciudadano en cuestión. De modo que es irrelevante y sin influencia en el fallo este planteamiento de la defensa.

En razón a estas circunstancias de hecho y de derecho que anteceden, es por lo que esta Sala determina que no le asiste la razón a al apelante; considerando que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR, la presente denuncia. Y ASÍ SE DECLARA.

En lo atinente a la denuncia que hiciera referida a la no determinación y circunstancias de los hechos, de la lectura del fallo impugnado se evidencia que el Juzgador A-quo dictó sentencia mediante la cual CONDENÓ al acusado WILL RONALD MONTES CHIRINOS, por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir, HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406, ordinal 1º, en relación con el artículo 80, en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO; USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, y en el cual se observa que en relación, a la exigencia establecida en el numeral 3° del Artículo 364 del Código Adjetivo Penal, el cual es del tenor siguiente: “3°-La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados”, se evidencia en la recurrida, que el Juez A-quo realizó no sólo una narración de los hechos que se desarrollaron en la celebración del Juicio Oral y Público; sino que agrupó y discriminó de manera clara y precisa todas las pruebas adecuándola a los hechos planteados, para así realizar un análisis de éstos, que le permitiera proceder objetivamente, sin ideas preconcebidas, con desconfianza o duda, y de manera determinante para decretar la sentencia que hoy es objeto de impugnación.

Así las cosas, debemos tener presente que las pruebas aportadas en un juicio deben tener eficacia jurídica a los fines de suministrarle al órgano jurisdiccional la plena convicción y certeza sobre la existencia y las circunstancias de los hechos afirmados, por lo que corresponde a la parte acusadora probar sus imputaciones más allá de toda duda razonable, ya que de la apreciación de las pruebas que haga el Juez lo que reconoce o afirma debe corresponder a la verdad, siendo indispensable que el propio sentenciador, se convenza de la realidad del asunto, del grado de verosimilitud o autenticidad del acontecimiento.

En el caso de autos, la Sala observa con preocupación la pretensión del recurrente en cuanto a que refiere que no están probadas las lesiones sufridas por la ciudadana Danitza Buitrago Gamboa, respecto a lo cual no resulta necesario, en un sistema acusatorio, ni indispensable la declaración del médico forense, pues ninguna persona ha puesto en duda que la referida ciudadana sea una de las víctimas de la acción atribuida a los ciudadanos acusados por el Ministerio Público. La antes aludida ciudadana cuando depuso en el Juicio Oral y Público, señaló entre otras cosas textualmente lo siguiente:

“…El carro bajó la velocidad pero en ningún momento se para... Continuamos la marcha, en una curva y lo sentí por el movimiento del carro, sentí muchos disparos y le grito al negro, que me dispararon... Me lesionaron cuando sentí muchos disparos en el carro, cuando el carro estaba en la curva fue cuando sentí que me habían disparado me dispararon en el cuello...”. (Folios 278 al 283 de la trigésima quinta pieza del presente expediente).

Por otra parte, tenemos la declaración rendida por la ciudadana Elizabeth Rosales Bracamonte, la cual es del siguiente tenor:

“…yo llamo a mi mama le digo que me ayude y que salga porque estábamos heridos, yo le digo que se bajen del carro, las únicas que estábamos heridas éramos nosotras, los tres estaban vivos en ese momento…
Seguimos el recorrido poco a poco, cuando vamos subiendo para mi casa que es mas arriba donde esta la guardería, salieron de todos lados, y estaban disparando, yo lo que pude ver era que las personas estaban vestidas de negro, nosotros nos resguardamos, y no me percate, yo escuche muchísimo disparos... Fueron demasiados detonaciones... Ahí fue cuando hirieron a Danitza y cuando me hirieron a mi y veo que Irua estaba herida pero no se si fue en ese momento o abajo, yo volteo y veo a danitza como desmayada...”.

Asimismo, consta en autos la declaración rendida por la ciudadana Rosa Ángela Bracamonte De Rosales, de la cual se puede leer lo siguiente:

“…Yo fui citada para narrar los hechos que sucedieron el 27-06 donde fue herida mi hija y tres muertos y dos muchachas mas salieron heridas…”.

Ahora bien, es de hacer notar que todos los funcionarios que actuaron en el sitio del suceso y que declararon en el Juicio Oral y Público, hicieron mención de la existencia de tres muchachas heridas y tres muchachos muertos. Además, el experto Rubén Darío Villamizar depuso que ninguno de las víctimas arrojaron en la Prueba de Análisis de Trazas de Disparo, como resultado positivo, por el contrario fue negativo.

De modo que, el Juez aplicando la sana crítica y fundamentada en todo el cúmulo probatorio que acreditó en la sentencia recurrida de este caso grave y complejo, comprobó que efectivamente la referida ciudadana fue lesionada en los hechos atribuidos a su defendido.

En razón a estas circunstancias de hecho y de derecho que anteceden, es por lo que esta Sala determina que no le asiste la razón al apelante; considerando que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR, la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

Señala el recurrente en el capítulo IV del escrito recursivo, pues omite el Capítulo III, la violación de la Ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, refiriendo como sexta denuncia la no evacuación de las pruebas que pertenecen a la comunidad de las pruebas y la incorporación al debate de la declaración de Irúa Coromoto Moreno García como nueva prueba.

En cuanto a la denuncia de la no evacuación de pruebas que pertenecen a la comunidad de la prueba, a la que se adhirió el Defensor, observa este Tribunal de Alzada que luego de citar una serie de principios relativos a la prueba judicial, el texto del artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal y sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el recurrente de autos en su escrito recursivo detalla una lista de expertos y testigos que no fueron evacuados, observando que no podía prescindirse de la evacuación de dichas pruebas por ser hechos notorios, infringiendo la ley por errónea aplicación cercenando el derecho a la defensa, no señalando de manera expresa el recurrente, la norma que presuntamente es infringida, pero deduce la Sala que se refiere al citado artículo.

Ahora bien, observa este Juzgado Ad-quem con relación a lo referido por el apelante de autos que tal señalamiento no puede ser calificado como errónea aplicación del artículo 198 del Texto Adjetivo Penal, que dice cercena el derecho a la defensa, ya que no se ha impedido que ejerza el derecho antes indicado, además tal y como se señaló en apartes anteriores, se comprueba con el acta de debate que el abogado JOSÉ ANTONIO VILLARROEL, renunció a las pruebas promovidas por él que habían sido admitidas por el Juez de Control, entre las que se encontraba algunas testimoniales no evacuadas, según consta a los folios 214 y 215 de la pieza 34. Igualmente el abogado HECTOR SANCHEZ solicitó expresamente que se prescindiera de los mismos, según consta al folio 224 de dicha pieza, a las que se adhirió la Defensora Pública Penal 76, según consta al folio 225 de la referida pieza, y el recurrente ANTONIO BARRIOS, no expresó su oposición a tal solicitud, que dice ahora afectó la defensa de su patrocinado, amén que el Juez toma en consideración otros órganos de prueba que determinaron la responsabilidad de su defendido en los hechos como se observa en el texto íntegro de la sentencia.

El artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, establece textualmente lo siguiente:

Artículo 198. Libertad de Prueba: Salvo previsión expresa contrario de la ley, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba, incorporado conforme a las disposiciones de este Código y que no esté expresamente prohibido por la ley.
Regirán, en especial, las limitaciones a la ley relativas al estado civil de las personas.
Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas.
El tribunal puede prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio”.

Establece esta norma la libertad de prueba, y mediante ella se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso; asimismo, existe libertad de probar por cualquier medio de prueba, medios estos que no se encuentren expresamente prohibidos por la ley.

Ahora bien, el artículo in comento prescribe la disposición que si algún hecho ha sido debidamente probado con los elementos o pruebas ya practicadas, el tribunal se encuentra plenamente facultado para limitar aquellos otros medios de pruebas ofrecidos para demostrar el mismo hecho, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Responde tal limitación al principio de la economía procesal por resultar pruebas innecesarias, en virtud de estar suficientemente comprobado el hecho o circunstancia que se pretende demostrar, lo que tiende en este caso a evitar dilaciones indebidas, así como gastos y esfuerzos innecesarios en la práctica de una actividad que no va a tener influencia alguna en el resultado del proceso; todo lo cual obra igualmente en beneficio mismo de los principios de concentración y celeridad de los procesos, y siendo que con las pruebas evacuadas en juicio fueron lo suficientemente contundentes para llenar el convencimiento del juez de instancia, lo que hizo en uso de las facultades que le otorga el Legislador Patrio a través del instrumento adjetivo penal, en el artículo antes transcrito.

La interpretación que da el recurrente es incorrecta, pues se refiere el legislador Patrio al hecho notorio y a la prueba que puede prescindir el Tribunal, cuando ésta sea ofrecida para acreditar ese hecho notorio, y ese no es el caso de autos. Distinta la situación a lo aludido en el parágrafo anterior, en el que pueden limitarse los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando ha quedado suficientemente comprobado como las pruebas ya practicadas, que fue lo que ocurrió en este proceso, según la apreciación que libremente puede tomar a riesgo el Juez de Instancia, como en efecto lo hizo.

En razón a estas circunstancias de hecho y de derecho que anteceden, es por lo que esta Sala determina que no le asiste la razón al apelante; considerando que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR, la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

De igual manera el recurrente de autos, señala como séptima denuncia que la sentencia impugnada con ocasión a la incorporación al debate de la declaración de Irúa Coromoto Moreno García como nueva prueba.

De acuerdo con el contenido del artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es deber del Estado proteger a las víctimas de delitos comunes y procurar que los culpables reparen los daños causados, por lo que el legislador patrio se ha encargado de desarrollar esa obligación incluyendo en el proceso penal una serie de derechos que se le ofrece a la víctima, aun cuando no se haya constituido en parte querellante. Motivo por el cual es imprescindible que los Jueces Penales deben cumplir con el deber de garantizar los derechos que les ofrece la Carta Magna, así como el Código Orgánico Procesal Penal a la víctimas, a fin que exista un equilibro en el proceso penal el cual tiene como fin establecer la verdad de los hechos, la materialización de la justicia y la protección de la víctima, así como la reparación del daño a la que tenga derecho.

En lo atinente a esta denuncia debemos tener presente la condición de la víctima como sujeto procesal, por lo que, alcanzado tal reconocimiento legal, corresponde a todos los operadores de justicia darle la debida importancia a la participación que le ha sido concedida de manera expresa, a través de los artículos 23, 117 y 120 ordinal 7º del Código Orgánico Procesal Penal y de forma indirecta en otras disposiciones legales del aludido texto adjetivo, que le atribuyen el derecho de intervenir en todo proceso aun en fase de investigación y en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses o ponga término al proceso.

Es de acotar que el recurrente de autos alega violación al debido proceso, en razón a la incorporación del testimonio de la víctima Irúa Coromoto Moreno, siendo que el debido proceso derecho éste fundamental dentro de nuestro Estado de Derecho y máxima garantía de la administración de justicia, tiene como contenido esencial al derecho a la defensa, el cual se encuentra conformado por la potestad de las personas entiéndase (víctimas – victimarios y demás operadores) de salvaguardar efectivamente sus derechos o intereses legítimos en el marco de procedimientos en este caso judicial, mediante el ejercicio de acciones, como la presentación de medios probatorios favorables para las partes, por lo que al tratar este aspecto en especifico debemos apreciar las circunstancias dentro de las cuáles se encontraba para el momento de los hechos la víctima, siendo que en la oportunidad legal correspondiente, los Representantes del Ministerio Público se vieron impedidos, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, de lograr tomar testimonio o promover a la ciudadana Irúa Coromoto Moreno (víctima) elemento probatorio alguno a fin de ser incorporado al presente proceso penal, (fase preparatoria e intermedia), siendo que la misma se encontraba en estado grave de salud y ni siquiera se tenía conocimiento si sobreviviría, tal y como lo ha expresado en reiteradas oportunidades la Vindicta Pública, así como el Juez de la recurrida en el texto íntegro de su sentencia.

En todo caso, tal situación no esta prevista en las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, pero no existe ninguna norma que prohíba tomarle declaración durante el Juicio, tomando en consideración la obligación que tiene de garantizar la vigencias de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso, como ocurrió en el presente caso y como lo impone el artículo 118 del Código Adjetivo Penal, y por lo que su incorporación como nueva prueba es posible por ser excepcional la recepción de dicha prueba, que incluso pudo ser ordenada de oficio, en atención a que en el curso de la audiencia surgió una circunstancia nueva en cuanto a que la víctima Irúa Coromoto Moreno, se encontraba en condiciones de rendir declaración.

Motivo éste, por el cual consideran quienes aquí suscriben, que la incorporación al Juicio Oral y Público del testimonio de la víctima Irúa Coromoto Moreno, bajo ningún concepto puede ser tildado de violatorio del debido proceso de todos los acusados en la presente causa penal, pues su legitimidad se encuentra plenamente establecida en el artículo 120, ordinal 7º, del Código Adjetivo Penal. Siendo que los Jueces como administradores de justicia no sólo se encuentran en el máximo deber de garantizar el debido proceso de los sujetos activos sino también de los sujetos pasivos de derecho.

Por otra parte, observa la Sala tal como se señaló al resolver esta misma denuncia interpuesta por el Abg. Paul Newbury Thomas Vielma, cuando indicó que “...Preciso es resaltar el hecho de la declaración de la citada víctima giraron en torno a los mismo hechos de los que el Tribunal ya tenía conocimiento…”, se observó que el recurrente estaba consciente que no era indispensable esta declaración, esto es, con los otros órganos de prueba, el Juez igualmente llegaba a la misma conclusión de dictar una decisión condenatoria en contra de su defendido, como él mismo lo admite la declaración giro en torno a los mismos hechos de los que el Tribunal ya tenía conocimiento. Acotación que también es válida ratificar en el presente caso.

En razón a estas circunstancias de hecho y de derecho que anteceden, es por lo que esta Sala determina que no le asiste la razón al apelante; considerando que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR, la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

Finalmente, el recurrente de autos estableció como octava denuncia el Juez de Instancia apreció y valoró una prueba obtenida ilícitamente, tal afirmación recae sobre el hecho que para el momento de tomarle el Análisis de Trazas de Disparo a su defendido, el Ministerio Público, así como funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, no le informaron con antelación a WILL RONALD MONTES CHIRINOS, que se encontraba detenido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, impidiéndole libre ejercicio a la Defensa, pues no le permitieron tener acceso a un abogado, practicándole experticias y peritajes sobre ellos mismos, vulnerando bajo una forma coactiva su voluntad.

Respecto a esta denuncia debemos realizar ciertas consideraciones a fin de dirimir la controversia aquí planteada, lo cual se hace de la siguiente manera:

El recurrente de autos alega que el Juez apreció ilícitamente de la Prueba de Análisis de Disparo a su defendido, observando que no fue impuesto de sus derechos que le asisten como imputado, que no se le permitió estar asistido de defensor y se practicaron experticias y peritajes a su defendido, vulnerándole de una forma coactiva su voluntad, cuestionando este medio probatorio. Al respecto, se dan aquí por reproducidos los argumentos referidos sobre este punto en párrafos anteriores de este mismo recurso.

Sobre este particular, observa esta Alzada que tal como se señaló al resolver una de las denuncias anteriores, la Experta Cristina Colina adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien practicó la prueba in comento a su defendido, no compareció al debate del Juicio Oral y Público, y por tanto ese medio probatorio no fue apreciado por el Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, resulta irrelevante el planteamiento esgrimido por el apelante de autos, pues el Análisis de Trazas de Disparos practicado a su defendido no fue incorporado ni apreciado por el Juez Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, amén que el Juez toma en consideración otros órganos de prueba que determinaron su responsabilidad en los hechos como se observa en el texto íntegro de la sentencia. En consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso es declarar SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

Precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ABG. ANTONIO J. BARRIOS ABAD, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano WILL RONALD MONTES CHIRINOS, en contra de la Sentencia publicada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en fecha 13 de octubre de 2006. Quedando así, CONFIRMADA la sentencia dictada por el Juzgado de la Causa, en todas y cada una de sus partes. Y ASÍ SE DECIDE.-

SEXTO RECURSO DE APELACIÓN

Seguidamente, el ciudadano ABG. RAÚL EDUARDO VELASCO ROJAS, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano FERNANDO JAVIER MORA ZAMORA, impugnó la presente decisión en los siguientes términos:

Alega el recurrente:
Violación al Debido Proceso Penal Constitucional. (Capítulo Primero).

En razón a que el Ministerio Público dejó de ser el titular de la acción penal en representación del Estado a fin de convertirse en un acusador privado, asimismo alega el profesional del derecho que la resolución judicial de fondo fue obtenida en contravención a principios fundamentales del derecho procesal penal venezolano que constituyen a su vez violaciones a derechos humanos.

El debido proceso es el que en todo momento se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de derecho y excluye por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las demás potestades, la de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico. La Constitución impone los principios del debido proceso no sólo a las actuaciones de la rama judicial, sino a todas las realizadas por las autoridades para el cumplimiento de los cometidos estatales. El debido proceso apunta a la reglamentación procesal que con base en leyes preexistentes hace el Estado para asegurar que los procedimientos tengan un curso determinado, que una acción proceda lógicamente a otra, que la sentencia sea el resultado de una labor inicialmente investigativa de recopilación de pruebas y luego de discusión de los medios de convicción y valoración de ellos por parte del funcionario que producirá la decisión, que se establezcan pasos y formas tendientes a garantizar tanto al procesado como al perjudicado la demostración de sus derechos y pretensiones, y al órgano jurisdiccional la posibilidad de comprobar plenamente los aspectos objetivos y subjetivos de la infracción; que se admitan en el curso de la actuación solamente los actos propios de ella sin injerencias en asuntos extraños a los que motivaron la puesta en marcha de la acción jurisdiccional y en fin todos aquellos aspectos que se refieren a los requisitos externos o aspectos de expresión de los actos judiciales.

Por lo que respecto a esta denuncia, resulta inverosímil que a estas alturas del proceso, el recurrente de autos impugne la presente decisión en razón a presuntas violaciones, que debió alegar no sólo ante el órgano de instancia judicial sino ante el Ministerio Público, el cual para conocimiento de todos es un Ministerio Autónomo, en el caso de presumirse violaciones graves que atentan en contra de los derechos fundamentales de su patrocinado, y siendo que, en el supuesto negado, que dicha denuncia fuese acreditada, los jueces que a lo largo intervinieron en el presente proceso, no fueron advertidos de tales violaciones, no detectándose que las mismas fuesen materializadas por los Representantes de la Vindicta Pública, destacando que corresponde en todo caso a la defensa velar por los intereses de su defendido, y entre ellos está hacer los alegatos pertinentes, como solicitar la aplicación de atenuantes, que no se hizo, observando que el Juez no lo aplicó pues obviamente el A-quo no lo estimó pertinente; en consecuencia lo procedente y ajustado en cuanto a la presente denuncia es DECLARAR SIN LUGAR la misma. Y ASÍ SE DECIDE.

Continúa alegando el recurrente:
Violación de Normas relativas a la Oralidad, (Capítulo Segundo) ya que en la sentencia de mérito el Juzgador A-quo no sólo no incorporó en su fallo (parte narrativa) los alegatos que la defensa técnica de nuestro representado realizó en la audiencia del juicio oral y público, sino que además nada dijo en la parte motiva sobre los mismos, sigue alegando el recurrente que la decisión adolece del vicio de inmotivación de la sentencia con respecto al ciudadano Fernando Javier Mora Zamora, porque el A-quo incumple los requisitos formales establecidos para la regularidad de los fallos previstos en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, resulta que la violación denunciada por el recurrente de autos, no se encuadra dentro del principio alegado, siendo que el principio de oralidad fundamentalmente rige la actividad probatoria, es decir, que los alegatos y argumentaciones de las partes, las declaraciones del acusado, la recepción de pruebas y en términos generales, toda intervención de quienes acudan al juicio, debe enmarcarse dentro de este principio, de todo lo cual se desprende que la presente denuncia no radica en el supuesto que el Juez de la recurrida haya quebrantado este principio, impidiéndoles a las personas intervinientes su pleno ejercicio al momento de realizar sus exposiciones o declaraciones, sino más bien exige de los intervinientes que sus argumentaciones deben ser expuesta de manera oral, entiéndase a viva voz, razón por la cual considera este Tribunal Colegiado, que la razón no le asiste al recurrente. De igual manera resulta necesario, establecer, que no es obligatorio que en la sentencia se transcriba textual e íntegramente lo alegado por las partes, sólo basta que se haga una trascripción de las ideas centrales que motivan al interviniente, a fin de demostrar que se le respetó el debido proceso, de acceder y ser oído por el órgano jurisdiccional.

Además, entre los requisitos de la sentencia no está en el explanar en ella los alegatos de las partes, aunque la gran mayoría lo hace, debiendo observar que el recurrente admite que los defensores de los acusados incluyéndolo no abandonaron ninguna oportunidad el Juicio Oral y Público, dejando constancia igualmente que el mismo expuso sus alegatos, con lo que no existe violación alguna al derecho a la defensa ni a la oralidad, porque admite que los expuso en forma oral independientemente que no lo haya expresado en el texto de la sentencia el Juez de Instancia, destacando la Sala que no expresa el apelante cuál o cuáles fueron los alegatos que no tomó en consideración el Tribunal, que cambiaban la situación procesal de su defendido, y al no hacerlo le impide a esta Alzada la apreciación de los mismos. En tal sentido, se declara SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

Arguye la defensa en el Capítulo Tercero, acerca de la inmotivación de la sentencia lo siguiente:
1 y 2.- Violación al principio de la legalidad procesal penal. Violación al derecho a la defensa bajo la modalidad de omisión de valoración y estimación de alegatos (falta de motivación). Incongruencia negativa. Y el no establecimiento de los hechos constitutivos de la culpabilidad de cada uno de los imputados. Expresando: “consideramos que se ha violado el derecho a la defensa en la presente causa, por cuanto el Juzgador A-quo no solo, no incorporó en su fallo (parte narrativa) los alegatos que la defensa técnica de nuestro representado realizó en la audiencia de juicio oral, sino que además nada dijo en la parte motiva sobre los mismos. Violación al Principio de la legalidad procesal penal y establecimiento de los hechos constitutivos de culpabilidad, tal como se desprende del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, numerales 3º y 4º el Juez esta obligado a motivar su fallo, y ello incluye la determinación de los hechos constitutivos de la culpabilidad de cada uno de los imputados y no en forma global, como ocurrió en el caso de autos.

Como colorario de esta denuncia, una vez más se reitera, que en cuanto al argumento que formula el recurrente en el sentido que el Juez en su recurrida no transcribió textualmente lo alegado por esa defensa en la Audiencia del Juicio Oral y Público, no puede entenderse como violatorio de ningún principio, ya que, no es obligatorio que en la sentencia se transcriba textual e íntegramente lo alegado por las partes, sólo basta que se haga una referencia de las ideas centrales que toma en consideración el Juez en su motiva, observando esta Sala que tal alegato es falso, pues consta que uno de los defensores privados del acusado de autos, Abg. Donaldo Barros, fue el primero que expuso los alegatos de defensa tal y como se desprende de los folios 21 al 26 de la trigésima quinta pieza del presente expediente. Por otra parte, no alude el recurrente cuál o cuáles fueron los alegatos que no tomó en consideración el Tribunal, que cambiaban la situación procesal de su defendido, y al no hacerlo le impide a esta Alzada la apreciación de los mismos, por desconocer su contenido.

Ahora bien, la incongruencia negativa, se verifica cuando se omite total referencia y análisis en cuanto a alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidos en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso como serían los relacionados con la confesión, reposición de la causa u otros similares, que obligan al sentenciador a pronunciarse expresamente sobre ellos. No siendo éste el verdadero motivo que fundamenta la denuncia aludida por el recurrente.

De la denuncia formulada en cuanto a que el Juez de la recurrida inobservó lo dispuesto en el artículo 364, ordinales 3º y 4º, del Código Orgánico Procesal Penal. A fin de resolver la presente denuncia observa este Tribunal Colegiado que el Juez de Instancia dio cumplimiento a la exigencia establecida en el numeral 3° del Artículo 364 del Código Adjetivo Penal, el cual es del tenor siguiente: “3°-La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados”, en cuanto a este requisito se evidencia en la recurrida, que el Juez A-quo realizó una narración de los hechos que se desarrollaron en la celebración del Juicio Oral y Público; expresando cuáles hechos dio por probados, y determinó cuáles fueron las pruebas en las que se ha basado para llegar a la existencia de los mismos, señalando en la sentencia de forma enumerada por separado los hechos que se consideran probados, deslindando, en la medida de lo posible, unos de otros, dando cumplimiento al mandato legal.

En consecuencia la expresión de los hechos fue terminante; es decir, que se observa en la recurrida, expresiones que dieron cabida a la certidumbre judicial, siendo necesario precisar que para decretar la CONDENA O ABSOLUCIÓN, se debe tener una certeza histórica total sobre los hechos objetos del presente proceso. Por lo que se observa respecto de la referida denuncia que el Juez de Instancia fundamentó su fallo; es decir, determinó cuáles hechos acreditaba y cuáles valoró para llegar a CONDENAR al acusado de autos FERNANDO JAVIER MORA ZAMORA, por ser autor responsable de los cargos que por los hechos le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por la Representación Fiscal, vale decir HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO; USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal. De conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. No existiendo ningún tipo de violación al cual hace referencia en su escrito recursivo el apelante.

Conviene traer a colación la decisión dictada por la Sala de Casación Penal, con ponencia del Magistrado ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, Sentencia 48 de fecha 02 de Febrero de 2000, en la cual literalmente señala:

“…De manera reiterada ha señalado esta Sala que motivar una sentencia es explicar la razón jurídica en virtud de la que se adopta determinada resolución. Por lo tanto es necesario discriminar el contenido de cada prueba, analizarla, compararla con las demás existentes en autos y por último, según a la sana crítica, establecer los hechos derivados de ellas…”

Respecto a la denuncia referida a la presunta violación del contenido establecido en el ordinal 4º del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece literalmente lo siguiente 4°-La Exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho, es necesario destacar que el recurrente de autos en su escrito de impugnación no esgrime alegato alguno del por qué la recurrida no dio cumplimiento al presente ordinal, siendo que en aras de dirimir la presente denuncia, quienes aquí deciden observan que el Juez de Instancia, realizó la exposición de los fundamentos que le sirvieron para determinar los hechos y el derecho.

En cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho, se evidenció que la sentencia expresó su motivación jurídica, iniciándose por los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de los hechos que se estimaron probados, subsumiendo el hecho en el tipo delictivo calificado, por lo que en la sentencia se realizó una descripción de lo ocurrido en pleno juicio, de tal manera que el Juez de la recurrida cumplió con su deber de motivar su decisión, garantizando así el mandato legal así como el constitucional, y siendo que el proceso es un instrumento para el establecimiento de la verdad, el resultado del proceso es la sentencia, tal y como se constató el establecimiento de esa verdad.

Dadas las circunstancias del caso y las del fallo recurrido, encuentra esta Alzada, que la recurrida bajo ningún concepto incurre en el vicio de infracción o error de forma antes aludido, puesto que ésta analizó debidamente el elenco probatorio incorporado al proceso en el debate Oral y Público, evitando en consecuencia, una imprecisión de los requisitos exigidos en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente, en lo atinente en su ordinales 3° y 4°, pues el juez A-quo, señaló con expresa claridad sobre el por qué de la sentencia condenatoria dictada en contra del ciudadano FERNANDO JAVIER MORA ZAMORA, plenamente identificado en autos. En consecuencia, se declara SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

Denuncia el apelante:
3.-Violación al principio de la legalidad procesal penal. Violación al derecho a la defensa bajo la modalidad de omisión de los hechos imputados por el Ministerio Público (inmotivación que impide controlar la congruencia entre sentencia y acusación). Porque el Juez no puede sobrepasar los hechos descritos en la acusación y en el acta de apertura a juicio, señalando igualmente que debe transcribir los hechos que le fueron imputados por el Ministerio Público, porque estos no se pueden variar en perjuicio del encausado, y al no poder saberse qué fue lo imputado, no puede determinarse el juicio lógico que hace el Juez para arribar a las conclusiones a las que llego contra su representado.

Al respecto observa esta Sala, que el recurrente es impreciso en la denuncia relativa a la congruencia de la sentencia con la acusación fiscal. Sin embargo, observa la Sala que tal congruencia existe en el fallo impugnado, pues consta en la sentencia que por los mismos hechos por los cuales se acusó al ciudadano FERNANDO JAVIER MORA ZAMORA, los cuales quedaron acreditados durante el desarrollo del debate del Juicio Oral y Público, así como la calificación jurídica atribuida por el Ministerio Público, es la misma por la que resulta condenado el referido ciudadano, tal y como se constata en el texto de la sentencia y en el escrito acusatorio. Por tanto, lo procedente en el presente caso es declarar SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

4.- Violación al principio de la legalidad procesal penal. Violación al derecho a la defensa bajo la modalidad de omisión de valoración y estimación de pruebas (falta de motivación). Congruencia negativa. Porque el A-quo en su fallo en forma alguna no relaciona y concatena todos los elementos probatorios que cursan en autos, ni tampoco establece cuáles no serán objeto de ponderación, así por ejemplo silencia que valor le está dando a la prueba de Análisis de Trazas de Disparos.

De la presente denuncia debemos considerar, que la valoración o apreciación de la prueba constituye, indudablemente una operación fundamental en el proceso penal, la valoración de la prueba determina el resultado que se infiera de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba, o negativo, al no alcanzarse dicho fin. Es, por tanto, una actividad intelectual que corresponde realizar exclusivamente al órgano jurisdiccional, sin perjuicio que las partes, durante las audiencias del juicio oral y público, se dediquen a valorar la prueba practicada, como en el presente caso en donde el recurrente alega que desconoce el valor que el Juez le dio a la prueba de Análisis de Trazas de Disparo, y que éste silenció su valor, siendo que el Código Orgánico Procesal Penal, se rige por el Principio de la Sana Critica, y que no estamos ante la prueba tarifada, que sí obligaba al juez a darle un valor probatorio a cada elemento de prueba.

Así las cosas, estima ésta Sala de la Corte de Apelaciones que la denuncia interpuesta por el recurrente de autos carece de fundamento lógico siendo que del cuerpo íntegro de la sentencia se aprecia que el Juez de la recurrida realizó debidamente la exteriorización de los medios probatorios evacuados en audiencia, quedando así desvirtuada la denuncia interpuesta por el profesional del derecho, en razón a que se observó que el Juez de Instancia sí apreció dichas pruebas, y que los fundamentos que le sirvieron de fuentes para determinar la culpabilidad del acusado de autos fueron debidamente extraídos de las probanzas evacuadas en el Juicio Oral y Público las cuales fueron determinantes para que el Juzgador llenara su convencimiento en cuanto a la participación correspectiva de todos los encausados, a pesar de los arreglos y modificaciones arbitrarias que sufrió la escena del crimen por parte de los involucrados.

En el texto de la sentencia se hace referencia a todos los elementos probatorios que se evacuaron durante el Juicio Oral y Público, así como los que no tomó en consideración, entre los cuales están las experticias que no fueron ratificadas por el experto que las realizó, como lo expresa en el capítulo en cuanto a las pruebas documentales, observando que la prueba de Análisis de Trazas de Disparos efectuada al acusado de autos, arrojó como resultado positivo, pero el Juez de manera expresa en su motiva sólo hizo referencia a las practicadas a las víctimas que fueron negativas, no siendo ello relevante, según estimó el Juez, pero hace referencia a los múltiples disparos efectuados por los acusados el día de los sucesos únicos que estaban armados. Sin embargo, estima la Sala que en nada afecta el resultado al que arribó el Juez de Instancia, porque explica detalladamente las razones de hecho y derecho por la cuales condena al ya tantas veces mencionado acusado, debiendo destacarse que todos los funcionarios que actuaron en la Comisión de Mixta en la Urbanización Kennedy estaban armados y dispararon. Visto lo anterior, esta Sala de la Corte de Apelaciones considera que lo procedente en el presente caso, es declarar SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

Seguidamente denuncia el recurrente:
5.-Violación al principio de la legalidad procesal penal. Violación al derecho a la defensa bajo la modalidad de omisión de valoración y estimación legal de pruebas (falta de motivación). A lo largo del fallo, el cual es totalmente incomprensible dice el recurrente, el Juez va dando por demostrado y valorando elementos probatorios sin explicar las razón jurídica, en virtud de la cual adopta su resolución y mucho menos sin hacer la cita de la disposición legal pertinente que le permite fundamentar su fallo, vicio que acarrea la nulidad del fallo porque viola la tutela judicial efectiva al contrariar los artículos 137, ordinales 1º y 3º, del artículo 49 constitucionales y ordinales 3º y 4º del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, por disposición de los artículos 25 constitucional y 173, 190 y 191 ejusdem.

Considera este Tribunal Colegiado que de las repetitivas denuncias que realiza el recurrente de autos, el mismo incurre en contradicción siendo que por una parte alega que el juez no valoró, apreció ni concatenó los medios probatorios evacuados en juicio, y en esta denuncia alega que el Juez de la recurrida va dando por demostrado y valorando elementos probatorios, pero ahora fundamenta la presente denuncia en que el juez no los explica, por lo que esta Sala de la Corte de Apelaciones considera que la presente denuncia carece de total seriedad, ya que el profesional del derecho utiliza de manera habilidosa criterios carente de lógica en consecuencia totalmente opuestos ya que el juez valoró o no, apreció o no los medios probatorios. De todo lo cual deviene que quienes aquí deciden bajo ningún concepto pudieron determinar la presente denuncia en razón a lo contradictorio en que fue planteado el mismo. Sin embargo estos decidores en aras de resguardar el contenido del artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual exige del órgano administrador de justicia a dar respuesta a pesar de que exista deficiencia, contradicción o ambigüedad, de las pretensiones alegadas, observa lo siguiente:

En relación a la denuncia relacionada a la violación del principio de legalidad, acotan quienes aquí deciden que conforme al principio de legalidad, sólo la ley crea delitos, y sólo podrá considerarse delito, aquel hecho que la ley declare delito expresamente. Por eso es que se dice que “no hay delito sin ley”(Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa clara e inequívoca como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley, por lo que al analizar la presente denuncia no se observa que el Juez de Instancia haya incurrido en violación al principio de legalidad, siendo que tanto los preceptos legales, como las penas, que fueron adoptadas por el Juzgador, y estas se encuentran estatuidas en la norma sustantiva penal.

Por lo que respecto a la denuncia referida a la presunta violación del derecho a la defensa, estiman estos decidores que el equilibrio necesario entre las partes que intervienen en el proceso, exige de manera rigurosa el pleno ejercicio del derecho a la defensa mediante la oportunidad dialéctica de alegar para que haya un régimen de igualdad con la parte contraria y lo opuesto. En síntesis la indefensión en sentido constitucional se origina, por consiguiente, cuando se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento jurídico dispone a su alcance para la defensa de sus derechos, con el consecuente perjuicio al producirse un menoscabo real y efectivo del derecho a la defensa. Siendo que éste fue debidamente garantizado por el Juez de Instancia. Finalmente, observa la Sala que de la revisión del fallo impugnado se desprende que el Decisor ante la complejidad del caso y multiplicidad de declaraciones en la motivación hizo referencias a las mismas, sin transcribir de nuevo lo declarado y sentado en los hechos acreditados en el Juicio Oral y Público. En consecuencia, se declara SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

Continúa denunciando el recurrente en el Capítulo Cuarto lo siguiente:
Inmotivación de las sentencia. Vicio de petición de principios. Invocando como fundamento del recurso de apelación que la sentencia esta inficionada del vicio conocido en doctrina como petición de principios. Se incurre en inmotivación cuando al analizar las pruebas los sentenciadores afirman la existencia de ciertos hechos sin señalar las razones que le permitieron llegar a su conclusión.

En relación a la denuncia precedente, bien es sabido, que existirá inmotivación de una resolución judicial, cuando faltare la justificación racional de la decisión, y por ende, el Juez no haya exteriorizado explícitamente, el por qué de su determinación; en tal sentido, observamos, que la sentencia en estudio bajo ningún motivo predica infracción en la motivación, pues como diría el jurista italiano Guido Calogero, (La lógica del juicio es su control en casación) (p.227), la sentencia aquí analizada, suministra cabalmente, el material suficiente para comprender la génesis del convencimiento del mecanismo lógico.

Cabe destacar al respecto, la jurisprudencia establecida por esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 4285, de fecha 12 de Julio de 2005, con ponencia del Magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte, en relación con la correcta motivación que debe contener toda sentencia, que si bien los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos, esa soberanía es jurisdiccional y no discrecional, razón por la cual debe someterse a las disposiciones legales relativas al caso para asegurar el estudio del pro y del contra de los puntos debatidos en el proceso, y para ello es indispensable cumplir con una correcta motivación en la que no debe faltar:

1.- La expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso y las normas legales pertinentes;
2.- Que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal;
3.- Que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y
4.- Que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamientos y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal.

En razón de lo anterior se puede apreciar que el Juez de la recurrida dio cabal y estricto cumplimiento a todas y cada una de las exigencias relativas a la valoración de pruebas establecido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal.

De la misma, se determina básicamente, exactitud en la motivación de la sentencia, pues ella, refleja un razonamiento encaminando a la aplicación de la norma general al caso juzgado, que obviamente, se logra trasladando la valoración general al caso en cuestión, concatenándolo, con la valoración genérica que el legislador ha expresado en la norma general a un supuesto de hecho concreto, mediante la cual, y a través del acervo o cúmulo probatorio se condena al ciudadano FERNANDO JAVIER MORA ZAMORA, plenamente identificado en autos, debiendo recordar que es un caso grave y complejo dada la multiplicidad de funcionarios policiales y militares incriminados en hechos delictivos en los que resultaron tres personas muertas, tres heridas y la pretendida modificación de cómo ocurrieron los hechos, cuyo objetivo no se logró.

En tal sentido esta Sala revela, que el Juez de la recurrida estableció con suficiente claridad el hecho investigado, ocurriendo lo mismo, con la responsabilidad del ciudadano en cuestión, puesto que, al sentenciar el Juzgador de Primera Instancia, revela por qué incrimina al ciudadano en referencia al hecho penal en estudio, señalando las testifícales y demás medios probatorios evacuados en el Juicio Oral y Público, infiriendo, como los aprecia y por qué llegó a esa conclusión condenatoria, tal como se constata en el texto de la sentencia, cuya motiva ha sido trascrita en recursos anteriores y se da aquí por reproducidas, debiendo destacar de manera insistente la falta de técnica jurídica que pretende imponerle a la Alzada el recurrente con un alegato que a todo evento resulta impertinente e inexistente. En tal sentido, lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

Seguidamente denuncia el recurrente en el Capítulo Quinto lo siguiente:
La motivación del fallo se funda en prueba obtenida ilegalmente. Señalando el apelante que de la motivación se desprende que las pruebas utilizadas en contra de su representado son: a) copia certificada del libro de novedades de la Dirección General de Inteligencia Militar; y, b) novedades de fecha 27 y 28 de Junio del 2005 de la Sub-delegación de Caricuao, “probanzas” que obviamente no tienen el carácter de tales a la luz del derecho probatorio constitucional.

Es de acotar, que existe un número determinado de medios probatorios que nuestro Código Orgánico Procesal Penal enumera, pero partiendo del principio de la libertad probatoria enunciada por el mismo texto legal en el artículo 197, cualquier medio que se encuentre dentro de la legalidad procesal, tanto en el aspecto material como en su formalidad procesal viene a construir una actividad necesaria para formarse el Juez un conocimiento de los hechos y de sus circunstancias o bien para justificar los mismo según la pretensión que aleguen las partes, es así que los medios de prueba tienen carácter universal ya que son instrumentos que señalan los códigos procesales, como las inspecciones, los testigos, experticias, secuestros, interceptación de comunicación.

Interesa, para el cumplimiento de la finalidad de la prueba destinada a lograr la convicción del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos que haya libertad probatoria. La regla es que las partes pueden acudir a cualquiera de los medios, si lo estiman conveniente, y que las restricciones y excepciones son de derecho estricto y que dichas excepciones y restricciones no se pueden aplicar, analógicamente, a supuestos distintos a los previstos en la ley. Sólo se limita esta libertad en razón de la moralidad o de la inutilidad de la prueba. Por lo que se observa que dichas probanzas de manera alguna atenten en contra de la moralidad de los acusados de autos.

En tal sentido, la Sala observa que la materia probatoria en el proceso penal venezolano no toma en consideración las disposiciones previstas en la Ley Especial citada por el recurrente, ni en ninguna otra, sólo lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, y según éste el Juez puede apreciar cualquier elemento de convicción, siempre que haya sido ofrecido por las partes y admitido por el Juez de Control en la Audiencia Preliminar, como ocurrió en el presente caso, sin que ninguna de ellas se hubiera opuesto a su admisión, no habiendo sido desvirtuada con ningún medio probatorio las circunstancias referidas en el fallo, de que los acusados –funcionarios policiales y militares- pertenecieron en la Comisión Mixta el día de los sucesos.

Aunado a ello el Juez en la sentencia expresa que aprecia los acervos probatorios arriba mencionados por haber sido expedidos por las Autoridades competentes, siendo incorporados al Juicio Oral y Público para su lectura, amén que los testigos hacen referencia de la actuación de tal comisión, tal como se constata en la motiva de la sentencia. En consecuencia, se declara SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

Alega la defensa en el Capítulo Sexto:
Violación a la presunción de la inocencia, ausencia de pruebas. La presunción de inocencia nos dice que todo ciudadano debe ser tratado como inocente y la destrucción de esta “presunción constitucional” de inocencia se logra a través de la obtención licita de pruebas que no den lugar a duda razonable sobre la culpabilidad de los encausados. En el caso de autos, señala el apelante que el sentenciador de juicio se limita a expresar, que conforme a la sana crítica, reglas de la lógica, conocimientos científicos y las máximas de experiencia da por demostrado los elementos que componen el delito, así como también la calificación del hecho demostrado, pero no alcanza a manifestar en su fallo, en qué consiste la valoración de la prueba, ni como influyen los medios de prueba sobre la decisión tomada.

Consideró el Juez de la recurrida y así fue evidenciado por este Tribunal Colegiado, que de la decisión objeto de impugnación, el Juez, desvirtuó el principio de presunción de inocencia, el cual reside en dispensar al sindicado de delito un trato de inocente, hasta que sea condenado por medio de sentencia, de todo lo cual se desprende que el Juez de la recurrida en su motivación de la sentencia, acreditó dicha circunstancia, sin violarle al justiciable su presunción de inocencia, sólo la desvirtúa.

Ahora bien, de seguidas extraemos parte de la motivación que utilizó el Juez de la Recurrida, para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado de autos, observando lo siguiente:

“…Respecto la calificación jurídica que hiciera el Ministerio Público, por los hechos que le causaran las heridas a las ciudadanas Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Moreno García, este Tribunal considera que la misma es acertada al atribuirle a los ciudadanos…omissis…, FERNANDO MORA, O,…omissis…en la comisión la Complicidad Correspectiva en el delito de Homicidio Calificado Frustrado, por motivos fútiles e innobles; ya que al participar tantos agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno; así tenemos, que las circunstancias que agravan el acto de los agentes en el presente caso, surge probado por las pruebas técnicas de balística y planimetría, realizadas por la prueba de la reconstrucción de los hechos, así como de los testimonios rendidos por los testigos anteriormente señalados, en donde se demostró que los agentes como se ha explicado, actuaron alevosamente con una condición de superioridad en relación a las víctimas, por las circunstancias de haberlos sorprendidos, y sin tener un motivo para tal acción, realizaron múltiples disparos, así como por la intención que tuvieron los agentes de cometer el hecho, empleando medios idóneos para perpetrar el mismo, y luego realizar todo lo que es necesario para consumar el hecho, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no lo lograron.

Sigue expresando el Juez de Instancia:

En cuanto a la culpabilidad de los acusados…omissis… FERNANDO MORA, …omissis…, no cabe ninguna duda de la participación de los mismos en los hechos acaecidos en fecha 27-06-05, en el sector Kennedy, toda vez que los mismos eran integrantes de una comisión que se había traslado a dicho sector lo cual se verifico a través de la copia certificada del libro de novedades de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Inteligencia Militar ya que se deja constancia que el día 27 de Junio siendo las 18:30 horas salen de comisión los funcionarios INSPECTOR (DIM) PEÑA PEÑA JOSÉ ANTONIO, INSPECTOR (DIM) MOLINA GENDRYS ENRIQUE, SUB-INSPECTOR (DIM) MONTE CHIRINOS WILL RONALD, SUB-INSPECTOR (DIM) MAURERA CENTENO JORGE LUIS, SUB- INSPECTOR (DIM) SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL, SUB-INSPECTOR (DIM) JAIME SOSA YOSNEL DE JESÚS, AGENTE (DIM) REYES RUIZ JUAN CARLOS, AGENTE I (DIM) AGUILERA YURELIS JOSÉFINA, AGENTE I (DIM) MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, AGENTE II (DIM) ABREU OQUENDO JESÚS ALBERTO, AGENTE II (DIM) SERRADA FRANK ALBERTO, AGENTE III (DIM) GONZALEZ BRIZUELA GREICY BADIANA, adscritos a la Dirección de Investigaciones, SUB-INSPECTOR (DIM) BRAVO GARCÍA AMELIO RAFAEL, SUB INSPECTOR (DIM) BARILE SANCHEZ OLIMPIO, SUB INSPECTOR (DIM) CARPIO HENRIQUEZ GELSON ALEXANDER, SUB-INSPECTOR (DIM) ANGULO URBINA DANILO ALFONSO adscritos a la Región Capital, SUB INSPECTOR (DIM) FLORES EDWIN MANUEL, SUB- INSPECTOR (DIM) CAMEJO ALIRIO JOSÉ, SARGENTO PRIMERO (DIM), ARRIETA JIMENEZ ALEXANDER GERARDO adscritos a la Dirección General y los efectivos de la Guardia Nacional C/1ro APOSTOL ROMERO JUAN CARLOS, C/1ro COISCOU PRADA CARLOS FELIPE al mando de los oficiales MAYOR DEL EJERCITO JOSÉ PEÑA CARRILLO, TENIENTE DE NAVIO (DIM) ESCALONA ESSA JORGE ELPIDIO, a los sectores Macarao, Caricuao y Kennedy, y que además se conformó una comisión mixta con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Lo cual merece credibilidad a este Juzgador, por haber sido las mismas expedidas por autoridad competente y además fue incorporada al juicio oral y público por su lectura, por lo que esta instancia judicial valora su lectura; aunado a las novedades de fecha 27 y 28 de Junio del 2005 de la Sub-delegación de Caricuao en la que se dejó constancia de en el asiento Nº 49 que aproximadamente las 9:00 horas de la noche 21:10, sale una comisión de la División Nacional de Investigaciones de Homicidio al mando del funcionario Inspector RICHARD VARELA, en vehículo particular, conjuntamente con los funcionarios de la Unidad de Respuesta Inmediata de este Despacho integradas por los funcionarios Agente FÉLIX MARTINEZ y Oficial II de la Policía de Caracas, FRANKLIN GARCÍA y comisión de veinte (20) funcionarios de la División de Inteligencia Militar al mando del mayor PEÑA CARRILLO hacia la Urbanización Kennedy, en diligencias relacionadas por la comisión de uno de los delitos contra las personas, Lo (sic) cual merece credibilidad a este Juzgador, por haber sido las mismas expedidas por autoridad competente y además fue incorporada al juicio oral y público por su lectura, es por lo que esta instancia judicial valora su lectura aunado que, en relación a la misma compareció el funcionario Ramón Ayala adscrito a la Sub delegación de Caricuao del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistica (sic) quien no a pesar (sic) de no haber estado presente al momento de que suscito la novedad, señalo (sic) que tuvo conocimiento de los hechos que se ventilaban en la sala de juicio oral y público por cuanto recibe la guardia del día 28-06-05 y reviso (sic) las novedades del día anterior y tal declaración merece total credibilidad a este juzgador toda vez que se trata de un funcionario quien estando bajo juramento de ley y en conocimiento de las consecuencias jurídicas de mentir expuso todo cuanto tuvo conocimiento sin tener ningún interés en la resulta de la presente causa; así mismo compareció el funcionario MARTINEZ ROJAS JURIM MIGUEL adscrito para la fecha en Distrito 35 de Kennedy quien al rendir su testimonio manifestó que observo (sic) en el punto conocido como la “Y” una alcabala de funcionarios armados vestidos con pantalón Jeans, camisas negras, pasamontañas y chaqueta negra, siendo enfático en que dichos funcionarios no se identificaron al momento que este (sic) se les acerco (sic), teniendo conocimiento que se trataba de agentes del Dim por cuanto un subalterno de su zona le informo (sic) del particular, así mismo señalo (sic) haber observado cuando realizaban cacheo a los vehículos que por el lugar transitaban, indicando que dicha alcabala se encontraba en la Y que esta (sic) cerca de la cancha de Softboll, y tal declaración merece total credibilidad a este juzgador toda vez que se trata de un funcionario quien estando bajo juramento de ley y en conocimiento de las consecuencias jurídicas de mentir expuso todo cuanto tuvo conocimiento sin tener ningún interés en la resulta de la presente causa, por lo que queda suficientemente claro que los acusados arriba señalados estaban (sic) el sitio del suceso tal como lo manifestara el Teniente Coronel Sergio Rivero Marcano director de investigaciones de la división general de inteligencia militar quien estando bajo juramento de ley refirió haber autorizado de palabra al Mayor José Baldomero Peña Carrillo a trasladarse junto con los funcionarios de esa dirección a prestar apoyo y colaboración a la comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistica (sic) para trasladarse al sector de Kennedy toda vez que eran estos los que estaban a cargo de la investigación relacionada con la muerte del funcionario Edwin Toussant, agregó además haber enviado al Ministerio Público entre otras cosas relación del armamento asignadas a los funcionarios que se encontraban a la orden del mayor José Peña Carrillo y tal declaración le merece fe a este tribunal toda vez que como funcionario con amplia trayectoria y conocimiento con el cargo que ostenta fue suficientemente claro en su exposición no contradiciéndose en la misma. Relación de armamento esta que, fue incorporada por su lectura toda vez que fue admitida por el juez de control en su oportunidad legal, siendo que, las armas descritas en la relación del armamento arriba indicado, fueron debidamente sometidas a experticia, por los expertos en balística Jesús Suarez, Lizetta Marin, Olga Ginnette Mieres y Jennifer Sanoja, quienes en relación a la experticia N° 2199, fueron contestes al exponer que todas las armas inspeccionadas se encontraban en buen estado de uso y conservación, de igual forma fueron analizadas tres armas de fuego, dejando constancia que la identificada con el serial de orden EAF959, posee la inscripción “MIJ CICPC”, así mismo la identificada con el serial de orden CBK171 posee la inscripción “POLICARACAS”, siendo las misma dos armas de fuego tipo pistola “GLOCK” calibre 9 milímetros parabellum, modelo 17, en cuanto a la tercera identificada con el serial de orden 150363, la cual posee la inscripción PTJ en la ventana de eyección, tratándose de un arma de fuego tipo fúsil, maraca (sic) STEYER, calibre 9 milímetros parabellum, modelo AUG, las cuales también se encontraban en buen estado de uso y conservación, pudiendo las mismas realizar disparos, siendo estas tres armas antes descritas entregadas al funcionario Torres Daniel adscrito a la Sub Delegación Simón Rodríguez, al igual que los anteriores expertos en balística compareció al juicio oral y público la también experto en balística Sandy Pimentel, quien ratifico (sic) el contenido de todas la experticias suscritas por su persona entre las que se encuentra la N° 2199, y por la condición que como expertos tienen estos ciudadanos sobre determinada materia, dada la experiencia que en la misma poseen y es en relación a ello sobre lo que han depuesto en la sala de juicio, este tribunal le merece fe a sus dichos, ahora bien, de las anteriores circunstancias surge a criterio de este sentenciador que las armas antes descritas eran las utilizadas por los ciudadanos Franklin García y Félix Mota toda vez que aun cuando no exista prueba en concreto que determine que esas armas de fuego les fueron asignadas, fue incorporado para su lectura y así valorado en puntos anteriores la trascripción de novedades llevadas por la Sub delegación de Caricuao donde se refleja que el agente Félix Martínez Mota es funcionarios adscrito a la Unidad de Respuesta inmediata del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistica (sic) y el oficial II Franklin García pertenece a la policía de la Policía de Caracas, esto concatenado con la copia certificada del libro de novedades de la Brigada de respuesta inmediata de la Sub-Delegación de Caricuao de fecha 27-06-06 donde se deja constancia de la salida y regreso de la comisión mixta tantas veces mencionada en la cual incluyen al funcionario Franklin Gracia como integrante de la misma, lo cual merece credibilidad a este Juzgador, por haber sido estas expedidas por autoridad competente y además incorporada al juicio oral y público por su lectura, por lo que esta instancia judicial valora su lectura, de lo cual se obtienen suficientes indicios que analizados entre si y bajo una aplicación racional de la sana critica produce en este sentenciador la convicción que el arma donde lee la inscripción “Policaracas” era la utilizada por el ciudadano Franklin García y las armas que poseen las inscripciones “MIJ C.I.C.P.C.” y la STEYER con la inscripción PTJ serial de orden 150363 eran las que portaba el ciudadano Félix Martínez Mota.

Continúa expresando el Juez de Instancia fundamentando:

Este Tribunal Unipersonal considera que las declaraciones aportadas por los testigos antes referidos, están revestidas de absoluta veracidad por cuanto la narración de los sucesos, y ante las diversas preguntas tanto la Representante del Ministerio Público, las Defensas y por el Juez, no se contradicen y mencionan de varias formas los mismos hechos como dicen sucedieron, así como la de los expertos. Además, estos testimonios, se convierten en la prueba fundamental en este tipo de hechos punibles, pues todas las evidencias entrelazadas entre si (sic), nos da la plena convicción de que no fue un caso fortuito, aunado a la certeza de sus declaraciones, no contradictorias y útiles para el acervo probatorio y coinciden al tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los acontecimientos.
En ese sentido, las valoraciones anteriores de los testimonios evacuados en el transcurso del debate de Juicio Oral y Público, son producto de ese principio fundamental de inmediación y concentración que se unen con las máximas de experiencias del Juez sentenciador profesional. De allí el veredicto de culpabilidad sobre la base de los argumentos anteriores, en contra de los ciudadanos…omissis… FERNANDO MORA, por el delito de Homicidio Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° y 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal vigente, en perjuicio de las ciudadanas Danitza Buitriago Gamboa e Irúa Coromoto Moreno García, por cuanto el Ministerio Público pudo comprobar la participación de los mismos en el mencionado delito, y por ende el presente fallo será CONDENATORIO, conforme al artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal…
En lo concerniente al delito de Uso Indebido De Arma De Fuego, atribuidos a los acusados PEÑA CARRILLO JOSÉ BALDOMERO, ESCALONA ESAA JORGE ELPIDIO, ABREU OQUENDO JESÚS ALBERTO, MORA ZAMORA FERNANDO JAVIER, SERRADA FRANK ALBERTO, BARILE SÁNCHEZ OLIMPIO, CARPIO HENRÍQUEZ GELSON ALEXANDER, PEÑA PEÑA JOSÉ ANTONIO, SALAZAR RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL, CAMEJO ALIRIO JOSÉ, MOLINA GENDRYS ENRIQUE, JAIME SOSA YOSNEL DE JESÚS, FLORES EDWIN MANUEL, ARRIETA JIMÉNEZ ALEXANDER GERARDO, REYES RUIZ JUAN CARLOS, MAURERA CENTENO JORGE LUIS, COISCOU PRADA CARLOS FELIPE, MONTE CHIRINOS WILL RONALD, APOSTOL ROMERO JUAN CARLOS, ANGULO URBINA DANILO ALFONSO, BRAVO GARCIA AMALIO RAFAEL, MARTÍNEZ MOTA FÉLIX ALBERTO y GARCIA MALDONADO FRANKLIN JOSÉ, por los Representantes del Ministerio Público, considera este Tribunal Unipersonal, quedo plenamente demostrado en el debate que los antes mencionados acusados son funcionarios policiales y militares en servicio, con amplios conocimiento en el uso de las armas, que fueron instruidos y autorizados por el Estado Venezolano, a los fines de utilizar las mismas en defensa, resguardo, protección de los ciudadanos que habitan dentro del territorio y en legitima defensa, cuando corra riesgo su propia vida, sin embargo, durante el desarrollo del juicio oral y público, se evidenció que los prenombrados no hicieron uso de sus armas en ninguno de estos casos para los cuales estaban autorizados por el Estado, y tal circunstancia surge acreditada por lo expuesto en Sala de Audiencia por el experto Rubén Villamizar, quien asevero (sic) haber practicado en el dorso de ambas manos de los ciudadanos quien en vida respondieran a los nombres de Erick Montenegro, Leonardo González y Edgar Quintero, así como de las ciudadanas Danitza Buitriago, Elizabeth Rosales e Irua Moreno, análisis de trazas de disparo, a los fines de detectar la presencia de bario, antimonio y plomo, elementos que sólo pueden detectarse cuando se ha accionado un arma de fuego, y en el caso específico de las seis víctimas anteriormente señaladas, dichos análisis resultaron negativo, con lo que se demuestra que dichas personas no accionaron armas de fuego; por esta razón este juzgador aplica el principio fundamental de inmediación y concentración que se unen con las máximas de experiencias, de allí el veredicto de culpabilidad sobre la base de los argumentos anteriores, en contra de los precitados ciudadanos, en la comisión del delito de Uso Indebido De Arma De Fuego, previsto y sancionado en el artículo 281, conforme al artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal.”

Al respecto, esta Alzada considera pertinente resaltar la opinión dada por el Autor Patrio Pedro Osman Maldonado en su Obra titulada “Uso de las Armas y Causas de Justificación en el Derecho Penal Común y Militar Venezolano”, Tercera Edición, Ediciones Centauro 88, Caracas, Venezuela, Pág. 32, cita pronunciamiento de la Fiscalía General en el Informe presentado en el Congreso Nacional de la República de Venezuela, en el cual dejó asentado:

“Es imprescindible… que el uso de las armas sea necesario para vencer la resistencia opuesta, lo que supone un comportamiento activo del ciudadano o de los grupos contra el agente de policía, los militares en servicio u otros funcionarios armados. No basta la mera “desobediencia pasiva” ni la simple fuga del indiciado de haber cometido un delito para hacer fuego contra partes vitales en su cuerpo.

Agrega el prenombrado Autor Pedro Osman Maldonado, en la Pág. 107, ob.cit, lo siguiente:

“El uso aparentemente legal de las armas que haga un funcionario policial o militar, lesionando o matando a una persona no quedará sometido en la legalidad del porte… sino que la ley exige que debe haber ocurrido el uso en una acción de legítima defensa personal o en defensa del orden público, por lo que fuera de estas limitaciones el individuo deberá responder por uso indebido de las armas y sujeto a la sanción correspondiente”. (Negrillas y subrayado de la Sala)

Ante lo señalado, conviene este Tribunal de Alzada, que si bien es cierto, que todos los funcionarios sindicados han señalado en reiteradas oportunidades que se encontraban en el ejercicio de sus funciones, no es menos cierto, que esta circunstancia no quedó acreditada, sólo que estos funcionarios se trasladaron al lugar donde se materializaron los hechos a fin de investigar la muerte dada a un efectivo adscrito a la Dirección de Inteligencia Militar, sin haber mediado orden de traslado emanado de la Fiscalía Cuadragésima Séptima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, quien era la encargada de llevar dicha investigación. Amén que de haber estado autorizado, sólo la desproporción del uso de las armas dada la multiplicidad de disparos constatados, es elemento suficiente para indicar que hubo un evidente uso de las mismas.

Aunado al hecho que los funcionarios no son señalados del uso indebido de arma de fuego sólo por portarlas, sino por la situación ocurrida que finalizó con un fatal resultado, debiendo destacarse que según lo acreditado en autos de todas las personas que estuvieron esa noche en el sitio del suceso, según las experticias referidas por el Juez en la recurrida sobre el análisis de trazas de disparos, sólo resultaron negativas la de las víctimas, no pudiendo olvidarse el recurrente que todos los funcionarios policiales conocen de Criminalística y de Investigación y pretendieron borrar las huellas de su acción, en razón a la violación de la cual fue objeto la cadena de custodia, así como la fijación de la escena del crimen, lo que por circunstancias ajenas a su voluntad afortunadamente no se logró.

Sobre este delito, debe esta Alzada observar que el Juez A-quo determina el Uso Indebido de Arma de Fuego, atribuido a los acusados todos funcionarios policiales y militares, por cuanto en los hechos ocurridos en la Urbanización Kennedy el día 27 de Junio de 2005, ninguna de las víctimas les fue positivo la Prueba de Análisis de Trazas de Disparos, señalando el Juez de la Causa que dichas personas no accionaron armas de fuego alguna y obviamente lo hicieron los funcionarios acusados, por las razones antes dichas. Como consecuencia de la motivación ut supra trascrita, se puede evidenciar, cuáles fueron los hechos y medios probatorios que le sirvieron de base al Juez de Instancia para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado de autos, estando por ello motivada la sentencia objeto de impugnación. Amén, que no puede observarse la comisión del presente delito de manera aislada, a los otros delitos que les fueron imputados a los funcionarios.

Sobre el contenido y alcance de la presunción de inocencia, existe una gama de textos dedicados a su estudio, en los cuales se aprecia el esfuerzo de grandes juristas en la búsqueda de su razón de ser; pero antes de precisar el contenido de “la presunción de inocencia”, es vital definir qué constituye el estado de inocencia. En este sentido, Rodríguez (2001, 148). (La presunción de inocencia/ 2da. ed. Reimp./ Santa Fe de Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Íbañez Ltda) analiza el punto de la siguiente manera:

”La inocencia es un status, una condición, un derecho connatural con el hombre mismo, existente antes de toda forma de autoridad y de Estado, que puede ser cuestionada cuando la sociedad ha llegado a un nivel de organización tal que cuenta con sistemas de enjuiciamiento y de sanciones, con mecanismos jurídico-legales capaces legítimamente de declarar a un ciudadano responsable penalmente, imponiéndole como consecuencia, un reproche, manifestación de una intervención estatal en su órbita individual; todo en defensa de intereses generales.
Por ello, cuando una persona es procesada legalmente, se requiere un instrumento a través del cual pueda hacer valer ese derecho connatural que goza de ser considerado inocente. Ese mecanismo no es otro más que la presunción de inocencia, por medio de la cual se ampara la inalienabilidad del estado de inocente, abarcando todo el proceso, desde la investigación, pasando por el juzgamiento, hasta obtener el fallo condenatorio mediante sentencia definitivamente firme, donde nace el cerrojo de la cosa juzgada y desaparece la presunción de inocencia.“

Procesalmente uno de los efectos de la presunción de inocencia en el sistema acusatorio penal es la carga de la prueba, la misma corresponde es al acusador, no exigiendo una conducta activa por parte del enjuiciado, en el entendido de que el aparato judicial se ha movido como consecuencia de un hecho que es contrario al ordenamiento jurídico, pero que también corresponde al Estado demostrar quien lo ha infringido. Esa presunción de inocencia se mantiene a todo lo largo del proceso y sólo se desvirtúa con la sentencia que viene a ser el resumen fáctico del acontecer procesal y en el que el Estado reafirma la presunción o la declara desvirtuada, tal y como se pudo apreciar de la decisión dictada en fecha 13 de octubre de 2006, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio. En virtud de lo anteriormente señalado, se declara SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.

En consecuencia, el recurrente no logró bajo ningún concepto demostrar la violación de los preceptos alegados por éste en su escrito recursivo y tampoco fue determinado por esta Instancia Superior. En razón a estas circunstancias de hecho y de derecho que anteceden, es por lo que esta Sala, considera que no le asiste la razón al apelante; y considera que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ABG. RAÚL EDUARDO VELASCO ROJAS, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano FERNANDO JAVIER MORA ZAMORA en contra de la Sentencia publicada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en fecha 13 de octubre de 2006. Quedando así, CONFIRMADA la sentencia dictada por el Juzgado de la Causa, en todas y cada una de sus partes. Y ASÍ SE DECIDE.-

DEL SÉPTIMO, OCTAVO y NOVENO RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS SEPARADAMENTE POR EL CIUDADANO ABG. LUIS EDGARDO VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DEFENSOR PRIVADO DE LOS CIUDADANOS JORGE LUIS MAURERA CENTENO, JUAN CARLOS APOSTOL ROMERO y JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, LOS CUALES SON DEL MISMO TENOR EN CUANTO A LAS DENUNCIAS, SÓLO ESCRITAS EN LETRAS y PRESENTACIÓN DIFERENTES.

El Profesional del Derecho Abg. LUIS EDGARDO VILLANUEVA TORRES, en su carácter de Defensor Privado de los ciudadanos JORGE LUIS MAURERA CENTENO, JUAN CARLOS APOSTOL ROMERO y JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, interpuso, por separado tres escritos de apelación en contra de la decisión por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de fecha 13 de octubre de 2006, evidenciando este Tribunal Colegiado que dichos recursos fueron fundamentados idénticamente de todo lo cual, tales recursos se distinguen en razón al nombre de los acusados.

Por tal circunstancia este Tribunal Colegiado, evidenciando que los fundamentos que motivaron dichos recursos son idénticos para sus tres representados, en tal sentido estos decisores, entrarán a resolverlos conjuntamente.

Primeramente, con relación al punto previo del recurso interpuesto a favor de los ciudadanos Jorge Luis Maurera Centeno y José Baldomero Peña Carrillo se observa que no está probado su alegato en cuanto a que sus defendidos no estaban en el lugar de los hechos, llamando la atención de este Tribunal Colegiado que sus defendidos no estaban en ninguno de los sitios donde ocurrieron los hechos, sin que esté probado en el Juicio Oral y Público que no se encontraban en el sector, o simplemente que no estaban.

Hace referencia el defensor a que otros funcionarios fueron los que causaron la muerte a los ciudadanos Erick Montenegro, Leonardo González y Edgar Torrealba; hecho éste que no le es atribuido a sus defendidos por lo que es irrelevante para esta Alzada este planteamiento, en virtud que consta en autos que fueron varios los sitios del suceso, y el que le es atribuido a sus defendidos está debidamente acreditado en el fallo recurrido, observando quienes aquí suscriben que el sector Santa Cruz el cual hace referencia el recurrente se encuentra ubicado dentro de la Urbanización Kennedy, Parroquia Macario, Jurisdicción del Distrito Capital.

Agrega el recurrente en el punto previo en el escrito recursivo relacionado al ciudadano José Baldomero Peña Carrillo, lo relativo a la comisión de los delitos de Porte Ilícito de Arma de Fuego, Simulación de Hecho Punible y Encubrimiento, señalando respecto al segundo de los mencionados que no le debió ser atribuido a su defendido, en virtud que la responsabilidad es imputable a los funcionarios que actuaron en la recolección de evidencias, y a las novedades que se transmitieron por radio, por lo que fueron removidos de sus cargos, señalando que esto se probó en el Juicio Oral y Público. En cuanto al primero de los delitos mencionados, señala que su defendido como oficial de la Fuerza Armada Nacional, está autorizado por el Ejecutivo Nacional para portar un arma de fuego. Y por último, tenemos que en cuanto al encubrimiento, su defendido no encubrió a nadie, porque no estuvo en el sitio del suceso y como Jefe de la Comisión de la Dirección de Inteligencia Militar, puso a la orden a todo el personal ante la superioridad, colaborando así con las investigaciones; alegatos éstos improcedentes por ser argumentaciones propias para ser expuestas en el desarrollo del Debate, a fin que la apreciara el sentenciador, pues la Alzada sólo puede revisar lo sentenciado. Y del estudio efectuado al texto del fallo, se constata que están acreditados tales delitos y su respectiva responsabilidad penal.

Por otra parte, tenemos el punto previo relativo al acusado Juan Carlos Apóstol Romero que no existen suficientes elementos de convicción en contra del supra mencionado ciudadano, aludiendo igualmente que son otros los funcionarios policiales que tuvieron participación en los hechos objetos del presente proceso, ya que el mismo no se encontraba en el sitio del suceso, no accionando arma de fuego alguna; alegatos éstos improcedentes por ser argumentaciones propias para ser expuestas en el desarrollo del Debate, a fin que la apreciara el sentenciador, pues la Alzada sólo puede revisar lo sentenciado. Y del estudio efectuado al texto del fallo, se constata que están acreditados tales delitos y su respectiva responsabilidad penal.

Por último, es menester resaltar que los puntos previos son sólo argumentos de la defensa no encuadrados como corresponde en los motivos para recurrir en Alzada dentro del ordenamiento jurídico, pero como garantes de derechos y garantías constitucionales quienes aquí suscriben procedieron a dar contestación a lo indicado por el recurrente, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 49 y 257 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Es el caso que el recurrente de autos impugna la decisión dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio, de este Circuito Judicial Penal, de fecha 13 de octubre 2006, y lo hace en los siguientes términos:

Denuncia el recurrente literalmente lo siguiente:

“…PRIMERA DENUNCIA
LA DEL ART. 452 ORDINAL 1º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Violación de normas relativas a la Oralidad, Inmediación, Concentración y Publicidad del Juicio”; deacuerdo (sic) a los hechos que se narran a continuación:
En fecha Veintinueve (29) de Agosto del presente año 2.006; el Ciudadano Juez Séptimo (7º) de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al cierre de la Continuación de la Audiencia de la Audiencia del Juicio de la presente Causa decretó que PRESCINDÍA DEL RESTO DE LAS PRUEBAS QUE FALTABAN POR EVACUARCE (SIC), basando su derecho en atención a lo dispuesto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal ; cerró con un golpe de mallete en el escritorio y se retiró del recinto sin dar oportunidad a la defensa o al Ministerio Público de ejercer los recursos pertinentes, Violando el principio fundamental del derecho a la defensa, el principio de Oralidad que viene dado por la subsecuente violación de lo establecido en el Artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuando dentro de las pruebas que faltaban por evacuarse se encontraban testimonios de Testigos y de EXPERTOS, en especial el testimonio del experto Cristina Colina, quien fue promovida por la representación Fiscal y fue ésta uno de los expertos quien practico y suscribió los informes de los análisis de Trazas de Disparo de mi defendido y quien a su vez es la máxima autoridad en la materia por ser la Jefe del Laboratorio Microbiológico Policial del CICPC y que su testimonio era necesario a fin de que ratificara sus experticias; testimonio que no se llevó a cabo, por la actitud temeraria del Ciudadano Juez de Prescindir de las Pruebas.

Se hace necesario por este Tribunal Colegiado, resaltar que el recurrente de autos incurre en error en la presente denuncia de infracción al invocar la violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración y publicidad del juicio, en virtud que de la lectura minuciosa efectuada a la denuncia antes mencionada, se pudo constatar que el defensor hace mención únicamente al Principio de Oralidad, para hacer referencia a la decisión del Juez de Instancia de prescindir de la evacuación de las pruebas que faltaban, lo que no se corresponde al principio de oralidad. Aunado a ello, considera esta Sala que no puede el recurrente invocar la violación de los principios de inmediación, concentración y publicidad, sin señalar los motivos por los cuales considera que los mismos fueron violentados por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, pero como garantes de derechos y garantías constitucionales quienes aquí suscriben procedieron a dar contestación a lo indicado por el recurrente, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 49 y 257 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.


A fin de dirimir la presente controversia, considera este Tribunal extraer literalmente lo dispuesto por el Legislador Patrio, en el artículo 198 segundo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es del tenor siguiente:

Artículo 198. Libertad de Prueba:
“…Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas.

Establece esta norma la libertad de prueba, y mediante ella se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso; asimismo, existe libertad de probar por cualquier medio de prueba, medios estos que no se encuentren expresamente prohibidos por la ley.

Ahora bien, el artículo in comento prescribe la disposición que si algún hecho ha sido debidamente probado con los elementos o pruebas ya practicadas, el tribunal se encuentra plenamente facultado para limitar aquellos otros medios de pruebas promovidos para probar el mismo hecho, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas.

No obstante lo expuesto precedentemente, debe observarse que limitar los medios de pruebas ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas, responde al principio de la economía procesal por resultar pruebas innecesarias, en virtud de estar suficientemente comprobado el hecho o circunstancia que se pretende demostrar, lo que tiende en este caso a evitar dilaciones indebidas, así como gastos y esfuerzos innecesarios en la práctica de una actividad que no va a tener influencia alguna en el resultado del proceso; todo lo cual obra igualmente en beneficio de los principios de concentración y celeridad de los procesos, y siendo que con las pruebas evacuadas en juicio fueron lo suficientemente contundentes para llenar el convencimiento del juez de instancia, lo que hizo en uso de las facultades que le otorga el Legislador Patrio a través del instrumento adjetivo penal, en el artículo antes transcrito.

Resaltado lo anterior, dicha acción argumentada por el recurrente no podría ser tildada de arbitraria, ni mucho menos violatoria del principio de oralidad el cual tiene su génesis en las evidencias aportadas en forma oral por las partes, por lo que la oralidad más que un principio, es una forma de hacer el proceso que lleva consigo otros principios tales como la inmediación, concentración y publicidad. Y siendo esta una exigencia de este proceso en donde el juzgador dicta su fallo con base en los actos verbales y no en las actas contentivas del resultado de la investigación, de ello se deduce que el procedimiento probatorio en el debate depende del principio de oralidad.

Ahora bien, señala el recurrente de autos que la Experta Cristina Colina adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, no fue citada a los fines que compareciera a rendir declaración en el Juicio Oral y Público, siendo ello cierto a pesar de haberse librado Boletas de Citación para que así lo hiciera, según consta al folio 224 de la pieza 30 de fecha 04/07/06, que fue hecha efectiva en esa misma fecha, tal como se observa al folio 254 de la pieza 31; luego fue citada mediante Boleta de Citación fechada 13/07/07, tal como se verifica al folio 145 de la pieza 31, la cual fue hecha efectiva el 17/07/07, según se evidencia al folio 59 de la pieza 32, lo cual desmiente lo argumentado por el recurrente en cuanto a que el Tribunal de Primera Instancia nunca libró boleta de citación. Observando la Sala que efectivamente el Juez no ordenó su conducción por medio de la fuerza pública.

Sin embargo, la Sala estima que ello no puede ser calificado como una violación al principio de la oralidad, por cuanto esta probado que el Juicio se efectúo de forma oral y en la sentencia el Juez apreció las pruebas incorporadas en la Audiencia Oral y Pública.

Tampoco la defensa explica cuál es la incidencia que tiene la no declaración de ésta experta, acerca del Análisis de Trazas de Disparos practicado a su defendido sólo se limita a expresar que la declaración de la misma es necesaria para ratificar la prueba por ella efectuada. De modo que es irrelevante y sin influencia en el fallo este planteamiento de la defensa. Por los motivos antes expuestos considera este Tribunal Superior que la razón no le asiste al recurrente de autos, en consecuencia se DECLARA SIN LUGAR la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.


“SEGUNDA DENUNCIA:
LA DEL ARTÍCULO 452 ORDINAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida y legalmente (sic) o incorporada con violación a los principios del juicio oral”; deacuerdo (sic) a los hechos que se narra a continuación:
Por la falta de motivación ya que el tribunal que dicta la sentencia NO MOTIVÓ, en el caso de mi defendido en que (sic) consistieron los motivos fútiles e innobles, porque (sic) no determina ni precisa en circunstancias de tiempo modo y lugar la participación de mi defendido o perpetración del hecho que se le atribuye y por el cual se le acusa, por cuanto no detalla los hechos con claridad ni hace referencia de la situación especial de mi defendido quien desde que comenzó la persecución hasta que finalizaron los hechos con tan terrible resultado, el ciudadano JORGE LUIS MAURERA CENTENO…
SEGUNDA DENUNCIA:
LA DEL ARTÍCULO 452 ORDINAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida y legalmente (sic) o incorporada con violación a los principios del juicio oral”; de acuerdo a los hechos que se narra a continuación:
Por la falta de motivación ya que el tribunal que dicta la sentencia NO MOTIVÓ, en el caso de mi defendido en que (sic) consistieron los motivos fútiles e innobles, porque (sic) no determina ni precisa en circunstancias de tiempo modo y lugar la participación de mi defendido o perpetración del hecho que se le atribuye y por el cuál se le acusa, por cuanto no detalla los hechos con claridad ni hace referencia de la situación especial de mi defendido quien desde que comenzó la persecución hasta que finalizaron los hechos con tan terrible resultado el ciudadano JUAN CARLOS APOSTOL ROMERO…
SEGUNDA DENUNCIA:
LA DEL ARTÍCULO 452 ORDINAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida y legalmente (sic) o incorporada con violación a los principios del juicio oral”; de acuerdo a los hechos que se narra a continuación:
Por la falta de motivación ya que el tribunal que dicta la sentencia NO MOTIVÓ, en el caso de mi defendido en que (sic) consistieron los motivos fútiles e innobles, porque (sic) no determina ni precisa en circunstancias de tiempo modo y lugar la participación de mi defendido o perpetración del hecho que se le atribuye y por el cuál se le acusa, por cuanto no detalla los hechos con claridad ni hace referencia de la situación especial de mi defendido quien desde que comenzó la persecución hasta que finalizaron los hechos con tan terrible resultado, el ciudadano JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO…”.

Constatado como ha sido que el recurrente de autos impugnó en tres escritos separados la decisión de instancia, a favor de su tres representados de forma idéntica, esta Sala de la Corte de Apelaciones a fin de resolver la presente controversia pasa a decidirla en los siguientes términos:

Del escrito de apelación, se observa que el recurrente de autos, el Abg. LUIS EDGARDO VILLANUEVA TORRES, en su carácter de defensor de los ciudadanos JUAN CARLOS APOSTOL ROMERO, JORGE LUIS MAURERA CENTENO y JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, aduce que la recurrida incurre en vicios de procedimiento (vicio in procedendo) y de derecho (vicio in iudicando) en el fallo que hoy impugna ante esta Alzada, y tal argumento lo fundamenta en el ordinal 2° del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, señalando la falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, incurriendo en error de técnica jurídica, pues no pueden invocarse todos los supuestos establecidos en dicha norma. En efecto, en cuanto a la motivación de la sentencia no puede al mismo tiempo invocarse la falta, la contradicción o la ilogicidad manifiesta en razón a que son supuestos que se excluyen entre sí. Del mismo modo ocurre cuando se invoca que la motivación esta fundada en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral pues son supuestos distintos. Precisado lo anterior constata la Sala, sin embargo que el recurrente en este capítulo refiere la falta de motivación del fallo y las pruebas obtenidas ilegalmente.

Entre su denuncia de infracción, el impugnante en cuestión, señala la existencia de falta de motivación, contemplada específicamente en el ordinal segundo de la disposición procesal precitada, que comportan en definitiva un vicio in procedendo, pues destaca, que el fallo impugnado no cumple con exponer debidamente sus fundamentos de hecho y de derecho, ni tampoco con una apreciación de las pruebas según la sana crítica, tal y como se aprecia de los escritos de apelación, antes transcritos:

“…Por lo que, tal decisión, carece de las formalidades exigidas en el Código Orgánico Procesal Penal en su Artículo 364 Numeral 3; puesto que como lo señala en los dos párrafos anteriores surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno de ellos y por ende igualmente no se determinan las circunstancias de tiempo modo y lugar de manera precisa y circunstanciada de la participación de mi defendido...”.

La supuesta infracción de la cual aparentemente incurre la sentencia en estudio, y que en definitiva determina un quebramiento por inmotivación de la sentencia; de la que esta Alzada entra a conocer, observando, que el fallo impugnado bajo ningún concepto incurre en el vicio de falta de motivación, toda vez, que el Juez de la recurrida fue explícito al desestimar o estimar las probanzas evacuadas en el juicio oral y público, expresando cómo las apreció para llegar a la resolución condenatoria de los ciudadanos JUAN CARLOS APOSTOL ROMERO, JORGE LUIS MAURERA CENTENO y JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, plenamente identificados en autos, tal y como se desprende de los argumentos de hecho y de derecho de la sentencia impugnada, y la cual fuere transcrita parte de la motiva en la presente decisión. Destacando que el mismo recurrente transcribe parte de esa motiva, del cual el Juez de Instancia hace el razonamiento relativo a sus defendidos y demás acusados.

El fallo recurrido esta motivado, pues la misma, refleja el razonamiento encaminado a la aplicación de la norma general al caso concreto, que obviamente se logra, trasladando la valoración general al caso juzgado, concatenándolo, con el señalamiento que el legislador ha expresado en la norma general a un supuesto de hecho especifico, mediante la cual, y a través del acervo o cúmulo probatorio se incrimina a los ciudadanos JUAN CARLOS APOSTOL ROMERO, JORGE LUIS MAURERA CENTENO y JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, acusados de autos. Determinada así con claridad los hechos investigados.

Bien es sabido, que existirá inmotivación de una resolución judicial, cuando faltare la justificación racional de la decisión, y por ende, el Juez no haya exteriorizado explícitamente, el por qué de su determinación; en tal sentido, observamos, que la sentencia en estudio no predica error en la motivación, pues como diría el jurista italiano Guido Calogero, (La lógica del juicio es su control en casación) (p.227), la sentencia aquí analizada, suministra el material suficiente para comprender la génesis del convencimiento del mecanismo lógico.

En total comprensión con lo antes aludido, encontramos la posición que adopta el catedrático argentino FERNANDO CANTÓN, quien en su obra intitulada: El Control Judicial de la Motivación de la Sentencia Penal, (1999), nos ilustra al respecto, de la siguiente manera:

“...No existirá motivación si no ha sido expresado en la sentencia el porqué de determinado temperamento judicial, aunque el razonamiento no exteriorizado por el juzgador-suponiendo que hubiera forma de dilucidarlo-hubiera sido impecable…” (p.59) (Negrillas de la Sala).

Ahora bien, frente a la denuncia antes aludida, esta Alzada, denota que los argumentos explanados en la misma, no se ajustan a la realidad procesal, ni jurídica acreditada en los autos, pues se evidencia palmariamente que el fallo recurrido se encuentra debidamente motivado; toda vez que éste, explica detalladamente y razonadamente como apreció cada una de las probanzas ante él evacuadas, con ocasión al juicio oral y público. Consideramos que la recurrida, sí realizó el debido análisis del caso en estudio, y comparó debidamente, todas y cada una de las pruebas cursantes en los autos.

Siendo así las cosas, es determinante señalar que la recurrida efectivamente hizo un señalamiento expreso y circunstanciado de los hechos que consideró acreditados en los autos, del elenco probatorio evacuado en el juicio oral, explicando cuáles son los criterios jurídicos esencialmente fundamentadores de su resolución judicial, siendo a todas luces coherente su argumentación sobre el caso en concreto, lo que en definitiva hace preciso y adecuado el fallo en estudio.

Sobre la motivación de la sentencia, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal del País, en éste sentido, cuando ha destacado, que el razonamiento lógico de la motivación de la sentencia exige a los jueces la necesaria apreciación de todas las pruebas, pues de manera alguna, la soberanía de los jueces en relación de la apreciación de las pruebas, y en el establecimiento de los hechos no es discrecional, sino jurisdiccional, tal y como se aprecia de la sentencia N° 432, de fecha 26-09-2002, con ponencia de la Magistrada BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEON, en el exp. N° C01-0560, mediante la cual se indicó:

“…La soberanía de los jueces en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos no es discrecional, sino jurisdiccional. El razonamiento lógico de la motivación de la sentencia. Es importante resaltar, en el presente caso, (siendo que el mismo ha sido casado en una primera oportunidad por vicios de inmotivación) que si bien los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos, esa soberanía es jurisdiccional y no discrecional, razón por la cual debe someterse a las disposiciones legales relativas al caso para asegurar el estudio del pro y del contra de los puntos debatidos en el proceso, y para ello es indispensable cumplir con una correcta motivación en la que no debe faltar el siguiente razonamiento lógico: 1) la sentencia debe expresar las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso y las normas legales pertinentes; 2) que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal; 3) que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre si, que converjan a un punto o conclusión para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella, 4) y que en el proceso de decantación, se trasforme por medio de razonamientos y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal…”.

En consecuencia, la exteriorización de la secuencia racional adoptada por los jueces para la determinación del hecho y la aplicación del derecho, nos permite constatar la corrección de dichas operaciones, materializadas en dos (2) inferencias, la primera inductiva (determinación del hecho) y la segunda, deductiva (subsunción jurídica). Siendo que en la fase inductiva, se refleje el soporte racional de la apreciación de las pruebas y la concordancia de dicha valoración con el hecho determinado. En razón a la segunda, se aprecia si la norma sustantiva que se dice aplicable, ha sido interpretada en forma correcta, como también, si dicha norma ha sido bien aplicada en el caso determinado, tal como no los explica el jurista argentino LANGER MÁXIMO, en su libro: “EL Principio In Dubio Pro Reo y su Control en Casación”, p. 215 (1998).

Dadas las circunstancias del caso y las del fallo recurrido, encuentra esta Alzada, que la recurrida no incurrió en el vicio de infracción o error de forma antes aludido, puesto que éste analizó debidamente el elenco probatorio emanado de los autos, realizando en consecuencia una determinación precisa y circunstanciada de los hechos, por lo que mal puede impugnarse una decisión, cuando la parte que hoy se encuentra afectada por dicha resolución, no ejerció un rol lo suficientemente determinante para llenar de convicción y certidumbre al juez de que los hechos acaecieron de la forma y con la intención que se pretende alegar, evidenciándose que tales circunstancias no fueron determinadas ni por la defensa, ni se pudieron deducir de las probanzas aportadas, según se pudo apreciar de la fundamentación, pues el juez A quo, ha señalado con expresa claridad sobre el por qué y cómo adminiculó él las probanzas evacuadas en el Juicio Oral y Público. Igualmente, se pudo constatar que el recurrente pretende que la Alzada analice los hechos de acuerdo con su particular visión, según expone en su escrito recursivo.

Por otra parte, es menester resaltar que en el fallo impugnado sí se expresa lo relativo a las calificantes del delito imputado, cuando el sentenciador dio por probado que los funcionarios actuantes en la Comisión Mixta actuaron alevosamente con una condición de superioridad con relación a las víctimas, por las circunstancias de haberlos sorprendidos y sin tener un motivo para efectuar múltiples disparos, observándose asimismo que del vehículo donde se trasladaban los estudiantes de la Universidad Santa María, poseía impactos de balas con entrada de afuera hacia adentro y no de forma inversa, tal y como lo expresó el Tribunal de Instancia.

En este mismo orden de ideas, tenemos que el recurrente de autos alega que la prueba de Análisis de Trazas de Disparos efectuada por el Experto Rubén Villamizar, fue obtenida de manera ilegal, pues al momento de hacer la colecta de las mismas no se encontraba presente ningún abogado de los acusados ya identificados. Afirmando, igualmente que no es un Experto y que la Prueba ya tantas veces mencionada no fue realizada en el Laboratorio de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, violándose en consecuencia los principios relativos a la cadena de custodia.

Al respecto, observa este Juzgado Ad-quem que tales alegatos no fueron expuestos por el recurrente, quien ha sido defensor de los acusados desde la fase preparatoria, en la oportunidad en que correspondía oponerse a la admisión de esta prueba ofrecida por el Ministerio Público, que fue admitida por el Juez de Control en la Audiencia Preliminar. Tampoco en la oportunidad del Juicio Oral se opusieron a la evacuación de la prueba testimonial del experto y fue preguntado y repreguntado el mismo, por las partes que asistieron al Juicio Oral y Público, entendiéndose que hubo control de la prueba.

Sin embargo, debe necesariamente resaltar este Tribunal Colegiado que en la Fase de Investigación puede el órgano policial o el Ministerio Público conforme lo establece los artículos 283 y 284 ambos del Texto Adjetivo Penal, ordenar, como en efecto se hizo, la toma de la muestra del Análisis de Trazas de Disparos, para lo cual no se requiere necesariamente la asistencia de abogado, observando que en el caso de autos estuvo presente un Fiscal del Ministerio Público con Competencia en Derechos Fundamentales, no existiendo evidencia en cuanto a que hubo violación a la cadena de custodia, pues las muestras estaban identificadas, y por ende no puede el recurrente de autos afirmar que dicha prueba fue obtenida ilegalmente, puesto que en el Juicio Oral y Público, las partes controlaron la misma y lo argumentado por el apelante de autos, no la desvirtúa.

Determinado lo anterior, observa esta Alzada que el Experto Rubén Villamizar adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien practicó la prueba in comento a sus defendidos, no fue apreciado por el Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, resulta irrelevante el planteamiento esgrimido por el apelante de autos, pues el Análisis de Trazas de Disparos (ATD) practicado a su defendido no fue incorporado ni apreciado por el Juez Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, amén que el Juez toma en consideración otros órganos de prueba que determinaron su responsabilidad en los hechos como se observa en el texto íntegro de la sentencia.

Asimismo, es importante resaltar que si bien es cierto, la prueba de Análisis de Trazas de Disparo (ATD), fue realizada en los laboratorios de un Instituto distinto, al laboratorio de Microanálisis del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, no menos cierto es, que dicha prueba fue practicada, por un Funcionario adscrito a ese Cuerpo de Investigación, de todo lo cual, no se puede pretender sacrificar la justicia, siendo que como organismos públicos nos encontramos en el deber de mantener incólume lo establecido en el artículo 26 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual obliga al Estado a brindar una Justicia responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles a los fines de lograr el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan. Igualmente, es de hacer acotar que en el caso de autos no existe evidencia alguna de que haya habido alteración de la muestra del Análisis de Trazas de Disparos. Motivo éste por el cual este Tribunal Colegiado Declara SIN LUGAR el presente punto de impugnación. Y ASÍ SE DECIDE.

En cuanto a la tercera denuncia, tenemos:

“...TERCERA DENUNCIA:
LA DEL ARTÍCULO 452 ORDINAL 3º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: “Quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que causen indefensión”; de acuerdo a los hechos que se narran a continuación:
Que en fecha Veintinueve (29) de Agosto del presente año 2.006; el Ciudadano Juez Séptimo (7º) de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al cierre de la Continuación de la Audiencia de la Audiencia del Juicio de la presente Causa decretó que PRESCINDÍA DEL RESTO DE LAS PRUEBAS QUE FALTABAN POR EVACUARCE (SIC), basando su derecho en atención a lo dispuesto en el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal; cerró con un golpe de mallete en el escritorio y se retiró del recinto sin dar oportunidad a la defensa o al Ministerio Público de ejercer el recurso de REVOCACIÓN, sobre tal decisión, de conformidad a lo establecido en el Articulo (sic) 444 del titulo (sic) II del Código Orgánico Procesal Penal y en atención a las formalidades contenidas en el Articulo (sic)445 del citado Código, por lo que esta defensa considera que se violo (sic) el debido proceso a que se contrae el articulo (sic) 49 de la Constitución Nacional y el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal y por ende creo (sic) el estado de indefensión a los (sic) acusados por cuanto la actitud esgrimida por el Juez fue apresurada y no dio la oportunidad a (sic) al defensa y ala (sic) ministerio (sic) público(sic) de ejercer los recursos correspondientes y consta tal situación en las actas del debata (sic) de la audiencia oral y publica (sic) en las reproducciones Videográficas de la presente causa signada con el Nº. 358-06 y que fue obviado por el ciudadano Juez hacer mención de tal situación en la Sentencia; de lo cual puede dar fe las partes intervinientes en la referida audiencia como lo es los abogados de la defensa y los representantes del ministerio (sic) público (sic) a quienes promuevo como testigos y solicito se les tome las declaratorias debidas a este hecho en la oportunidad legal correspondiente.

Respecto a esta denuncia se observa, que los fundamentos que utilizó para impugnar la decisión de instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 452, ordinal 1º, del Código Orgánico Procesal Penal, son los mismos fundamentos que sustentaron su denuncia, pero ahora con base a lo establecido en el ordinal 3º del precitado artículo, con la variante alegada por el denunciante en donde señala violación al debido proceso establecido en el artículo 49 del Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por no permitirle presuntamente ejercer Recurso de Revocación.

En cuanto a la presente denuncia, primeramente considera oportuno esta Alzada traer a colación un extracto de la decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero. Sent. 2091 de fecha 27-11-2006, el cual es del tenor siguiente:

“…a tenor de lo establecido en el referido artículo 444, el recurso de revocación procederá solamente contra los autos de mera sustanciación, a fin de que el tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda…”

De la transcrita jurisprudencia se desprende, que los autos de mera sustanciación, los cuales no requieren ser fundamentados; son decisiones susceptibles del recurso de revocación a fin que el mismo tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda.

Ahora bien, el recurso de revocación se puede ejercer en contra de los autos de mera sustanciación o de mero trámite, entendiéndose como las providencias que dicta el Juez con el objeto de impulsar y ordenar la debida marcha del proceso, pero que no deciden ningún punto en controversia, vale decir, no causan gravamen, por lo que no son apelables; razón por la cual, la acción asumida por el Juez de Instancia bajo ningún concepto puede tomarse, como si hubiese atentado en contra del derecho que le asiste a las partes, es decir, debido proceso, siendo que la constatación de haber ejercido dicho recurso, sólo sería tomado en cuenta por la Alzada a fin de corroborar la disconformidad de las partes, en algún momento dado.

En tal sentido, se evidenció de la pieza 34 inserto al folio 223, en la parte final de la continuación del juicio oral y público de fecha 29 de agosto de 2006, que el Juez de Instancia permitió al Fiscal (32º) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, ejercer el Recurso de Revocación, más no se evidencia que el recurrente de autos hubiese intentado, hacer uso de su derecho, razón por la cual al no poderse constatar tal violación, resulta imposible para esta Alzada determinar lo aducido por el recurrente de autos. Amén de que tal decisión no puede calificarse como un auto de mera sustanciación, pues lo resuelto causa consecuencia jurídica y sólo puede ser revisado por la Alzada, quien es el órgano competente para determinar si se violó o no una norma, y en el caso de autos ello no ha ocurrido, en virtud que el Juez de Instancia no puede revocar su propia decisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y 176 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

Por otra parte, tenemos que el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, establece textualmente lo siguiente:

Artículo 198. Libertad de Prueba: Salvo previsión expresa contrario de la ley, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba, incorporado conforme a las disposiciones de este Código y que no esté expresamente prohibido por la ley.
Regirán, en especial, las limitaciones a la ley relativas al estado civil de las personas.
Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas.
El tribunal puede prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio”.

Establece esta norma la libertad de prueba, y mediante ella se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso; asimismo, existe libertad de probar por cualquier medio de prueba, medios estos que no se encuentren expresamente prohibidos por la ley.

Ahora bien, el artículo in comento prescribe la disposición que si algún hecho ha sido debidamente probado con los elementos o pruebas ya practicadas, el tribunal se encuentra plenamente facultado para limitar aquellos otros medios de pruebas ofrecidos para demostrar el mismo hecho, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas, responde tal limitación al principio de la economía procesal por resultar pruebas innecesarias, en virtud de estar suficientemente comprobado el hecho o circunstancia que se pretende demostrar, lo que tiende en este caso a evitar dilaciones indebidas, así como gastos y esfuerzos innecesarios en la práctica de una actividad que no va a tener influencia alguna en el resultado del proceso; todo lo cual obra igualmente en beneficio mismo de los principios de concentración y celeridad de los procesos, y siendo que con las pruebas evacuadas en juicio fueron lo suficientemente contundentes para llenar el convencimiento del juez de instancia, éste en uso de las facultades que le otorga el Legislador Patrio a través del instrumento adjetivo penal, en el artículo antes transcrito, consideró acreditado el hecho objeto del Juicio Oral y Público cuya decisión es recurrida en la presente causa.

Resaltado lo anterior, dicha acción argumentada por el recurrente no podría ser tildada de violatoria al derecho de defensa y debido proceso el cual tiene su génesis en las evidencias aportadas en forma oral por las partes; es determinante señalar que no cualquier quebrantamiento de formas sustanciales de los actos es motivo de apelación, sólo aquellas que causen indefensión. En tal virtud la denuncia alegada por el recurrente no fue debidamente acreditada por éste y tampoco pudo comprobarlo esta Instancia Superior, ya que no basta alegar el vicio, sino que se debe ser lo suficientemente claro, preciso y determinante, al momento de señalar las situaciones que hicieren procedente la impugnación y que impiden el ejercicio pleno del derecho a la defensa. Motivo éste por el cual este Tribual Colegiado DECLARA SIN LUGAR el presente punto de impugnación. Y ASÍ SE DECIDE.

En consecuencia el recurrente no logró bajo ningún concepto demostrar la violación de los preceptos alegados por éste en su escrito recursivo y tampoco fue determinado por esta Instancia Superior. En razón a estas circunstancias de hecho y de derecho que anteceden, es por lo que esta Sala, considera que no le asiste la razón al apelante; y considera que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abg. LUIS EDGARDO VILLANUEVA TORRES, en su carácter de Defensor Privado de los ciudadanos JORGE LUIS MAURERA CENTENO, JUAN CARLOS APOSTOL ROMERO y JOSÉ BALDOMERO PEÑA CARRILLO, en contra de la Sentencia publicada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en fecha 13 de octubre de 2006. Quedando así, CONFIRMADA la sentencia dictada por el Juzgado de la Causa, en todas y cada una de sus partes. Y ASÍ SE DECIDE.-

DÉCIMO RECURSO DE APELACIÓN

Los ABGS. JOSÉ ANTONIO VILLARROEL CORTEZ y MARITZA BETANCOURT MORALES, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA, impugnan la decisión dictada por el Juzgado Séptimo de Juicio de Primera Instancia de este Circuito Judicial Penal, de fecha 13 de octubre de 2006.

PUNTO PREVIO

Este Tribunal de Alzada debe señalar, la mala praxis o técnica de los recurrentes al momento de ejercer la vía recursiva ordinaria, y pretender que en segunda instancia estos decidores analicen y valoren pruebas situación ésta que está vedada a los jueces de Corte de Apelaciones, según jurisprudencia reiterada de nuestro Máximo Tribunal. Motivo por el cual quienes aquí suscriben tomaran de las denuncias propuestas por los denunciantes sólo aquellas que se refieran a violaciones de principios, derechos fundamentales de las partes, así como quebrantamientos de normas.

Dichos recursos de apelación que interponen los recurrentes, lo hacen en los siguientes términos:

En el Capítulo I, hacen referencia a la falta de motivación, y en el Capítulo II a la contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 452 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal.

En cuanto a la falta de motivación los recurrentes trascriben parcialmente las declaraciones de los ciudadanos ELIZABETH YULEIDYS ROSALES BRACAMONTE, IRUA COROMOTO MORENO GARCÍA, DANITZA COROMOTO BUITRAGO GAMBOA, RAMÓN ANTONIA PLAZA RAGA, SIMONA YEPEZ RAGA, parte de la información que rinde LUIS PEÑA en la reconstrucción de los hechos así como del experto JOSÉ LUIS CORDERON, JOSÉ BUCHANAS CEDRES, JOSÉ BOLIVAR CELIS, NICOLAS MORALES quien realizó trayectoria balística, ROSANGELA BRACAMONTE y la declaración de RODAINAH NASSER, concatenando algunas versiones con otras para afirmar que el sentenciador no señaló de manera clara precisa y circunstanciada el modo, tiempo y lugar en que participó su defendido en la comisión del hecho punible por la que fue condenado, siendo ello un análisis particular de la defensa, el cual no corresponde analizar a la Sala, pues se trata de su perspectiva como defensores acerca de los hechos, y a la Alzada le compete es verificar si la recurrida incurrió en algunos de los motivos que establece el legislador en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal.

A pesar de la incorrecta fundamentación sobre el motivo aludido por referirse los recurrentes al análisis particular de la defensa acerca de la interpretación de los hechos, la Sala observa que en el texto de la sentencia no existe tal vicio, pues el Juez de Instancia en su motiva explica el porqué dicta tal sentencia y concretamente expresa, entre otros razonamientos, que el referido ciudadano formaba parte de una comisión que actuó en el sector Kennedy ese día e intervino activamente en los hechos por el cual se condena al ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA, y todo ello esta indicado de manera adecuada, pues se señala el día, hora y lugar en donde ocurrieron los hechos así como se señalan las personas que participaron en el delito por el cual el fue imputado, esto es, Homicidio Calificado Frustrado, por motivos fútiles e innobles, en perjuicio de IRUA MORENO y DANITZA GARCÍA. Analizando y concatenando todas las pruebas que estimo para llegar a tal condenatoria.

Así señala el Juez de Instancia en parte de su motiva lo siguiente:

“…En cuanto a la culpabilidad de los acusados…omissis… FRANK SERRADA, …omissis…, no cabe ninguna duda de la participación de los mismos en los hechos acaecidos en fecha 27-06-05, en el sector Kennedy, toda vez que los mismos eran integrantes de una comisión que se había traslado a dicho sector lo cual se verifico a través de la copia certificada del libro de novedades de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Inteligencia Militar ya que se deja constancia que el día 27 de Junio siendo las 18:30 horas salen de comisión los funcionarios…”

Con motivo a lo antes explanado considera esta Sala que la razón no les asiste a los defensores. En consecuencia lo ajustado y procedente a derecho es declarar la presente denuncia SIN LUGAR. Y ASÍ SE DECLARA.

En lo atinente a que el Juez de Instancia incurrió en ilogicidad de la sentencia así como en contradicción, estos decisores, consideran pertinente definir el concepto e importancia de la motivación de la sentencia, la cual consiste, en la exteriorización por parte del juez, acerca de la justificación racional de determinada conclusión a que se llega en un juicio; en pocas palabras el fallo se identifica con la exposición del razonamiento.

De lo contrario, existiría inmotivación en la resolución judicial, cuando faltare la justificación racional de la decisión, y por ende, el Juez no haya exteriorizado explícitamente el porqué de su determinación.

En total comprensión con lo antes aludido, encontramos la posición que adopta el catedrático argentino FERNANDO CANTÓN, quien en su obra intitulada: El Control Judicial de la Motivación de la Sentencia Penal, (1999), nos ilustra al respecto, de la siguiente manera:

“No existirá motivación si no ha sido expresado en la sentencia el porqué de determinado temperamento judicial, aunque el razonamiento no exteriorizado por el juzgador-suponiendo que hubiera forma de dilucidarlo-hubiera sido impecable…” (p.59) (Negrillas de la Sala)

Ahora bien frente a la denuncia antes aludida, esta Alzada, denota que los argumentos explanados en la misma, no se ajustan a la realidad procesal ni jurídica, acreditada en los autos, pues se evidencia palmariamente que el fallo recurrido se encuentra motivado, y de la lectura del mismo, no se evidencia que el Tribunal A-quo, hubiera incurrido en ilogicidad o en contradicción en la motivación, toda vez, que explica detalladamente y razonadamente cómo apreció cada una de las probanzas ante él evacuadas, con ocasión al juicio oral y público, lo hace de manera lógica y no se verifica contradicción alguna en su determinación. Incurriendo nuevamente en error los recurrentes al pretender que la Alzada analice los hechos a partir de su particular visión, pues hacen referencia a la versión de los expertos como ilógica con relación al lugar de uno de los impactos y orificios producidos por un arma de fuego, pero no hacen alusión como correspondía a la ilogicidad en la motivación de la sentencia que es el motivo por el cual pueden recurrir, por tanto imposible para la Alzada analizar las versiones a las que hacen referencia en su escrito de apelación los referidos recurrentes por tratarse de un análisis de los hechos y por qué a esta Alzada no le corresponde tratar la inocencia o culpabilidad como pretende la defensa como solución al motivo que constatándose en su propio escrito de apelación antes transcrito.

En cuanto al señalamiento de ilogicidad, en virtud a que algunas pruebas no se apreciaron por no haber concurrido a la Audiencia Oral y Pública el experto, o porqué según el particular criterio de los recurrentes no arroja prueba en contra de su defendido por ilógicas e inverosímil las pruebas, tal como se constata de la argumentación referida en el recurso antes transcrito, esta Sala observa la imposibilidad de resolver el planteamiento de no valoración de esas pruebas que señala ilógicas e inverosímiles en su resultado, pues a la Alzada le corresponde no el análisis de los hechos sino resolver los motivos a que hace referencia el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, y el aludido por los recurrentes como ilogicidad o contradicción en la motivación de la sentencia no es tal, ya que se hace referencia a que no se pueden valorar estas pruebas por ilógicas e inverosímiles y del análisis que se hace del texto íntegro de la sentencia, no puede este Tribunal Colegiado inferir que haya incurrido el sentenciador en ilogicidad o en contradicción o en falta de motivación de la sentencia, por el contrario se constata que dicha sentencia está motivada adecuadamente.

Por otra parte observan estos Juzgadores, la imposibilidad de llegar a la solución pretendida por los defensores en el sentido que no surtan efectos las declaraciones y experticias aludidas por éstos en su recurso, pues de acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, según la decisión que dicte la Corte de Apelaciones sí declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto, lo que procedería es anular la sentencia y ordenar la celebración de un nuevo juicio oral y público, tal y como lo refiere el artículo 459 del Texto Adjetivo Penal, y no el de apreciar alguna prueba, decretar la inocencia o culpabilidad del acusado o desaplicar la valoración dada por el sentenciador, que es lo que proponen los recurrentes, tal y como se evidencia del escrito recursivo antes transcrito, lo cual es incorrecto.

Siendo así las cosas, es determinante señalar, que la recurrida, efectivamente, hizo un señalamiento expreso y circunstanciado de los hechos que consideró acreditados en los autos del elenco probatorio evacuado en el juicio oral, explicando cuáles son los criterios jurídicos, esencialmente fundamentadores de su resolución judicial, siendo a todas luces coherente su argumentación sobre el caso en concreto, lo que en definitiva hace preciso y adecuado el fallo en estudio.

Dadas las circunstancias del caso y las del fallo apelado, encuentra esta Alzada que la recurrida no incurrió en el vicio de infracción o error de forma antes aludido, puesto que ésta analizó debidamente el elenco probatorio emanado de los autos realizando en consecuencia, una determinación precisa y circunstanciada de los requisitos, por lo que mal puede impugnarse una decisión, cuando la parte que hoy se encuentra afectada por dicha resolución, no ejerció un rol lo suficientemente determinante para llenar de convicción y certidumbre al juez de que los hechos acaecieron de la forma y con la intención que se denuncia; según se pudo apreciar de la fundamentación, pues el juez A quo, ha señalado con expresa claridad sobre el por qué y como adminiculo él las probanzas evacuadas en el Juicio Oral y Público, tal y como se aprecia del fallo recurrido.

Estos Juzgadores observan que el recurrente, denuncia que el fallo cuestionado, adolece de CONTRADICCIÓN, pues, los razonamientos que se hacen son opuestos entre sí, es decir, que éstos dejan dudas sobre su alcance y significado. Situación ésta, que no se presenta en la sentencia en estudio, puesto que la recurrida, a través de su fallo se evidencia que fue debidamente motivada, ya que explicó suficientemente, y razonablemente su convencimiento sobre el hecho objeto de la presente causa penal. Además su motivación, fue adecuada, pues indicó el procedimiento que siguió y su experiencia, así como diversos conceptos de cultura común dentro de la dogmática penal, por lo cual el Juez A quo CONDENÓ al acusado de autos por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO; USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

Por lo que se denota, una adecuada motivación por parte del juez de la recurrida, quien justifica racionalmente su decisión, apreciando las pruebas evacuadas en el juicio oral, a través del Sistema de la Sana Critica, como lo exige el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo una evaluación razonada del elenco probatorio, a través de criterios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos; es por ello, que esta Alzada, considera que la razón no le asiste al recurrente de autos.

Al respecto conviene traer a colación decisión dictada en fecha 2 de mayo de 2000, con ponencia del Magistrado Jorge L. Rosell Senhenn, Sentencia Nro 507 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la cual literalmente señala:

“…Esta sala, en reiterada jurisprudencia ha establecido que existe manifiesta contradicción entre los hechos que se dan por probados, cuando por falta de claridad y determinación en cuanto a los hechos admitidos como probados, puede ofrecerse alguna duda racional que impida la afirmación o negación de un hecho principal e influyente, o cuando las contradicciones que en la exposición de los mismos resulta, sean tan manifiesta e importante y tan incompatible en sus términos que afecten a la unidad de dicha exposición y puedan surgir conclusiones contradictorias en el fallo. (…).
(…) el juzgador a-quo incurrió en inmotivación por contradicción en relación a los hechos que declaró probados.
Efectivamente, el Juzgador a-quo, por una parte estableció los hechos y dio por comprobado el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto en el artículo 407 en relación con el artículo 426 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano…; y por la otra da por comprobados los hechos constitutivos de la culpabilidad del ciudadano … en el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el ordinal 1º del artículo 408 ejusdem y lo condena por tal hecho (…)..”

Así las cosas, es determinante señalar que la recurrida efectivamente, hizo un señalamiento expreso y circunstanciado de los hechos que consideró acreditados en los autos del elenco probatorio evacuado en el juicio oral, explicando cuáles son los criterios jurídicos, esencialmente fundamentadores de su resolución judicial, siendo a todas luces coherente su argumentación sobre el caso en concreto, lo que en definitiva hace preciso y adecuado el fallo en estudio, por lo que el mismo se encuentra debidamente motivado.

El Juez de la recurrida utilizó el Sistema de la Sana Crítica, previsto en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal y explicó las razones o motivos que lo llevaron a condenar, con base en los elementos probatorios que se obtuvieron en el Juicio Oral y Público. El artículo 22 aludido es muy claro en este aspecto al precisar que la libre convicción debe basarse en “las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias”, es decir debe utilizarse el método de la sana crítica para llegar a una conclusión razonada. Por esto el sistema que acoge en realidad el Código Orgánico Procesal Penal, es el de la libre convicción razonada, valoración esta que fue debidamente motivada por la recurrida con los fundamentos supra indicados.

Considera esta Alzada, que la referida denuncia de infracción no le es aplicable a la sentencia en estudio, ya que como lo explicáramos anteriormente, la recurrida fue sumamente explícita en su decisión, en pocas palabras, el juez de mérito explicó razonadamente, cuál fue su criterio jurídico en la presente causa, adecuando los hechos a las circunstancias fácticas del tipo penal atribuido por el Ministerio Público, y por ende, cuáles fueron esencialmente fundamentadores de su resolución judicial CONDENATORIA en lo atinente a los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406, ordinal 1º, en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO; USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 364 ordinal 5°, en relación con lo dispuesto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo a todas luces coherente su argumentación sobre el caso en concreto, lo que en definitiva hace preciso y adecuado el fallo en estudio.

En lo atinente a la falta de logicidad de la sentencia, ello ocurre cuando ésta es inconciliable con la fundamentación previa que se hizo, o cuando el contenido de las pruebas ha sido apreciado de manera ilógica. En pocas palabras cuando el señalamiento del juzgador en la motivación de la sentencia resulta carente de lógica al realizar el análisis y comparación de las pruebas a los fines de establecer los hechos que se derivan de las mismas, y, en consecuencia, el derecho aplicable, o cuando la sentencia es inconciliable con la fundamentación previa que se hizo.

Es de acotar por este Tribunal de Alzada, que el Juez determinó en su sentencia, los basamentos de hecho y de derecho que le sirvieron para determinar el grado de participación de cada uno de los acusados, acotación esta que realiza este Tribunal Colegiado, en virtud que de la lectura del contenido de la presente denuncia se pudo constatar que los apelantes señalan que del elenco probatorio evacuado en el Juicio Oral y Público, que inculpan al ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA, en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80 en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 281 del Código Penal, son ilógicos por cuanto a su criterio la Inspección Ocular Nº 997, efectuada por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Héctor Aparicio, Luis Prada y Oliver Cardona, al vehículo placas ABR-68G, Marca Chevrolet Corsa, no se desprende que el arma que poseía su defendido guardaba relación con los orificios e impactos encontrados en el vehículo antes mencionado. Que como ya se dijo es un análisis de los hechos visto desde el punto de vista de la defensa y que esta Alzada no puede entrar a analizar.

En este mismo orden de ideas, los recurrentes escrutan el sistema de valoración de pruebas realizado en cuanto al ciudadano FRANK ALBERTO SERRADA, cuando el Juez Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dejó suficientemente claro que un grupo de personas entre los mencionados el ciudadano antes identificado, actúo en los hechos teniendo como grado de participación criminal lo que el Legislador denominó complicidad correspectiva.

Sobre este particular este Juzgado Ad-quem señala que corre inserto a los folios 403 al 413 de la trigésima quinta pieza del presente expediente, fundamentación realizada por el Tribunal de la Recurrida donde indicó primeramente todo lo relacionado con las pruebas documentales y testimoniales que fueron debatidas en el Juicio Oral y Público con su respectiva valoración, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo son que el Vehículo Corsa donde transitaban las víctimas de la presente causa, poseían múltiples impactos, orificios y abolladuras en la parte externa del vehículo, como consecuencia del paso de proyectiles, así como también se evidenció el paso de varias trayectorias de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro, que el disparador se encontraba del lado de afuera, dejando expresa constancia que ninguno de los impactos de balas procedían de la parte interna del vehículo, todo ello con el fin de determinar la trayectoria de los disparos antes aludidos.

Precisado lo anterior, el Juez de la causa procedió a efectuar un señalamiento en el cual determinó que los ciudadanos JOSÉ ANTONIO PEÑA PEÑA, GENDRYS ENRIQUE MOLINA, WILL MONTES CHIRINOS, JOSNEL JAIME, JUAN REYES, FERNANDO MORA, JESÚS ABREU, FRANK SERRADA, AMALIO BRAVO, OLIMPIO BARILES, GERSON CARPIO, DANILO ANGULO, ALIRIO CAMEJO, JUAN APOSTOL ROMERO, CARLOS COISCOU PRADA, JOSÉ PEÑA CARRILLO, JORGE ESCALONA, FELIZ MOTA y FRANKLIN GARCÍA MALDONADO, se encuentran incursos en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1 en relación con el artículo 80, en concordancia con el artículo 424, todos del Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas IRÚA COROMOTO GARCÍA y DANITZA COROMOTO BUITRAGO.

Observándose, que cuando se establece que en la muerte o lesiones que sufriera la víctima, intervinieron varios ciudadanos, sin que pudiera determinarse quien produjo las heridas, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 424 del Código Penal, situación ésta que fue tomada en cuenta por el Juez de Primera Instancia. En vista de los razonamientos antes expuestos, estos Decisores, consideran que en cuanto a la presente denuncia la razón no les asiste a los apelantes de autos. Y ASÍ SE DECIDE.

En el capítulo III, los recurrentes de autos alegan que el Juzgador de instancia incurrió en violación de la ley en razón que su patrocinado no actuó con motivos fútiles e innobles, lo cual el Juez valoró estas premisas como probadas, no estando probados, así como la no constatación de la participación de su defendido en el delito de Homicidio Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva ni la Alevosía y solicita como solución que se declaren con lugar las violaciones señaladas y se considere a esta calificación jurídica como errónea, lo que corresponda en derecho, lo cual es declarar la absolutoria a favor de Frank Alberto Serrada o la no culpabilidad del mismo.

Al respecto observa la Sala que, los recurrentes señalan que el sentenciador incurrió en Violación de Ley por aplicar el artículo 406 numeral 1° del Código Penal sin estar probado la calificante de motivos fútiles y alevosía así como el artículo 424 ejusdem en cuanto a la Complicidad Correspectiva y el artículo 281 del Código Penal referido al Uso indebido de arma de fuego.

Con relación a las calificantes y a la Complicidad Correspectiva, observa la Sala que el Juez sí aplicó adecuadamente dichas normas y explicó las razones por las cuales las acogió. En efecto, en el texto de la sentencia con relación a estos puntos, entre otros párrafos de la sentencia, expresa el sentenciador textualmente lo siguiente:

“…en la comisión la Complicidad Correspectiva en el delito de Homicidio Calificado Frustrado, por motivos fútiles e innobles; ya que al participar tantos agentes activos en el mismo, surge la imposibilidad de determinar el grado de participación de cada uno; así tenemos, que las circunstancias que agravan el acto de los agentes en el presente caso, surge probado por las pruebas técnicas de balística y planimetría, realizadas por la prueba de la reconstrucción de los hechos, así como de los testimonios rendidos por los testigos anteriormente señalados, en donde se demostró que los agentes como se ha explicado, actuaron alevosamente con una condición de superioridad en relación a las víctimas, por las circunstancias de haberlos sorprendidos, y sin tener un motivo para tal acción, realizaron múltiples disparos, así como por la intención que tuvieron los agentes de cometer el hecho, empleando medios idóneos para perpetrar el mismo, y luego realizar todo lo que es necesario para consumar el hecho, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no lo lograron…” (Negrillas y subrayado de esta Sala de la Corte de Apelaciones).

En el párrafo ut supra trascrito, el Juez refiere la Alevosía y el Motivo Fútil como calificantes del Homicidio al señalar: “…se demostró que los agentes como se ha explicado, actuaron alevosamente con una condición de superioridad en relación a las víctimas, por las circunstancias de haberlos sorprendidos, y sin tener un motivo para tal acción, realizaron múltiples disparos, así como por la intención que tuvieron los agentes de cometer el hecho, empleando medios idóneos para perpetrar el mismo, y luego realizar todo lo que es necesario para consumar el hecho, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no lo lograron…”, estableciéndose también las razones por la cuáles fue frustrado, observando la Sala que antes de este párrafo citado por el recurrente el Juez, además de hacer referencia a las pruebas y análisis de los hechos, explicó lo relativo a la calificación señalando: “…Ahora bien, surge demostrado, que la intención de los agentes era causarles la muerte a los tripulantes del supra mencionado vehículo, todo ello, en atención a la ubicación de las heridas sufridas por las víctimas de la