REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

TRIBUNAL 1° DE LOS MUNICIPIOS ALBERTO ADRIANI, ANDRES BELLO,
OBISPO JUAN RAMOS DE LORAY CARACCIOLO PARRA OLMEDO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA EXTENSION EL VIGIA


PARTE DEMANDANTE: JORGE LUIS CASTELLANOS

PARTE DEMANDADA: VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO
MOTIVO: ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE COSTAS PROCESALES
JUEZ: ABG. CARMEN ELENA RINCÓN RUBIO.

Se inicia la presente causa mediante escrito, presentado por el ciudadano Jorge Luís Castellanos, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 6.073.664, de este domicilio, debidamente asistido por el Abogado JOSÉ ALFREDO MONTES SILGUERO, titular de la cédula de Identidad N° V- 5.508.108, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 76.062, para demandar al ciudadano Víctor Abel Pérez Arellano, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. V-4.698.849, de este domicilio, por ESTIMACIÒN E INTIMACIÓN DE COSTAS Y COSTOS PROCESALES. Por auto de fecha 09 de abril de 2007, folio 4, se admite la demanda, se le da entrada y se forma Expediente bajo el N° 2052-05, ordenándose la comparecencia del demandado para los diez día de despacho siguiente en que conste en autos su intimación, a pagar a la parte demandante la cantidad de diecisiete millones trescientos mil bolívares (Bs. 17.300.000,oo), o formular oposición o ejercer el derecho de retasa.

En diligencia de fecha 04-06-2007, folio 06, suscrita por el ciudadano Alguacil titular del Tribunal, Cosme Rafael López, titular de la cédula de identidad N° V-9.858.288, devolviendo recibo de citación sin firmar del ciudadano Víctor Abel Pérez Arellano.
Por auto de fecha 06-06-07, folio 08, el Tribunal de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, ordenó a la Secretaria del Tribunal elaborar boleta de notificación al ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO.

Al folio 09, obra inserta diligencia suscrita por la abogada Daireè Marín, Secretaría del Tribunal, donde dejó constancia que hizo entrega de la boleta de notificación librada al ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.

En diligencia de fecha 03-07-2007, folio 10, presentada por los ciudadanos abogados BETARIZ SANCHEZ Y ELIZEO MORENO, identificados en autos, que por medio de la cual consignaron en un número de dos folios útiles instrumento PODER que les da personería jurídica, para actuar en el juicio en representación del Intimado y escrito de contestación de la demanda, constante de seis folios útiles, por auto se ordenó agregar al expediente.

A los folios 11 y 12, obra inserto instrumento poder, otorgado por el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, identificado en autos, a los abogados ELISEO MORENO MONSALVE y BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ.

A los folios 13 al 18, obra inserto escrito de contestación de la demanda, presentado por los abogados ELISEO MORENO MONSALVE y BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ, identificados en autos, en su condición de Apoderados Judiciales del ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO.

Por auto de fecha 12-07-2007, folio 19, este Tribunal acordó abrir una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.
En diligencia de fecha 20-07-2007, suscrita por el ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS, identificado en autos, asistido por el abogado Adalberto Alvarado, titular de la cédula de identidad Nº 8.074.488, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 34.008, apeló de la decisión dictada por este Tribunal en fecha 12-07-2007, folio 19.

En diligencia de fecha 25-07-07, folio 21, suscrita por el abogado ELISEO MORENO MONSALVE, con el carácter acreditado en autos, consignó en tres folios útiles, escrito de promoción de pruebas de la parte demandada.

Por auto de fecha 25-07-2007, folio 22, se ordenó agregar al expediente el escrito de pruebas presentado por el Abogado ELISEO MORENO MONSALVE, apoderado Judicial de la parte demandada, y por cuanto las mismas fueron presentadas dentro del lapso legal establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, se admitieron cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva.

Por auto de fecha 25-07-2007, folio 41, este Tribunal negó la apelación interpuesta por el ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS, identificado en autos, asistido por el abogado Adalberto Alvarado, titular de la cédula de identidad Nº 8.074.488.

Estando este Tribunal en la oportunidad de decidir, procede a hacerlo de la siguiente manera:
P R I ME R O

Alega la parte demandante ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS en su libelo de demanda lo siguiente:
“Que en fecha 21 de marzo de 2005, fue demandado por desalojo, por ante el Tribunal Tercero de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra Olmedo del Estado Mérida y en fecha 13 de abril de 2005, fui objeto de un secuestro, pero en consecuencia dado que todo lo consiguiente al caso, se encuentra debidamente sustentado en autos y por lo tanto por si solo se explica, es que procedió a estimar e intimar las costas y costos del proceso en este juicio de la siguiente manera: CUADERNO PRINCIPAL - DESALOJO: 1.- Consignación de Poder Apud-Actas y contestación de la demanda, folios del 37 al 45 con sus reactivos vueltos, de fecha 12 de mayo de 2005, realizado por el profesional del derecho Golfredo Armando Contreras, titular de la cédula de identidad número V- 10.740.944, inscrito en el ipsa bajo el Nº 66.164. Bs.2.000.000, oo. 2.- Diligencia del 1ero de marzo del 2005, folio 46, donde consignó cánones de arrendamiento Bs. 200.000, oo. 3.- Diligencia del 4 de abril del 2005, folio 47, e igualmente consigno cánones de arrendamiento Bs. 200.000, oo. 3. Diligencia del 3 de marzo de 2005, folio 48, consignación de cánones. Bs. 200.000, oo. 4. Escrito del 11 de febrero de 2005, presentado al Tribunal Distribuidor y asistido por el abogado JOSE ALFREDO MONTES, folios 98 y 99 con sus vueltos Bs. 300.000, oo. 5.- Diligencia del 03 de marzo del 2005, folio 108 y 109 Bs. 200.000, oo. 6.- Diligencia del 03 de marzo del 2005, folio 110 al 111, asistido por el Abogado CESAR HUMBERTO SERRANO RAMIREZ, cédula de identidad número V- 4.469.148 e inscrito en el ipsa bajo el número 69.823 Bs. 300.000, oo. 7.- Diligencia de fecha 04 de marzo de 2005, folios 115 y 116. Bs. 200.000, oo. 8.- Diligencia de fecha 05 de abril de 2005, folio 125. Bs. 200.000, oo. 9.- Escrito presentado por el Abogado GOLFREDO ARMANDO CONTRERAS GUERRERO, para subsanar cuestiones previas folios 136 y 137. Bs. 1.000.000, oo. 10.- Escrito de promoción de pruebas, presentado por el Abogado GOLFREDO ARMANDO CONTRERAS GUERRERO, folios 139 y 140 Bs. 1.000.000, oo. 11.- Procedimiento y asistencia a la evacuación de las pruebas folio 144 al 151 y sus vueltos Bs. 1.500.000, oo. 12.- Escrito presentado al Tribunal por el Abogado GOLFREDO ARMANDO CONTRERAS GUERRERO, folios 164 y su vuelto Bs. 300.000, oo. 13.- Escrito presentado por los Abogados ÁNGEL ATILIO CONTRERAS M. Y GOLFREDO ARMANDO CONTRERAS G. folios 166 al 168 y sus vueltos Bs. 1.500.000, oo. 14.- Diligencia de fecha 25 de octubre de 2005, folio 185. Bs. 200.000, oo. 15.- Diligencia de fecha 10 de noviembre de 2005, folio 189. Bs. 20.000, oo. 16.- Diligencia de fecha 28 de noviembre de 2005, folio 192. Bs. 20.000, oo. 17.- Inspección Judicial, de fecha 26 de abril de 2006, realizada en su conjunto, al inmueble objeto de la demanda, por el Tribunal de la causa monto total de esta inspección. Bs. 3.000.000, oo. 18.- Solicitud de Inspección Judicial, de fecha 22 de mayo de 2006, a los muebles en resguardo en la depositaria judicial LEX. C.A., por ante el Tribunal 3ero de los Municipios Alberto Adriani y Otros. Expediente Nº 717-06 nomenclaturas de ese Tribunal. Bs. 2.000.000, oo. 19.- Escrito dando por terminado el procedimiento y haciendo la salvedad al demandante de que podía retirar las llaves al Tribunal, e igualmente solicitando cálculo de costas y costos el cual corre inserto en el expediente Bs. 300.000, oo. 20.- Escrito de fecha 18 de enero de 2007, el cual corre en autos. Bs. 300.000, oo. 21.- Gastos en pasajes de traslado de la

población de Tucani, que es el lugar de su residencia hasta la sede del Tribunal en el Vigía en el lapso que duro este juicio lo estimó en la cantidad de Bs. 2.000.000, oo. Lo que da un gran total de 17.300.000. Que es de hacer notar que el tiempo que invirtió para defenderse en este juicio alcanzó dos (2) años, no fue algo que se realizó en un mes y ya, muy por el contrario se le ha tenido que dedicar tiempo y esmero para poder llevar este juicio a cabalidad. Pidió al Tribunal que por cuanto existen fundados indicios y riesgos para la ejecución del presente fallo y así garantizar el pago de los conceptos expresados de conformidad con lo previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, decrete la siguiente medida preventiva PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre el siguiente bien inmueble del intimado: VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO cédula de identidad número V-4.698.849, ubicado en la calle principal, frente a la Iglesia Santísimo Sacramento de la Población de Tucani, Municipio Caracciolo Parra y Olmedo del Estado Mérida, constituido por Local Comercial, de su propiedad, signado con el número seis (06) de la primera planta del “Centro Comercial Cristal Plaza” el cual es objeto del juicio vale decir el inmueble sub-índice, registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida con sede en esta ciudad de El Vigía, cuyo documento corre inserto en el expediente en los folios 9 al 15. Pide que la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar sea acordada lo antes posible, por estar llenos los extremos que establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Esta plenamente comprobado el FUMUS BONI IURIS, esto es decir la presunción grave del derecho que se reclama. Que las pruebas de la demanda son los documentos, que a pesar de estar en copias poseen sellos húmedos encontrados en el expediente Nº 2052-05 juicio que se ventiló en este Tribunal, lo que demostró el derecho que posee a cobrar las COSTAS Y COSTOS del proceso, porque así lo sentenció el Tribunal. Asimismo, en virtud del crecimiento de la taza de inflación pide que el monto de las costas y costos sea ajustado por INDEXACION a las tasas del costo de la vida, es decir, del índice inflacionario emitido por el Banco Central de Venezuela. Igualmente pide se ordene intimar al ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO supra –identificado, en el domicilio procesal establecido en el juicio principal, el cual es el siguiente: Oficentro GALAVIS, piso 1 oficina 20 detrás del Ferrocarril, en esta ciudad de El Vigía Estado Mérida. Por último solicita se tramite esta acción de cobro de COSTAS Y COSTOS conforme al Procedimiento Legal y sea declarado CON LUGAR en la definitiva.

CONTESTACION DE LA DEMANDA:

Estando dentro de la oportunidad legal para dar contestación a la demanda el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, por intermedio de los apoderados judiciales abogados ELISEO MORENO MONSALVE Y BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ, lo hizo en los siguientes términos:
“I. EXCEPCION DE FALTA DE CUALIDAD E INTERES DE LA PARTE ACTORA PARA INTENTAR EL PRESENTE JUICIO DE ESTIMACION E INTIMACION DE COSTOS Y COSTAS Y DE SU REPRESENTADO PARA SOSTENERLO. Previa a la contestación al fondo de la demanda, oponemos la excepción de falta de cualidad e interés de la parte actora para intentar el presente juicio y de su representado para sostenerlo, la cual fundamentan en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil. Como puede observar este Tribunal su representado VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, no ha sido, ni será parte en el juicio al cual se contrae el Expediente N° 2052-05, que sirve de documento fundamental para intentar la presente demanda de estimación e intimación de costos y costas procesales. En efecto, el expediente N° 2052-05, contiene una demanda de Resolución de Contrato de Arrendamiento incoada por la empresa “VICTORIAL C. A.”, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el N° 36, Tomo A-1, Cuarto Trimestre del año 1996, contra los arrendatarios JORGE LUIS CASTELLANOS Y JOSE FERMIN HERNANDEZ, lo que quiere decir, que la relación procesal que se inició con el acto de admisión de la demanda, se instauró entre la persona jurídica la empresa “VICTORIAL C. A.” como parte actora y los ciudadanos JORGE LUIS CASTELLANOS Y JOSE FERMIN HERNANDEZ, como parte demanda, y siendo ello así, su representado VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, carece de cualidad e interés para sostener el presente de Estimación e intimación de costos y costas procesales por no haber sido parte en el juicio en el cual se causaron las mismas. Como puede observar el Tribunal en el libelo de la demanda que corre al folio 1 del expediente N° 2052-05, que sirve de instrumento fundamental de la acción, se lee expresamente: “Yo, VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad número V-4.698.849, domiciliado en la ciudad de Tucaní, Municipio Caracciolo Parra Olmedo del Estado Mérida y hábil en mi carácter representante de la compañía anónima “VICTORIAL C. A.”, sociedad debidamente inscrita por el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el N° 36, Tomo A-1 IV trimestre del año 1996. De lo transcrito, se evidencia que la parte actora en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento es la persona jurídica “VICTORIAL C. A.” y no su representado VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO. En la oportunidad de la contestación de la demanda, el codemandado JORGE LUIS CASTELLANOS, expuso en el escrito contentivo de la contestación, entre otras cosas lo siguiente: “…Con todo respeto acudo a usted a objeto de dar contestación a la demanda por desalojo incoada en mi contra por la empresa Compañía Anónima VICTORIAL la cual está inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el N° 36, Tomo A-1 IV Trimestre de 1996, y se haya domiciliada en la población de Tucaní del Estado Mérida…” De la trascripción que antecede ha quedado debidamente demostrado que la relación procesal se estableció entre la empresa “VICTORIAL C. A.” como parte demandante y los ciudadanos JORGE LUIS CASTELLANOS Y JOSE FERMIN HERNANDEZ como parte demandada. En consecuencia, su representado VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO carece de cualidad e interés para sostener el presente juicio de estimación e intimación de costos y costas, en el cual no ha sido parte y así lo solicitó sea declarado por este Tribunal. II. IMPROCEDENCIA DE LA ACCION PROPUESTA. Para el supuesto negado que la excepción de falta de cualidad e interés sea declarada sin lugar, la presente acción de cobro de costos y costas procesales resulta improcedente, si tenemos en consideración que la demanda de resolución de contrato de arrendamiento, fue propuesta contra los ciudadanos JORGE LUIS CASTELLANOS Y JOSE FERMIN HERNANDEZ, y como de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de Ley de Abogados, las costas pertenecen a la parte, la cual en este caso sería la parte demandada, la cual está integrada por las dos personas que fueron demandadas y quienes constituyen una litis consorcio necesario activo a quienes la Ley otorga la acción, razón por la cual no puede uno sólo de los codemandados ejercer por sí sólo la acción; y siendo ello así, la acción incoada por uno sólo de ellos resulta improcedente y así lo solicitan sea declarado por este honorable Tribunal. III. CONTESTACION AL FONDO DE LA DEMANDA. Opuesta las excepciones que anteceden para que sean resultas de previo pronunciamiento a la decisión de fondo, a dictarse en la presente causa, pasamos a contestar al fondo de la demanda en lo siguientes términos: PRIMERO: Rechazan, contradicen y niegan tanto en los hechos como en el derecho, la demanda de intimación e estimación de costa y costos procesales incoada por el ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS por considerar que el demandante carece del derecho de cobrar costos y costas procesales a su representado por cuanto él no fue parte en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento. SEGUNDO: Para el supuesto negado que su representado estuviere obligado a pagar los costos y costas procesales estimados por el demandante, los montos a los cuales fueron calculados, se exceden en abundancia a los límites fijados en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, que establece que en ningún caso, estos honorarios excederán del treinta por ciento (30%) del valor de lo litigado. Ahora bien, el valor de lo litigado según la demanda de resolución de contrato de arrendamiento, fue la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ BOLIVARES (Bs. 1.941.610,00), por lo que le corresponde al actor por tal concepto la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLIVARES (Bs. 582.483,00) y si tienen en consideración el monto en el cual fue estimada la reconvención que es la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 450.000,00), lo cual le correspondería a la parte demandante por concepto de costas y costos la cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 135.000,00) que es el equivalente al treinta por ciento (30%) de lo litigado. TERCERO: Pretender el aquí actor cobrar por concepto de costos y costas procesales la cantidad de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 17.300.000,00) hace que este Tribunal resulte incompetente para conocer de la presente causa en relación a la cuantía, pues los Tribunales de Municipio, sólo son competentes para conocer hasta la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000,00) y siendo que la competencia por la cuantía, es de orden público, que no puede ser derogada por convenio entre particulares. Este Tribunal resulta incompetente para conocer de la presente causa, a no ser que, se reduzca la estimación hecha por el Actor, a los límites establecidos en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil. Por último, impugnan los montos en los cuales el demandante de autos estimó los costos y costas y solicito al Tribunal tenga bien ordenar por Secretaria la estimación de los Honorarios, conforme a lo establecido en la Ley de Arancel Judicial, requisito éste que resulta indispensable para poder realizar la impugnación o no de los costos y costas demandados. A todo evento y sólo en el supuesto siempre negado de que el Tribunal considere que el ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS le asiste algún derecho a percibir costos y costas procesales que reclama, a nombre de su representado, ejercen el derecho de retasa sobre los mismos. Piden al Tribunal abrir la correspondiente articulación probatoria correspondiente, a los fines de dejar demostrado los hechos expuestos…”

De esta manera quedó trabada la litis en el presente procedimiento de estimación e intimación de honorarios y que el Tribunal pasa a decidir con arreglo a las pruebas aportadas en autos para dilucidar el hecho controvertido y proceder a declarar procedente o no el cobro de costas y costos procesales incoado en esta causa por el ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS, contra el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO.

SEGUNDO:

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

Estando dentro del lapso para promover pruebas el demandado ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, por intermedio de sus apoderados judiciales abogados ELISEO MORENO MONSALVE Y BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ, lo hicieron en los siguientes términos:
PRIMERO: (DOCUMENTAL): A los fines de probar que su representado VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, carece de cualidad e interés para sostener el presente juicio y el demandante de cualidad e interés para intentarlo, promueven el mérito y valor jurídico probatorio del libelo de la demanda que corre agregado al expediente Nº 2052-05, que contiene una demanda de resolución de contrato de arrendamiento incoada por la empresa “VICTORIAL, C. A.” que cursa por ante este Tribunal, y del cual se origina el presunto derecho del aquí demandante a cobrar los costos y costas procesales, y en el cual se evidencia que quien ejerce la acción es la empresa “VICTORIAL, C. A.” que una persona jurídica distinta de la de los socios y no su representado VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, que es una persona natural; y siendo ello así, nuestro representado carece de cualidad e interés para actuar en el presente juicio, como parte demandada y así lo solicitan sea declarado por este Tribunal.
A esta prueba documental se le da el pleno valor probatorio al no haber sido impugnada por la parte demandante y la misma aporta información que sirve para dilucidar el hecho controvertido en el presente procedimiento, en la defensa de excepción opuesta por el demandado, la cual será analizada en el capítulo siguiente. Y ASI SE DECLARA.

SEGUNDO: A los fines de probar que este Tribunal carece de competencia para conocer de la presente causa, promueven el mérito y valor jurídico probatorio del libelo de la presente demanda, donde el actor estimó las costas y costos en la cantidad de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 17.300.000,00) y la competencia por la cuantía de este Tribunal es de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000,00) y por cuanto este Tribunal no ordenó efectuar por Secretaría la estimación de los honorarios como lo establece la Ley de Arancel Judicial, la estimación que hizo el actor, hace que este Tribunal resulte incompetente por la cuantía y así lo solicitan sea declarado por el Tribunal.
Esta prueba aportada por el demandado carece de valor probatorio ya que en reiteradas jurisprudencia emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal competente para conocer de las demandas por estimación e intimación de costos y costas procesales, es el Tribunal que conoció de la causa de donde se originaron las mismas, por tal motivo dicha prueba carece en este procedimiento de valor probatorio alguno. Y ASI SE DECLARA.

TERCERO: A los fines de probar que, el monto en el cual la parte demandante estimó la demanda es exagerado, promueven el mérito y valor jurídico del libelo de la demanda que corre agregado al expediente Número 2052-05, de resolución de contrato de arrendamiento donde ésta se estimó en la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ BOLIVARES (Bs. 1.940.610,00) de modo que, lo máximo que el demandante podía demandar por costas y costos procesales es la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES BOLIVARES (Bs. 582.183,00) según lo establecido en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil.

Esta prueba no es tomada en consideración por este Tribunal ya que aún no se ha establecido el procedimiento de retasa en la presente causa, en donde una vez nombrado los jueces retasadores conjuntamente con el Juez de la causa, son los que determinan el verdadero valor de las costas y costos procesales, por tal motivo, se desecha la presente prueba y ASI SE DECLARA.
CUARTO: A los fines de probar igualmente, que el monto estimado por el demandante, por concepto de costas y costos procesales es exagerado, promueven el mérito y valor jurídico probatorio de la contestación de la demanda que corre agregada al expediente Número 2052-05, de resolución de contrato de arrendamiento, contentiva de la reconvención interpuesta en contra de la empresa “VICTORIAL C. A.” donde esa reconvención fue estimada en la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 450.000,00) correspondiendo, en virtud de la condenatoria de que fue objeto dicha empresa, en el supuesto negado de que fuese procedente el pago de las costas y costos procesales, la cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 135.000,00), que es equivalente al 30% conforme lo pautado en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil.

Al igual que la anterior prueba, la presente prueba se hace improcedente por cuanto aún como ya se dijo, no está instaurado el proceso de retasa que es donde se determinará el verdadero valor de las costos y costas del proceso, por tal motivo se desecha. Y ASI SE DECLARA.
TERCERO:

Vistas y analizadas las pruebas que anteriormente se indicaron, se reitera la aplicación especialmente del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en donde se expresa entre otras cosas:

Articulo 12: “Los Jueces deben atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados…”.

Visto tal precepto legal se desprende de autos que se presentó una demanda proveniente de la pretensión incoada por el ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS contra el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, por estimación e intimación de costos y costas procesales y en estando dentro de la oportunidad para dar contestación a la demanda que por estimación e intimación de costos y costas procesales incoara el ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS, identificado suficientemente en autos, en contra del ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, también identificado en autos, éste último dio contestación a la misma invocando la excepción de falta de cualidad e interés de la parte actora para intentar el presente juicio y de su representado para sostenerlo, la cual fundamentó en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, y en los hechos, razones y fundamentos de esta defensa señaló entre otras cosas lo siguiente:
“..Que el expediente Nº 2052-05, contiene una demanda de Resolución de Contrato de arrendamiento que incoara la empresa “VICTORIAL C.A.” inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el Nº 36, Tomo A-1, Cuarto Trimestre del año 1996, contra los arrendatarios ciudadanos JORGE LUIS CASTELLANOS Y JOSE FERMIN HERNANDEZ…como puede observar el Tribunal al folio 1 del Expediente Nº 2052-05, que sirve de instrumento fundamental de la acción se lee expresamente: “ Yo, VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, ….en carácter de representante de la compañía anónima “VICTORIAL, C. A.” Sociedad debidamente registrada….De lo trascrito se evidencia que la parte actora en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento es la persona jurídica “VICTORIAL C. A.” y no nuestro representado VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO…En la oportunidad de la contestación de la demanda, el codemandado JORGE LUIS CASTELLANOS, expuso en el escrito lo siguiente: “..con todo respeto acudo a usted a objeto de dar contestación a la demanda por desalojo incoada en mi contra por la empresa Compañía Anónima Victorial, la cual esta inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el Nº 36, Tomo A-1, Cuarto Trimestre del año 1996,y se haya domiciliada en la población de Tucaní del Estado Mérida…En consecuencia nuestro representado VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO carece de cualidad e interés para sostener el presente juicio de estimación de costos y costas en el cual no ha sido parte y así lo solicito sea declarado por este Tribunal….”

Ahora bien, en la excepción o defensa invocada por el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, en el acto de la contestación de la demanda, de la falta de cualidad e interés de la parte actora para intentar el presente juicio y de su representado para sostenerlo, este Tribunal observa que el ciudadano Víctor Abel Pérez Arellano, consignó en el lapso de pruebas de la articulación probatoria prueba fehaciente que aportan suficientes indicios, como lo fue copia del libelo de la demanda, del Expediente principal Nº 2052-05, juicio incoado por el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, en su carácter de representante de la Compañía anónima “VICTORIAL”, en contra de los ciudadanos JORGE LUIS CASTELLANOS Y JOSE FERMIN HERNANDEZ, considerando este Tribunal que dicha prueba aportada, corrobora lo alegado por el ciudadano Víctor Abel Pérez Arellano, de que no tiene cualidad para sostener el presente procedimiento por estimación e intimación de costas y costos procesales que incoara el ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS, ya que a la persona que debió demandarse en este proceso, debió ser la compañía anónima VICTORIAL C.A., representada por el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, y no lo hizo así el demandante de autos ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS, lo que quiere decir que su acción intentada contra el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, no prospera en esta ocasión por cuanto si bien es cierto, que la presente demanda por estimación e intimación de costos y costas procesales se deriva de un juicio donde se condenó en costas mediante sentencia a una de las partes y trayendo este Tribunal lo expresado en la sentencia definitiva dictada en la causa principal del expediente Nº 2052-05, en donde este Tribunal decidió:

“…declara sin lugar la demanda incoada por VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, actuando en nombre y representación de la compañía anónima VICTORIAL C. A., en contra de los ciudadanos JORGE LUIS CASTELLANOS Y JOSE FERMIN HERNANDEZ…Se condena en costas a la parte demandante por haber resultado vencida en esta instancia…”

En el presente caso se puede observar del contenido del libelo de la demanda que el ciudadano JORGE LUIS CASTELLANO, asistido del abogado José Alfredo Montes Silguero, solicita la intimación del ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, pero no mencionada en que calidad, concluyendo este Tribunal, que lo demanda en nombre propio, no como representante de la compañía anónima “VICTORIAL C.A.”, lo cual debió ser de esa manera, por cuanto fue la persona que lo demanda en el Expediente Nº 2052-05, tantas veces mencionado y del cual se deriva el presente procedimiento de estimación e intimación de costos y costas procesales por cuanto resultó victorioso en la sentencia definitiva y la parte demandante fue condenada en costas. Por tales motivos considera quien aquí decide que la presente defensa invocada por el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, debe ser declarada con lugar. Y ASI SE DECLARA.
Analizada y declarada con lugar la defensa invocada por el demandado VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, sobre la falta de cualidad para sostener el presente juicio, entre este Tribunal a analizar de igual forma la falta de cualidad e interés que tiene el demandante para intentar la presente acción. Observa este Tribunal que en el escrito de contestación a la demanda por estimación e intimación de costos y costas procesales presentado por el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, también invoca la falta de cualidad e interés del demandante para intentar la presente acción, invocando un litis consorcio necesario activo:
“…por cuanto la demanda de resolución de contrato de arrendamiento fue propuesta contra los ciudadanos JORGE LUIS CASTELLANOS Y JOSE FERMIN HERNANDEZ, y como de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Abogados, las costas pertenecen a la parte, la cual en este caso sería la parte demandada, la cual está integrada por las dos personas que fueron demandadas y constituyen una litis consorcio necesario activo a quienes la Ley otorga la acción, razón por la cual no puede uno sólo de los codemandados ejercer por sí la acción y siendo así, la acción incoada por uno sólo de ellos resulta improcedente y así solicita sea declarado por este honorable Tribunal…”

Ahora bien, el Dr. Emilio Calvo Baca, en el Código de Procedimiento Civil, comentado, expresa lo siguiente:
“El litis consorcio necesario, es aquel que se caracteriza por la pluralidad de partes, sobre una misma relación sustancial, en ejercicio también de una sola pretensión. El litis consorcio necesario evidencia un estado de sujeción jurídica en forma inquebrantable que vincula entre sí a diversas personas por unos mismos intereses jurídicos. Esta unidad inquebrantable puede ser implícita en la Ley o puede ser impuesta en forma expresa. Está implícita cuando no es posible concebir la cualidad fraccionada en cada persona integrante del grupo sino unitariamente en todos. Así, en la sociedad en nombre colectivo, y la cualidad de socios no corresponde a uno sólo sino a todos y lo mismo ocurre donde la cualidad de comuneros corresponde a todos los copartícipes. Se haría procedente, por tanto, una excepción de falta de cualidad activa o pasiva en cado de que en la demanda por disolución se excluyera algún socio o algún comunero...”

Del texto trascrito se tiene claro lo que es un litis consorcio necesario, el cual menciona la presencia en este proceso de varias personas, como lo es en el caso del demandante ya que, dicho litisconsorcio se estableció en la demanda intentada por resolución de contrato de arrendamiento que incoara el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, actuando como representante legal de la compañía anónima “VICTORIAL C.A” , contra los ciudadanos JORGE LUIS CASTELLANOS y JOSE FERMIN HERNANDEZ, en el Expediente Nº 2052-05, ya que el litisconsorcio puede formarse desde el origen del proceso, cuando éste se inicia por varios demandantes o contra varios demandados, formarlo en tal momento constituye una facultad del demandante si aquel es pasivo y de los demandantes si es activo o mixto. En el expediente Nº 2052-05, existe un litisconsorcio necesario activo, ya que en el mismo se demanda a los ciudadanos JORGE LUIS CASTELLANOS Y JOSE FERMIN HERNANDEZ, lo que quiere decir que entre los mismos existe pluralidad de personas y en el presente proceso por estimación e intimación de costos y costas procesales, sólo el ciudadano JORGE LUIS CASTELLANO es quien ejerce tal acción no haciéndolo conjuntamente con el ciudadano JOSE FERMIN HERNANDEZ, ya que el presente procedimiento se deriva de un expediente en donde los mismos fueron constituidos como litisconsorcio pasivo y el mismo, o sea, el presente proceso, debió ser instaurado por dicho litisconsorcio convirtiéndose en este caso litisconsorcio activo necesario como parte demandante y al haber sólo el ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS incoado el procedimiento de estimación e intimación de costos y costas procesales desintegró el litisconsorcio activo necesario existente y tal actuación en improcedente en derecho ya la presente acción debió ser ejercida en manera conjunta y haber permanecido el litisconsorcio existente.
Por tales motivos expresados, considera quien aquí decide que el ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS no tiene cualidad para intentar el presente juicio ya que debió existir una integración o pluralidad de partes por haberse creado al inicio un litisconsorcio que también hace necesario que instaurara el presente procedimiento, haciéndose de esa manera improcedente la acción incoada. Y ASI SE DECLARA.
Opuesta la excepción de falta de cualidad o interés en el presente proceso por el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, e invocando este Tribunal jurisprudencias emanadas de la extinta Corte Suprema de Justicia, Sentencia 98-89, donde se expresa lo siguiente:
“Según el nuevo sistema acogido ahora por el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, cuan la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado, para intentar o sostener el juicio se hace valer al contestar de fondo la materia, la vieja excepción cambia de naturaleza jurídica y de inadmisibilidad que era, se transforma en perentoria con la finalidad de que se declare infundada la demanda. Por consiguiente, la cualidad o interés en el actor para intentar el juicio y en el demandado para sostenerlo, se presenta al examen como una cuestión prejudicial en los procesos lógicos del sentenciador y si tal defensa perentoria prospera, tendrá como efecto inmediato desechar la demanda pero por infundada...”

Tal como fuere señalada en la jurisprudencia trascrita al pronunciarse el Tribunal sobre la falta de cualidad e interés en el actor para intentar la presente acción y en el demandado para sostenerlo, invocada como defensa perentoria, quien aquí decide luego de haber analizado los presupuestos de ley para su procedencia o no, declaró con lugar dicha excepciones invocadas por el demandado en la contestación de la demanda, ya que quedó suficientemente demostrado la existencia de la misma y el demandante ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS en el lapso probatorio no promovió prueba alguna que desvirtuara los nuevos hechos alegados por el demandado, no quedándole otra alternativa a este Tribunal que declarar sin lugar la presente acción por estimación e intimación de costos y costas procesales, tal como será declarado en la dispositiva del fallo, no entrando ha analizar los demás hecho invocados por el demandado en su escrito de contestación a la demanda por haber reiterada jurisprudencia emanada de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 28-4-64, donde se expresa:
“...Declarada por el juez con lugar la excepción de falta de cualidad e interés, no procede examinar las otras defensas..”.

CUARTO:

Por las razones anteriormente expuestas este JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS ALBERTO ADRIANI, ANDRES BELLO, OBISPO RAMOS DE LORA Y CARACCIOLO PARRA OLMEDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la excepción de falta de cualidad e interés de la0 parte actora para intentar el presente juicio y del demandado para sostenerlo, de estimación e intimación de costos y costas, invocadas por el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.698.849, por intermedio de sus apoderados judiciales abogados ELISEO MORENO MONSALVE Y BATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros 2.454.015 y 8.095.740, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 7.333 y 36.578, respectivamente.
Como consecuencia de la anterior declaratoria, se hace improcedente la acción por estimación e intimación de costas y costos procesales incoada por el ciudadano JORGE LUIS CASTELLANOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.508.108, asistido por el abogado JOSE ALFREDO MONTES SILGUERO, inscrito en el Inpreabogado Nº 76.062, contra el ciudadano VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.698.849 de este domicilio y hábil.
Publíquese y regístrese la presente sentencia. Déjese copia certificada de la misma en el archivo del Tribunal.
DADO, SELLADO, FIRMADO Y REFRENDADO EN LA SALA DEL DESPACHO DEL JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS ALBERTO ADRIANI, ANDRES BELLO, OBISPO RAMOS DE LORA Y CARACCIOLO PARRA OLMEDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA. EL VIGIA, treinta (30) de julio de dos mil siete (2007). AÑOS: 197° de la INDEPENDENCIA Y 148 de la FEDERACION.
LA JUEZ TEMPORAL,


ABG. CARMEN ELENA RINCON
LA SECRETARIA TEMPORAL,


ANA FERNANDEZ DE MURILLO