TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRAL CON SEDE EN MARACAY, ESTADO ARAGUA.
Años 200° y 152°
PARTE RECURRENTE:
Ciudadana Katherin del Carmen Mora Torres, titular de la cédula de identidad N° V-14.389.555, domiciliada en la calle Ricaurte, # 46, Barrio La Curia, San Mateo, Municipio Bolívar del Estado Aragua.

REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA RECURRENTE:
Abogada en ejercicio Elena Bolívar, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 14.982.

PARTE RECURRIDA:
MUNICIPIO BOLÍVAR DEL ESTADO ARAGUA

REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE RECURRIDA:
Abogada en ejercicio Carmen Teresa Villamizar Mancini, Inscrita en el inpreabogado bajo el N° 120.703.

Motivo:
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL DE NULIDAD (REMOCION-RETIRO)

Expediente Nº 10.259

Sentencia Definitiva

I.- ANTECEDENTES

Se inició la presente causa, en virtud de la remisión efectuada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, de Protección y Bancario de la Circunscripción judicial del estado Aragua, con sede en La Victoria, en fecha 17 de febrero de 2010, expediente contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad, interpuesto por la ciudadana Katherin del Carmen Mora Torres, titular de la cédula de identidad N° V-14.389.555, contra la Resolución Administrativa N° 350-2009 dictada en fecha 24 de noviembre de 2009 por el Alcalde del Municipio Bolívar del estado Aragua, con sede en San Mateo.-
ALEGA LA PARTE QUERELLANTE:
Que “…en fecha 02 de abril de 2001, su representada ingreso a prestar servicios en forma subordinada, personal y directa, para la Alcaldía del Municipio Bolívar del estado Aragua, desempeñando el cargo de PROMOTORA SOCIAL, designada por e Alcalde del Municipio, posteriormente en el año 2005, fui ascendida al cargo de SECRETARIA de la Dirección de educación, Salud y Participación Ciudadana (Desarrollo Social) y últimamente trasladada a la Dirección de Registro Civil, adscrito a la Alcaldía del Municipio Bolívar del estado Aragua, como consta de Resolución N° 027-2006 en fecha 02 de enero de 2006, fecha en la cual fui DESTITUIDA por el Alcalde del Municipio.
Es el caso, ciudadana Juez, que en esa fecha 24 de noviembre, el Alcalde del Municipio…, mediante la Resolución N° 350-2009 dictada el mismo 24 de noviembre de 2009, para entrar en vigencia y ser ejecutada ese mismo día, y que me fue NOTIFICADA ese mismo día 24 de noviembre de 2009…, es decir, que no se me confirieron los lapsos respectivos para ejercer mi derecho a la defensa, obviando, mi condición de funcionario de carrera, procedió como dije antes a destituirme, utilizando para ello, la vía de la REMOCION con lo cual lesiono los derechos que me corresponden conforme a la LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCION PUBLICA, entre ellos, y fundamentalmente, el derecho a la ESTABILIDAD establecido en el articulo 30 ibidem, así mismo, se contravienen los principios de RETIRO de la administración publica, en tanto y en cuanto, soy funcionario publico que en virtud de su NOMBRAMIENTO y habiendo desempeño su cargo durante OCHO (8) años, siete (7) meses y veintidós (22) días, fui destituida sin darse cumplimiento a los procedimientos legalmente establecidos en la ley, y sin existir causal para ello, utilizando el subterfugio de la remoción para justificar su ilegal actuación.
En mi caso, y sin que hubiere cometido falta alguno alguna que amerite la aplicación de las sanciones disciplinarias previstas en la ley o existiera causal alguna de DESTITUCION al ser REMOVIDA de mi puesto de trabajo, con la agravante de encontrarme actualmente embarazada, como consta constancia medica cuya copia anexo marcada “C” y encontrarme emparada del FUERO MATERNO establecido en la Ley del Trabajo, se han violentado LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES al DEBIDO PROCESO y a la DEFENSA que conllevan a la NULIDAD del ACTO ADMINISTRATIVO, constituido por la Resolución Administrativa N° 350-2009 dictada en fecha 24 de noviembre de 2009, por el Alcalde del Municipio Bolívar del estado Aragua.
Por razones de ilegalidad e inconstitucionalidad alegadas, solicito al juez ordene el restablecimiento de la situación jurídica infringida, se me restituya a mi puesto de trabajo con el correspondiente pago de los salarios y demás beneficios dejados de percibir durante el tiempo que dure separada del cargo […]”

II.- DEL PROCEDIMIENTO:
Por auto de fecha 21 de mayo de 2010, se le dio entrada al expediente y se da cuenta al juez, quedando anotado bajo el N°
En fecha (28) de junio de dos mil diez (2010), el Tribunal mediante auto se pronuncia admitiendo la causa por cuanto es competente. Seguidamente en fecha (30) de junio de dos mil diez (2010) se ordena librar los oficios correspondientes a las citaciones, así como se solicitan los Antecedentes Administrativos del caso.
En fecha tres (03) de febrero de dos mil once (2011), la Dra. Margarita García Salazar, en virtud de su traslado concedido por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 10 de diciembre de 2010 y luego de su juramentación y toma de posesión como Juez de este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, se abocó al conocimiento de la causa, en los términos pautados en el artículo 14 y 90 del Código de Procedimiento Civil; previa solicitud de la parte querellante.
A los folios 13 y 14 del expediente judicial, constan las notificaciones debidamente cumplidas por el alguacil del tribunal.

En fecha 30 de mayo de 2011, la representación judicial del municipio querellado, presento escrito de contestación a la demanda, en los términos siguientes:
“[…] no es cierto que con tal notificación, no se le hayan conferido los lapsos respectivos a la demandante para ejercer su derecho a la defensa, puesto que en la misma….le fueron informados los procedimientos y lapsos correspondientes, en concordancia con lo señalado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. No es cierto que la demandante sea funcionaria de carrera, ni que haya sido destituida obviando tal condición, puesto que la demandante era funcionaria de libre nombramiento y remoción; en concordancia con lo establecido en los Artículos 19 y 20 de la Ley de Estatuto de la Función Publica, nombrada por Resolución emanada del Alcalde del Municipio en ejercicio de sus atribuciones, las cuales ejerció igualmente para su remoción.
Discrepo del correlativo en cuanto a la interpretación que hace la demandante, de la Ley del Estatuto de la Función Publica y su articulo 30, que establece la estabilidad y el principio de Retiro de la administración publica, los cuales son de goce exclusivo de los Funcionarios de carrera, no siendo esta su condición en virtud de que su nombramiento al cargo que desempeñaba en la Alcaldía y su ingreso a la administración publica, no cumplió con el procedimiento previo establecido en los artículos 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley del Estatuto de la Función Publica.
No es aplicable el contenido que alega la demandante, en cuanto al goce de fuero maternal, siendo la principal evidencia la constancia emanada por el Dr. Luís R. Tovar, en fecha 30 de enero de 2010, consignada por la demandante junto con la querella interpuesta…en donde se evidencia para tal fecha un embarazo de 8 semanas con placenta baja y dolor pélvico. Comprobándose un embarazo que inicio once (11) días después de la remoción, no gozando del fuero maternal, que en este acto desconozco en nombre de mi representado […]”

Por auto de fecha 31 de mayo de 2011, se ordena la apertura de pieza separada denominado expediente administrativo N° 1.
En fecha 31 de mayo de dos mil once (2011), se fijo la celebración de la audiencia preliminar para el tercer día de despacho siguiente siendo la oportunidad procesal para ello. Se llevó a cabo el día ocho (08) de junio de dos mil once (2011), dejándose constancia en acta de la comparencia de la abogada Elena Bolívar, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 14.892, en representación de la parte querellante; a su vez dejó constancia de la comparecencia de la parte querellada, a través de la abogada Carmen Teresa Villamizar. (Ver folio 32)
A los folios 36 al 51, rielan escritos de pruebas y sus anexos, promovidos por las ambas partes.
En fecha seis (06) de julio de dos mil once (2011) por auto de este Tribunal se admiten las pruebas promovidas.
En fecha veintisiete (27) de julio de dos mil once (2011) mediante auto, vencido el lapso de evacuación de pruebas el Tribunal siendo la oportunidad procesal fijó la celebración de la audiencia definitiva, la cual se llevo a cabo el tres (03) de agosto de dos mil once (2011), a cuyo acto no asistió ninguna de las partes, declarándose desierto el acto. Seguidamente la ciudadana Juez, en virtud de de ello, informó que emitiría y publicaría el dispositivo del fallo en cinco (05) días de despacho como lo establece el 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
En fecha once (11) de agosto se dictó la dispositiva del fallo, en la que se resolvió declarar PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto.

Cumplidos los trámites procedimentales conforme a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública y siendo la oportunidad legal para que el Tribunal proceda a dictar sentencia de mérito, pasa de seguidas a realizarlo previas las consideraciones siguientes:

III.- DE LA COMPETENCIA:
Debe este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Central pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa, en los siguientes términos:
Mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio del 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida como un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente en su Título III; que se establecerá a que Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto.
Así, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se observa que en el caso de los Juzgados Superiores --artículo 25 numeral 6, determinó entre sus competencias “…demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública…”.
No obstante lo anterior, no se puede obviar el principio de especialidad que reviste a ciertas leyes, lo que conlleva a que una determinada ley se aplique con preferencia a otra respecto a una especial materia, principio éste recogido en la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando en su artículo 1 –ámbito de aplicación- hace alusión a “salvo lo previsto en leyes especiales” ; por lo que siendo la función pública una materia especial al encontrar su regulación en la Ley del Estatuto de la Función Pública, es que debe dársele aplicación preferente a dicha ley.
En este sentido, es menester resaltar que la competencia a que se refiere la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, es la relativa al grado en que conocerán los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo, al señalar que “…son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley…”, aspecto que no fue modificado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que se ratifica con lo dispuesto en su artículo 25 numeral 6.
Por lo tanto, al constatarse de autos que la querellante mantuvo una relación de empleo público para el Municipio Bolívar del estado Aragua, lo cual dio origen a la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, se estima que se encuentran configurados los supuestos de procedencia para que este Tribunal Superior entre a conocer y decidir la presente causa, y así se decide.

IV.- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Declarada la competencia de este Juzgado Superior para entrar a conocer el caso de autos se estima que la presente causa versa sobre el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad, incoado por la ciudadana Katherin del Carmen Mora Torres, titular de la cédula de identidad N° V-14.389.555, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa N° 350-2009 dictada en fecha 24 de noviembre de 2009 por el Alcalde del Municipio Bolívar del estado Aragua, con sede en San Mateo, mediante el cual resuelve su remoción del cargo de Secretaria adscrita a la Dirección de Registro Civil.

- Del fuero Maternal alegado.
Sostiene la parte querellante, que “[…] al ser REMOVIDA de mi puesto de trabajo, con la agravante de encontrarme actualmente embarazada, como consta constancia medica cuya copia anexo marcada “C” y encontrarme emparada del FUERO MATERNO establecido en la Ley del Trabajo, se han violentado LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES al DEBIDO PROCESO y a la DEFENSA que conllevan a la NULIDAD del ACTO ADMINISTRATIVO, constituido por la Resolución Administrativa N° 350-2009 dictada en fecha 24 de noviembre de 2009, por el Alcalde del Municipio Bolívar del estado Aragua […]”

Sobre el particular, debe recordarse que de conformidad con el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. A tales fines, el estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral.

Es palmario en el Texto Constitucional el espíritu del constituyente de ofrecer garantías a la maternidad, por cuanto, a través de ésta se alcanza uno de los fines del Estado: proteger a la familia como asociación natural de la sociedad (Vid. artículo 75 de la Carta Magna).

En desarrollo del precepto constitucional, la Ley Orgánica del Trabajo, de aplicación supletoria en el presente asunto, prevé en su artículo 384 que “…la mujer trabajadora en estado de gravidez gozará de inamovilidad durante el embarazo y hasta un (1) año después del parto…”.
En razón de lo anterior, se tiene que la mujer embarazada gozará de inamovilidad durante el embarazo y después del parto, lo que se traduce en estabilidad laboral durante nueve (9) meses -período de gestación- y un (1) año -período de post parto y lactancia-.

En este contexto se observa que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 742 de fecha 5 de abril de 2006, (caso: Wendy Coromoto García Vergara vs. Dirección Ejecutiva De La Magistratura), en lo que respecta a la protección del fuero maternal, señaló lo siguiente:

“…Al respecto, ha sido criterio de esta Sala que para toda remoción a cualquier cargo o puesto de trabajo, se debe esperar que culmine el estado de gravidez o embarazo y se hayan extinguido los correspondientes permisos pre y post-natal. En otras palabras, la desvinculación del servicio debe posponerse por el lapso que falte del embarazo y una vez verificado el agotamiento de los permisos que la legislación especial prevé (…).
Siendo ello así, esta Sala considera que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, debió aperturar un procedimiento administrativo si había causa justificada de despido, o de ser el caso dejar transcurrir el período de un (1) año establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, para luego ponerle fin a la relación laboral, y siendo que en el caso de autos, se removió del cargo como ‘Secretaria del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira’, a la accionante, sin haber expirado el tiempo citado, se le lesionaron sus derechos constitucionales señalados como infringidos, ya que tal proceder contraviene la protección a la maternidad, establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley Orgánica del Trabajo…”.

En el caso de autos, advierte este Órgano Jurisdiccional, que la recurrente consigna conjuntamente con el escrito libelar, Copia Simple de Constancia suscrita por el Dr. Luís R. Tovar B., Gineco Obstreta, de fecha 30 de enero de 2010, por medio de la cual hace constar que la ciudadana Katherin Mora, asistió por presentar Embarazo de ocho (8) semanas con placenta baja y dolor pélvico (folio 8), siendo contradicha la misma por la parte querellada, en el escrito de contestación. Lo que conduce necesariamente destacar, que tal instrumento indiscutiblemente debió ser ratificado por el Medico que lo suscribió, a la luz de lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Circunstancia esta, que no ocurrió en la presente causa, por lo tanto, no se le otorga ningún valor probatorio a dicho instrumento, y así queda establecido.-
Aunado a lo anterior, se observa que la parte recurrente no trajo a los autos ningún otro medio de probatorio que lograse demostrar que para la fecha en que la administración querellada dicto el acto administrativo de remoción (24/11/2009), esta se encontraba en estado de gravidez, y por lo tanto amparada por el fuero maternal. Siendo ello así, y visto que la recurrente no logro demostrar en esta instancia jurisdiccional que se encontraba en período de gestación al momento de su remoción, En consecuencia, este tribunal superior desecha el alegato de fuero maternal denunciado, y así se declara.-

De la condición de la parte querellante.

Así pues, la recurrente alega que “[…] no se me confirieron los lapsos respectivos para ejercer mi derecho a la defensa, obviando, mi condición de funcionario de carrera, procedió como dije antes a destituirme, utilizando para ello, la vía de la REMOCION con lo cual lesiono los derechos que me corresponden conforme a la LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCION PUBLICA, entre ellos, y fundamentalmente, el derecho a la ESTABILIDAD establecido en el articulo 30 ibidem, así mismo, se contravienen los principios de RETIRO de la administración publica, en tanto y en cuanto, soy funcionario publico que en virtud de su NOMBRAMIENTO y habiendo desempeño su cargo durante OCHO (8) años, siete (7) meses y veintidós (22) días, fui destituida sin darse cumplimiento a los procedimientos legalmente establecidos en la ley, y sin existir causal para ello, utilizando el subterfugio de la remoción para justificar su ilegal actuación […]”
Por su parte la representación judicial de la parte querellada, argumento que “[…]No es cierto que la demandante sea funcionaria de carrera, ni que haya sido destituida obviando tal condición, puesto que la demandante era funcionaria de libre nombramiento y remoción; en concordancia con lo establecido en los Artículos 19 y 20 de la Ley de Estatuto de la Función Publica, nombrada por Resolución emanada del Alcalde del Municipio en ejercicio de sus atribuciones, las cuales ejerció igualmente para su remoción […]”

De ello, este órgano jurisdiccional observa que la ciudadana Katherin Mora, alegó que era una funcionaria de carrera, por lo que se pasa a revisar tal argumento y a tales efectos se observa:

Que la ciudadana Katherin Mora, ingresó a la Administración Pública Municipal en fecha 02 de abril de 2001, en el cargo de Promotora adscrita a la Dirección de Educación, Salud y Participación a la Comunidad, según se desprende en Constancia de Trabajo, inserta al folio 96 del expediente administrativo. Luego, en fecha 02 de enero de 2004, es designada para desempeñar el cargo de Secretaria I adscrita a la Dirección de Educación, Salud y Participación a la Comunidad, según se desprende en Resolución N° 011-2004, corriente al folio 122 y 123 del expediente administrativo.
Posteriormente, en fecha 03 de enero de 2005, mediante Resolución N° 028-2005 emanada del Alcalde del Municipio Bolívar del estado Aragua, fue reasignada para ocupar el cargo de Secretaria I adscrita a la Dirección de Registro Civil (v. f.118 y 119 exp. Adm.). Por ultimo, nuevamente en fecha 02 de enero de 2006, mediante Resolución N° 027-2006 emanada del Alcalde del Municipio Bolívar del estado Aragua, fue reasignada para ocupar el cargo de Secretaria adscrita a la Dirección de Registro Civil (v. f.114 y 115 exp. Adm.).

De ello, se destaca que la Constitución de la República de Venezuela del año 1961, según lo dispuesto en el artículo 122 habilitaba en la ley la tarea de delimitar y regular todo lo concerniente al régimen de la carrera administrativa, en línea con este imperativo constitucional, la Ley de Carrera Administrativa -sustituida hoy por la Ley del Estatuto de la Función Pública-, establecía en sus artículos 34 y 35 los requisitos para la selección e ingreso de los funcionarios públicos de carrera, que “La selección para el ingreso a la carrera administrativa se efectuará mediante concurso” de modo pues que desde la entrada en vigencia de la derogada Ley de Carrera Administrativa y hasta la promulgación del Texto Fundamental de 1999 el único modo de incorporación a la función pública previsto en el ordenamiento jurídico venezolano ha sido el respectivo concurso público de oposición.
En efecto, en la actualidad la Carta Magna contempla como una exigencia de rango constitucional para el ingreso a la función pública la presentación y aprobación de concurso público, así como también establece la regla general de que todos los cargos de la Administración Pública son de carrera, salvo las excepciones legales.
Asimismo, el orden constitucional vigente a partir del año 1999, propugna como exigencia fundamental para el ingreso a la función pública la presentación y aprobación por parte del aspirante del correspondiente concurso público de oposición, de allí que con la entrada en vigor del nuevo orden constitucional, se ratificó la exigencia que preveía la derogada Ley de Carrera Administrativa de que el ingreso a la función pública se encuentra condicionado al cumplimiento ineludible de tal formalidad.

En este mismo orden de ideas, para mayor abundamiento resulta necesario para esta juzgadora traer a colación el criterio establecido por la Corte Segunda de lo Contencioso administrativo en sentencia Nº 2008-1596 de fecha 14 de agosto de 2008, (caso: Oscar Alfonso Escalante Zambrano contra el Cabildo Metropolitano de Caracas), en el cual se estableció que:
“…esta Corte Segunda de lo Contencioso administrativo establece como criterio que el funcionario que, una vez entrada en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, haya ingresado a la Administración Pública -mediante designación o nombramiento- a un cargo calificado como de carrera, sin la realización previamente del debido concurso público, gozarán de estabilidad provisional o transitoria en sus cargos, hasta tanto la Administración decida proveer definitivamente dicho cargo mediante el correspondiente concurso público. Este derecho a la estabilidad provisional nacerá una vez superado el período de prueba.
Esta estabilidad provisional supone, en criterio de esta Corte, que aquel funcionario que se encuentre en la aludida situación de transitoriedad no podrá ser removido, ni retirado de su cargo por causa distinta a las contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública (artículo 78), hasta tanto el cargo que ocupa temporalmente sea provisto mediante el correspondiente concurso público.
En síntesis, considera este Órgano Jurisdiccional que, en atención a los principios derivados del Estado Social de Derecho y de Justicia establecido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe reconocerse el derecho a la estabilidad provisional o transitoria, en los términos antes expuestos, al funcionario que haya ingresado por designación o nombramiento a un cargo de carrera, sin haber superado previamente el respectivo concurso...”

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 2.149 de fecha 14 de noviembre de 2007 (caso: Defensoría del Pueblo), señaló:
“…Se aprecia que a partir de la publicación del Texto Constitucional en la Gaceta Oficial, todo ciudadano para ostenta la condición de funcionario de carrera debía someterse a un concurso público ordenado por la Administración Pública, previo cumplimiento de los requisitos indispensables y especiales para el ejercicio del cargo solicitado.
Así pues, tal como se estableció en el fallo N° 660/2006 dictado por esta Sala `(…) la normativa constitucional zanjó un problema existente bajo el imperio de las derogadas Ley de Carrera Administrativa y la Constitución de 1961´, en virtud que bajo el régimen normativo anterior los tribunales competentes en materia funcionarial -extinto Tribunal de la Carrera Administrativa y Corte Primera de lo Contencioso Administrativo-, establecieron formas irregulares del ingreso a la Carrera administrativa de los funcionarios públicos al servicio de la Administración (Cfr. Funcionarios de hecho, funcionarios contratados), los cuales se les asimilaba y se le otorgaba la condición de funcionarios de Carrera.
Tal situación, lejos de favorecer un régimen de seguridad jurídica y protección del derecho al trabajo establecido en el Texto Constitucional, ya que es la protección del género la que afecta al funcionario y la especialidad contemplada en el régimen de funcionamiento de la administración pública-funcionario público (ex artículo 3 de la vigente Ley del Estatuto de la Función Pública), generaba una incipiente inseguridad jurídica, ya que el funcionario se encontraba al acecho de actuaciones arbitrarias de la Administración.
En atención a ello, la jurisprudencia estableció un régimen paralelo de ingreso a la Carrera administrativa –nombramiento sin concurso previo-, en contradicción a lo establecido en la Ley de Carrera A