REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO
DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

Maracay, 10 de Octubre de 2007
197° y 148 °


VISTOS
ASUNTO: DP11-R-2007-000234


PARTE ACTORA: Ciudadano PEDRO AZUAJE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, portador de la cédula de identidad Nº V-7.183.567.

ABOGADOS QUE ASISTEN A LA PARTE ACTORA: ANGEL DIAZ y LUIS HERNÁNDEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 19.378 y 62.575, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: PEPSI COLA DE VENEZUELA C.A.

MOTIVO: APELACIÓN.



I
DE LAS ACTAS DEL PROCESO

En el procedimiento que por enfermedad profesional sigue el ciudadano PEDRO AZUAJE contra PEPSI COLA DE VENEZUELA C.A., el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, levantó Acta el 10 de Julio de 2007 mediante la cual dejó constancia de la incomparecencia de la parte actora a la prolongación de la Audiencia Preliminar, en virtud de lo cual declaró desistido el procedimiento y terminado el proceso conforme al artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Contra la referida decisión ejerció Recurso de Apelación el accionante. Recibido el expediente en este Tribunal de Alzada, se fijó día y hora para celebración de Audiencia Oral, conforme al artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Llegada la oportunidad, el 03 de Octubre de 2007, constituido el Tribunal, se dejó constancia de la comparecencia de la parte actora, asistido de Abogados, y del Apoderado Judicial de la parte accionada, quedando todas las argumentaciones reproducidas en material audio visual, conforme lo prevé el artículo 166 ejusdem.

Este Tribunal declaró CON LUGAR el Recurso de Apelación, y estando en la oportunidad de motivar el fallo se pronuncia en los siguientes términos:


II
FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN
Estableció la parte apelante:
“El objeto de la presente apelación se fundamenta en el hecho que el actor no compareció a la prolongación de la audiencia preliminar en el Juzgado Tercero en virtud que ese día se resintió de la enfermedad que padece, lumbago, que es la causa del presente juicio, el asistió a un centro asistencial del Seguro Social en donde le otorgaron un reposo, el cual consigno en este acto, por lo tanto solicito que la presente apelación sea declarada con lugar. Es todo”.


III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Es deber de este Tribunal de Alzada establecer, en primer lugar, que la incomparecencia de alguna de las partes a los diferentes actos que requieren su presencia, tal y como lo ha establecido la Doctrina en la materia y la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, constituye una anomalía del procedimiento habida consideración de que son sujetos necesarios y útiles cuyo interés procesal debe estar evidenciado desde el primer momento, debiendo subsistir necesariamente durante el desarrollo de éste. Es por ello que el legislador ha otorgado diferentes efectos legales en los diversos supuestos que pueden presentarse con ocasión de tal situación, máxime cuando la Audiencia Preliminar es el acto fundamental del nuevo proceso laboral, en razón de lo cual los Jueces deben ser verdaderos rectores del proceso, correspondiéndoles velar porque se dé el encuentro de las partes en tal acto.

En este orden de ideas, señala el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:

“Artículo 130: Si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar se considerará desistido el procedimiento, terminado el proceso mediante sentencia oral que se reducirá en un acta (...) Parágrafo Segundo: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente, el Tribunal Superior del Trabajo decidirá oral e inmediatamente la apelación, previa audiencia de parte, pudiendo ordenar la realización de una nueva audiencia preliminar, cuando a su juicio existieren fundados y justificados motivos o razones de la incomparecencia del demandante por caso fortuito o fuerza mayor plenamente comprobables, a criterio del Tribunal (...)” Subrayado Nuestro.


Analizadas las actas procesales, se evidencia que el 29 de Junio de 2007 (folios 40 al 43), la parte actora consignó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial Laboral, documento autenticado por ante la Notaría Pública Quinta de Maracay, bajo el N° 68, Tomo 183, mediante el cual declara que REVOCA el Poder conferido a los Abogados ISABEL RIVERA y ANGEL GONZÁLEZ, Inpreabogados números 101.027 y 101.004, respectivamente, y por auto del 10 de Julio de 2007 el Tribunal A-Quo ordenó la notificación respectiva (folio 44).

Al respecto, observa esta sentenciadora que el Poder es la facultad conferida por una persona capaz, mediante un instrumento otorgado ante un funcionario autorizado para dar fe pública, para que otra persona haga en nombre del otorgante lo mismo que éste haría en un determinado juicio para la mejor defensa de sus derechos e intereses, y el Poder faculta al Apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma.

De igual manera, el artículo 47 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo indica la obligatoriedad de la asistencia letrada en el proceso, pues el protagonismo solitario del trabajador puede llevar al Juez a extender en su favor una protección procesal que le colocaría involuntariamente en la posición de patrocinador de la parte, despojándose de la imparcialidad que exige su función y que positiviza la garantía del debido proceso, constitucionalmente establecida.

De allí que se colige que también la revocatoria de ese Poder, debe efectuarse en apego a ciertas formalidades de Ley, tal y como se encuentra previsto en el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, al establecer:

“Artículo 165: La representación de los apoderados y sustitutos cesa:
1° Por la revocación del poder, desde que ésta se introduzca en cualquier estado del juicio, aún cuando no se presente la parte ni otro apoderado por ella (...)”

Sobre la revocatoria del Poder, ha indicado la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia:

“(...) El cese de la representación, en criterio de la Sala (...) se produce desde el momento en que la revocación del poder se introduzca en cualquier estado del juicio. Ello quiere decir, desde el momento en que conste en el expediente del juicio (...)” Auto del 13/07/1988, caso: Inversiones Ronvejo S.R.L. contra Guillermo Tejada, Magistrado Ponente Dr. Aníbal Rueda.


“(...) La representación del Apoderado, en el caso, cesó desde que se trajo a juicio la revocatoria del poder, y no desde que la declaración fue realizada ante la Notaría Pública (...)” Sentencia 12/03/1992, caso: Carlos Tortolero contra Eustaquio Agüero, Magistrado Ponente Dr. Rene Plaz.

En razón de ello, se concluye en el caso de marras, que al haber consignado la parte actora el documento de Revocatoria de Poder en el expediente con anterioridad a la prolongación de la Audiencia Preliminar, entendiéndose con ello que no contaba con Apoderados Judiciales, y no haber asistido al acto, debe demostrar el caso fortuito o la fuerza mayor propios.

Sobre este particular, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 263 de fecha 25 de marzo de 2004 (caso: Sindicato Nacional de Trabajadores, Caballericeros, Aprendices, Capataces, Serenos de Cuadra Similares y Conexos de Venezuela contra Instituto Nacional de Hipódromos), estableció que la valoración y categorización de una causa extraña eximente de responsabilidad, bien se trate del hecho fortuito o fuerza mayor o cualesquiera otro acontecimiento humano que releve a las partes de la obligación de comparecencia a la audiencia preliminar, resulta de la soberana apreciación que de dichos hechos ejecuten los jueces -tanto de Sustanciación, Mediación y Ejecución como Superiores del Trabajo-.

Asimismo, en sentencia del 28 de julio de 2006 (caso: A. Castro contra Móvil Center Chuao C.A.), estableció la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia:
“(...) esta Sala observa que la causa que da origen a la incomparecencia de la parte actora a la audiencia (...) constituye jurídicamente un eximente de la obligación de asistencia, pues, la misma se trató de quebrantos de salud a causa de una enfermedad que condujo a la asistencia médica, quedando demostrado en autos, además, que el profesional del derecho recurrente era el único apoderado judicial (...), hechos éstos que al no haber sido considerados demuestran una violación al orden público laboral (...)” Magistrado Ponente: Dr. Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez.

Se analiza el caso de marras en atención al criterio sostenido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1.532 del 10 de Noviembre de 2005, con Ponencia del Magistrado Dr. Juan Rafael Perdomo:
“(...) Para ello, tanto los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución, como los Juzgados Superiores del Trabajo deben tomar en cuenta los parámetros y lineamientos establecidos por la Sala, a los fines de pronunciarse sobre las consecuencias y el efecto liberatorio de una causa extraña eximente de la responsabilidad para comparecer a la Audiencia, cuya valoración y apreciación será de libre soberanía del Juez (...):
1) La causa, hecho o circunstancia no imputable a la parte que limita o impida la comparecencia a la audiencia o a la prolongación, debe ser probada por la parte que la invoca; 2) La imposibilidad de cumplir tal obligación debe ser sobrevenida, es decir, debe materializarse con posterioridad al conocimiento inicial que se tenía sobre la comparecencia previamente convenida entre las partes, o a la inicialmente fijada por el Tribunal; 3)La causa no imputable debe ser imprevisible e inevitable, es decir, no puede en modo alguno subsanarse por el obligado a comparecer; y, 4) La causa del incumplimiento no puede devenir de una conducta consciente y voluntaria del obligado, pues la causa que se invoque debe provenir de factores externos y ajenos a las partes (...)”

Así las cosas, se confiere valor probatorio al Justificativo Médico emanado del Centro Ambulatorio El Limón, suscrito por la profesional de la medicina OMAIRA PÉREZ, a través del cual hace constar haber atendido el 10 de Julio de 2007 al ciudadano PEDRO AZUAJE, Por LUMBAGO que ameritó indicación de REPOSO MÉDICO desde el 10/07/2007 hasta el 13/07/2007 (folio 69), el cual, por emanar de un Organismo Público no requiere ser ratificado en su contenido y firma conforme lo establece el artículo 79 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. Y ASÍ SE DECIDE.

Como corolario de los razonamientos que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por la parte actora, por ser la Audiencia Preliminar y sus respectivas prolongaciones el crecimiento primordial para garantizar el ejercicio de los derechos de las partes, a fin de lograr fundamentalmente la disolución del conflicto sirviéndose de los medios alternos de justicia; y en virtud de ello, dado que conforme al artículo 257 del texto Constitucional el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, y que las normas sustantivas y adjetivas que regulan el Derecho del Trabajo son de eminente orden público, se revoca el Acta recurrida, en aras de la integridad de la Legislación y uniformidad de la Jurisprudencia. Y ASÍ SE DECIDE.

IV
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN ejercido por la parte actora ciudadano PEDRO AZUAJE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, portador de la cédula de identidad Nº V-7.183.567. SEGUNDO: REVOCA la Decisión contenida en Acta levantada el 10 de Julio de 2007 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Se ordena remitir el expediente al Juzgado A-Quo, a los fines que se fije oportunidad para prolongación de Audiencia Preliminar, sin previa notificación de las partes, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Líbrese Oficio y anéxese copia certificada de la presente Decisión.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay a los Diez (10) días del mes de Octubre del año Dos Mil Siete (2007). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
LA JUEZ,
DRA. ANA CRISTINA ICIARTE HERRERA.



EL SECRETARIO,
ABOG. ARTURO CALDERÓN.


En esta misma fecha se publicó la anterior Decisión, siendo las 11:44 a.m.


EL SECRETARIO,
ABOG. ARTURO CALDERÓN.


DP11-R-2007-000234
ACIH/pm.