REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LA REGION CENTRAL, CON SEDE EN MARACAY, ESTADO ARAGUA.
EXP. QF-8554


Recurso: Contencioso Administrativo Funcionarial.

Recurrente: CARLOS MANUEL PEREIRA ALCALA.

Acto Recurrido: Acto Administrativo contenido en la Notificación Nro. D/N 0200 de fecha 17 de Enero de 2007, suscrito por la Presidenta de la Junta Liquidadora de SAVIR.

Órgano Recurrido: Presidenta de la Junta Liquidadora del Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR).

De acuerdo al estudio que se hizo de las actas que conforman el presente Expediente de los alegatos y elementos probatorios producidos y siendo la oportunidad de conformidad con el Artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Tribunal pasa a dictar Sentencia en el presente procedimiento.
En fecha 13 de abril de 2007, el ciudadano CARLOS MANUEL PEREIRA ALCALÁ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 7.274.248, de profesión Abogado, Inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 67.580, actuando en su propio nombre y representación, interpuso por ante este Despacho, Recurso Contencioso Administrativo Funcional, contra el Acto Administrativo de Notificación Nro. D/N 0200 de fecha 17 de Enero de 2007, suscrito por la ciudadana Dominga Hernández, en su condición de Presidenta de la Junta Liquidadora del Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR), por medio de la cual se le destituye del Cargo de Abogado I. adscrito al Departamento de Asesoría Legal del Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR).
Alega el querellante, desde el 12 de diciembre de 1997, se desempeña como funcionario de carrera en el Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR), y que en fecha 24 de enero de 2007, le fue entregado notificación signada con el Nº D/N 0200 de fecha 17-01-2007, suscrita por la Presidenta de la Junta Liquidadora del Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR), en donde se le destituye del cargo de Abogado I, señalándose en la misma, que dicha decisión correspondía por el hecho de las innumerables ausencias a su lugar de trabajo, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2006.
Refiere el querellante que la funcionaria que decide y suscribe dicha notificación por medio del cual se le destituye de su cargo, no tiene la debida competencia para dictar actos de esa naturaleza, señalando que se prescindió en forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, evidenciándose una flagrante violación del ordenamiento jurídico venezolano, ya que en la notificación de destitución se hace referencia a que la ciudadana Presidenta de la Junta Liquidadora del Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR), actúa conforme a las facultades expresas en la Resolución Ministerial de fecha 13-07-2006, lo cual es falso por cuanto lo único que resuelve dicha resolución es la designación de la precitada funcionaria, y no señala atribuciones ni facultades de ninguna índole, lo cual hace que el acto administrativo este viciado de nulidad absoluta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Señaló el actor, que no hubo procedimiento de ningún tipo y se omitió de forma total y absoluta lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública en su Capítulo III, Artículo 89 referido al procedimiento disciplinario de destitución, violándosele el artículo 49, numerales 1 y 3 de la Carta Magna referido a la garantía del debido proceso, además que en el Dictamen emitido por la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat signado con el Nº CJ/2007/Nº 067, de fecha 19-01-2007, le señala a la Presidenta de la Junta Liquidadora la imposibilidad de realizar destituciones, ya que carece de competencia para tal fin, y que en supuesto de que le sea atribuida la competencia deberá ceñirse por el procedimiento establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública; razones por las cuales interpuso Recurso Contencioso Funcionarial, fundamentando el mismo en los artículos 49 numerales 1 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículos 92, 93, 94 y 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en el artículo 19 numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y , solicitó sea declarada la Nulidad del Acto Administrativo recurrido, y Se le reponga en su cargo de Abogado I. que venía desempeñando antes de su ilegal Destitución, si como le sean cancelados los sueldos y salarios dejados de percibir, cesta ticket, bonos, beneficios derivados de la contratación colectiva y demás beneficios dejados de percibir hasta la fecha en que se produzca su reincorporación definitiva en el cargo.
En el mismo orden de ideas, se advierte, que la parte Querellada no se presentó ni por si, ni por medio de Apoderado, no dio Contestación a la querella interpuesta, promovió elemento probatorio alguno, ni compareció, no compareció a las audiencias fijadas y que tuvieran lugar en ele presente procedimiento.


MOTIVACIONES PARA DECIDIR

De la revisión y estudio practicado a las actas que conforman este Expediente; especialmente las que contienen los alegatos y elementos probatorios producidos, siendo la oportunidad de conformidad con el Artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Tribunal pasa a dictar sentencia en el presente procedimiento, previa las consideraciones que se señalan a continuación:
El presente caso, la parte querellante denuncia, vicios del Acto Administrativo contenido en la Notificación de fecha 17 de enero de 2006, Nro D/N 0200, por medio del cual se le notificó al ciudadano CARLOS MANUEL PEREIRA ALCALA, la decisión de la Presidenta de la Junta Liquidadora de Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR), de Destituirlo del Cargo de Abogado I, adscrito al del Departamento de Asesoría Legal de SAVIR.
Es oportuno señalar en primer orden, que los actos administrativos, podrán ser declarados nulos absolutamente, cuando hayan sido dictados en inobservancia y con prescindencia total del procedimiento correspondiente o bien sean dictados por persona manifiestamente incompetente, a tenor del contenido del Artículo 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, elementos que deberán examinarse en razón del si los actos administrativos son susceptibles de Nulidad Absoluta; por lo que es necesario analizar en la presente causa, si efectivamente el acto administrativo recurrido fue dictado en correspondencia o no con lo contenido en el Artículo 19 numeral 4 ejusdem. Igualmente es necesario analizar la norma jurídica que contiene principios supremos referidos al derecho a la defensa y al debido proceso contenido en el Artículo 49 numerales 1 y 3 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, observa quien decide, no se evidencia del contenido de las actas procesales que conforman el presente expediente, que haya sido agotado procedimiento disciplinario alguno, según lo preceptuado contenido en el Art. 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que diera lugar a la Destitución contenida en el acto recurrido, siendo que es requisito indispensable y de carácter obligatorio e inviolable, el que se respete el derecho al debido proceso y en consecuencia el derecho a la defensa, el cual se observa vulnerado en el caso de marras, pues se advierte, que en la Notificación por medio del cual se destituye al querellante, se le imputan hechos que no fueron investigados y menos comprobados a través del procedimiento correspondiente, a los fines de verificar si procede o no la sanción disciplinaria de destitución al funcionario, hoy querellante; y en este sentido se observa no se demostró en el presente procedimiento, que la autoridad administrativa aplicara la sanción de Destitución, previa sustanciación del procedimiento disciplinario respectivo, procediendo a aplicar la sanción disciplinaria, sin mediar los canales regulares de conformidad con la Ley del Estatuto de la Función Publica.
Siendo así, la decisión contenida en el acto administrativo de Notificación de Destitución, lesionó los derechos particulares inherentes al querellante, pues al aplicar la administración una sanción administrativa, sin el debido procedimiento previo, lo cual no permitió al funcionario, hoy querellante, defenderse del hecho imputado, por el cual se le sancionó con la Destitución, violó su derecho al debido proceso y a la defensa, lastimando la esfera jurídica del mismo; por lo que esta indefensión deviene en que el acto recurrido esté viciado de Nulidad Absoluta, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 19 de la Ley orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Amén, de que la funcionaria que suscribe el acto, no es la competente para dictarlo, pues si bien es cierto, la ciudadana Dominga Hernández, tiene la condición de Directora Principal de la Junta Liquidadora del Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR), según nombramiento de la misma que se evidencia en copia simple de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 13 de julio de 2006, la cual contiene la Resolución Ministerial de fecha 13 de julio de 2006, distinguida con el Nro. 0335 de la misma fecha, que corre inserto al folio 06 del presente expediente, no es menos cierto que en el mismo no le otorga cualidad y competencia en el manejo de personal, pues aún siendo la máxima autoridad de la respectiva unidad administrativa, lo correspondiente es solicitar a la Oficina de Recursos Humanos, la respectiva averiguación y posterior apertura del procedimiento administrativo sancionador por la presunta falta imputada al funcionario querellante. No observando esta Juzgadora, en el presente expediente, elementos de convicción que constaten en primer lugar la cualidad de dicha funcionaria para trascender en los límites de su competencia, al manejo de personal dentro del respectivo Servicio, si partimos de la premisa propia dentro de la esfera del Derecho Administrativo, en el sentido de que, lo que no está expresamente permitido, se entenderá prohibido, a diferencia de lo que acontece dentro de la esfera del derecho privado, lo cual no constituye el caso de autos.
Ahora bien, en sintonía con lo señalado supra se ha debido en todo caso, proceder conforme a lo preceptuado en el Artículo 89, numeral 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; siendo necesario enfatizar en consonancia con lo anteriormente señalado, no se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa del querellante, al omitirse el procedimiento correspondiente previo a la sanción impuesta establecida en la Ley del Estatuto de la Función Pública, por lo que, al haberse dictado el acto administrativo contenido en la Notificación recurrida, sin haberse verificado en forma previa procedimiento alguno, el Acto Administrativo contenido en la Notificación de fecha 17 de enero de 2007, Nro. D/N 0200, resulta viciado de Nulidad Absoluta, de conformidad con lo contenido en el numeral 4 del Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así se decide.
Por lo señalado anteriormente y en virtud de que según se desprende de los elementos probatorios cursantes en la presente causa, no se siguió procedimiento disciplinario alguno, que precediera al Acto Administrativo, contenido en la Notificación de fecha 17 de de enero de 2007, Nro. D/N0200, la cual corre inserta al folio 05 del expediente, lo que transgrede el derecho a la defensa, y al debido proceso, causando indefensión al querellante, lo que acarrea la Nulidad Absoluta del acto recurrido de conformidad con el Artículo 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 49 numerales 1y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que resulta forzoso declarar la Nulidad del Acto Administrativo, contenido en la Notificación de fecha 17 de de enero de 2007, Nro. D/N0200, y en consecuencia Con Lugar, el Recurso de Querella Funcionarial interpuesto por el ciudadano Carlos Manuel Pereira Alcalá. Así se decide.
Habiéndose declarado lo anterior, este Tribunal considera innecesario conocer sobre las demás denuncias imputadas al Acto.

Con respecto a la solicitud formulada, en cuanto al pago cesta ticket, se niega el mismo, por cuanto solo tendrá lugar dicho pago, en los casos de prestación efectiva del servicio, desestimándose la misma, ya que de conformidad con la jurisprudencia reiterada de nuestro más alto Tribunal, no corresponde la cancelación de dicho concepto, en virtud de que el referido Bono de Alimentación deberá ser cancelado por jornada efectivamente laborada. Así se decide.


DECISION


Por todas las razones antes expuestas, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LA REGION CENTRAL, CON SEDE EN MARACAY, ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR, EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL interpuesto por el Ciudadano: CARLOS MANUEL PEREIRA ALCALA, contra el acto administrativo contenido en la Notificación Nro. D/N 0200, de fecha 17 de Enero de 2007, suscrita por la Ciudadana Dominga del Carmen Hernández Herrera, contentiva de la decisión de Destituirlo del Cargo de Abogado I, en consecuencia se ordena la Reincorporación del ciudadano CARLOS MANUEL PEREIRA ALCALA, al cargo de Abogado I, o otro igual o de mayor jerarquía y el pago de los sueldos y salarios dejados de percibir, con los beneficios socioeconómicos que le correspondan referentes a la prestación de servicio, desde el 17 de enero de 2007, hasta su definitiva reincorporación; por cuanto este último aspecto se deriva de la declaratoria de nulidad, siendo ello calculado mediante una experticia complementaria del fallo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 249 y 455 del Código de Procedimiento Civil, lo cual se practicará a través de un experto contable que se designará posteriormente, cuyos
emolumentos serán pagados por partes iguales. El resultado de dicha experticia, se tendrá como parte integrante de esta sentencia a todos los efectos legales. Así se decide.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza especial del juicio.
Se ordena la notificación de la Procuraduría General de la República de conformidad con lo establecido en el Artículo 94 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Publíquese, regístrese, déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, a los diecisiete días (17) días del mes de Octubre del año dos mil siete (2007) Años: 197° de la Independencia y 148 de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR TEMPORAL,
DRA. GLENDA DE LOS RIOS

LA SECRETARIA TEMPORAL,
ROSA MARLENY ROJAS.
En la misma fecha se publicó y registró la decisión anterior, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.).
LA SECRETARIA TEMPORAL,
ROSA MARLENY ROJAS,

GDLR / María A.
Exp. N°. QF 8554