REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
CORTE DE APELACIONES

Maracay, 16 de agosto de 2012
202° y 153°

CAUSA: 1As-9500-12
PONENTE: DR. FRANCISCO GERARDO COGGIOLA MEDINA
DENUNCIADOS: SAMIL LOPEZ CORREA, JULIO CÉSAR CASTELLANO OTERO, EVELICE LOAIZA, MIROSLAVA GOITIA VÁSQUEZ, ORLANDO VILLAMIZAR, ZOMALIA GUTIÉRREZ DE BEJARANO, GREYMAR D' ARMAS DUGARTE, RAFAEL RODRÍGUEZ RENDÓN, MOISÉS RENDÓN OROPEZA
FISCALÍA: abogado DANIEL GUÉDEZ HERNÁNDEZ, FISCAL VIGÉSIMO DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA
DENUNCIANTES: ANTONIO SERINO RONGO, ALICIA JUDITH SINDONI FAVEROLA, STEFANO GRECO ARLOTTA, GIANCLAUDIO GIARDINA AMURRI y PATRICIA FIOCCO MAURIELLO
APODERADO JUDICIAL DE LOS DENUNCIANTES: abogado AMADO ANTONIO MOLINA YÉPEZ
PROCEDENCIA: JUZGADO NOVENO (9º) DE CONTROL CIRCUNSCRIPCIONAL
MATERIA: PENAL
MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO Y DESESTIMACIÓN DE DENUNCIA
DECISIÓN: SIN LUGAR Y CONFIRMA
N° 045.


Compete a esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, la cognición de la presente causa, proveniente del Juzgado Noveno (9º) de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, en virtud del Recurso de Apelación interpuesto por el abogado AMADO ANTONIO MOLINA YÉPEZ, en su carácter de Apoderado Judicial de los denunciantes ANTONIO SERINO RONGO, ALICIA JUDITH SINDONI FAVEROLA, STEFANO GRECO ARLOTTA, GIANCLAUDIO GIARDINA AMURRI y PATRICIA FIOCCO MAURIELLO, en contra de la sentencia de sobreseimiento proferida en fecha 13 de abril de 2012, por el referido Tribunal, en la causa signada con la nomenclatura 9C-20.279-12, donde figuran como denunciados los ciudadanos SAMIL LOPEZ CORREA, JULIO CÉSAR CASTELLANO OTERO, EVELICE LOAIZA, MIROSLAVA GOITIA VÁSQUEZ, ORLANDO VILLAMIZAR, ZOMALIA GUTIÉRREZ DE BEJARANO, GREYMAR D' ARMAS DUGARTE, RAFAEL RODRÍGUEZ RENDÓN, MOISÉS RENDÓN OROPEZA.

La Corte considera:
P R I M E R O
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

A.-DENUNCIADOS:

• SAMIL LOPEZ CORREA
• JULIO CÉSAR CASTELLANO OTERO
• EVELICE LOAIZA
• MIROSLAVA GOITIA VÁSQUEZ
• ORLANDO VILLAMIZAR, ZOMALIA GUTIÉRREZ DE BEJARANO
• GREYMAR D' ARMAS DUGARTE
• RAFAEL RODRÍGUEZ RENDÓN
• MOISÉS RENDÓN OROPEZA

B.- DENUNCIANTES: ANTONIO SERINO RONGO
• ALICIA JUDITH SINDONI FAVEROLA
• STEFANO GRECO ARLOTTA
• GIANCLAUDIO GIARDINA AMURRI
• PATRICIA FIOCCO MAURIELLO

C.-APODERADO JUDICIAL DE LOS DENUNCIANTES: abogado AMADO ANTONIO MOLINA YÉPEZ

D.-FISCALÍA VIGÈSIMA (20°) DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA: abogado DANIEL GUÉDEZ HERNÁNDEZ

S E G U N D O
DE LA ADMISIBILIDAD:

Recibidas como han sido las presentes actuaciones, esta Corte de Apelaciones, le dio entrada a las mismas, designándose como ponente quien con tal carácter suscribe el presente fallo, y luego de revisadas las actuaciones, consideró que el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado AMADO ANTONIO MOLINA YÉPEZ, en su carácter de Apoderado Judicial de los denunciantes, reúne los requisitos exigidos en los artículos 451, 452 y 453 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo el mismo declarado admisible por esta Sala en fecha 20 de julio de 2012, por haber sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma exigidos, el Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose el procedimiento respectivo, celebrándose el acto de la audiencia oral y pública en fecha 9 de agosto de 2012, para oír los alegatos de las partes, en consecuencia esta Corte estando dentro del lapso legal previsto en el artículo 455, eiusdem, procede a dictar la resolución correspondiente sobre el fondo del asunto planteado. Así se declara.-

T E R C E R O
RESUMIR LOS ALEGATOS DE LAS PARTES:

Planteamiento del Recurso Interpuesto:

El ciudadano AMADO ANTONIO MOLINA YÉPEZ, en su carácter de Apoderado Judicial de los denunciantes, en escrito cursante del folio ciento cuarenta y seis (146) al ciento setenta y cinco (175) del expediente, Pieza V, presentó recurso de apelación, en fecha 09 de mayo de 2012, contra la sentencia de sobreseimiento pronunciada en fecha 13 de abril de 2012, por el Juzgado Noveno (9º) de Control de este Circuito Judicial Penal, en la causa signada con la nomenclatura alfanumérica del referido Tribunal, 9C-20.279-12, donde figuran como denunciados los ciudadanos SAMIL LOPEZ CORREA, JULIO CÉSAR CASTELLANO OTERO, EVELICE LOAIZA, MIROSLAVA GOITIA VÁSQUEZ, ORLANDO VILLAMIZAR, ZOMALIA GUTIÉRREZ DE BEJARANO, GREYMAR D' ARMAS DUGARTE, RAFAEL RODRÍGUEZ RENDÓN, MOISÉS RENDÓN OROPEZA, indicando entre otras cosas lo siguiente:

“(...)Quien suscribe, AMADO ANTONIO MOLINA YÉPEZ, venezolano, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Caracas, con cédula de identidad número V-5.222.886, abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 68.278, actuando en este acto en mí condición de Apoderado Judicial de los ciudadanos; ANTONIO SERINO RONGO, ALICIA JUDITH SINDONI FAVEROLA, STEFANINO GRECO ARLOTTA, GIANCLAUDIO GIARDINA AMURRI y PATRICIA FIOCCO MAURIELLO, venezolanos, mayores de edad, de estado civil casado, soltera, casado, soltero, y soltera; y titulares de las cédulas de identidad números; V-7.226.870, V-7.224.021, V-7.262.022, V-9.699.463 y V-9.676.805, respectivamente, ampliamente identificados en el expediente N° 9C-20.279-12 a su digno cargo, quienes ostentan la condición de víctima en este proceso, conforme lo previsto en el artículo 119 numeral Io del Código Orgánico Procesal Penal, ante usted conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 325, 453 y 302 del Código Orgánico Procesal Penal, acudo con el objeto de interponer formal RECURSO DE APELACIÓN, en contra de la decisión dictada por este Tribunal el 13 de abril de 2012, mediante la cual decreto EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA Y LA DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA, lo que hago en los siguientes términos:
I
DEL RECURSO DE APELACIÓN
Estando dentro de los plazos legales previstos en los artículos 453 y 302 del Código Orgánico Procesal Penal, para apelar de la sentencia definitiva dictada por este Tribunal, en fecha 13 de abril de 2012, por medio de la cual decretó EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA Y LA DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA, conforme lo establecido en los artículos 318 numeral 2o y 301 del Código Orgánico Procesal Penal, respectivamente, FORMALMENTE APELO de dicha decisión, basada en las siguientes razones de hecho y de derecho:
II
PUNTO PREVIO
DE LOS PRESUPUESTOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS DEL RECURSO QUE SE INTERPONE
Primero: La decisión de la cual estoy recurriendo en apelación, es la dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en fecha 13 de abril de 2012, mediante la cual decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA Y LA DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA, con motivo de la denuncia que interpusiera en nombre de mis representados en fecha 28-07-2010, la cual dirige la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, lo que le concede a mis poderdantes la condición de víctima, en atención a lo establecido en el artículo 119 numeral 1o del Código Orgánico Procesal Penal.
Dicha decisión a través de la cual se decreta el sobreseimiento de la causa, conforme lo establecido en los artículos 325 y 451 del Código Orgánico Procesal Penal, por ser equiparable a la sentencia definitiva, que causa un gravamen y que pone fin al proceso, conforme lo tiene establecido el Tribunal Supremo de Justicia, es recurrible ante la Corte de Apelaciones, por así establecerlo expresamente la Ley.
Segundo: Por mandato expreso de los artículos 325 y 302 del citado texto adjetivo, se prevé que "la víctima, aún cuando no se haya querellado, podrá interponer recurso de apelación y de casación, contra el auto (sentencia) que declare el sobreseimiento" y "la decisión que declare con lugar la desestimación será apelable por la victima, se haya o no querellado".
De modo que, tal como consta en autos, ostentando mis representados la condición de víctima en este proceso, sin duda alguna tienen legitimidad activa para recurrir de la sentencia dictada por el Juez A quo.
Tercero: Asimismo, en el caso de autos, se cumple con la exigencia de la interposición del recurso en el tiempo hábil previsto por la Ley, en consecuencia, estamos dentro del plazo legal para la impugnación -por lo que el recurso se interpone al quinto (5o) día hábil siguiente, luego de haberme dado por notificado mediante boleta de la decisión en fecha 2 de mayo de 2012, por lo tanto la interposición de dicho recurso es tempestiva, conforme los artículo 453 y 302 eiusdem.
En conclusión, los presupuestos objetivos y subjetivos exigidos para recurrir en Alzada de la sentencia que decretó el sobreseimiento de la causa y la desestimación de la denuncia, se encuentran satisfechos, razón por la cual al amparo del artículo 437 eiusdem, la honorable Sala de Corte de Apelaciones que va a conocer del presente recurso, deberá entrar a resolver el fondo del mismo, pues de seguidas procedo a señalar los motivos en que fundamento el recurso en cuestión.
CAPITULO PRIMERO
RECURSO DE APELACIÓN SOBRESEIMIENTO
MOTIVO DE APELACIÓN
Al amparo del artículo 452 numeral 2o del Código Orgánico Procesal Penal, delato la violación del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que se traduce en una falta manifiesta en la motivación de la recurrida.
I
Argumentación del vicio delatado:
Por mandato expreso del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencias o autos fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación.
En consecuencia, tenemos que la decisión del tribunal que pone fin al proceso, mediante sobreseimiento, reviste la connotación de una sentencia, dentro de la clasificación que hace la norma, de allí que entonces, ha de tratarse de una sentencia no sólo fundada en derecho, pues de lo contrario dicha sentencia, apareja como sanción su nulidad, toda vez que vulneraría el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva.
La exigencia de la motivación, ha sido tratada en múltiples decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en Sala Penal, como en Sala Constitucional, a tal extremo que la falta de motivación de las sentencias, se considera una violación al principio de orden público, que conlleva a todas luces la violación del debido proceso y la tutela judicial efectiva de rango Constitucional, a tenor de la sentencia Número 443 del 11 de agosto de 2009, dictada por la Sala Constitucional; incluso, con carácter vinculante donde se estableció, que aún cuando el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no lo indique expresamente, es de su esencia el que todo acto de juzgamiento contenga una motivación, requerimiento este que atañe al orden público, como quedó establecido en sentencia Número 891 del 13 de mayo de 2004, emanada de la Sala Constitucional.
Así entonces, la motivación de las sentencias constituye una exigencia del ordenamiento jurídico, que permite a los justiciables conocer las razones por las cuales sus pretensiones son desechadas o acogidas, según corresponda, apartando así la arbitrariedad y el abuso del derecho por parte del Juez en la administración de justicia. Es por ello, que los hechos objeto del proceso constituye el eje central de la labor de motivación que debe desplegar el juez al proferir su decisión.
En el caso particular, de una revisión somera a la decisión que se cuestiona mediante el recurso de apelación, veremos como la recurrida no cumple a cabalidad con la labor de motivación de la sentencia, lo que trae como consecuencia que dicha sentencia quede viciada de nulidad absoluta, por imperio del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal.
Veamos que sucedió en el caso que nos ocupa, para lo cual empezaremos por transcribir de la sentencia recurrida, la parte del titulo que denomina PUNTO PREVIO, en el cual se dejo establecido lo que sigue:
(...).
No puede constituir un argumento valido y por la tanto ajustado a derecho, que implique la debida motivación de una decisión judicial, lo afirmado por la recurrida, para haber prescindido de la audiencia que ordena el articulo 23 del Código Orgánico Procesal Penal, con arreglo "a que de la revisión exhaustiva efectuada a las actuaciones se observa que no consta en actas objeción alguna por escrito de las partes en cuanto a lo peticionado por la Vindicta Pública en escrito fecha 30 de marzo de 2012, para lo cual hago la siguiente consideración:
CONSIDERACIÓN: El articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que define el Debido Proceso, consagrando un conjunto de derechos y garantías judiciales, entre estos los previstos en el numeral 1o que define que: "La defensa y la asistencia Jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso" y numeral 3o en cuanto establece que: "Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad", derechos y garantías éstas que encuentra su desarrollo entre otras leyes en el Código Orgánico Procesal Penal, no existiendo en consecuencia ninguna limitante en los artículos 318 y siguientes euisdem, que regula todo lo relacionado con el Sobreseimiento, en el sentido que los alegatos de la parte procesal contra el cual se presenta dicho acto conclusivo, deban hacerse de forma escrita, lo cual encuentra mejor soporte en la oralidad como principio que informa nuestro proceso penal, de allí que haber estimado la Juzgadora que quien aquí suscribe, no hizo objeción alguna por escrito a la petición Fiscal de Sobreseimiento de la Causa y en consecuencia prescindir de la audiencia que ordena el articulo 23 euisdem, constituye un argumento que no se ajusta a la ley, ya que si bien lo Jueces están autorizados para prescindir de tal audiencia mediante auto motivado, las razones que en esta caso ofrece la sentenciadora son contrarias al derecho a la defensa y al derecho a ser oído, no se trata de casos de mero derecho; como lo serían que la solicitud de Sobreseimiento se funde en la Cosa Juzgada o la Prescripción que no ameritan discusión, se trata en criterio del Fiscal que los hechos no son típicos, razones que vician de nulidad absoluta a la recurrida por haber violentado normas de rango constituci